Investigación da cuenta de las graves irreegularidades en la entidad encargada de los secuestrados.

Los malos manejos en Fondelibertad, la entidad que sobre el papel tenía la función de coordinar los esfuerzos contra el secuestro y la extorsión en el país, van camino de opacar el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

El ex director Harlan Henao ya responde ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por el caos que hubo, según las investigaciones, en Fondelibertad durante su administración (2007-2010).

Hasta ahora, las investigaciones apuntan a la existencia de un millonario detrimento patrimonial y a una feria de contratos que, además, en muchos casos no se cumplieron o no se necesitaban.

Sobre este tema, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez dijo hoy a La W que se arrepiente de no haber cancelado esta entidad y pidió que se investigue si algunos de los actuales asesores de la Casa de Nariño tuvo contratos con Fondelibertad. Al parecer, hizo referencia a Juan Mesa, consejero para las comunicaciones.

Como ocurrió en Estupefacientes hasta la llegada del actual director, los sistemas de Fondelibertad eran altamente vulnerables y se investiga la posible alteración de información sobre los bienes incautados que estaban bajo su administración.

Así, predios incautados que están en listas de la Fiscalía y la Policía simplemente no aparecen en los archivos de Fondelibertad.

Un total 336 carros de los 545 que le fueron asignados se pudren a sol y agua en los parqueaderos. «Se encuentran en mal estado, totalmente desvalijados, sin radios, sin espejos, tapas de gasolina, etc.», dice un informe conocido por EL TIEMPO.

A pesar de que tenía los recursos destinados para ello, Fondelibertad no pagó los impuestos de varios de esos carros y por eso tuvo que pagar sanciones de mora. Y no hay registros de qué carros hicieron uso del servicio de gasolina en un contrato que en el 2009 valió 1.587 millones.

Los organismos de control averiguan por el paradero de cerca de 60 millones de pesos en efectivo incautados que, según actas, fueron entregados al Fondo pero que hoy no aparecen por ningún lado.

En materia de contratos de prestación de servicios donde se han hallado más evidencias de irregularidades. Henao tendrá que responder por negocios, algunos hasta por 360 millones de pesos, de campañas de propaganda y educación contra el secuestro, la extorsión y la trata de personas que nunca salieron a la luz pública.

En algunos casos, contratistas aparecen supervisando el cumplimiento de otros contratos, lo que podría constituir una suerte de ‘carrusel’.

Tres contratos del 2009,–220, 67  y 193–, están entre los más cuestionados y enredan a Marilú Méndez, la ex directora del CTI.
Méndez, desde su alto cargo en la Fiscalía, le pidió a Fondelibertad apoyo «para dotar al CTI de elementos y herramientas necesarias para adelantar la especialización en el manejo integral del lugar de los hechos y fortalecer la labor investigativa en los delitos contra la libertad personal».

Poco después, ella misma les propuso contratista: «Me permito presentarle la empresa Fares Sas, la cual reúne todos los requisitos para llevar a cabo un óptimo suministro de los bienes requeridos, teniendo unas calidades adecuadas y proporcionales a la necesidad que se pretende satisfacer», señala una comunicación enviada por la ex jefe del CTI. El contrato valió 393 millones y se pactó directamente.

Méndez ha sido cuestionada porque varios de sus familiares habrían firmado contratos con Fondelibertad.

Hay dudas en los organismos de control por un seminario se realizó en plena temporada navideña del 2009 y hay indicios que que no duró cinco días sino apenas dos.

En los registros de Fondelibertad no hay planillas de asistencia al costoso evento, desde la llegada de la oferta hasta su aceptación solo pasó un día y la empresa además se había constituido un mes antes de que empezara andar el negocio.

EL TIEMPO intentó hablar con Henao pero no fue posible.

El ex director de Fondelibertad Harlan Henao ha dicho que el proceso de contratación durante su administración se hizo dentro de la legalidad y que se rigieron al Estatuto de Contratación administrativa. Además, según le dijo a EL TIEMPO en diciembre del año pasado, cuenta con pruebas para demostrar que actuó con transparencia.
Henao ha señalado que siempre actuó con honestidad. «Solamente puede darle gloria a Dios y tengo mi conciencia tranquila porque he actuado transparentemente, tengo todos los soportes y pruebas con los que he podido aclarar muchos temas ante la Fiscalía», agregó Henao.

eltiempo.com

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