En una maniobra ideológica que rompe con el marco jurídico vigente, Vox ha explicitado su visión excluyente de la nacionalidad española para determinar quién debe acceder a las prestaciones públicas. El portavoz del partido en el Parlament, Ignacio Garriga, ha fijado la posición de la formación al asegurar que «es español el nacido de padre y madre española», recuperando un criterio de ius sanguinis (derecho de sangre) que ignora los mecanismos legales de adquisición de la nacionalidad recogidos en el Código Civil. Esta definición, vertida durante la negociación de los criterios de «prioridad nacional» pactados con el Partido Popular en Aragón, busca restringir el acceso a los recursos públicos basándose en el origen biológico y familiar.
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