La campaña estuvo marcada por las ilegalidades cometidas por el presidente Noboa, quien busca un nuevo mandato.

Por Pilar Troya Fernández. En las elecciones presidenciales de Ecuador, cuya primera vuelta se realizará hoy  9 de febrero de 2025, el escenario de los comicios de 2021 y 2023 bien podría repetirse para Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa. En otras palabras, Luisa González, la candidata, podría ganar en la primera vuelta, pero perder en la segunda, porque todos están juntos “contra Correa”.

Mientras la izquierda siga dividida entre los partidarios de Correa y los acérrimos anti-Correia, la derecha, que no tiene dudas de que su principal identidad es la anti-Correia, seguirá ganando y gobernando con relativa comodidad.

Cierre de campaña de Luisa González en Guayaquil.

El hecho de que haya 16 candidatos dispersará la votación en la primera vuelta, pero sólo hay dos, quizás tres candidatos, que tendrán un voto significativo. Daniel Noboa (ADN), el actual presidente neoliberal y autoritario al estilo Bukele que quiere reelegirse, González (RC), y en tercer lugar, pero muy atrás, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), candidato del partido Pachakutik. Hay otros dos candidatos progresistas: Carlos Rabascall (ex candidato a vicepresidente por RC en 2021) y Pedro Granja, abogado conocido como defensor de derechos humanos, candidato por el Partido Socialista. Los 11 candidatos restantes, con un apoyo minúsculo, están divididos entre la centroderecha y la extrema derecha.

Los últimos gobiernos ecuatorianos, desde la traición de Lenín Moreno a Correa en 2017, han sido gobiernos de continuidad y han amenazado seriamente la democracia y el bienestar de la población. No sólo por el regreso de una versión del neoliberalismo que recorta toda la inversión pública y, además de empobrecer aún más a los que menos tienen, logra ser tan ineficiente que en 2024 el país tuvo apagones de hasta 14 horas diarias; pero también por el continuo aumento del autoritarismo y la pérdida de soberanía.

Al iniciar la carrera electoral, en noviembre de 2024, Noboa eliminó a su principal competidor, Jan Topic, un exmercenario de derecha, mediante una oscura maniobra (el mismo argumento impediría postularse a Guillermo Lasso, quien fue presidente entre 2021 y 2023) por parte de la Corte Electoral. Existen muchos otros signos de autoritarismo, los principales se enumeran a continuación:

El país ha estado sometido a continuos estados de excepción, sin ningún resultado en la reducción de la violencia y la inseguridad, que, por el contrario, ha aumentado. En enero de 2025, 750 personas fueron asesinadas, 25 por día, el mes más sangriento de la historia del país. Si se mantiene el ritmo, la tasa anual será de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado ya eran 45. Al final del gobierno de Rafael Correa, la tasa era de 4 y los homicidios se multiplicaron por 13 desde entonces.

La invasión a la Embajada de México en Quito para secuestrar a Jorge Glas, ex vicepresidente que había solicitado asilo político. Los países rompieron relaciones a partir de ese momento. Ecuador vive la variante más extrema del lawfare del continente.

Funcionarios, políticos y movimientos han sido y siguen siendo perseguidos bajo falsas acusaciones de corrupción, con especial énfasis en RC.

Poner a los militares a realizar funciones policiales, con una historia desastrosa de violaciones de derechos humanos.                                                                                        En diciembre de 2024, 16 militares, ahora en prisión, son sospechosos de haber asesinado a tres adolescentes negros y un niño, residentes de una favela de Guayaquil. Cabe señalar que este no es un caso aislado, sino el único en el que alguien fue detenido, gracias a la presión de los familiares de las víctimas y de la opinión pública.                                                                                                                    La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones locales de derechos humanos han denunciado muchos otros casos.

Además, Noboa está haciendo campaña de manera ilegal e inconstitucional. Según la Constitución y las leyes, para poder hacer campaña por su reelección tendría que entregar el poder a la vicepresidenta, Verónica Abad. Sin embargo, como rompió con ella poco después de asumir el cargo, decidió, el 5 de enero, entregar el poder a otra persona.                                                                                                        Ninguna norma le permite hacerlo y el Tribunal Constitucional dictaminó esta misma semana que el nombramiento es ilegal. Pero como en el actual estado de autoritarismo, apoyado en una sólida alianza con los militares, ninguna regla es válida, nada sucederá. Noboa continuará, como lo ha hecho hasta ahora, haciendo campaña ilegalmente y con impunidad.

Debido a esta dificultad de hacer campaña legalmente sin entregar la presidencia al vicepresidente Abad, al mismo tiempo han estado circulando encuestas sospechosas que daban la victoria a Noboa en la primera vuelta. Al parecer, contando con una pequeña diferencia respecto a González, están tratando de defraudar en la primera vuelta, y así evitar tener que parar la campaña entre la primera y la segunda vuelta (13 de abril) o seguir haciendo campaña ilegalmente. Se han presentado varias quejas ante observadores electorales internacionales, como la Unión Europea y la OEA.

La actual Constitución de 2008 prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, pero Guillermo Lasso firmó un acuerdo con EE.UU. para permitirles utilizar varios puertos y aeropuertos del país, incluidos los de las Islas Galápagos.                                                                                                           Lasso también realizó un canje de deuda que pone en tela de juicio la soberanía de Ecuador sobre las islas. Noboa no sólo mantuvo estos acuerdos, sino que los profundizó con visitas del Comando Sur de Estados Unidos al país y con entrenamientos de policías y militares por parte de personal estadounidense.   La posición del gobierno ecuatoriano en temas internacionales ha estado completamente alineada a los intereses de Estados Unidos, sin cuestionar el genocidio en Palestina, las sanciones a Venezuela y otros países, o la reciente guerra arancelaria de Trump.