—Ya que el Examen Periódico Universal (EPU) es eso, un examen, ¿pasamos o nos rasparon?

—La presentación fue excelente, nuestra delegación es la más numerosa y calificada que se ha presentado en Naciones Unidas. Estuvieron representados no sólo el Gobierno, a través de varios ministros y altos funcionarios, sino también el Poder Judicial y el Poder Ciudadano. Se tocaron todos los aspectos de los derechos, no sólo los civiles y políticos, sino también de los derechos sociales, culturales, ambientales e indígenas. Ningún país ha presentado un informe más completo que Venezuela. De los 46 países que intervinieron, solamente ofrecieron críticas al informe Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia y Eslovenia. Hasta el Vaticano elogió los logros sociales presentados por Venezuela.

—Tal como lo presentan los medios, pareciera que sólo los países del “eje del mal” deben presentar ese examen. ¿Es así?

—No. Es un examen que están obligados a presentar los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas. Es un logro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde el año 2006 porque antes de eso, cuando existía la Comisión de Derechos Humanos, sólo presentaban informes los países firmantes de tratados y convenciones y aquellas naciones que recibían muchas denuncias, a las que les nombraban un relator especial. Eran, por lo general, países que no respondían a las líneas de las naciones imperiales, como Cuba, China, Corea del Norte, Irán. En cambio, los países dominantes, como no han firmado muchos de los tratados y convenciones, nunca rendían cuentas. Ahora, todos los países deben hacerlo cada cuatro años. Venezuela es el país 185, porque el orden es alfabético.

—¿Quién nos pondrá la nota?

—El martes 11 se van a reunir la troika examinadora, formada por Guatemala, República Checa y Burkina Fasso, con la directiva del Consejo de Derechos Humanos. Luego, harán un informe con recomendaciones para el Estado venezolano. Esas recomendaciones no son de obligatorio acatamiento, el Estado asumirá las que considere objetivas y rechazará las que no tienen fundamento.

—¿Cómo se justifica, desde el punto de vista jurídico, esa discrecionalidad de acatar o no acatar las recomendaciones?

—Se basa en el principio de no injerencia de un Estado en las decisiones de otro, el respeto a la soberanía, un principio universal del Derecho Internacional. Claro, que el primero que incumple este principio es EEUU, pues siendo el principal violador de los derechos humanos en el mundo, realiza informes anuales unilaterales sobre ese tema, sin incluirse a sí mismo. Nosotros no permitimos que países violadores de los derechos humanos pretendan darnos lecciones sobre ese tema. No tienen autoridad moral para eso.

—Usted dice que es un logro, pero escarnece que EEUU o Israel pretendan cuestionar a Venezuela en temas de derechos humanos. ¿Es lo más adecuado que unos estados juzguen a otros?

—Es un logro porque es más democrático que antes, cuando eran las ONG, en la Comisión de Derechos Humanos, las que objetaban los informes presentados por los estados.

—¿Los países poderosos acatan todas las recomendaciones que les han formulado cuando han presentado sus exámenes?

—No. Esos países se basan en los derechos civiles y políticos, principalmente el ejercicio del voto e independencia de poderes, pero no atienden los derechos económicos, sociales y culturales, que son tan importantes para la democracia actual, como por ejemplo, la educación y la salud gratuita, la alimentación, el trabajo y el acceso a la cultura.

—Cuando EEUU presentó su examen ¿se le recomendó abolir la pena de muerte?

—Por supuesto, y también se le exhortó a firmar los tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales. EEUU es el país que menos tratados de derechos humanos ha firmado. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño es el tratado suscrito por mayor cantidad de naciones, pero EEUU y Somalia no lo han firmado. Es una muestra de cómo no hay un verdadero interés en defender los derechos humanos.

—¿Y EEUU, luego de esas exhortaciones, ha hecho algo que haga pensar que las va a acatar?

—Nada. Ellos, por su Constitución y por jurisprudencia de la Suprema Corte, no se consideran obligados a cumplir ninguna decisión de organismos internacionales. Lo que sí pretenden siempre es obligar a los demás países a acatarlas.

—Uno de los aspectos más señalados en el debate del caso venezolano son las presuntas violaciones a la libertad de expresión y de prensa. ¿Qué efecto tienen esas denuncias en la opinión pública internacional?

—Los pueblos no lo creen. Menos aún quienes han venido al país o han podido leer los diarios, oír la radio y ver la TV. Pero sí influyen en los que no están bien informados. Nos corresponde a nosotros informar que acá los medios mienten todos los días y no les pasa nada. Por ejemplo, hoy (sábado 8 de octubre, día de la entrevista) el diario El Nacional afirma en su principal titular todo lo contrario a lo que sucedió en Ginebra: dice que 43 países rechazaron el informe del Gobierno.

—Algunos medios se quejaron porque Venezuela, supuestamente, cuadró todo para que preguntaran primero los países aliados y, además, llevó una orquesta para impresionar a los asistentes…

—Todos los países, cuando les toca presentar su informe, cuadran que sus aliados pregunten primero. No es ningún invento de Venezuela. Quizá, de ahora en adelante, otros tratarán de imitar lo de la orquesta, pero es muy difícil porque ningún país tiene un sistema de desarrollo del talento musical parecido al nuestro.

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Medida cautelar por una uña rota

El archivo de denuncias contra el Gobierno venezolano ante los organismos internacionales está atestado. “Es que ya abren expedientes hasta por teléfono, comenta el agente del Estado, Germán Saltrón, abogado valenciano de 68 años. A alguien se le parte una uña con una puerta del metro en la mañana y ya en la tarde le han dado su medida cautelar”.

Lo dice en son de broma, pero las cifras demuestran que no es chiste: entre 1970 y 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (organismo político) no emitió ninguna medida cautelar, pese a haber ocurrido las masacres de Cantaura, Yumare y el Caracazo, entre otras muchas tropelías. En cambio, desde 1999 han emitido 27 y han procesado 98 casos. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ente judicial), entre 1981 y 1999 sólo sentenció en el caso de la masacre de El Amparo. Del 99 en adelante ya lleva 11 sentencias.

¿Para qué litigamos en esas instancias si no creemos en su imparcialidad?, es la pregunta que muchos se hacen. Saltrón responde: “Retirarnos del sistema interamericano de protección de derechos humanos no garantiza que esos organismos dejen de recibir denuncias y montar juicios. Ocurriría lo mismo que con Cuba desde 1962: procesarían denuncias y el país no podría defenderse, explica. Es mejor quedarnos y decir la verdad: que nuestra Constitución es más avanzada que los tratados internacionales. No necesitamos esos pactos para cumplir con los derechos humanos”.

CLODOVALDO HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA CIUDAD CCS

FOTO JESÚS CASTILLO

RM