Aportes  para el análisis del III Congreso Nacional del PSUV (III)

Adaptaciones del texto del autor: Lucha de clases y rentismo petrolero en Venezuela, de agosto 12 de 2013

Rafael Enciso*

Plusvalía y renta petrolera

El objetivo de todo explotador en cualquier parte del mundo es apropiarse de los excedentes generados por los trabajadores. En el capitalismo, el objetivo de los capitalistas es apropiarse de la plusvalía, que no es otra cosa que la parte del valor: trabajo social cristalizado en bienes, servicios o conocimientos generados por los trabajadores, que no les es retribuido en forma de salarios u otros beneficios sociales, sino que es apropiado y acumulado en forma de ganancias por los capitalistas.

La renta petrolera, o minera, muy generalizadas en América Latina por el modelo extractivista exportador de la globalización neoliberal, es en esencia,  plusvalía generada por los trabajadores de todo el planeta. Como Venezuela es un país de baja producción industrial y agrícola, importador de la mayor parte de los bienes que se consumen en el país, los trabajadores en Venezuela generan sólo una pequeña parte de la plusvalía, que es el mayor valor generado en los trabajos de exploración, extracción, transporte y refinación del petróleo.

Pero la mayor parte de la plusvalía llega a Venezuela en forma de renta por el pago del petróleo vendido en el mercado internacional. Su magnitud, es igual al diferencial entre los costos de producción totales y los precios de venta totales.

Luego, esta renta o plusvalía de origen internacional se distribuye en el país a través de los presupuestos del Estado, con sus expresiones en Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías. La distribución de la renta abarca además todos los poderes públicos: ejecutivo incluyendo Fuerzas Armadas y Policía, legislativo, judicial y “poder moral”, que hasta ahora ejerce con poca eficacia la Contraloría General de la República. La impunidad sirve de estímulo a la corrupción administrativa.

Cuando los precios del petróleo en el mercado mundial aumentan, aumenta la cantidad de plusvalía que fluye a Venezuela y crece también la lucha de grupos y clases sociales por su uso o apropiación.  Los precios de este recurso energético, ya de por sí muy elevados por el control monopólico de los mercados y por el agotamiento progresivo de las reservas mundiales de esta materia prima energética, hoy esencial para la industria y el transporte en todo el mundo, tienden a crecer constantemente. Los precios crecen aún más con las guerras e invasiones imperialistas desatadas para apoderarse del petróleo, como en los casos de Irak y Libia. Se exacerba entonces cada día más la lucha en el Estado por el uso y apropiación de la renta petrolera. Se desata la ambición y la voracidad de aquellos que tienen poder de decisión sobre presupuestos y contratos.

El destino contradictorio de los ingresos y la renta petrolera

Una parte importante de la renta ha sido y es destinada desde la llegada al gobierno del Presidente Chávez a partir del año 1999 a satisfacer las necesidades sociales y al desarrollo del país, lo cual ha sido continuado por su sucesor el Presidente Nicolás Maduro; a dignificar, por medio de las Misiones Sociales,  la vida del pueblo venezolano,  satisfaciendo necesidades y carencias acumuladas durante cinco siglos de gobiernos oligárquicos; a hacer posible el acceso de toda la población a los servicios de salud por medio de los módulos de Barrio Adentro, Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Integral, o de su atención en Cuba por medio del Convenio Cuba-Venezuela y a la construcción de decenas de nuevos hospitales; a garantizar el acceso  de los alimentos para los 30 millones de habitantes que tiene el país, otorgando  enormes subsidios a los alimentos que se distribuyen por medio de la Misión Mercal, Abastos Bicentenario, PDVAL, casas de alimentación, almuerzos escolares; universalizando el acceso a la educación pública y gratuita a todos los niveles (básica, media y universitaria)  por medio de las Misiones Robinson, Ribas, Vuelvan Caras, Sucre y construyendo más de 10 universidades de alcance nacional; a dignificar la vida de las mujeres en condiciones de pobreza extrema con la Misión Madres del Barrio; a desarrollar  con un sentido profundamente humanista la Misión Milagro, para que los que habían perdido la vista pudieran y puedan volver a ver, no solo en Venezuela sino en toda América Latina y El Caribe (ya van cerca de cien mil beneficiados); la Misión Sonrisa, para quienes han perdido la dentadura o nacieron con labio leporino, etc., etc., para solo mencionar algunas de las misiones.

En cuanto a la diversificación de la producción, con los recursos de la renta petrolera, el gobierno bolivariano ha destinado muchos miles de millones de dólares para nacionalizar industrias como las del cemento (que estaban en manos de monopolios: mexicano, francés y Suizo) y la siderúrgica más grande del país (SIDOR), así como a construir muchísimas fábricas en todos los sectores de la economía, especialmente en el sector de alimentos.

El problema es que aún no se ha logrado una gestión eficaz,  eficiente y en armonía con la naturaleza de estas empresas, lo cual debe hacerse de manera acelerada por medio de la formación integral, continua y permanente de todos los sujetos sociales del trabajo, en los aspectos sociopolíticos, científico-técnicos, en gestión directa y democrática del proceso social del trabajo, y en defensa de la Patria y la Revolución.

La renta petrolera ha servido también para poner en órbita los Satélites Simón Bolívar y Francisco Miranda;  para construir nuevas infraestructuras y vías en todo el país y para hacer muchas otras obras que han beneficiado al pueblo, como las realizadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que ya ha construido más de 600.000 viviendas para las familias damnificadas por las vaguadas de los años 2009, 2010 y 2011 y para las familias más necesitadas y pobres del país. El gobierno del Presidente Maduro  ha adquirido el compromiso de construir 3.000.000 de viviendas para el pueblo hasta el año 2019. El gobierno revolucionario ha distribuido además, miles de millones de bolívares a los Consejos Comunales para los proyectos presentados al Consejo Federal de Gobierno. Todo esto es innegable.

Pero al mismo tiempo y de manera contradictoria, dadas las grandes magnitudes de la renta petrolera y la falta de control sobre ella por comunidades y trabajadores organizados, una parte sustancial  de esta renta es apropiada por sectores burocráticos egoístas y con mentalidad capitalista. Esto se hace por lo general por medio de la corrupción administrativa heredada de la IV República. Esta parte de la renta que es saqueada al Estado y por tanto robada al pueblo venezolano, sirve para reproducir el sistema capitalista. Ella no puede ser consumida -ni siquiera gastando y despilfarrando en los mayores lujos-, y tiene que ser convertida necesariamente en capital: una parte se convierte en capital al ser invertido de manera privada en Venezuela, principalmente en empresas comerciales y una pequeña parte en empresas productivas agrícolas,  industriales o agroindustriales; pero con toda certeza, la mayor parte de este capital es convertido en capital rentista y especulativo. Esto lo consiguen los saqueadores del erario público, al invertir en tierras, bonos y certificados de depósito a intereses en los bancos tanto nacionales como extranjeros.  Pero como se trata de dineros obtenidos por medio de la corrupción prefieren colocarlo en dólares en el exterior.

Para ello necesitan convertir los bolívares en dólares, algo que hacen comprándolos  en el mercado paralelo con lo cual, debido a que la demanda es mucho mayor que la oferta, encarecen su precio a niveles exorbitantes; o accediendo a una parte de los dólares que asigna el Estado a la tasa de cambio oficial para las importaciones (anteriormente CADIVI). Esto lo han hecho en buena medida creando empresas de maletín y realizando importaciones frecuentemente con sobre-facturaciones o importaciones ficticias, por montos o volúmenes mayores a los que realmente ingresan a Venezuela, o comprando bonos en dólares emitidos por el Estado, en particular, por el Banco Central y PDVSA, los que reciben intereses en dólares y pueden ser negociados en el mercado financiero internacional. Para combatir estas prácticas, es  cuando menos necesario verificar y hacer públicos  los nombres de  quienes han comprado o compran estos instrumentos financieros y verificar la procedencia legal y legítima de los recursos con que lo hacen.

El gobierno del Presidente Chávez destinó enormes recursos para la ejecución del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, para beneficio del pueblo de Venezuela, pero por las razones anteriores, esta se hizo de manera lenta, a altos costos, con muchas deformaciones y contradicciones.

Esperemos que esto sea  superado, mediante  la ejecución coherente del Programa de la Patria 2013-2019  con  sus 5 grandes objetivos históricos y nacionales, por parte del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, lo cual sólo será posible con el desarrollo de la conciencia socialista de la población y los trabajadores organizados y su lucha revolucionaria; y con la solidaridad internacionalista de los trabajadores y movimientos sociales revolucionarios, y de los gobiernos progresistas y antiimperialistas de América Latina y el mundo. Porque sólo unidos y compartiendo sistemáticamente conocimientos y experiencias, podremos superar la oscura y larga noche del sistema del capital, para  construir la nueva sociedad socialista, libre de explotación, que haga posible el desenvolvimiento pleno de las potencialidades humanas y la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos.

¡CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

¡Viva el Internacionalismo Socialista! ¡Viva la lucha por el socialismo!

*Economista Investigador.

Caracas, julio 24 de 2014