El anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios Alternativos y la Comunicación Popular, obliga a las instituciones públicas a dedicar la mitad de su pauta publicitaria a esta expresión del «poder popular».

El texto, que ayer fue sometido a consulta pública por la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, expone en su artículo 14: «cada municipio, estado, instituto autónomo, entidad ministerial, empresa de producción social y toda expresión institucional de la Quinta República, destinará de su presupuesto anual, apartado para publicidad, un porcentaje no menor al 50% para ser distribuido con criterio de proporcionalidad, equidad, justicia y transparencia, vía pauta de publicidad institucional, entre todos los medios de comunicación comunitarios alternativos, legal y debidamente establecidos» en el país.

La propuesta legal apunta, en su artículo 13, que para garantizar la «sustentabilidad» de estos medios se creará un «fondo institucional, adscrito a la Vicepresidencia de la República, al cual se le asignará un presupuesto anual, una especie de situado constitucional, cuyo monto se determinará oportunamente». El fondo en cuestión sería dirigido por un representante del Estado.

Con toga y birrete

Al tiempo que plantean repartir el espectro radioeléctrico nacional en tres partes iguales (33,33% el Estado; 33,33% los privados; y 33,33% los comunitario), en el anteproyecto señalan que el Gobierno «procurará el otorgamiento de reconocimiento académico a la experiencia y acumulación de saberes en este sector».

El borrador estipula que, con el aval de los ministerios, se avance en la «sistematización y calificación técnica e ideopolítica idónea para ir perfilando contenidos curriculares» con el fin de formar a los comunicadores alternativos.

EL UNIVERSAL:COM

RM