Por Enrique Torres
Santiago de Chile, 23 oct (PL) La batalla contra el lucro en la educación en Chile ganó fuerza en los últimos dos años y devino eje del llamado de diversos sectores en el país para salvar la enseñanza pública.
En entrevista con Prensa Latina, la emblemática líder estudiantil Camila Vallejo, recordó que «la ley en Chile prohíbe que las universidades privadas lucren, pero eso evidentemente no se cumple», afirmó.
De acuerdo con la dirigente, las instituciones privadas, mediante el cobro de aranceles a los estudiantes, tanto en matrículas como en otras formas, lo que hacen es recaudar un fondo que en un porcentaje significativo no se destina o reinvierte en el proceso educativo.
Ese dinero, precisó, no se dirige a pagar remuneraciones, infraestructura, laboratorios o bibliotecas, ese dinero se guarda en los bolsillos de los dueños de las instituciones. Vallejo aseguró que las utilidades tienen como epílogo el enriquecimiento personal, y se traducen en la compra de casas o yates en algunas partes de Chile o del mundo.
«Ese objetivo lucrativo atenta incluso contra la calidad de la educación, porque obliga a los sostenedores a aumentar las ganancias y disminuir los costos, y para disminuir los costos se merma la capacidad cualitativa que tenga la institución», comentó la dirigente, quien encabezó las grandes movilizaciones del pasado año en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.
Según la joven, con la finalidad de hacer crecer las utilidades, los dueños realizan recortes presupuestarios, despiden personas, o disminuyen la inversión en programas de fortalecimiento educativo, pero aumentan los cobros de aranceles.
«Eso nada tiene que ver con un proyecto educativo, pero sí con un proyecto de negocio», reflexionó.
La carismática líder calificó de totalmente falso el argumento gubernamental de que no promueve la educación pública gratuita, ya que beneficiaría a los más ricos de la sociedad, quienes tendrían la posibilidad de enviar sus hijos a escuelas sin costo alguno, pese a tener recursos financieros para pagar.
«En la actualidad a una familia de ingresos altos, le resulta más barato pagarle a su hijo la matrícula en una universidad privada que pagar impuestos, como corresponde», comentó la actual vicepresidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Y en su opinión, la petición de los estudiantes y otros sectores sociales va en una dirección contraria. «Lo que estamos planteando es que exista una educación pública gratuita para todos y todas, que nos permita integrarnos, y que sea financiada a través de una reforma tributaria, de carácter progresivo», recalcó.
Debe facilitar -enfatizó- que realmente los más ricos de este país contribuyan más a través del aporte que hacen al Estado a una educación para todos.
«¿Qué es lo que pasa realmente en Chile hoy y que no se modificó a propósito de la última propuesta del Gobierno de reforma tributaria?, se preguntó.
De acuerdo con su análisis, lo que ocurre es que las grandes empresas hacen elusión tributaria, que es una evasión de impuestos legal, permitida en el país.
Dicha evasión se expresa a través de un mecanismo con el que cuentan las compañías, que se denomina el fondo de utilidad tributaria, a través del cual no declaran las utilidades que generan, las reserva en un fondo y no reconocen impuestos.
«Y eso es una merma para la capacidad que debiese tener el Estado, de financiar derechos básicos como la educación y la salud», explicó Vallejo.
Si se eliminara ese mecanismo, remarcó, el Estado podría contar con muchísimos más recursos, no solo para financiar la educación pública y gratuita, sino que también una salud pública, de calidad y gratuita para un porcentaje importante de la población.
La vicepresidenta de la Confech llamó además la atención sobre la cortina de humo que trata de presentar la derecha en Chile, al llamar a no caer en lo que llaman «un debate ideologizado» sobre la problemática educativa.
«Lo que pasa es que nosotros no somos ingenuos, sabemos perfectamente que es su propuesta la que está sobre-ideologizada, y no lo señalamos solamente nosotros, sino la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), recordó la dirigente.
En efecto, un dictamen emitido por la OCDE desde 2004 refleja que «la educación chilena está influida por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el intervencionismo activo del centro, está limitado por mecanismos de mercado».
Es a tono con esta realidad, que la céntrica avenida Alameda y otras muchas calles a lo largo de la geografía chilena han visto desfilar a miles de estudiantes y trabajadores en reclamo de una profunda reforma al sistema educativo, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El régimen golpista redujo a menos de la mitad las erogaciones públicas a la educación e incentivó los colegios privados. Con esa fórmula, las reformas establecieron en Chile uno de los sistemas educativos más desiguales y costosos del orbe, según la propia OCDE.
La embestida de Pinochet en el sector provocó que solo un 40 por ciento de los estudiantes de secundaria en el país austral asista a colegios públicos gratuitos. Tal facilidad sigue siendo un anhelo en la enseñanza universitaria.
«Ese modelo se impuso a la fuerza, y es totalmente ideológico, que no nos vengan a tratar de esconder lo ideológico detrás de sus argumentos técnicos, porque nosotros los conocemos, y lo que estamos pidiendo es precisamente disminuir esa sobre-ideologización del mercado en el modelo educativo chileno», comentó Vallejo.
A fines de septiembre, el Gobierno de Sebastian Piñera presentó al Congreso los montos principales del proyecto de presupuesto del Estado para 2013, entre ellos un aumento de mil 200 millones de dólares en el capítulo de educación.
La partida total destinada a esa esfera será de 12 mil 800 millones de dólares, que incluye los recursos generados por la reciente aprobada reforma tributaria, iniciativa que también es blanco de críticas de diversos sectores sociales, al considerarla un incentivo a los colegios privados subvencionados, y no a los públicos.
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