En una maniobra ideológica que rompe con el marco jurídico vigente, Vox ha explicitado su visión excluyente de la nacionalidad española para determinar quién debe acceder a las prestaciones públicas. El portavoz del partido en el Parlament, Ignacio Garriga, ha fijado la posición de la formación al asegurar que «es español el nacido de padre y madre española», recuperando un criterio de ius sanguinis (derecho de sangre) que ignora los mecanismos legales de adquisición de la nacionalidad recogidos en el Código Civil. Esta definición, vertida durante la negociación de los criterios de «prioridad nacional» pactados con el Partido Popular en Aragón, busca restringir el acceso a los recursos públicos basándose en el origen biológico y familiar.

Aunque el secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha intentado matizar estas palabras calificándolas de «error» técnico por la literalidad del DNI, ha reafirmado la voluntad política de su formación de acabar con lo que considera «una nacionalidad que ahora se regala». El plan de Vox, validado por el PP de Alberto Núñez Feijóo bajo el eufemismo del «arraigo», consiste en diseñar baremos de puntuación en las ayudas públicas que premien los años de empadronamiento y, de forma determinante, el historial de los progenitores en el territorio. Con esta estratagema, la formación fascista pretende sortear la inconstitucionalidad de la discriminación por origen, imponiendo filtros que de facto expulsan a los ciudadanos de ascendencia extranjera del sistema de protección social.

El acuerdo alcanzado en Aragón, que sigue la estela de los pactos en Extremadura, materializa una transferencia de derechos universales hacia un sistema de privilegios hereditarios. Ignacio Garriga ha admitido que, ante las dificultades legales para discriminar por pasaporte, la clave reside en utilizar criterios como el hecho de «haber estudiado en el lugar» o que «los padres hayan residido allí», lo que supone una segregación racial de la clase trabajadora entre «españoles de origen» y el resto de la población. Esta medida racista ha generado tensiones incluso en el seno del PP, donde barones como Isabel Díaz Ayuso han mostrado sus reticencias, mientras la dirección estatal se pliega a las exigencias de Vox para mantener las cuotas de poder autonómico.

Esta redefinición de la «identidad española» se acompaña de una retórica de asedio legislativo contra la población migrante en situación irregular, para la que Vox exige «la expulsión con toda la contundencia». Según Garriga, el Estado solo debe asegurar un «soporte vital mínimo» antes de ejecutar las deportaciones, intentando relacionar la degradación de los servicios públicos a la llegada de personas extranjeras. Al situar la ascendencia familiar como el requisito de acceso a la ciudadanía plena, Vox no solo ataca los derechos de las personas inmigrantes, sino que establece un peligroso precedente de arbitrariedad jurídica que fragmenta a la sociedad en categorías según su árbol genealógico/Resumen Latinoamericano