Mauricio Jaramillo Jassir*

No tiene sentido ni se puede justificar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Colombia. Sin embargo, presumir que por plantearla para discusión Gustavo Petro sea un dictador, confirma que un sector opositor aún no reconoce su victoria. Está agazapado esperando que se confirme la profecía de que Colombia sufriría una ruptura institucional, un colapso económico y una ingobernabilidad sin antecedentes. La apuesta no es controvertir o dialogar con el actual gobierno, sino que sea inviable. 

El sorpresivo anuncio en Puerto Resistencia, un lugar cargado de significado por los estallidos sociales, salvajemente reprimidos por la administración de Iván Duque, llega en mal momento por razones cronológicas (como se diría en el lenguaje futbolístico de hoy, un tema de timming) y estratégicas. En cuanto a lo primero, es válido plantear una discusión sobre el inmovilismo en Colombia, es decir, por qué si un número significativo de colombianos votó por transformaciones, varios actores del establecimiento se oponen con intransigencia recurriendo con frecuencia e insistencia a los descalificativos y al catastrofismo. Es más, varios miembros de la oposición reconocen abiertamente que no hay mucho para discutir o consensuar y que su único objetivo es hundir las reformas. Sin embargo, este inmovilismo se puede contrarrestar o discutir con distintas formas de movilización popular, más aún, cuando este gobierno es progresista y cuenta con una capacidad de convocatoria pocas veces vista en la historia reciente. Esta movilización no sólo puede -ni debe- consistir en las manifestaciones en la calle, sino en la apertura constante de espacios de discusión para quitarle a un establecimiento reaccionario el monopolio de la retórica sobre los cambios. El problema con la constituyente es que, a diferencia de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa que fueron elegidos precisamente para refundar esos sistemas políticos por la vía de nuevas cartas magnas, Petro representa lo contrario. El Pacto Histórico es hoy una fuerza que resiste el avance de la derecha en contra de la Constitución del 91. Para ver esa furia basta ver la inclusión de la reelección, la idea uribista del congreso unicameral propuesta para referendo en 2001 (con Uribe como candidato), el desmonte del sistema de Cortes, y el retroceso al que aspira la derecha en las autonomías subnacionales. Petro es pro establecimiento jurídico constitucional (como buena parte del progresismo, por no decir todo) pero anti establecimiento del modelo económico social, por eso no tiene sentido la constituyente, como sí reformas que busquen nuevos equilibrios en materia de desarrollo. 

Y tampoco es viable por una razón estratégica. Hay que decirlo de forma cruda, las matemáticas electorales no están en este momento del lado de una refundación progresista. El actual mandatario obtuvo más de 11 millones de votos (un récord en la historia, más aún para la izquierda), pero una eventual consulta para aprobar la Asamblea Constituyente necesitaría de 13,5 millones (tercera parte del censo electoral). Asumiendo que se consigan esos millones de votos, más la aprobación de 53 senadores y 95 representantes, luego viene lo más riesgoso: la composición de la Asamblea. Para la constituyente del 91, el conservatismo fue representado por Álvaro Gómez Hurtado, Augusto Ramírez Ocampo, Álvaro Leyva, Rodrigo Llorente Martínez y Rodrigo Lloreda, entre otros.  Esta vez la derecha podría poner a Andrés Escobar (el concejal que dispara), Miguel Polo Polo, Miguel Uribe Turbay, José Jaime Uscategui, o Daniel Briceño. Ésta es la derecha del último tiempo más insensible a los derechos humanos, al Estado de derecho y que ha abrazado el macartismo como principal esquema de lucha. Todo lo anterior por ser heredera de la radicalización del uribismo, por ende, cree religiosamente la tesis de que la historia de Colombia comenzó el 7 de agosto de 2002. Antes de esa fecha está perdida. Asimismo, este conservatismo fascistoide ha despreciado el pluralismo, no está habituado a la confrontación argumentativa y cuenta con todos los medios (incluidos varios medios de comunicación) para posicionarse y redactar una constitución más escasa de derechos que aquella de 1886, fuertemente reformada a lo largo del XX buscando ampliar el catálogo de garantías. Es decir, quedaríamos peor que en 1991. 

La izquierda obtuvo un triunfo en las urnas en mayo y junio de 2022, el más relevante de su historia. La apuesta por una constituyente significaría su puesta en tela de juicio y el atajo para la derecha colombiana de acabar anticipadamente con el presente mandato. Revista RAYA

*Profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos Universidad del Rosario