El señalamiento lo hizo el periodista durante el editorial de su programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen.

Observó que dichos sectores extremistas, a los que calificó de inadaptados empeñados en alcanzar el poder a través de la violencia, han pretendido que el Gobierno legítimo no se defienda y que no haya reacción del Estado para resguardar el orden público alterado a través de hechos como «el asesinato por francotiradores de policías y guardias nacionales, cuando se queman universidades, centros asistenciales, se ataca el Metro y el transporte público y cuando un maternal con 80 niños dentro es objeto de una agresión brutal».

Para Rangel, semejante visión de la oposición es intolerable y «tales prácticas tienen que se condenadas sin ambigüedad y combatidas con energía por el Estado. La administración de justicia tiene un importante papel en cumplir, consistente en sancionar a los responsables. Así la justicia está al servicio del Estado, de la paz pública, de la mayoría nacional que quiere tranquilidad para vivir y trabajar».

Insistió en que el Estado está obligado a defenderse en función de sus atribuciones constitucionales y legales, con el fin de impedir que el país colapse y los derechos de los ciudadanos desaparezcan.

El periodista opinó que quienes dirigen esos sectores extremistas opositores son personajes que desconocen la práctica democrática y que se niegan a aceptar que el país cambió, que el país no ha avanzado políticamente, que el pueblo carece de conciencia acerca de lo que es el estado de derecho, el respeto a la Constitución y a la ley.

«La noción que ellos conservan de la política es inactual porque está sustentada sobre criterios que atribuyen privilegios a sectores de la sociedad, caracterizados por el desprecio al pueblo al cual niegan cualidad para participar», señaló.

Rangel apuntó que en torno a esa contradicción gira gran parte del debate nacional, «de la violencia a la cual se aferran los sectores que quieren conservar privilegios y no admiten que la Constitución tiene que ser respetada integralmente, permanentemente y no de manera circunstancial».

Las acciones de violencia y terrorismo desatadas por la extrema derecha se perpetraron a partir del 12 de febrero pasado en varias partes del país con la intención de generar desestabilización y propiciar un golpe de Estado en Venezuela. A consecuencia de esos hechos, 42 personas fueron asesinadas y 835 lesionadas entre civiles, funcionarios militares y policiales. También ocasionaron numerosos daños materiales a la Nación y a bienes privados.