JM. Rodríguez
A veces he imaginado el campo de la revolución como un inmenso glaciar que baja entre las montañas. Su movimiento continuo, lleno de cambios,encrespamientos, fracturas y ruidos telúricos, perturba permanentemente
cualquier intento de vida calma. De manera continua se desprenden de él
toneladas de esfuerzos y palabras que tratan de dar respuesta a múltiples
situaciones y desesperanzas. Sin embargo, la metáfora del glaciar no es
bienaventurada, pues, ellos inevitablemente se desmoronan frente al mar
que, para una revolución como la nuestra, es electoral. Entiendo que el
llamado del Presidente, primero, cuando el 26/S, a las tres erres al cuadrado,
y ahora, luego del 7/O, a la reactivación de las comunas, tiene como
propósito eludir ese curso fatalista.
El peso electoral de este proceso político que vivimos es demasiado grande y
está siempre encima de nosotros, por lo que no es fácil restarle centralidad al
tema de aupar los logros y evitar aquello que cree dificultades para la victoria
electoral. Frente a esto no basta con afirmar simplemente que la gestión
gubernamental se debe ejecutar siempre bien, con eficiencia y para todos los
venezolanos. Es decir, y discúlpenme la simplificación reductora: la basura
debe ser recogida, en Catia y en la Lagunita, las casas, construidas y los
delincuentes, presos.
Digo esto para afirmar que, donde los revolucionarios tenemos que colocar el
centro del esfuerzo, es en la lucha para que el poder popular ocupe los
espacios institucionales del Estado burgués, cosa que es, en principio, una
tarea subversiva y, por lo tanto, diferente a la gestión de gobierno. Es una
tarea propia de los cuadros de la revolución, que son parte de esa gestión.
Fue este propósito el que me llevó a desarrollar, hace ya dos años, una serie
de puntos que intentan aclarar esta subversiva tarea y que ahora ha saltado
al primer plano con el llamado presidencial a impulsar a fondo el poder
popular. He corregido, modificado y actualizado esos puntos con la intención
de convertirlo en un documento dirigido, no a establecer pautas, que nadie
me lo ha pedido, sólo a generar la reflexión profunda sobre las cosas que,
pienso, una revolución socialista debe realizar. Veamos esos puntos.
1.- HABLEMOS DEL PODER POPULAR
Transferir el poder al pueblo no significa gobernar en su nombre, que es lo
que hacen las democracias burguesas. Tampoco es que gente del pueblo
que llegó a ser diputado, gobernador o alcalde gracias al voto popular, se
mantenga fiel a él. Y ni siquiera compartir el poder en una especie de
cogobierno burocrático-popular. Transferir el poder al pueblo es liquidar la
estructura del Estado burgués, y sus leyes, sustituyéndolo por el Estado
socialista donde una masiva Asamblea Nacional que, en nuestro caso debe
estar conformada por los delegados (no dotados de ningún derecho a la
permanencia) de todas las comunas confederadas en ciudades, y por los
miembros del alto gobierno, establezca el rumbo que el país debe tomar y
que, ese gobierno central, junto a los gobiernos de cada ciudad, estén
obligados a recorrer. Esa es la revolución que imagino, nada que ver con los
“socialismos reales” que conocimos.
Y decía que es una tarea subversiva no sólo porque hay que superar los
obstáculos del Estado burgués, sino porque hay que superar también los que
surgen desde el propio seno del gobierno revolucionario, cosa incomprensible
pues nadie que se llame revolucionario debería estar aferrado a cuotas de
poder. Nadie salvo los advenedizos con boina roja.
Esos advenedizos poderosos han hecho peso para que los diversos
consejos, propios de la organización del poder popular, no logren avanzar
significativamente. Los únicos que se han constituidos son los consejos
territoriales, los llamados consejos comunales, y son apenas un reflejo de lo
que se esperaba de ellos. En muchos casos su conformación ha sido tutelada
(cuando no secuestrada) por los intereses del alcalde, del gobernador o del
ministro. Esos consejos, como dijo el Presidente en algún momento, no
pueden aparecer “por decreto surgido desde arriba… tiene que ser como los
manantiales… vienen brotando desde abajo, desde la tierra, las comunas
deben brotar allá, desde la fuerza del poder popular… las comunas no son de
Chávez, ni decretadas por el gobierno, ni por la ministra, ni por el alcalde, ni
por el gobernador, ni por el partido…”
Peor es la situación de los demás consejos asociados a la formación y la
producción. Los consejos estudiantiles y los consejos de trabajadores apenas
existen como germen, exceptuando esos que, como comentaron los voceros
de una comuna, “se arman en una sala de batalla, montando rápidamente
una bloquera comunal o una carpintería comunal…” Las autoridades
universitarias y los sindicatos de la revolución, (que en la mayoría de los
casos son adecos de concepción y adecos de actuación), se oponen la
consolidación de estos consejos. Los más exitosos, por sus características
existenciales, son los consejos de campesinos.
Seguramente hay razones objetivas que dificultan su conformación, pero, sin
duda alguna que es la falta de claridad (y de convicción) en nuestros propios
funcionarios lo que ejerce un gran peso en contra. De ahí la importancia que
tiene decirles a ministros, gobernadores y alcaldes, y ahora también a
nuestros legisladores, que la mejor contribución que pueden hacer a la
revolución es entender que no son ellos la revolución, que su tarea es
revolucionaria si le ceden el paso, pero de verdad, al poder popular para que
él pueda destruir esta vieja forma de gobierno de la que forman parte.
2.- HAY EXPERIENCIAS COMUNALES QUE HAN AVANZADO
Comencemos por la siempre combativa sierra de Falcón. Allí sesenta y
cuatro consejos comunales han conformado la Confederación de la Sierra.
Se trata de un esfuerzo colectivo campesino, bolivariano y revolucionario que
se ha venido construyendo en los municipios de la sierra falconiana. Su
propósito es construir un territorio confederado bajo el control de un gobierno
popular, con la vista puesta fijamente en el socialismo y enfrentando los
cercos del poder constituido. Allí no hay autoridades que lo promuevan, por el
contrario, algunas de ellas se han empeñado en desconocer o minimizar ese
liderazgo colectivo y, lamentablemente, creo que han logrado cercarlos.
En el estado Lara, a las orillas del río Turbio, donde viven más de 60 mil
personas, se han consolidado 37 consejos comunales y 19 organizaciones
sociales y socio productivas, es la llamada Comuna Socialista Ataroa. Allí se
hizo una consulta popular sobre si querían conformarse como comuna, y la
respuesta fue tremendamente positiva. Su parlamento comunal, constituido
por representantes de todos los consejos comunales, han adelantado
iniciativas en salud, educación, construcción de viviendas, transporte,
comunicación, empresas socio productivas de propiedad social, alimentos,
energía, deportes, cultura, entre otras. Ellos afirman convencidos que “(la)
lucha es por la consolidación de este nuevo Estado comunal…”
Otra experiencia positiva, también en el estado Lara, ha sido la constitución
de la Red de Comunas Socialistas del Municipio Moran. Ellas crearon un
parlamento comunal conformado por 3 voceros o voceras de cada Comuna y
dos voceros o voceras de cada organización socio productiva o comunitaria
que aun no se haya agregado a alguna Comuna. Esta instancia se reunirá
ordinariamente una vez cada mes o extraordinariamente cuando lo
convoquen más de tres Comunas a través del parlamento comunal o de las
comisiones promotoras, para considerar aspectos de interés de las comunas
y organizaciones comunitarias adscritas.
En el caso de Caracas, concretamente en el municipio Libertador, hay cerca
de cuarenta y seis sectores urbanos que tratan de constituirse oficialmente
como comunas. Varias de ellas, como fruto de su trabajo y el apoyo
gubernamental, han logrado instalar herrerías, bloqueras, carpinterías y
panaderías. Algunas otras, como la comuna Martín Mosqueda en Santa
Teresa, están adelantando obras de construcción y rehabilitación. Sin
embargo, contra su avance y consolidación conspiran, por un lado, la
desatinada preocupación de muchos consejos comunales de suponer que la
comuna les quitaría protagonismo y, por otro lado, las dificultades que han
tenido para concretar los trámites para su registro. Ninguna de esas cuarenta
y seis comunas, o muy pocas de ellas lo han logrado. Lo más preocupante
es, a mi parecer, que estas comunas mencionadas imaginen que solventando
los problemas comunitarios y realizando proyectos socio-productivos puedan
alcanzar el “estado comunal”. Como si de un estado inmaterial se tratara.
3.- LA MESA DE LAS CUATRO PATAS
En los puntos anteriores expresaba mi convicción sobre que el esfuerzo
central de la revolución debe ser el empujar para que el poder popular ocupe
los espacios institucionales del Estado venezolano, que actualmente continúa
siendo un Estado burgués y no socialista. Paso ahora a tratar de desbrozar
ese camino.
En la definición que se ha venido construyendo del Socialismo del siglo XXI,
se ha intentado sintetizar nuestra herencia cultural, histórica y política: el
socialismo indoamericano, la resistencia cimarrona, la gesta independentista
y el bolivarianismo; todo ello bajo el análisis del marxismo científico del cual
el Presidente se declaró seguidor. En síntesis, el socialismo bolivariano que
buscamos será: comunal, colectivista, productivo, solidario, justo,
democrático, abierto y marxista.
Pero no basta con que se enuncie el carácter socialista de la revolución y que
la adjetivemos de la manera como lo hemos hecho. Para que este socialismo
se haga realidad, se requiere, como lo dice el Presidente, un programa que
impulse la transición y, también, la radicalización de la democracia participativa
y protagónica, “que pasa por…” y así lo dijo cuando se postuló, ante el CNE,
“acelerar el proceso de entrega del poder al pueblo…”
Para avanzar en democracia por ese camino se requeria crear las bases
jurídicas que le dieran organicidad al poder popular, y delinear los ámbitos de
actuación de ese poder estableciendo la propiedad social sobre esos ámbitos
y sobre los medios de producción. Y por ahí se intento caminar.
Para ello se aprovechó la amplísima mayoría del PSUV en la Asamblea
Nacional y el enorme respaldo popular del Presidente, aprobando reformas y
leyes que “faciliten” ese recorrido. Pero la revolución no se hace por vía
constitucional o legislativa, ellas son una ayuda muy importante, evita la
confrontación violenta, mientras la derecha no se valga de otra opción. La
revolución requiere, para construir el estado socialista, organizar y elevar el
nivel de conciencia de la gente, pues a las condiciones objetivas hay que
colocarle el sujeto para la transición.
La organización y la elevación del nivel de conciencia para lograr que
realmente se construyan el estado socialista, es tradicionalmente una función
del partido, es una tarea de los cuadros del partido, pero el PSUV no es un
partido de cuadros, él está hecho para la movilización y lo electoral, y eso lo
ha hecho bien. Quienes han venido supliendo esta función, conscientes o
empujados, son una parte (no muy numerosa) de los funcionarios de las
instituciones del Estado, cosa que seguramente les ha dificultado el accionar
que le es propio y específico, es decir, su gestión gubernamental. Siguiendo
con los ejemplos toscos: ¿recogen la basura, construyen casas y mantienen
a raya a los delincuentes, o trabajan en el desarrollo de la conciencia
ciudadana y las movilizaciones electorales?
Si hay algo de razón en el análisis, el avance de la revolución venezolana al
socialismo tendría, entonces, que apoyarse en un gran partido territorial
apabullante en las movilizaciones e invencible en lo electoral que permita
mantener el control sobre las estructuras del Estado, dentro de las reglas de
juego de la democracia burguesa y, por otro lado, una maquinaria
institucional, en todos los niveles del Estado, conformada por funcionarios,
que sin dejar sus tareas técnica-administrativas, sean, al mismo tiempo,
cuadros políticos que trabajen sin descanso en la organización y elevación de
la conciencia. Esta doble tarea no es posible sólo con voluntarismo, las
instituciones deben dejar a un lado la burocracia y la verticalidad para
convertirse, además de ejecutoras, en instrumentos de formación y
acompañamiento técnico. Para eso tendrían que ser lo más horizontales
posibles, abrirse al debate interno, estar en contacto permanente con las
bases populares y articularse eficazmente entre si. Cosa que, por ahora, sólo
viene ocurriendo en el sitio y momento donde va el Presidente.
Sintetizando todo este planteamiento diríamos que las cuatro patas donde
debemos apoyarnos para el desarrollo y consolidación de la revolución son:
I. Un gobierno central eficaz en el avance y eficiente en las tareas.
II. Un partido de masas que asegura la hegemonía electoral.
III. La puesta en marcha de la nueva cultura revolucionaria.
IV. La definición de las ciudades como territorios bajo gobierno popular, lo
que llamo ciudades-municipios.
Con las dos primeras patas no debería haber problemas, el gobierno debe
redoblar los esfuerzos para lo primero y la maquinaria electoral ya la
tenemos. Lo difícil están en las otras dos. Estamos lejos del desarrollo de la
conciencia, individual y colectiva, que son los valores indispensables que
cada revolucionario debe cultivar con la dedicación de un jardinero y a cuya
labor el ejecutivo debe prestar la mayor atención posible. Y la definición del
territorio para el ejercicio del poder popular, que es la cuarta pata, entró en
una ambigüedad sorprendente. No podía ser de otra manera, pues es eso
donde menos apoyo hay de parte de los actores del proceso y donde mayor
resistencia, por razones obvias, opone la derecha.
4.- LA BASE JURÍDICA DEL PODER POPULAR
En este cuarto punto quiero presentarles mis observaciones a la base jurídica
que se ha construido para la edificación del poder popular. Hay que
reconocer que hemos sido más efectivos aprobando reformas y leyes que
organizándonos en función de estos cambios. El Presidente empuja
permanentemente en esa dirección esperanzado en que, el poder popular, se
logrará. Pero, “deseos no preñan”, no basta con lo jurídico, ni es suficiente
con el apoyo del Ministerio de las Comunas. Los muros del Estado burgués
son potentísimos, la argamasa que une sus sillares ha sido curada durante
milenios de dominación de clase. Toda la cultura conocida está en dirección
contraria a este esfuerzo. Sólo la organización popular y la elevación de su
nivel de conciencia permitirá que el pueblo avance hacia la toma de esos
muros y sólo los destruirá si tiene unos nuevos valores que los sustituya. Esa
es la tarea de la revolución cultural y ella aún no ha sido emprendida. A
continuación mis preocupaciones con esas leyes.
A. Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Fue la primera en lograrse,
era poca la experiencia y también las convicciones. Eso explica que el
concepto de gobierno popular, o en todo caso, de gobierno comunitario,
quedara limitado a una escueta mención en dos artículos. Y con el poder
popular, si descartamos las alusiones al Ministerio que lleva ese nombre,
sucede lo mismo. Creo que la poca presencia que tiene en esta Ley el
ejercicio del poder por parte del pueblo, se debe a la creencia de que los
consejos comunales son para la lucha reivindicativa: mejoras en el barrio, en
la vivienda, la salud y la alimentación. Esa mentalidad reformista se evidencia
en los artículos de las postulaciones, elecciones y actuaciones de los
voceros: allí se copia el parlamentarismo burgués, mandando al diablo su
designación directa por las asambleas de ciudadanos y ciudadanas y su
carácter rotativo y de sustitución inmediata por esas mismas asambleas.
B. Ley Orgánica de Participación y Poder Popular. La información que
conozco es que el proyecto de Ley llegó a la 2ª discusión, no se por qué no
fue aprobada. Ella, por su contenido, parecía estar diseñada para la transición
del Estado burgués al Estado socialista, lo cual la daba gran importancia. Sin
embargo, había demasiadas frases en ella que apuntaba, más bien, en la
dirección del poder compartido. La institucionalidad del Estado actual no
aparecía cuestionada, se mantenía tal y como lo conocemos. Lo único
novedoso era que aparecía, aunque disminuido, el poder popular, actuando
en “los pequeños espacios donde se debe profundizar la democracia, en lo
diferentes escenarios como: la familia, la comunidad, el trabajo…”
Se señalaba que las comunidades “podrán” incorporarse a la ordenación y
gestión del territorio. Esta conjugación condicionada del verbo deja entrever
que no necesariamente será así. Pero existían cosas más preocupantes: a
pesar que allí se decía que el ejercicio del poder era a través de los
gobiernos comunales, tal cosa, se aclaraba, será en cogestión, es decir: (un)
“proceso mediante el cual las comunidades organizadas conjuntamente con
el Estado…” ¿A que Estado estaría refiriéndose?
Por otro lado, no existía la palabra ciudad (ya hemos hablado, en otro
documento, exhaustivamente de esto), pero tampoco existía una unidad de
criterios entre formas urbanas y formas políticas (que las pudiéramos llamar
formas territoriales y formas sociales). Se hablaba de comunidad, entendida
como agrupación de familias, de ciudadanos y ciudadanas que habitan en un
área geográfica determinada y la señalaban como “el núcleo espacial básico
e indivisible del Estado Venezolano”. Tal cosa es equivocado porque el estar
asentado en un lugar no otorga, por si mismo, organicidad. La confusión
aumenta cuando, más adelante, en relación a las comunas, se las
caracterizaban como “La célula fundamental del Estado Comunal…” ¿Por
qué esa dualidad entre Estado venezolano y Estado comunal? La cosa
termino de enredarse al aparecer otra forma: la “Entidad Local”, que según
este proyecto de Ley, “es una demarcación territorial, que podrá contar con
una forma de gobierno…” ¿Será un eufemismo para no hablar de la ciudad?
Pero, como ya dije, ocurrió algo más preocupante: esta Ley se quedó en la
gaveta del parlamento después de su 2ª discusión. Lo que luego se aprobó
fue otra que consolida el dique que ya existía. Vamos a verla a continuación.
C. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Esta curiosa
reforma, en medio del proceso del poder popular, tiene doscientos noventa y
cinco artículos y en ninguno de ellos se menciona el poder popular, las
comunas o, tan siquiera, los consejos comunales. Pero, esta Ley comienza
diciendo en su artículo 1 que su objeto es: “el efectivo ejercicio de la
participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida local…”
Ella repite lo señalado en el artículo 168 de la Constitución Nacional, que es
una herencia cuartorepublicana: “el Municipio y las demás entidades locales
conforman espacios primarios para la participación ciudadana…” De igual
forma mantiene, la estructura religiosa de las parroquias con “facultades de
gestión, consultivas y de evaluación… la parroquia será gestionada por una
junta parroquial…” Así está dicho en su artículo 35.
No faltan los saludos a la bandera, en su artículo 71 se dice que “promoverá
la desconcentración del gobierno así como la descentralización para la
prestación de los servicios. En los procesos de desconcentración se
establecerán formas efectivas de participación ciudadana.”
Hay que llegar hasta el artículo 250 para encontrar algo que tenga que ver
con el enunciado del artículo 1 ya mencionado. Allí se dice que: “Las
autoridades municipales deberán promover y garantizar la participación de
los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar las formas,
medios y procedimientos para que los derechos de participación se
materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna…”
Y los medios de esa participación, tal y como se listan en el artículo 258, son:
los cabildos abiertos, las asambleas ciudadanas, las consultas públicas, la
iniciativa popular, el presupuesto participativo, etc. etc. etc. La propia ley
adeca, pero elaborada en el 2009, cuando la Asamblea Nacional era, toda
ella,“roja rojita”.
D. Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. La conceptualización y
construcción de esta Ley es, en general, correcta. La organización de este
Consejo, tanto en la Plenaria como en la Secretaría, permitirá que las líneas
del Presidente sean llevadas adelante más allá de los temores y
prevenciones de ministros, gobernadores y alcaldes. Creo que está en
sintonía con lo señalado en relación con una de las cuatro patas donde se
soporta el poder popular, sin embargo, en el reglamento que posteriormente
se elaboró el retroceso es evidente, veámoslo.
E. Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
Aquí, al hablar de la formación de ese Consejo se deja de lado, no digo las
ciudades comunales, las propias comunas dejan de tener beligerancia para
dar paso a una selección, absolutamente arbitraria y descontextualizada, de
once voceros o voceras de los consejos comunales de Venezuela. El asunto
no está por el lado de que hay (o debería haber) más de 300.000 voceros o
voceras, sino que se excluyó la representación de las comunas, que es la
célula fundamental del Estado Comunal y el poder popular en ejercicio. No
hay duda que las tareas del Consejo Federal de Gobierno son
importantísimas para el futuro del socialismo, pero, sustituir al poder popular
real por una representación modesta y descontextualizada del pueblo
organizado, es demasiado grave. Serán el jarrón chino.
F. Ley Orgánica de la Comunas. Es la última y más contundente de estas
leyes. En su artículo 1 se dice que su objeto es “desarrollar y fortalecer el
Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución,
conformación, organización y funcionamiento de la Comuna…” Y
efectivamente, en todo el articulado que le sigue queda claro que se trata de
las instancias que permitirá la construcción del Estado comunal. No queda
tampoco dudas (a pesar de la indefinición) que ellas ejercerán el
autogobierno en el ámbito geográfico que “le correspondan”.
No pasa desapercibido que esta Ley omite cualquier referencia al municipio,
centrándose en las comunidades de ciudadanos que por su afinidad histórica,
cultural, económica, social y de vecindad, decidan integrarse. Igualmente es
sintomático que cuando habla de los planes de desarrollo comunal, establece
adecuarlos al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, a los otros
planes estratégicos nacionales y al Plan de Desarrollo Regional. En absoluto
menciona planes de desarrollo local, como si lo hace la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal que acabamos de comentar.
Sin embargo, esta Ley también omite a la ciudad y a un posible gobierno
comunal sobre ella. Así lo interpreto luego de la lectura que hago de sus
artículos 5 y 6. Por su interés, los copio integralmente:
“Comuna. Artículo 5. Es un espacio socialista que, como entidad local, es
definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria
histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen
en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de
sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación
protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un
régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y
sustentable, según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Propósito. Artículo 6. La Comuna tiene como propósito fundamental la
edificación del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo
de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y
ciudadanas en la gestión de las políticas pública, en la conformación y
ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a
través de la planificación del desarrollo social y económico, la formulación de
proyectos, la elaboración ejecución presupuestaria, la administración y
gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de
descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un
sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad
social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y
la paz comunal, como transito hacia la sociedad socialista, democrática, de
equidad y justicia social.”
Luego de revisar estas leyes y a la luz de la Constitución, me atrevo a afirmar
que las comunas, como forma de gobierno local, tiene una muy precaria
ubicación en el entramado del Estado venezolano. Pero, antes de buscar
como salir de esa precariedad, hablaré de este nuevo tipo de gobierno local.
5.- LA SUSTITUCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
No son ilusiones pensar que la sustitución del Estado burgués por un Estado
comunal, como lo llamaríamos en Venezuela, pudiera comenzar, en
condiciones pacíficas, transfiriendo a la organización popular las funciones
administrativas de la municipalidad (alcaldías y cámaras). Tal cosa facilitaría
la generación de los gobiernos comunales, tantos como ciudades tenemos
(hay en Venezuela más de ochocientas que pueden ser llamadas así). Tal
cosa implica repensar la organización primaria de administración política en
que fue dividido nuestro territorio.
Los municipios venezolanos están caracterizados por tener, comúnmente, un
territorio extenso sobre el que una engañosa visión autonómica pretendió
desarrollar una gestión política y administrativa sin tomar en cuenta sus
problemas y potencialidades, y sin medir las capacidades sustentables que
ellos pudieran desarrollar. En nada se pareció al originario Ayuntamiento de
la vieja Europa. Fue intencional. En sus inicios la cuartarepublica los vio
como el reparto de cuotas de poder. Eran estructuras para la demagogia, con
muy baja capacidad productiva y severas deficiencias administrativas, todo lo
cual facilitaba su explotación salvaje por el capitalismo. Su posterior
autonomía, concebida dentro del pensamiento neoliberal, buscaba minimizar
la acción del gobierno central sustituyéndolo por pequeños gobiernos en
manos de los diversos grupos económicos regionales. La desaparición de la
unidad nacional era el objetivo.
Esta forma de asentamiento en el territorio y esta manera de organización del
poder sobre él, dejaba de lado el sentido de lo común que llevó a los
pueblos originarios del mundo, a establecerse en función de la potencialidad
real o imaginada y de su voluntad de apoyarse en sus propios esfuerzos para
construir el futuro. Las evidencias son apabullantes: un país dependiente de
la renta petrolera generó una organización político-administrativa burocrática,
torcida y parasitaria, al servicio de intereses que sólo benefician a
empresarios y dueños de la tierra. Tal realidad no dejaba espacio para el
desarrollo de los poderes creadores del pueblo.
Esta oscura historia ha hecho que los gobiernos municipales (a pesar de
estar ahora mayoritariamente en manos de boinas rojas) sean el principal
obstáculo para la conformación de los consejos comunales, paso previo a la
consolidación del poder comunal. La burocracia municipal ha secuestrado a
muchísimos de los consejos comunales que intentan organizarse,
despojándolos de su filo crítico y su potencialidad emprendedora. Ha logrado
que ellos terminen siendo unas simples organizaciones comunitarias
parasitarias tuteladas por los alcaldes y al servicio de su continuidad.
La posibilidad de que la revolución venezolana pueda quebrar totalmente el
poder de la burguesía sin necesidad de disparar un solo tiro, o en todo caso
muy pocos, pasa por superar esa primera muralla. Tal cosa permitiría
transformar nuestras viejas ciudades precapitalistas, en las ciudades para el
desarrollo del socialismo, desmontando la carga que estableció la burocracia
y el clientelismo político y rompiendo las relaciones impuestas por quienes,
durante siglos, concentraron el poder o se enriquecieron con su ejercicio.
De esta manera la confederación de consejos comunales podrá, cada una a
su propio ritmo (y con el acompañamiento de los cuadros del gobierno), ir
organizando sus comunas, integrándolas para conformar la ciudad socialista,
estudiándola para determinar su vocación y potencialidad económica. Es
decir, desarrollando el ciclo de trabajo que propuso el Presidente:
• Diagnóstico Popular;
• Plan Comunal;
• Presupuesto Comunal;
• Ejecución Comunal y
• Contraloría Comunal.
Todo como paso previo al ejercicio directo del gobierno local. Para ello la
ciudad y el gobierno central debe definir su territorio, más allá del área
urbana, y su actividades económicas fundamentales. De esto ya hablaremos.
De lo que se trata entonces es de convertir nuestras ciudades, siempre que
tengan una fuerte organización comunal, con clara definición de los bordes
de su territorio y de las potencialidades de desarrollo que tiene ese territorio,
en ciudades-municipios, que modifique la actual división política territorial,
permitiéndoles superar sus males y caminar con voluntad colectiva hacia un
futuro compartido.
6.- UNA ENMIENDA PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.
En documentos anteriores he desarrollado el tema de la ciudad. Centrándolo
en la absoluta convicción de que la comuna sólo existe cuando ejerce el
poder sobre su territorio. Pero no voy a volverlo a incluir aquí. Los
interesados pueden leerlo en la página de opinión de Ciudad Caracas del
martes 30 de octubre. Plantearé, más bien, que el camino a la modificación
de la estructura municipal actual para convertirla en gobiernos de las
ciudades, es absolutamente factible con la actual correlación de fuerzas que
hay en la Asamblea Nacional.
La modificación de la división político territorial que tiene cada estado
venezolano, es decir, sus municipios, es una facultad que el artículo 164 de la
Constitución Nacional otorga al Poder Público Estadal. De esta manera la
sustitución de los municipios actuales por ciudades-municipios es, en
realidad, una modificación a la actual división del territorio nacional en su
nivel primario que no altera la estructura fundamental municipal.
No estamos inventando nada nuevo, hay una larga historia en Europa de
organización del gobierno municipal de manera diferente a la que tenemos en
Venezuela, inclusive más participativa y menos controlada por los partidos
políticos que la nuestra. En España cada ciudad tiene su “Ayuntamiento” y en
la historia de esas viejas ciudades está impresa la asamblea popular como
forma de gobierno municipal, formas de gobierno cercano al pueblo a la que,
primero Marx y luego Lenin, le dieron mucha importancia para el desarrollo
de la revolución. La Comuna de París estaba formada por los consejeros
municipales, que eran responsables y revocables en todo momento. Para los
revolucionarios franceses la comuna era la unidad de la nación: “la forma
política que revistiese hasta la aldea más pequeña… y ellas elegirían la
delegación nacional de París…” Inclusive la constitución alemana de 1949
había un artículo que señala que los municipios, en vez de un órgano
colegiado, contaría con una asamblea comunal.
Se trata de una Enmienda. El artículo 136 de la Constitución Nacional,
establece la manera como se distribuye el Poder Público: “Poder Municipal,
Poder Estadal y Poder Nacional…” Esto no estaría en discusión, pues, no se
trata de cambiar tal estructura, sólo de modificar, en su número y ámbitos, el
Poder Municipal, que es una competencia del Poder Público Estadal.
La enmienda, según el articulo 340 de la Constitución Nacional requiere sólo
de la mayoría simple de la Asamblea Nacional (que es lo único con lo que,
seguro, podemos contar) para luego ser sometida a referéndum. Su objeto es
“la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin
alterar su estructura fundamental.”
Esta enmienda estarían centrada en el Capítulo IV Del Poder Público
Municipal. Allí se pudiera mantener los artículos 168, 169, 170, 171, 172 y
modificar los artículos 173, 174, 175, 176 y 177; para darle cabida al poder
comunal sobre los municipios.
Las ciudades-municipios, luego de aprobada la enmienda constitucional, será
la interpretación socialista de la estructura municipal. Se acabará el viejo
cuento burgués donde el gobierno municipal es el “más cercano” al pueblo,
ahora, será el gobierno del pueblo.
7.- LA NUEVA GEOMETRÍA TERRITORIAL
Estas ciudades-municipios formarían la nueva estructura politico-espacial
primaria que, a su vez, facilita su articulación en los Distritos Motores del
Desarrollo, coordinados por los gobiernos regionales (las gobernaciones) en
función del interés nacional.
Estoy hablando de que las ciudades venezolanas, grandes o pequeñas, en la
medida en que se desarrollan en ellas las comunas, con sus diversos
consejos, deberán convertirse en los nuevos municipios bolivarianos, dotados
de una poligonal, mucho más reducida, que incluiría, además de las tierras
urbanas, aquellas tierras no residenciales dedicadas al cultivo, a la cría, la
industria o cualquier tipo de producción que forme parte del sustento de esas
ciudades. Por ejemplo, la ciudad-municipio de Capacho, tendría los cultivos
de piña aledaños existentes, como factor fundamental de su sustentabilidad, y
la ciudad-municipio de Los Guayos, recibiría como parte de su potencial
económico la empresa nacionalizada Owens Illinois, que operaría bajo control
de su consejo de trabajadores. Igualmente estarían incluidos en esas
poligonales aquellos sitios o lugares naturales, turísticos y del patrimonio, que
son parte constitutiva del paisaje cultural de los ciudadanos.
Estaríamos conformando así las ciudades del futuro. Hablo de ciudades
dotadas de la capacidad de producir desarrollo y bienestar para todos sus
ciudadanos asumiendo los impactos sanitarios, ambientales, económicos,
sociales y culturales que de ello se desprenda, minimizando lo negativo. Con
capacidad de abastecerse de recursos y de deshacerse de residuos y con
sus propios planes de desarrollo endógeno, un nuevo instrumento de
planificación que tiene como propósito central facilitar una más directa
articulación de los esfuerzos dirigidos a producir desarrollo sustentado sobre
los valores y potencialidades de los diversos municipios-comunales.
Insisto que no será posible el desarrollo de estas ciudades socialistas sin la
adecuada planificación de sus núcleos de producción y sin que los consejos
de trabajadores y trabajadoras le impriman a estas ciudades, el sello de la
conducción proletaria. Y no está de más, dejar claro, que cuando hablo de los
núcleos de planificación, pienso también en una Comisión Central de
Planificación, absolutamente necesaria para establecer las líneas maestras.
8. ¿POR QUÉ NEGAR ESTO?
Es curioso constatar que, más allá de los dogmáticos del marxismo-leninismo
o de aquellos intelectuales de izquierda que se siguen imaginando la
vanguardia revolucionaria, hay una evidente oposición a estas formas del
poder popular dentro de la propia revolución.
Por su importancia, voy a copiar, primero, dos declaraciones públicas de altos
funcionarios del Estado afanados en señalar que no está planteado, de
ninguna manera, la sustitución de la estructura actual de alcaldías y consejos
municipales. En contraposición copiaré la declaración hecha por Aristóbulo
Isturiz en su discurso en la Asamblea Nacional, repetido luego en el inicio de
la campaña electoral para la gobernación del estado Anzoátegui.
“La ministra para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa… en una
entrevista para el canal Venevisión… precisó que esta política (de las
comunas) no tiene como finalidad desplazar a las alcaldías ya que están
garantizadas en el artículo 173 (de la Constitución Nacional), que atribuye a
estas la facultad de crear condiciones para generar entidades locales dentro
de sus territorios…” Ciudad Caracas, jueves 1 de noviembre del 2012
“El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialista Unido de
Venezuela, Jesús Faría, señaló este martes en el programa Entre Periodistas
que transmite Televen, que el verdadero propósito del Estado comunal, no
es, como se ha difundido, acabar con la República o eliminar gobernaciones
y alcaldías, sino permitir, a través de un modo de participación directa, que
las comunidades se organicen, «impulsen políticas, que tengan espacios para
el debate, la discusión y la toma de decisiones, y algo que es fundamental:
que tengan la posibilidad material de reformar su hábitat y generar y manejar
recursos». Aporrea 30 de octubre de 2012.
Y, ahora, Aristóbulo Isturiz: “Los mejores gobernadores serán aquellos que
primero desbaraten las gobernaciones; los mejores alcaldes serán aquellos
que primero desbaraten las alcaldías y les transfieran competencias y poderes
a los consejos comunales…”
9. LAS TAREAS PARA AVANZAR EN ESA DIRECCIÓN
Si bien la enmienda a la Constitución Nacional es necesaria hacerla lo antes
posible, la sustitución progresiva de los actuales municipios por las ciudadesmunicipios,
requerirá de decisión y voluntad revolucionaria, y de años de
esfuerzos y fracasos. Esos esfuerzos debe comprometer a toda la estructura
gubernamental y a todos los revolucionarios en múltiples tareas que las
organizo en tres tipos:
1. Tareas para la formación:
a. Dar instrucciones a todos los responsables del gobierno a nivel central,
estadal y municipal para que empiecen a transferir la ejecución de los
proyectos y tareas a los consejos populares, en todas sus vertientes
(trabajadores, campesinos, estudiantes y comunidades). Sin hacer
distingos con la orientación ideológica de esos consejos.
b. Asignar a los profesionales del Estado la tarea de darle
acompañamiento técnico a las comunas constituidas. Los gobiernos
regionales y locales de oposición, tendrán que hacer lo propio.
c. Preparar una amplísima campaña (debería ser una misión), dirigida
por el Ministerio de la Cultura, para el cambio cultural que promueva la
disciplina, la cooperación, la solidaridad, la productividad y condene el
individualismo, la corrupción y el consumismo. Que la oposición vea
que hace frente a eso.
2. Tareas para la constitución:
a. Impulsar la confederación de los diversos consejos para conformar las
comunas. Incluyendo los que son de oposición.
b. Delinear los dos bordes que conformarán el espacio políticoadministrativo
de las ciudades a ser gobernadas por esas comunas: el
espacio urbano y el espacio de sustento y recreación de ella.
c. Definir participativamente sus planes de desarrollo, integradas a los
distritos productivos, y sobre las potencialidades que ellas tienen.
d. Entregar a las comunas ya constituidas, el trabajo de atención a los
desequilibrios urbanos (responsabilidad sobre vivienda), sociales y
económicos; estableciendo la corresponsabilidad y coordinación entre
ellas y los gobiernos locales, regionales y el ejecutivo central.
e. Ir transfiriendo a las comunas los medios de producción de interés
social, incluyendo todos los ejidos urbanos y los terrenos baldíos. Tal
cosa no afecta la propiedad individual de las edificaciones que estén, o
se construyan, sobre esa tierra, siempre y cuando estén destinados a
vivienda y a actividades comerciales y productivas de carácter familiar.
f. Crear la Comisión Central de Planificación, que será siempre la que
establecerá las líneas maestras para los núcleos de planificación de
las ciudades-municipios.
3. Tareas para el aseguramiento:
a. Comprometer a los candidatos a gobernadores y alcaldes para las
próximas dos elecciones, a que su gestión estará condicionada a
lograr esta nueva forma de poder.
b. Ser implacables con ministros, presidentes, viceministros, directores
generales y alto mando militar; igualmente con esos gobernadores y
alcaldes, que no cumplan con tales políticas y no demuestren
honradez, firmeza y eficacia en su ejecución.
10.- EL CASO DE CARACAS
Caracas no es sólo el centro neurálgico de la Nación. Tiene que ver con
aquello de “seguir el ejemplo que Caracas dio…” Fue vital en la
independencia y lo será en este proceso revolucionario, a pesar que ella ha
sido la propia ciudad del subdesarrollo capitalista.
Tres aberraciones marcaron su crecimiento: liquidación de su pasado
histórico, manos libres a la especulación de la tierra y las migraciones
masivas desde el campo abandonado. El terrible daño de la exclusión está
hecho. Es casi imposible, ahora, enderezar los entuertos de la estructura
urbana que soporta la ciudad sin apelar a vaciamientos y traslados masivos,
que es cosa tan aberrante como las causas que originaron tales entuertos.
Son enormes las devastaciones físicas y sociales, que este crecimiento
informe y perverso produjo. Me estoy refiriendo a la segregación de la
población que excluyó a los pobres de toda área urbanizada lanzándolos a
ocupar aquellos lugares en los empinados cerros donde la voracidad
inmobiliaria aún no se había posicionado. Esos lugares se ocuparon con
precarias viviendas, edificadas en terrenos banqueados con las uñas, y
muchas veces regados con sangre (el concepto capitalista de salario no
incluye el costo de la vivienda y aún así lo continuamos viendo). Y como si
fuera poco, esos lugares, desprovistos de los servicios más elementales y de
espacios públicos equipados, siguen azotados por la delincuencia. ¿Qué
revolución es esta?
Sobre Caracas pesa, y he aquí el asunto, una complicación adicional: una
estructura administrativa y jurídica incoherente que creó artificialmente una
alcaldía metropolitana inútil frente a cinco municipios autónomos (fue parte de
las manipulaciones políticas de aquellos que infiltraron, desde el comienzo, la
revolución bolivariana). Esto descompuso perversamente la gobernabilidad
de la ciudad. Y luego, con la pretensión de restar influencia a esa alcaldía
metropolitana cuya perniciosa existencia siempre fue evidente, se creó un
gobierno del distrito capital que (a pesar de su eficaz trabajo) no es tal. Todo
esto ha sido una torpeza política nuestra.
Este fraccionamiento del gobierno de la ciudad, junto a la circunstancia de
que esa alcaldía metropolitana y cuatro de los cinco municipios, están en
manos de la oposición, hace muy difícil planificar su futuro. Pensar que, a
pesar de esto, sea posible desarrollar un verdadero poder popular es una
ingenuidad. Los consejos comunales que se puedan constituir estarán, como
sucede con los demás municipios del país, mayoritariamente bajo control de
la alcaldía respectiva, y controlados por la contrarrevolución, o en todo cado
bloqueados por ella. Y esta situación político-electoral no parece reversible a
corto plazo. Habrá que esperar las elecciones de abril del 2013 para saber si
hay cambio significativo en estos problemas señalados.
¿Qué hacer en tal situación? Liquidar, lo más rápidamente que se pueda, el
voluntarismo inorgánico con el que el gobierno opera en Caracas, creando, al
margen de lo electoral, una autoridad única que centralice todas las acciones
que realizan en esta ciudad los diversos organismos públicos. No hablo de
una persona sino de un Consejo de Gestión Metropolitano, o como se quiera
llamar, integrado paritariamente por funcionarios de gran experiencia y
capacidad demostrada y delegados patriaomuerte de los consejos comunales
confederados en comunas. ¿El propósito? Poner en marcha en todos los
barrios de la ciudad, con todas las instituciones posibles y los consejos
populares existentes, el Plan del Buen Vivir. Tal Plan no sólo tiene que ver
con la vivienda y su equipamiento, debe asumir, bajo la dirección de ese
Consejo de Gestión, los asuntos de transporte, servicios metropolitanos,
vialidad, equipamiento urbano y, la seguridad. Esta es una tarea a corto y
mediano plazo, y debe extenderse por toda la ciudad como una demostración
de la capacidad, la disciplina y la seguridad que puede ofrecer el socialismo.
Si las elecciones próximas en diciembre, y las de abril del 2013, nos son
favorables, como se espera, podemos ir luego a un referéndum que convierta
en constitucional este experimento. Es decir: sustituir la estructura actual por
la de un distrito capital de verdad, que contenga a los cinco municipios
reestructurados en comunas, con un alcalde (ahora sí mayor), elegido por los
ciudadanos del distrito, y cinco intendentes que estarían bajo la coordinación
obligatoria de esta autoridad distrital. Esos intendentes serían designados y
supervisados por la confederación de comunas de cada municipio, siendo de
libre nombramiento y remoción en cualquier momento por las asambleas de
esas confederaciones (esto no sólo es importante sino además muy bueno).
Ellos actuarían como administradores de la ciudad en sus localidades
específicas, con casi todas las mismas competencias que ahora tienen los
alcaldes tradicionales. Y no hay que tener ningún temor a la presencia aquí
de voceros de consejos comunales de la derecha.
En manos de la autoridad distrital electa quedaría todo aquello que tiene la
escala metropolitana: el plan general de ordenación urbanística, con sus
patrones de crecimiento, densidades y usos; el abastecimiento de alimentos,
la disposición de residuos y desechos sólidos; los servicios metropolitanos,
vías rápidas y corredores e interconexiones viales; el transporte (sistema
metropolitano superficial y las interconexiones hacia los barrios); el sistema
de salud, de educación, de seguridad ciudadana y el sistema metropolitano
de espacios públicos.
Para esto, y sustituyendo a las actuales cámaras municipales, las asambleas
de voceros y voceras de las comunas confederadas, designaría en cada
municipio, además del intendente local, a los delegados a la Asamblea del
Distrito Capital (igualmente de libre nombramiento y remoción en cualquier
momento), en proporción al número de comunas locales. Esta asamblea
sería la máxima autoridad de la ciudad (por encima del alcalde mayor). La
propia democracia participativa en toda su plenitud, con escuálidos y todo.
Octubre 2012
COLAREBO 