La dictadura argentina (1976 – 1983) desfiguró las instituciones, disolvió el congreso e instauró un régimen de represión sangrienta. A 50 años de los hechos, las víctimas y la sociedad en general, reivindican el 24 de marzo como un día para honrar la memoria y decir “nunca más”.
El movimiento principal del golpe militar argentino se dio el 24 de marzo de 1976 e instauró un gobierno autoritario que causó más de 30 mil víctimas directas y un país devastado a nivel social, económico y político. Este duró hasta 1983, tras importantes esfuerzos por restaurar la democracia. Hoy todavía se están realizando esfuerzos por recuperar la verdad y reconstruir la sociedad, bajo las premisas de justicia y no repetición.
Los hechos
Mediante el golpe de estado que llevó a la toma del poder por los militares, el 24 de marzo de 1976, se derrocó el gobierno de la nación en cabeza de la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón (tercera esposa y viuda de Juan Domingo Perón, también conocida como Isabel, nombre que adoptó por su filiación católica). Por extensión, también fueron destituidos los gobiernos de las provincias del territorio argentino.
El dictador Jorge Rafael Videla asumió como primer mandatario. Las investigaciones posteriores indican que los militares tuvieron el apoyo del gobierno estadounidense, en el marco de la “Operación Cóndor”. En el momento, el presidente norteamericano era Richard Nixon.
Dicha operación consistió en un plan para los países de América Latina, diseñado dentro de la doctrina de la seguridad nacional norteamericana, cuyo fin era garantizar gobiernos aliados en el escenario de la guerra fría, así fuesen de corte autoritario, pues “era necesario” evitar la influencia de la extinta Unión Soviética (disuelta en 1991) en el continente latinoamericano, así como también, contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana de 1959.
Argentina tuvo una historia de sucesivos golpes de estado (cinco desde 1930, hasta 1966), pero ninguno de estos tuvo la importancia y duración del que se realizó contra la presidenta María Estela. La dictadura de Videla corresponde al sexto y último golpe con el que se afectaron las instituciones y la sociedad del país austral suramericano.
Aunque el crimen organizado dentro de las instituciones ya había dado muestras de lo que eran capaces, fue con el golpe que sistematizaron las violaciones a los derechos humanos y la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad. Las primereas medidas del régimen fueron el estado de sitio y la instauración de la ley marcial. A la semana, se habían intervenido las universidades.
El propósito del golpe fue frenar las políticas peronistas, que eran de corte social, por lo que los militares se propusieron retornar a las ideas conservadoras sobre la estructura social y garantizar el orden, por vías represivas.
Cuando terminó la dictadura, fue elegido el presidente Raúl Alfonsín por un periodo de seis años (1983-1989), cuyo enfoque era de izquierda, en contraste con las posturas de los militares que lo antecedieron. Con esto, el pueblo argentino expresó que continuaba apoyando las políticas alternativas, y que la derecha solo pudo gobernar porque se impuso por la fuerza.
En el mandato de Alfonsín se iniciaron los procesos judiciales contra los militares involucrados en el golpe y las violaciones a los derechos humanos (Juicio a las Juntas, desde 1985), que sentaron la primeras bases para la búsqueda de la verdad, encontrando y organizando múltiples testimonios, que ya podían ser recopilados sin el temor a las represalias de la dictadura.
Alfonsín también creo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en la dictadura (CONADEP), que es la base de la Comisión de la Verdad. Videla fue destituido de sus grados militares y condenado a cadena perpetua en 1985 por múltiples delitos graves, como homicidio calificado, tortura, hurto agravado, falsedad en documentos públicos, reducción a servidumbre (esclavismo), secuestro, sustracción de menores, entre otros.
Pese a los avances, los militares lograron presionar al gobierno de Alfonsín para que se aprobaran las leyes de punto final y obediencia debida, en 1986 y 1987, respectivamente. Tras esto, el proceso seguido contra Videla fue truncado, pues el presidente Carlos Menem lo indultó en1990, junto con otros militares involucrados en los hechos. Por esto, el dictador argentino sólo duró cinco años en prisión efectiva.
Con las leyes promulgadas, se creó un manto de impunidad hasta 2003, cuando fueron anuladas, junto con los indultos proferidos en el gobierno Menem). En el caso de Videla, fue preso nuevamente en 1998 porque un juez documentó casos de secuestro de menores como crímenes de lesa humanidad, que no podían ser cobijados por el indulto, al mes de lo cual se le otorgó el beneficio de casa por cárcel, aunque luego lo perdió en 2008, siendo trasladado otra vez a la cárcel. Murió preso el 17 de mayo de 2013 y nunca se arrepintió de lo que hizo, por el contrario, exhibía con orgullo su papel de máximo jefe militar y siempre justificó los hechos.
En las dictaduras se ofrece todo lo que no se va a cumplir
Quienes promueven el autoritarismo suelen reconocer que sus métodos son perversos, pero los justifican por la búsqueda de objetivos superiores como el orden social y el desarrollo económico.
El orden social no puede alcanzarse en medio del caos que genera la violencia, más cuando es ejercida por las instituciones, que son las llamadas a garantizarla. Los métodos represivos no se aplican sólo a quienes se considera “merecedores” del trato inhumano, sino que toda la sociedad está en peligro, por cuenta de múltiples causas.
Algunos incluso, terminan siendo incómodos por sus propiedades o relaciones personales y familiares, aunque no se hayan ni siquiera expresado en contra de la dictadura. En la presión por mantener el poder, los regímenes autoritarios pueden llegar a perseguir a sus propios amigos, por considerar que representan riesgos.
En materia económica, por el poder que les permite el uso de la fuerza, los gobiernos dictatoriales eliminan las garantías y derechos de los ciudadanos, por lo que generan empobrecimiento, inestabilidad y retrocesos. Justificando la necesidad de defender las causas superiores, en las dictaduras se expropian los capitales productivos y los bienes, tanto para los fines bélicos, como para satisfacer la voracidad de los golpistas.
Por ejemplo, las pesquisas judiciales demostraron que Videla y los agentes de su dictadura, fundaron varias empresas en España, y depositó dinero en bancos europeos. Se conoció el caso de un profesional argentino cuyos bienes fueron robados y llevados al exterior (Caso del abogado Conrado Gómez, Museo de Memoria ESMA (Antiguo Centro de Detención y Tortura de la Dictadura Argentina, www.museositioesma.gob.ar/wp-content/uploads/2019/05/2018-11-HSO-Chacras-Robo-de-bienes.pdf).
Así las cosas, el programa económico de la dictadura argentina estableció un paquete neoliberal, que comprendió la obligación de trabajar bajo nuevas condiciones de congelamiento salarial, liberalización y ajuste a los gastos sociales del Estado. Sólo hasta que se restableció la democracia, los trabajadores pudieron comenzar a organizarse y a luchar por la recuperación de los derechos que habían perdido, lo cual solo se ha logrado parcialmente, con el tiempo.
Violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario
La dictadura comienza el mismo 24 de marzo con proclamas televisivas y radiales de Videla, así como las primeras detenciones de trabajadores y estudiantes, las cuales posteriormente fueron catalogadas por la justicia como secuestros.
Por la imposibilidad de conocer todos los casos y recuperar los cuerpos, debido a la pérdida de evidencias destruidas por los mismos militares, en Argentina se ha llegado a un acuerdo nacional sobre la cifra de 30.000 víctimas directas de desaparición (en los procesos seguidos a los militares y en documentos desclasificados, se llegó al registro de 22.000 casos durante los primeros dos años de la dictadura, lo cual, ellos mismos reconocieron). El dato tiene un carácter genérico y simbólico, pero se sustenta en diversas fuentes en las que se compilan hechos.
La dificultad para individualizar las víctimas se relaciona con los métodos masivos e indiscriminados de eliminar a las personas. Al respecto, se han documentado la existencia de más de 800 centros clandestinos de detención y exterminio, en los que los secuestrados se sometían a torturas hasta la muerte, mientras sus cuerpos eran desaparecidos a través de diversas modalidades, como incluso, la de los vuelos de la muerte, mediante los que se trasladaban los detenidos en helicópteros desde los que se lanzaban sedados, atados y/o heridos, al río o al mar.
La existencia de estos 800 centros está plenamente establecida, por lo que, si en todos se hubieran presentado el mismo número de casos, a cada uno corresponderían solo 37.5 asesinatos y desapariciones, lo cual no es creíble, especialmente, para los dos primeros años de la dictadura, en que se dieron los casos muy activamente. Por esto, las organizaciones de derechos humanos consideran lamentable el negacionismo de algunos sectores sobre la cifra establecida.
Tales centros eran desde instalaciones militares especializadas en la aglomeración de detenidos (similares a los campos de concentración), hasta lugares improvisados en los que se buscaba “agilizar” la desaparición de las personas. Muchos cuerpos, de casos documentados por familiares y testigos, todavía hoy siguen sin aparecer y de acuerdo con los métodos, es probable que no sea posible encontrarlos.
A quiénes se decidía mantener con vida por determinado tiempo, se les mantenía en condiciones extremas de detención, como aislamiento, ausencia de tratamiento médico, privación de alimentos, condiciones insalubres, torturas permanentes.
A las mujeres se les sometía a violaciones y se llegó a la práctica criminal del robo de bebés, tanto con niños que habían nacido en sus hogares y que eran secuestrados junto con sus padres, como de los que nacían en los centros de detención, producto de los abusos contra sus madres (delito de apropiación sistemática de menores).
La memoria para luchar por la verdad y la justicia
Desde que iniciaron las violaciones a los derechos humanos, en particular las detenciones arbitrarias y las desapariciones, la sociedad argentina comenzó a movilizarse frente a estos hechos, pese al riesgo que representaba hacerlo en medio de la dictadura.
Con el tiempo, el país se fue comprometiendo con diferentes acciones para recuperar la memoria, estableciendo la fecha del 24 de marzo como el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
Las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos llevaron a que varios militares y colaboradores, como médicos e informantes, fueran juzgados y condenados. Casi 4000 personas han sido vinculadas a las causas judiciales. Sin embargo, por cuestiones humanitarias, especialmente relacionadas con la edad, parte de los implicados pagan las condenas en casa por cárcel y varios murieron antes de ser juzgados.
Es importante reconocer el papel de las madres buscadoras, conocidas como Madres de la Plaza de Mayo, quienes no solo han logrado el esclarecimiento de la verdad en varios casos de desaparición de sus hijos, sino también la documentación de al menos 500 casos de bebés robados, dentro de los cuales, alrededor de un 30% han sido encontrados, incluso con ayuda de ellos mismos, hoy día mayores. /RTVC/Foto web
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