Victor Hugo Mendieta

En esta primera parte en lo que tiene que ver con la política pública y en ella la “política pública migratoria”, en el caso de la región latinoamericana, como se había mencionado anterior mente no solo se puede percibir con su dirección, composición y número, si no que esta va acompañada de los actores estatales y no estatales en esta enunciación. De todas maneras, a nivel general de los países de la región, se muestra que en su formulación esta siempre va ligada a una institucionalidad fragmentada, por un lado, va el poder ejecutivo y por el otro el poder legislativo, en donde casi siempre el ejecutivo actúa como un salvavidas en los momentos de crisis, mientras que el legislativo legisla o sanciona leyes a posteriori de los hechos.

Ahora esto es lo que se ve al interior de los países y peor resulta que cuando se trata del accionar o la forma de llevar a cabo en la agenda pública estas acciones, también varían no solo dentro de sus territorios, sino que también entre un país y otro. Gran parte de esta falta de coherencia que, por decirlo así, frente a unas circunstancias ajenas a lo que cada país pudiera desarrollar no solo sino en conjunto, se debe principal mente al tema de su autonomía soberana en la toma de sus decisiones, pero también obedecen a las relaciones, convenios y acuerdos que lleva cada país de la periferia con los países del centro.

De todas maneras como quiera que se den estas dinámicas migratorias al interior y exterior de los países involucrados, subsiste a todos ellos un principio económico, que se inserta en la dinámica económica mundial y por supuesto al mismo migrante como sujeto de esa causa económica, en segundo los estados y sus gobiernos de turno que de alguna manera hacen todo lo posible por comprender y observar la migración para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y en un tercer lugar lo constituye el cambio climático mundial que por lo que se ve, va a constituir hacia el corto plazo un detonante en las migraciones. Así:

Se observa las acciones que el Estado hace o deja de hacer para compensar a través de la migración los desajustes propios del modelo de desarrollo y del fracaso del modelo de acumulación. En este caso, las organizaciones internacionales se convierten en un actor activo que estimula dicho proceso y que encuentra en la migración un sustituto de lo que el Estado no puede o quiere hacer. [1]

Para este caso de las políticas públicas migratorias, los estados en cada país se involucran de una manera más o menos directa y juega en esto, el papel que establece con otros actores. Estas políticas tienen que ver principalmente en temas laborales, su impacto en las políticas transnacionales, derechos de los migrantes y el simbolismo migratorio.

En cuanto al perfil laboral de la población migrante y de la población local, se mediarán en el impacto que esta tenga en el mundo del mercado laboral. Se creará la sensación de una amenaza en la competencia por los recursos económicos y profesionales. Esto ocurre cuando se trata de mano de obra especialmente no calificada, ya que sería fácilmente reemplazada en el campo de la informalidad, por cuanto no hay la garantía de sus derechos. En cuanto a los trabajadores locales especializados, con mayores ingresos y en especial en los países más desarrollados, esta migración no les afecta, al contrario podría beneficiarlos. Solo los podría tocar en sus intereses si el número de migrantes fuera mayor y en sus capacidades de calificación profesional igual o superior.

En cuanto a esta última situación si la población migrante es en su mayoría mano de obra calificada con niveles de estudios profesionales altos, esta población genera aportes al gasto fiscal frente a lo contrario de las poblaciones que migra con poca preparación y desarrollo profesional. Es decir, en un mundo globalizado de carácter capitalista, poco importa la persona más que sus aportes al modelo económico.

De acuerdo a lo que deberá responder las políticas públicas en tema de crecimiento de la población en toda la región, pero al mismo tiempo su envejecimiento, se ve como para el caso de Colombia se calculan las siguientes cifras:

La movilidad humana es un fenómeno irreversible que representa para Colombia una fuerza laboral de gran potencial necesaria a mediano y largo plazo para afrontar los procesos de transición demográfica. Las proyecciones del DANE prevén un incremento de la población nacional de 51,6 millones en 2022 a 61,9 millones en 2050. En este escenario, los mayores de 60 años pasarán de representar el 14 % de la población a un 24,7 %. En este mismo periodo, la llegada de migrantes aumentará de 0,86 a 1,3 migrantes por 1.000 habitantes. En relación con estas tendencias demográficas, el informe Visión Colombia 2050 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) resalta la necesidad de aumentar las políticas de cuidado de la población en temas como seguridad social, educación, finanzas públicas, regularización migratoria, empleo y generación de ingresos.[2]

Estos cálculos podrían cambiar no solo por lo largo del tiempo, si no que dadas las condiciones del cambio climático y sumado a las políticas migratorias que asuman los países de la región, seguramente esto no va a ser tan así. De todas maneras, como el reto es de asumir una seguridad social, educación, finanzas públicas, empleo y demás hechos que deberían estar desde ya garantizados a la población y no ser un enunciado más, es donde todo esto claramente indica que es precisamente de lo que se carece.

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[1] ROSALES, Isabel S. Historia comparada de las migraciones en las Américas. México. Comisión Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 2014 p. 210

[2] El reto de la integración desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Universidad del Rosario. Observatorio de Venezuela. Konrad Adenauer stiftung. Octubre del 2022.