Gobierno español arremete contra los Robin Hood

Los ministros de Interior y Justicia de España dirigieron ayer a policías y fiscales contra el grupo de sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que el martes irrumpieron en dos hipermercados de Cádiz y Sevilla, reseñaron medios locales.Primero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó que había ordenado a la Policía y la Guardia Civil la detención de dichas personas, pero alegó que lo hacía por haber recibido una denuncia de Mercadona, una de las dos grandes cadenas de abastos afectadas. Y unas horas más tarde, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reveló que había instado al fiscal general del Estado a investigar lo sucedido y determinar si se habían cometido delitos.

El alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado autonómico de Izquierda Unida (IU), Juan Manuel Sánchez Gordillo, supuestamente recibirá una citación judicial en las próximas horas, por su implicación en los asaltos a dos supermercados en Andalucía. El resto de personas implicadas en estos asaltos serán detenidas por las Fuerzas de Seguridad en cuanto terminen de ser identificadas.

El titular de Interior informó que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a “los responsables” de la expropiación alimentaria a dos supermercados –un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera– en los que participó el alcalde de Marinelada (IU) y parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Por su parte, el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha llamado al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, “franquista de tomo y lomo” tras ordenar la detención de los autores de los asaltos a los supermercados en los que participó el propio Sánchez Gordillo, quien ha asegurado que estará “orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo, una y mil veces”.

“No me van a frenar, estaré orgulloso de ir a la cárcel cuantas veces sea necesario por este tema, cuantas más veces me detengan más rebelde voy a ser y más rabia me va a dar”, asevera Sánchez Gordillo, quien demanda el establecimiento de una renta básica para familias sin ingresos.

“Estamos señalando al rostro de la crisis, que tiene rostro humano y carné de identidad; son los trabajadores medios que ahora se ven sin nada, por lo que ha provocado el PP y Zapatero, pues no se puede dar más dinero a los bancos entre lo que ambos han dado”, asevera.

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Despidos causan escándalo en RTVE

El malestar crece entre los periodistas de la radio-televisión pública española tras el estrepitoso despido de algunas de sus figuras más célebres, mientras la oposición de izquierdas acusa al gobierno de querer controlar el medio, dijo AFP.

Es “una decisión política”, denuncia Ana Pastor, la periodista estrella de las mañanas de la televisión pública, reaccionando al anuncio, conocido el sábado, de que la nueva dirección, nombrada por el gobierno de Mariano Rajoy, la retiraba del programa.

Conocida en España por sus incisivas entrevistas, las preguntas de Pastor habían molestado durante la última campaña electoral a algunos altos representantes del Partido Popular.

La partida forzada de Pastor se suma a una serie de despidos de periodistas con grandes audiencias y de controvertidos nombramientos a las riendas de las redacciones de RTVE.

“Era algo que pensábamos todos que habíamos superado: ya tenemos un proceso democrático como para entender que no volvería a ocurrir que cuando cambiaba el gobierno, cambiaba la radio y televisión pública”, afirmó Toni Garrido, otro periodista presentador despedido.

__________Fundación de Aznar editorializa contra los que protestan por recortes

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar cargó airadamente en su último editorial contra la sociedad civil y los movimientos de protesta ciudadana, con el objetivo de defender los recortes y decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy, señaló Público.es.

El texto asegura que el Partido Popular (PP) ya preveía la pésima situación económica de España y que para hacerle frente, el Ejecutivo había elaborado un programa creíble. Lo que obvia en todo momento es que el propio presidente del Gobierno ha tenido que reconocer que la situación les ha desbordado y de ahí que haya incumplido sistemáticamente todas las promesas que hizo antes del 20-N.

“Empiezan a abundar desde una sedicente ‘portavocía’ de la sociedad civil las proposiciones arbitristas que pretenden hacer pasar por proyectos de reformas meditados lo que no deja de ser ejercicios más o menos bien intencionados de retórica política”, dice el editorial del 35 Cuaderno del think tank del PP que tilda casi de antidemocrático cualquier intento de crítica amparándose en la mayoría absoluta de los conservadores.

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Ofensiva para mantener ayuda a desempleados

El Partido Socialista (PSOE) y los sindicatos españoles se aliaron ayer para exigir al gobierno conservador de Mariano Rajoy el mantenimiento de una ayuda de 400 euros mensuales para los desempleados de larga duración que ya no tienen derecho a ningún otro subsidio, informó AFP.

“Los 400 euros, tiene que saber el señor Rajoy, son en estos momentos la última tabla de salvación para muchas familias”, afirmó el responsable socialista de Política Institucional, Antonio Hernando.

“Están sirviendo para que muchas familias puedan comer”, agregó en rueda de prensa conjunta con los representantes sindicales Fernando Lezcano de Comisiones Obreras (CCOO) y Manuel Bonmati de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Para exigir que sea mantenida, el PSOE “promoverá mociones en los más de 8.100 ayuntamientos de toda España, así como en los 17 parlamentos autonómicos”, y lanzará una campaña en las redes sociales bajo el ‘hastag’ #Salvemos400e, anunció el partido en un comunicado.

Creada en febrero de 2011 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que reemplazó así otra medida similar establecida por él mismo en 2009, la ayuda consiste en 420 euros mensuales para los desempleados que agotaron toda otra prestación y se comprometan a recibir formación.

La última de las prórrogas, decidida por el gobierno de Rajoy en febrero, expira el 15 de agosto.

La supresión de la ayuda afectaría a 600 mil personas hasta finales de año, afirmó Bonmanti, advirtiendo que se convertiría en “una bomba de relojería”./CIUDAD CCS
FOTO AFP

 

 

 

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