CiudadCCS/La Radio del Sur

“Muertos 16 guerrilleros en choque con el Ejército. Dieciséis presuntos guerrilleros colombianos murieron hoy en un enfrentamiento con fuerzas del Ejército y la Policía de Venezuela”. Este fue el vil titular del diario El Nacional el domingo 30 de octubre de 1988, día de descanso para muchos venezolanos.

El general Humberto Camejo Arias, jefe de la Segunda División de Infantería y responsable del Comando Especial Combinado José Antonio Páez (Cejap), manifestó que “por aire, cielo y tierra” buscaban a los guerrilleros restantes.

Los grandes latifundistas y terrófagos celebraron la acción ya anticipada con grandes parrillas y terneras. Llaneros, campesinos y pescadores siempre eran acusados ante el Ejército por supuesto robo de ganado y narcotráfico. Y esto fue lo que sucedió en el Fundo La Concepción, en el Alto Apure, propiedad de Cipriano Veguet, el 24 de junio de 1969. Allí fueron asesinados José Ángel Martínez (49 años), Oscar Abelardo Martínez (29 años) y Roberto Tovar (22 años).

Estos hechos fueron denunciados por sus familiares a la Comisión por la Justicia y la Verdad, creada por la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones a los Derechos Humanos.

Este crimen fue titulado por El Nacional el 26 de julio de ese año de la siguiente manera: “Muertos dos guerrilleros en un encuentro con patrulla de Cazadores del Ejército”. El 3 de julio esto fue desmentido por sus hermanos: “No eran guerrilleros. El dueño de un hato, su hijo y un sobrino muertos en Apure”. Esta noticia apareció en un pequeño recuadro del mismo diario, cuerpo D, página 5.

Así también ocurrió con la Masacre de El Amparo, el 31 de octubre de 1998, la prensa anunciaba que no eran guerrilleros sino pescadores quienes habían sido asesinados el 29 de octubre de ese año en la localidad del municipio Páez del estado Apure.

Otra vez el desmentido mediático, dos sobrevivientes echaban por tierra las pomposas frases del ministro de la Defensa: “Nuestras fronteras las estamos protegiendo por la paz y la tranquilidad de nuestras familias”.

El diputado por el MAS Walter Márquez llevó la batuta en la denuncia y rápidamente fue acusado ante de encubrimiento por el periodista José Vicente Núcete, vinculado a la Gobernación del estado Táchira, y el abogado Ricardo Koesling.

Tanto el presidente Jaime Lusinchi (AD) como el candidato adeco ganador, Carlos Andrés Pérez, se mantuvieron detrás de bastidores. En la campaña electoral de 1988, el primero, repitiendo las teorías clásicas en Derechos Humanos y defensa de la democracia; y el segundo, caminando a gigantescos pasos en el circo de la charlatanería “exigiendo castigo” para los responsables del crimen de Caño La Colorada.

Mientras tanto, aparecieron los “intelectuales” versados en política internacional acusando a Walter Márquez de estar vinculado al M-19 de Colombia y de destruir a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado.

No podía faltar por supuesto, la Iglesia. Alejandro Peña Esclusa ratifica con esta denuncia su compromiso con intereses de la alta y rancia burguesía nacional e internacional. Ricardo Koesling y Álvaro Rotondaro titulaban noticias como que: “…Demandarán a Walter Márquez por vilipendio a las FAN”.

Koesling y Rotondaro promovían invasiones en Apure y el desalojo de comunidades indígenas para quitarle sus tierras ancestrales, llegando al extremo de solicitarles a los indios Piaroas los documentos de propiedad de las tierras. Es ahora, en Revolución con la nueva Ley de Tierras, que los indígenas están siendo dignificados y a través del Consejo Presidencial Indígena, se les está entregando la titularidad de sus tierras.

Son tristemente célebres algunos nombres y apellidos ligados a este caso. Por ejemplo, el general Edgar Gavidia, quien amenazó al Presidente alegando gozar de “facultades imperiales”, mientras el informe forense revelaba las atrocidades cometidas contra los inocentes pescadores de El Amparo.
El general Camero Arias y el comisario López Sisco de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) navegaron dentro de las grietas y rivalidades internas en Acción Democrática, léase Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, así como también la mayoría de los actores materiales e intelectuales de la llamada operación Anguila III. Entre ellos se cuentan, por parte del Ejército: el capitán de corbeta Alí Coromoto González; maestro de primera Ernesto Morales Gómez; sargento técnico de primera Omar Pérez Hudson; sargento mayor de segunda Salvador Ortiz. De la Disip participaron: comisario jefe Alberto Andrés Román Romero; comisario Maximiliamo José Monsalve Planchart; inspector jefe Carlos Alberto Durán; inspector José Ramón Zerpa Poveda; inspector Jesús Alberto Villamizar; subinspector Franklin Gómez Rodríguez; subinspector, Omar Gregorio Márquez y detective Tony Richard Urbina Sojo.

Todos ellos se salieron por la baranda principal, sin puerta ni cerradura, ya que meses después ocurre el Caracazo, donde asesinan a miles de venezolanos, el 27 y 28 de febrero de 1989. Es decir, la Cuarta República en su máxima expresión de violencia y terror, sepultósin justicia los hechos delictivos del Ejército y los cuerpos policiales, como la Masacre de Cantaura, octubre de 1982; la Masacre de Yumare, mayo de 1986 y la Masacre de El Amparo o Caño La Colorada, octubre de 1988.