El nuevo informe da continuidad a otro, difundido en 2007, que reúne datos de 1989 a 2005 y que denuncia 77 casos de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, mostrando también un patrón que compromete la responsabilidad del Estado. La nueva edición une las informaciones del informe anterior y agrega nuevas. Ambos registran y denuncian los casos de dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en el marco de la lucha por las tierras y en el contexto de ataques organizados en contra de comunidades rurales, para apoderarse de territorios campesinos.

La Codehupy relata que, durante la última actualización de datos para el informe, recibieron informaciones sobre cuatro posibles ejecuciones en Norte Pyahu (Departamento de Caaguazú) y otras siete víctimas en Laterza kue (también Departamento de Caaguazú), casos que, así como los 115 denunciados en el informe, «fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad política”.

«Este plan sistemático se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a algunos sectores del modelo del agronegocio que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad. Particularmente están comprometidos en este plan las instituciones de seguridad y de justicia del Estado: el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, cuyas actuaciones ilegales gozan del respaldo explícito del sistema político”, se denuncia en el Informe.

Una de las historias contadas es la de Martín Ocampos Páez, 45 años, asesinado el 12 de enero de 2009, en Hugua Ñandu, Concepción. Martín y la esposa eran dirigentes comunitarios de Hugua Ñandu y militantes de la Organización Campesina del Norte (OCN). Martín también era radialista y director de la radio comunitaria local y, por tener acceso a ese medio de comunicación, denunciaba a narcotraficantes, sojeros y latifundistas de la región, además de estimular la organización social comunitaria. Su activismo le generó en 2006, la detención y acusación de ser integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Tres años después, fue asesinado en su casa por dos hombres. Su caso fue archivado por la Fiscalía y no hubo investigaciones.

Hace un año, el 14 de agosto de 2013, el dirigente campesino de Concepción, Lorenzo Areco, de 37 años, tuvo el mismo destino. Areco estaba activo en la lucha por la tierra en su región. En 2005, fue parte del proceso de lucha por la recuperación de las tierras que, actualmente, forman el asentamiento Reconquista. También era secretario de la Asociación de Productores del Asentamiento Reconquista, Secretario de Tierras de la Organización Campesina Regional de Concepción y miembro del Núcleo Director del Partido Popular Tekojoja. Areco fue asesinado en un atentado cometido por pistoleros, cuando circulaba en moto cerca de su trabajo. Existe una investigación abierta, pero no hubo avances en el caso.

Y así como ellos, a tantos otros hombres y mujeres les robaron la vida brutalmente para alimentar la ganancia por la acumulación de tierras. La Codehupy pide que la gravedad de esta situación sirva para que la población paraguaya decida denunciar los casos de asesinato en el campo, que ocurren constantemente en el país./Adital

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