Mientras el 55 por ciento de los argentinos vive en la pobreza, los paros y manifestaciones continúan en varias regiones y siguen los conflictos diplomáticos, el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) sorprendió con un anuncio inédito.

Por Glenda Arcia Socorro

Pese a la complejidad del escenario local e internacional, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, informó que el presidente Javier Milei será el protagonista de un show musical en el estadio Luna Park, donde también presentará su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

Según el portavoz, el jefe de Estado hablará sobre su obra e interpretará una canción, por lo que será “la figura relevante” de la noche.

El comunicado causó la perplejidad de medios de prensa que reportan desde hace meses los cánticos de miles de trabajadores movilizados en las calles e incluso algunos entrevistados dijeron no creer la noticia.

Adorni resaltó la actuación del Presidente y minimizó un conflicto existente con España, generado por las ofensas proferidas por Milei al jefe del Gobierno de la nación europea, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez.

En un inicio, Madrid llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y exigió disculpas públicas, pero ante el incremento de los insultos del líder de LLA, confirmó que la diplomática no regresará y a partir de ahora la misión será dirigida por un Encargado de Negocios.

Tanto Milei como sus funcionarios intentaron restar relevancia a lo sucedido al señalar que se trata de un problema personal y no político, pero excancilleres, expresidentes, legisladores, analistas y partidos criticaron sus declaraciones y exigieron una solución inmediata.

No se tata de la primera crisis de ese tipo, pues el mandatario argentino ofendió en oportunidades anteriores a países como Colombia, China, Brasil, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, la noticia del conflicto con España ocupó las portadas de los principales medios, mientras en el norte argentino, en la provincia de Misiones, policías activos y jubilados, profesionales de la salud y la educación permanecen movilizados desde hace varios días para exigir mejoras salariales.

Tras negociaciones fallidas, el suboficial mayor retirado y vocero de los policías movilizados en la ciudad de Posadas, Ramón Amarilla, aseguró que el acampe frente al Comando Radioeléctrico continuará “hasta las últimas consecuencias” y alertó sobre la posibilidad de un estallido social.

“El gobierno no toma dimensión del asunto. Es una vergüenza. De acá no nos vamos y la cosa se pondrá fea. Vendrán más agentes de otros puntos”, señaló.

“Se les va a incendiar la provincia. Nos abandonaron”, añadió tras destacar que hay más de siete mil personas en la protesta.

Por su parte, los docentes cortaron la ruta nacional 12, a la altura del puente del arroyo Garupá, el cruce entre la avenida Uruguay y Trincheras de San José, y el acceso a Puerto Iguazú.

De igual manera, los afiliados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario se declararon en estado de alerta y participaron en una movilización para exigir una recomposición de sus sueldos.

El mismo reclamo llevó a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad a celebrar asambleas informativas y paros por turnos en todo el país, en tanto los maestros a nivel nacional convocaron a un cese total de actividades.

Recientemente, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica informó que, durante el primer trimestre de este año, el índice de pobreza se ubicó en 55 por ciento y el de indigencia en 18, las cifras más altas desde 2002.

Al respecto, el Centro de Economía Política indicó que, desde la toma de posesión de Milei, el 10 de diciembre de 2023, fueron despedidos más de 62 mil ciudadanos, la economía se contrajo más de siete por ciento y el nuevo piso salarial quedó casi 20 puntos por debajo del de la década de los años 1990.

Un fuerte ajuste, una devaluación del 118 por ciento del peso argentino, la pérdida del poder adquisitivo, la pulverización de las jubilaciones y del empleo, el cierre de organismos públicos, la eliminación de ministerios y el aumento constante de los costos de los servicios básicos, se encuentran entre los rasgos más sobresalientes de la gestión de LLA.

Desde hace cinco meses, las manifestaciones no cesan en esta nación ante un programa de Gobierno caracterizado por la defensa a ultranza del libre mercado y la propiedad privada, la reducción del Estado a su mínima expresión y el abandono de los sectores vulnerables.

El 24 de enero, miles de ciudadanos inundaron la capitalina Plaza del Congreso y otros espacios de varias provincias como parte del primer paro realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales contra las medidas del Ejecutivo.

Mientras, el 9 de mayo, tuvo lugar la segunda acción de ese tipo, a la que se sumaron gremios del transporte, por lo que quedaron paralizados el subterráneo capitalino, trenes y ómnibus, y se cancelaron cientos de vuelos.

La CGT calificó de contundentes e históricos esos paros y denunció la existencia de “un gobierno que promueve la quita de derechos, redefine el rol del Estado, cierra y achica importantes instituciones y provoca miles de despidos”.

Asimismo, denunció las privatizaciones, la entrega de los recursos naturales, la paralización de la obra pública, la implementación de un protocolo antiprotestas, el desfinanciamiento de la seguridad social, la salud, la educación, la ciencia y la cultura.

Un 31 por ciento de caída real de las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, 87, en obras; 39, en subsidios al transporte; 76, en las transferencias a las provincias; 18, en recortes a las universidades, y 13 a programas sociales, son algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta, sino los más vulnerables, apunta un documento de esa y otras agrupaciones.

Los trabajadores participaron, además, en una manifestación por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo y en una masiva marcha en defensa de la educación pública el 23 de abril.

Durante las protestas, los ciudadanos se opusieron al decreto de necesidad y urgencia 70/23 y a un proyecto conocido como Ley Ómnibus, mediante los cuales son eliminadas o reformadas cientos de normativas, se declara un período de emergencia y son otorgadas a Milei facultades legislativas, entre otras disposiciones.

Asimismo, denunciaron el cierre de la agencia de noticias Télam, las posturas que no defienden el derecho soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas, y el negacionismo de los crímenes de la última dictadura cívico-militar en esta nación (1976-1983).

La expresidenta Cristina Fernández alertó sobre la instalación de un modelo neocolonial en el siglo XXI y organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado ratificaron la continuidad de un plan de lucha en las calles, donde a menudo se escucha el Himno nacional y cantos que aseguran que La patria no se vende./PL