Por Roberto García Hernández *
La Habana (PL) Los recortes presupuestarios que se pondrán en vigor de forma automática a partir del 1 de marzo en Estados Unidos, conocidos como secuestros de fondos, tendrán un impacto negativo inmediato en las Fuerzas Armadas de ese país.
Estas reducciones constituirán un golpe significativo a la economía y degradarán la capacidad de los militares del país norteño para intervenir en crisis a nivel global, en momentos en que se incrementa la inestabilidad internacional, reconocen altos jefes castrenses.
El secretario de Defensa, Leon Panetta, incluso señaló recientemente que esta es la peor amenaza que enfrenta ahora la seguridad nacional estadounidense, a pesar de la larga lista de enemigos y de problemas que genera Washington en la arena internacional.
Si el llamado secuestro de fondos entra en vigor, el presupuesto del Pentágono para 2013 perderá más de 46 mil millones de dólares, mientras un volumen similar de dinero desaparecerá de las asignaciones a otras agencias federales.
A más largo plazo, los fondos dedicados a la defensa disminuirían en poco más de 500 mil millones de dólares en la próxima década y la afectación general a la economía del país estaría alrededor del billón de dólares en igual período.
La situación se torna incluso más problemática porque el Congreso no ha aprobado oficialmente el presupuesto de defensa para el año fiscal 2013, lo cual significa que el Pentágono trabaja sobre la base de una llamada resolución de continuidad, con vistas a cubrir gastos similares a los niveles de 2012.
Las afectaciones llegan a tal punto que el presidente Barack Obama decidió acelerar un proceso de recortes drásticos en los arsenales nucleares de Estados Unidos en todo el mundo.
Los militares norteamericanos disponen en la actualidad de unas mil 700 ojivas estratégicas y el nuevo plan del mandatario prevé dejar solo mil de esas armas en activo, lo que según estimados oficiales pudiera significar un ahorro de unos 120 mil millones de dólares en los próximos 20 años.
Por otra parte, funcionarios civiles y altos jefes militares del Pentágono andan por los pasillos del Capitolio y asisten a encuentros con los legisladores de uno y otro partido para convencerlos de que se pongan de acuerdo con el Ejecutivo y se eviten estas reducciones.
A mediados de febrero, el subsecretario de Defensa, Ash Carter, y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Martin E. Dempsey, participaron en sendas audiencias de los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
En ambas comisiones, dichas personalidades expusieron con crudeza los daños del secuestro de fondos para el estamento militar y en general para la seguridad nacional estadounidense.
Dempsey dijo que las fuerzas armadas necesitan certidumbre presupuestaria, así como un flujo estable y predecible de fondos o de lo contrario será prácticamente imposible implementar la estrategia militar del país.
El 20 de febrero pasado, Panetta informó al Congreso que 800 mil empleados civiles del Pentágono recibirán licencias obligatorias no remuneradas de 22 días a un ritmo de una jornada por semana, desde abril hasta septiembre de 2013, ante la posibilidad de una crisis fiscal.
De acuerdo con cifras gubernamentales, la medida ahorrará a ese despacho entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares.
Además, grandes compañías proveedoras de armamentos y servicios al Departamento de Defensa se preparan para los recortes que pudieran llevar a la pérdida de más de un millón de empleos en el complejo militar industrial, según datos oficiales.
En respuesta al anuncio de Panetta, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que dicho órgano legislativo formuló medidas concretas destinadas a proteger la seguridad nacional estadounidense, pero los demócratas en el Senado no han hecho nada.
El intercambio de acusaciones es parte de un juego entre la Casa Blanca y los congresistas del llamado partido rojo, a escasos días de la entrada en vigor de las medidas de reducciones presupuestarias, señala el diario The Hill.
Pero veamos algunos ejemplos de los planes de contingencia de los servicios armados estadounidenses.
Si el Ejecutivo y el Congreso no se ponen de acuerdo, se quedarán fuera de servicio alrededor de 100 mil soldados, se cancelarán despliegues de tropas y portaaviones a ultramar, y los sistemas de radares no podrán trabajar las 24 horas como lo hacen actualmente.
La Fuerza Aérea prevé la reducción de 14 mil millones de dólares este año para sus comunicaciones a nivel global, así como afectaciones en el personal que opera las armas nucleares de Estados Unidos.
En el caso de la Marina de Guerra, su jefatura suspendió el despliegue hacia Medio Oriente del portaaviones USS Harry S. Truman y sus buques de apoyo, previsto para febrero.
Desde 2010 el Pentágono ha mantenido dos unidades navales de ese tipo en la región levantina, pero actualmente el USS John C. Stennis es el único desplegado en esa zona, aunque el Truman se mantendrá en puertos estadounidenses listo para partir en casos de crisis.
Si se implementan los recortes de fondos, se reducirá aún más la presencia naval en ultramar, porque el mantenimiento de buques y aeronaves para su envío a otros países demorará más de lo previsto, como ya sucedió con los portaaviones, señala el diario The Washington Times.
Según el mando castrense de Estados Unidos, esta medida tiene un costo político y militar para el país, porque tiende a cambiar la correlación de fuerzas en la volátil región mesoriental, en contra de los intereses de Washington.
Un análisis reciente del Centro de Información para la Defensa -tanque pensante con sede en la capital estadounidense- señaló que a pesar de las restricciones financieras, el Pentágono insiste en la adquisición del cazabombardero F-35, lo cual muestra distorsiones en sus prioridades.
Las demoras en la puesta en funcionamiento y pruebas del aparato hicieron de este el proyecto más caro en toda la historia, pues en 10 años alcanzó un estimado de 396 mil millones de dólares.
Para colmo de males, el Departamento de Defensa de Estados Unidos suspendió de forma indefinida el 22 de febrero pasado las operaciones de todos los F-35 tras detectarse fallos en el motor de uno de esos aparatos, en la Base Aérea Edwards, estado de California.
En diciembre pasado, un grupo de generales retirados norteamericanos exigió una estrategia más realista en la asignación del presupuesto de defensa y señaló que la crisis fiscal del país refleja falta de voluntad política y de planificación.
Los exmilitares aseguraron que el debate sobre los gastos del Pentágono está inmerso en ideologías y doctrinas basadas en guerras anteriores, y conducido por legiones de cabilderos y de intereses mezquinos del complejo militar industrial.
El texto está firmado por los generales en retiro Robert Gard, presidente del Centro para el Control de Armamentos y No Proliferación, y exasistente ejecutivo de dos secretarios de Defensa; así como por John Johns, exdirector de recursos humanos del Estado Mayor del Ejército norteamericano.
Los exmilitares consideran que en la década pasada, Estados Unidos combatió en dos guerras muy caras, y el Congreso todavía debe pagar las deudas pendientes de esas contiendas, lo cual ha contribuido a la actual situación precaria de la economía.
En fin, el poderío militar estadounidense y todo el aparato de la seguridad nacional del país está en riesgo ante la posibilidad de estos recortes de fondos sin precedentes, a menos que los políticos pongan a un lado intereses partidistas y se percaten de que la cosa va en serio.
Pero no nos llamemos a engaño: a pesar de la amenaza del desastre fiscal, el dinero que queda en las arcas del Departamento de Defensa es suficiente para garantizar una intervención en cualquier país, con el manido pretexto de la amenaza a los intereses de seguridad nacional de Washington.
*Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.
COLAREBO 