Por: Omar Romero

En los anales de la democracia colombiana se ha escrito un nuevo capítulo de infamia. Lo que sucedió en el Congreso el día en que se hundió la consulta popular promovida por el Gobierno no fue un simple desliz técnico ni una diferencia de interpretación reglamentaria. Lo que ocurrió fue un fraude procesal descarado, cometido a plena luz del día, frente a las cámaras, y encabezado por el mismísimo Presidente del Senado, jefe visible de una alianza ultraderechista que opera como una banda de intereses antidemocráticos al servicio del statu quo empresarial y oligárquico.

La escena, en apariencia simple, encierra una lógica perversa: se cierra una votación, y luego se manipula un voto, se cambia el sentido del mismo y se altera el resultado definitivo, todo ante el silencio cómplice del Secretario del Senado. No se respetó el tiempo reglamentario para la votación, no se garantizó la participación de congresistas que llegaban para ejercer su derecho, se negó el debate y se impuso la trampa. Este acto no solo es una violación al reglamento legislativo: es un atentado directo contra la voluntad del pueblo soberano, el constituyente primario.

La contradicción en movimiento: entre legalidad y legitimidad

La contradicción aquí es profunda. El procedimiento usado para archivar la consulta se cubrió con el manto de la «formalidad», pero violó la legitimidad democrática. Se invocó la ley para encubrir el abuso. Lo que debía ser un mecanismo de participación popular, se convirtió en un escenario para el cinismo institucional, donde la ultraderecha, articulada en el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Liberal, la U, Cambio Radical, el Mira y una facción del Verde, traicionó los intereses del pueblo trabajador que exige una reforma laboral justa, democrática y reparadora.

Del Congreso a las calles: el pueblo como sujeto histórico

Lo sucedido desnuda una verdad estructural: el Congreso no representa al pueblo trabajador, sino a los intereses de la oligarquías económicas. El hundimiento de la consulta no es una derrota legislativa: es una afrenta al poder popular. Y como en toda dialéctica de la historia, cuando el orden institucional se cierra al cambio, la calle se convierte en el escenario de la resistencia y la transformación.

Lo que sigue es una doble tarea: judicial y política. Por un lado, debe avanzarse en las denuncias penales ante Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema, pues aquí hay indicios claros de prevaricato, abuso de función pública y fraude procesal. Por otro lado, el juicio político debe darse en las urnas: el pueblo debe castigar en las próximas elecciones a los partidos responsables del saboteo democrático. Debe hacerse conciencia de que estos partidos han convertido al Congreso en una maquinaria de exclusión, y es hora de desmantelar esa hegemonía.

Cuando el fraude legisla, la dignidad insurge

Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es la expresión más clara de una crisis del régimen político colombiano, atrapado entre el formalismo autoritario y la resistencia popular. En este momento histórico, la dignidad no está en los curules sino en las calles, y el mandato que no quisieron escuchar en el Congreso deberá gritarse con más fuerza desde abajo.

La consulta se hundió en el papel, pero ha despertado una conciencia colectiva que exige justicia, castigo a los malandrines del poder, y una nueva correlación de fuerzas que convierta al Congreso en lo que debería ser: una voz del pueblo, no una trinchera de la oligarquía.