Por: Henry Pacheco

El «genocidio económico» es un concepto que, si bien no está explícitamente definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas (que se enfoca en la destrucción física o biológica de un grupo), se utiliza para describir acciones o políticas deliberadas que buscan socavar y destruir, total o parcialmente, la capacidad económica de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, con el fin de llevar a su aniquilación o desaparición.

En otras palabras, no se trata de un genocidio en el sentido estricto de masacres o exterminio directo, sino de un proceso más sutil pero igualmente devastador que implica:

Sometimiento a condiciones de existencia que impidan la supervivencia: Esto puede incluir la privación intencional de recursos esenciales como alimentos, agua, medicinas, o la destrucción de infraestructura vital (hospitales, escuelas, viviendas, medios de producción).

Destrucción de la capacidad productiva: Impidiendo el acceso a la tierra, al empleo, a los mercados, a la educación, o destruyendo industrias y comercios.

Políticas explotadoras y discriminatorias: Implementación de leyes o prácticas que marginan económicamente a un grupo específico, limitando sus oportunidades y empobreciéndolos sistemáticamente.

Robo y despojo de bienes: Apropiación de tierras, propiedades o recursos de un grupo con el fin de debilitarlos y expulsarlos.

Creación de «poblaciones excedentarias»: Generar condiciones en las que un grupo se vuelve «económicamente inútil» y, por lo tanto, prescindible para las instituciones dominantes.

Impacto del genocidio económico:

El impacto del genocidio económico es profundo y duradero:

Deterioro del nivel de vida: Lleva a la pobreza extrema, la hambruna, la falta de atención médica y el aumento de la mortalidad.

Desintegración social y cultural: Al destruir la base económica de un grupo, se socavan sus estructuras sociales, sus tradiciones y su identidad.

Desplazamiento forzado: Las condiciones de vida insostenibles obligan a la migración masiva de la población afectada.

Fragilidad y vulnerabilidad: Deja al grupo en una posición de extrema debilidad, susceptible a nuevas formas de opresión o incluso a la aniquilación física en el futuro.

Trauma generacional: Los efectos del genocidio económico pueden perdurar por generaciones, afectando la salud mental, la educación y las oportunidades de desarrollo.

Ejemplos históricos (discutidos en este contexto):

Aunque el término «genocidio económico» no es una categoría legal universalmente reconocida como el genocidio «convencional», se ha utilizado para describir situaciones donde la destrucción económica ha sido un componente clave o un precursor de la aniquilación de grupos. Algunos ejemplos que se han mencionado en este contexto incluyen:

Hambrunas provocadas o exacerbadas intencionalmente: Como el Holodomor en Ucrania (1932-1933) o algunas hambrunas bajo regímenes coloniales, donde la escasez de alimentos fue utilizada como arma contra una población específica.

Políticas coloniales: Donde se despojaba a las poblaciones indígenas de sus tierras y recursos, destruyendo sus formas de vida tradicionales y sometiéndolas a la pobreza.

Regímenes de apartheid o segregación: Donde se implementaron políticas económicas discriminatorias para mantener a un grupo en una posición de inferioridad y dependencia.

Conflictos actuales: Algunos informes recientes de la ONU, por ejemplo, han utilizado el concepto de «economía de genocidio» para describir cómo la actividad económica puede sostener proyectos de ocupación y desplazamiento, contribuyendo a condiciones que se asemejan al genocidio en el sentido más amplio de destrucción de un pueblo.

Es importante señalar que el debate sobre la inclusión de las dimensiones económicas en la definición legal de genocidio sigue siendo un tema complejo en el derecho internacional. Sin embargo, el concepto de «genocidio económico» destaca la importancia de reconocer cómo las políticas y acciones económicas pueden ser herramientas poderosas para la opresión y la destrucción de grupos humanos.

                                 El debate sobre las sanciones a Venezuela y el «genocidio económico»

La aplicación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos a Venezuela ha generado un intenso debate internacional sobre su impacto y si estas pueden ser catalogadas como un «genocidio económico«. Existe un consenso no unánime al respecto, y las opiniones varían significativamente entre gobiernos, organizaciones internacionales y expertos. Países con pensamiento neo colonial alineado 

Argumentos a favor de catalogarlo como «genocidio económico»

Impacto humanitario directo: Sostienen que las sanciones, particularmente las que restringen el acceso a divisas y limitan la capacidad de Venezuela para vender petróleo (su principal fuente de ingresos), han provocado una drástica caída en la importación de alimentos, medicinas y bienes esenciales. Esto, a su vez, ha llevado a una grave crisis humanitaria, con un aumento significativo de la malnutrición, enfermedades prevenibles y una reducción drástica en la calidad de vida de la población.

Deterioro de servicios públicos: Se argumenta que la falta de ingresos ha imposibilitado el mantenimiento y la inversión en servicios básicos como la electricidad, el agua, la salud y el transporte, exacerbando el sufrimiento de la población.

Obstaculización del desarrollo económico: Las sanciones habrían paralizado la economía venezolana, impidiendo su crecimiento y desarrollo, y generando una situación de empobrecimiento generalizado que empuja a millones de personas a la emigración.

Intencionalidad de causar daño: Los defensores de esta posición a menudo sugieren que, si bien las sanciones pueden tener objetivos políticos declarados (como presionar por un cambio de régimen), su aplicación y el conocimiento de sus consecuencias devastadoras implican una intención indirecta de socavar las condiciones de vida de la población para lograr esos objetivos, lo cual se alinea con la idea de un genocidio económico.

Violación de derechos humanos: Se denuncia que las sanciones violan derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado.

Argumentos en contra o con matices

Por otro lado, quienes se oponen a catalogar las sanciones como un «genocidio económico» o matizan esta afirmación, incluyendo a Estados Unidos y todo Occidente, algunos analistas, argumentan:

Definición legal de genocidio: El principal argumento es que el «genocidio económico» no es un término reconocido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU. Esta convención se centra en la destrucción física o biológica de un grupo, y las sanciones, por sí mismas, no buscan la aniquilación física directa.

Corrupción y mala gestión interna: Señalan que la crisis humanitaria en Venezuela es principalmente el resultado de la corrupción endémica, la mala gestión económica del gobierno venezolano, la hiperinflación y el control de cambios, que han destruido el aparato productivo y la capacidad de respuesta del Estado, mucho antes de la imposición de las sanciones más severas. (maquilladores)

Falta de causalidad directa y única: Argumentan que es difícil establecer una causalidad directa y única entre las sanciones y la totalidad de la crisis humanitaria, dada la complejidad de los problemas económicos y políticos internos de Venezuela.

Objetivos de las sanciones: Estados Unidos sostiene que las sanciones están dirigidas a presionar al gobierno de Nicolás Maduro para restaurar la democracia, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos, no a dañar a la población civil. Además, afirman que las sanciones incluyen exenciones para alimentos y medicinas. (mentirosos falsantes)

Comparación con otras situaciones: Algunos críticos argumentan que equiparar las sanciones con un genocidio diluye el significado del término genocidio, reservado para atrocidades masivas de exterminio.

Conclusión

En resumen, la clasificación de las sanciones de EE. UU. a Venezuela como «genocidio económico» es un punto de controversia. Mientras que el gobierno venezolano y sus aliados lo consideran así debido al severo impacto humanitario y la percepción de una intencionalidad de socavar las condiciones de vida, otros actores (OCCIDENTE) internacionales y analistas lo ven como una simplificación excesiva que no se ajusta a la definición legal de genocidio, atribuyendo la crisis principalmente a factores internos de gobernabilidad y corrupción. (Venezuela no se ha doblegado a los designios de Occidente).

El debate subraya la necesidad de analizar las complejas interacciones entre políticas económicas, derechos humanos y las responsabilidades de los actores nacionales e internacionales en la protección de las poblaciones vulnerables.