El funcionario explicó que pese a que la aprobación de la ley es un mandato constitucional, la sanción de la norma legal se ha tardado tres años aproximadamente por la presión de las empresas mediáticas de ese país, entre ellas los diarios El Universo, El Comercio y el canal Ecuavisa, a la fuerzas políticas que integran el Parlamento ecuatoriano.

Alvarado denunció que la estrategia de las empresas mediáticas es esperar la aprobación de la ley para luego aterrorizar a la población con cuñas televisivas, tal como la que pagaron grupos gremiales afines a los dueños de los consorcios mediáticos para hacerle creer a la población que no habrá libertad de expresión, si se aprueba la norma.

El instrumento legal busca romper el monopolio mediático en Ecuador, que por años ha sido concentrado en pocas manos, y democratizar con una distribución equitativa el espectro radioeléctrico para los medios públicos, privados y comunitarios.

La legisladora socialista, Silvia Salgado, dijo, en declaraciones a la agencia de noticias Andes, que el 83% del espacio radioeléctrico ecuatoriano (radio y televisión) está en manos de empresas privadas, el 13% está dirigido a intereses religiosos, mientras que sólo 3% lo comparten los medios públicos y comunitarios.

Por esta razón, explica el secretario de comunicación ecuatoriano, «no quieren la Ley, les aterra (a los dueños de medios privados) que haya una ley de comunicación para que nadie les regule, los controle y seguir haciendo lo que han venido haciendo toda la vida», agregó./AVN

RM