La detención la hizo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por orden de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla, que lo acusó de cometer actos terroristas consistentes en bombardeos a centrales eléctricas, instalaciones empresariales y edificios comerciales de Cartagena.
Muñoz Altamiranda, procesado en ausencia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, fue condenado el 25 de agosto de 2012 a 15 años de cárcel por los delitos de Rebelión y Terrorismo. En la misma sentencia el juez le impuso al periodista una inhabilitación para ejercer funciones y cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.

El 16 de julio de 2014 el Tribunal Superior de Cartagena, actuando como segunda instancia confirmó la condena inicial.

Hoy, a través del recurso de Casación número 45814 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal deshace todo lo actuado por las dos instancias anteriores y le restituye al periodista sus derechos civiles, al tiempo que ordena la suspensión de las órdenes de captura en su contra a las instancias policiales, militares e Interpol.

La Corte resuelve que durante el proceso “No hubo una seria y juiciosa investigación” de los hechos que se le endilgaron al periodista, y que estas imprecisiones constituyeron “una clara afrenta del debido proceso y del derecho a la defensa”.

El “casacionista”, magistrado que determinó este recurso de última instancia contra el proceso seguido a Muñoz Altamiranda, determinó que los juzgadores acudieron a una “deficiente construcción indiciaria”, “incertidumbre probatoria”, y desestimó el valor como prueba de todos los informes de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que fueron utilizados para condenar al periodista en las instancias anteriores.
Por todo esto, y otras razones más presentes en el documento de la Corte, la Institución “casó” la sentencia condenatoria de segundo grado emitida por el Tribunal Superior de Cartagena, y profirió esta decisión absolutoria.

El fallo resuelve entonces que a Fredy Muñoz Altamiranda se le absuelva del delito de terrorismo, amén de que ilustra además la prescripción de la condena por Rebelión impuesta en primera instancia, dejando al periodista libre de requerimientos judiciales.

Finalmente, el fallo pide al juez de primer grado cancelar “los registros y anotaciones que contra el procesado haya originado este diligenciamiento” y sella este amargo capítulo en la vida del comunicador, al anotar que “Contra la presente sentencia no procede recurso alguno”.