Buenos Aires, 21 nov (PL) En una guerra sin cuartel, segmentos dentro del Poder Judicial argentino rehabilitan, emiten o insisten en fallos contra funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández a favor de grupos corporativos y de poder en la oposición.

En una clara ofensiva de última hora para generar sentimiento de descrédito a horas de decisivas elecciones para definir el presidente del país el domingo entre el candidato del oficialismo y uno de la oposición, la Cámara de Casación Penal ordenó seguir investigando a ministros y exfuncionarios por pedido del monopolio mediático Clarín. El expediente involucra al ministro de Economía, Axel Kicillof; al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno; al titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y al síndico Daniel Reposo. El caso había sido incluso desestimado en dos instancias judiciales anteriores.

Clarín que mantiene una guerra abierta contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández denunció a esos funcionarios por presuntos exabruptos y abuso de autoridad en una reunión societaria en abril de 2013 de ese grupo monopólico como apoderados de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

En su momento -recuerda hoy el diario Página 12- el fiscal federal Miguel Angel Osorio dictaminó por desestimar la denuncia por «inexistencia de delito» y el juez Rodolfo Canicoba Corral la archivó en julio de 2013, lo que fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal.

Pero este viernes, dos años después, cuando comenzó la veda electoral previa a los comicios del domingo, los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, a pedido de Clarín, fallaron en contra de las dos instancias anteriores y decidieron que la causa debe mantenerse abierta, señala Página 12.

El tercer juez de Casación Mariano Borinsky falló en disidencia y sostuvo que «hay una imposibilidad de proceder porque tres fiscales de todas las instancias -Miguel Osorio, Germán Moldes y Ricardo Weschler- se pronunciaron por desestimar la denuncia».

Ese dictamen de Casación se suma a dos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, uno favorable a Clarín al mantener una medida cautelar contra la Ley de Medios que le insta a cumplir las normas antimopólicas y el otro contra la petrolera YPF.

También el jueves en el último día de la campaña electoral el juez Claudio Bonadio, claro opositor y abanderado de las denuncias contra el Ejecutivo, ordenó un allanamiento del Banco Central interviniendo a favor de una denuncia de dos diputados opositores contra el titular de esa entidad, Alejando Vanoli, por supuestas irregularidades en el control del mercado de dólares a futuro.

Ese magistrado también dictó procesar al director general del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Luciano Di Cesare, igualmente a favor de una denuncia de una legisladora porteña opositora por presuntas irregularidades en la suscripción de letras del Tesoro.

Di Cesare sostuvo que no está acusado de haber tenido algún beneficio personal, sino por «haberles hecho ganar a los afiliados de PAMI más de 293 millones de pesos (tres millones 51 mil dólares)».

En su abierta ofensiva contra el Gobierno, Bonadio también insistió en esta semana a días de las elecciones en procesar al ministro de Salud y al jefe de Gabinete por supuestas irregularidades, sin ser verificadas, en la implementación del Programa Cunita de ayuda a madres recién paridas.

acl/mh

Redaccón Canadá
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