Hoy, cuando se cumplen 32 años de la masacre de Cantaura, Alejandro Velásquez, de 72 años de edad, sobreviviente de aquella política de exterminio practicada por el gobierno de Luis Herrera Campíns, recuerda los hechos con valentía.
“Hace 32 años estábamos dispuestos a morir como héroes y no como cobardes en Cantaura”, dijo Alejandro al relatar lo que vivió aquel lunes 4 de octubre de 1982, a partir de las 5:50 de la mañana, en el sector Los Changuarriales del Morocho Evans, ubicado a 10 kilómetros de la hoy ciudad de Cantaura, en la zona centro del estado Anzoátegui, en el oriente venezolano.
Veintitrés de 41 jóvenes revolucionarios fueron asesinados. En su mayoría estudiantes universitarios, obreros, maestras y sociólogos. Gente del pueblo. Tenían entre 18 y 30 años de edad.
Ese día se celebraría un pleno revolucionario para analizar el acontecer político y social del país y delinear una propuesta política de inclusión, justicia social y participación real del pueblo en un país gobernado en ese entonces por el partido demócrata cristiano Copei.
La masacre comenzó con bombardeos al campamento con aviones militares. “Cuando los aviones comenzaron a lanzar las bombas de racimo (llamadas así porque cada una contenía 12 granadas) conmigo estaban 14 compañeros. Les dije que se cubrieran con los árboles frondosos que había en el lugar”, dijo Velásquez, conocido por sus compañeros como El Camarita.
Velásquez, oriundo del estado Sucre, comentó que cuando finalizaron los ataques de los aviones de la Fuerza Aérea, que duraron entre 10 y 15 minutos, “llegaron varios helicópteros ametrallando contra la zona”.
Recordó que cuando los helicópteros los atacaron, en ese momento nadie de su grupo fue asesinado, “porque les indiqué que se agacharan, hicieran una fila, se agarraran por la cintura, y se movieran en el mismo sentido de las unidades aéreas”.
Esta masacre ocurrió en una Venezuela en la que la izquierda era perseguida, torturada, desaparecida y asesinada por los organismos de seguridad del Estado.
Culminados los ataques aéreos, un grupo comando por tierra cercó el lugar del campamento para rematar con disparos de ametralladoras. “Después de eso decidí enfrentar la situación. Haber tomado esta decisión me dio más valor para enfrentar la represión por parte del Estado hacia el campamento guerrillero en ese entonces en Cantaura”.
El Camarita logró romper el cerco militar y policial a las 8:30 de la mañana del 5 de octubre de 1982. Caminó tres días hasta llegar a un hato. Allí permaneció varios días. Después habló con un ganadero, quien luego lo trasladó hacia la vía de Pariaguán, en la zona sur del estado Anzoátegui.
El lunes 11 de octubre de 1982 Velásquez volvió en la noche al lugar de la masacre y encontró rastros y signos que le indicaban que varios de sus compañeros fueron asesinados fuera del campamento. “Pienso que ocurrió mientras trataban de huir de los efectivos que disparaban sin control, y mucho menos sin cruzar palabras”.
Luis Teodoro Pereira, otro de los sobrevivientes, relató que cuando comenzaron los ataques aéreos él se encontraba con otro compañero a 200 metros del campamento. “Habían pasado bombardeando la zona. En medio de la situación de terror, a mi compañero le quitan la mano de un disparo y a mí me dieron un tiro en la pierna”, contó.
Pereira señaló que cuando salieron para el sitio de la concentración y caminaron escasos metros se encontraron con el Ejército, “que nos disparó sin contemplaciones”. Luego, huyendo del tiroteo a mansalva, Teodoro logró esconderse tres días, junto a su compañero, en una cuneta (zanja).
“Yo estuve en la cuneta de la carretera durante tres días, pero al compañero que estaba conmigo, cuando decidió cruzar la vía, le dispararon y lo mataron. Vi cuando llegaron seis soldados y le metieron 21 tiros”.
Teodoro logró escapar, no sin antes sortear disparos desde el aire de un helicóptero militar. Al día siguiente llegó a la casa de unos campesinos, quienes les brindaron atención primaria.

Revolución sacó el caso a la luz

Esta Masacre de Cantaura fue ocultada, silenciada y desvirtuada durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei. Fue con la Revolución Bolivariana cuando la Fiscalía retomó el caso.
En los últimos años han exhumado 18 cuerpos en Caracas, Barcelona, Anaco, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello, que han confirmado que la mayoría de las víctimas del ataque del 4 de octubre de 1982 fue ajusticiada.
Además, en octubre de 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.
Con este reglamento fue creada una comisión especial encargada de esclarecer este y otros casos de masacre y violaciones de derechos humanos en los gobiernos de la Cuarta República en Venezuela.
Mientras avanzan las investigaciones por el caso, el Ministerio Público imputó a Ismael Antonio Guzmán, ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército Coronel Vicente Campo Elías N° 63, encargado de la matanza.
También por este mismo hecho se encuentran imputados Remberto Uzcátegui, ex director general de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), y José Domínguez Yépez, ex director de Inteligencia de ese extinto organismo.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que el Ministerio Público, como parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, adelanta una investigación penal para dar con los responsables de este hecho, “que —pese a su gravedad— no atrajo la atención de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos”.

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MP acusó a seis nuevas personas por los delitos del 4 de octubre de 1982

Al cumplirse hoy 4 de octubre 32 años de la masacre de 23 dirigentes sociales en Cantaura, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público acusó a seis personas más por los hechos ocurridos en 1982 en la zona centro del estado Anzoátegui.
Explicó que el fiscal 80º Nacional, Elvis Rodríguez, acusó este viernes ante el Tribunal 3º de Control del estado Anzoátegui al exdirector de Inteligencia de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, José Domínguez Yépez; el exdirector general de ese organismo, Remberto Uzcátegui; y el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, y a Ismael Antonio Guzmán, por los delitos de concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales, respectivamente.
Ortega Díaz indicó que la acusación también alcanzó al exfiscal militar, Luis Velie Guerra y al médico forense, Guillermo Solano, por encubridores del delito de concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales.
Adicionalmente, a Solano se le acusó por el delito de emisión de certificaciones falsas con el propósito de burlar las leyes, previsto en la Ley de Ejercicio de la Medicina, reseñó un comunicado de prensa de la Fiscalía./AVN/CiudadCcs