por henry Pacheco. No es la primera vez que un presidente estadounidense recurre a sus poderes para restablecer el orden público. Estas intervenciones, generalmente en respuesta a emergencias como disturbios violentos ampliamente documentados que causan alarma pública, difieren de lo ocurrido en las últimas semanas, que no tiene precedentes.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington no se realiza para atender una emergencia, sino como respuesta a un «pánico moral» alimentado en gran medida por el propio presidente. Ningún indicador sugiere que la situación en la capital estadounidense haya empeorado; De hecho, hay datos que muestran lo contrario: la delincuencia violenta ha disminuido recientemente.
Sin embargo, Trump no solo ha enviado tropas equipadas con armas letales, sino que ha anunciado que podría hacer lo mismo en otros lugares. Esta declaración no tiene precedentes en la historia reciente y genera profunda preocupación, no solo en Estados Unidos. Algunos observadores especulan que las acciones de Trump buscan generar controversia y distraer la atención pública de otras noticias potencialmente desagradables para él (el caso Epstein).

Si bien estas hipótesis podrían tener algún fundamento, varios elementos sugieren que el envío de tropas, incluso si motivado por una distracción, se inscribe en una tendencia autoritaria de la administración estadounidense, confirmada en diversas ocasiones.

El uso de personal militar y de la Guardia Nacional para gestionar emergencias migratorias (tema central en las alarmistas declaraciones de Trump) fue defendido por Ken Cuccinelli en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage. Este proyecto, enfocado en el Departamento de Seguridad Nacional, detalla cómo una nueva administración debería reestructurarlo tras ganar las elecciones. Russell Vought, artífice del Proyecto 2025, justifica estas medidas excepcionales argumentando que los cruces fronterizos constituyen una invasión que justifica una respuesta militar.

Esta idea de militarizar la seguridad nacional, ya presente durante el primer mandato de Trump, probablemente forma parte de un plan político más amplio y complejo, delineado en el Proyecto 2025, para transformar el marco constitucional y el régimen político de Estados Unidos. En palabras de Russell Vought: «Necesitamos ser radicales al deshacer o replantear los paradigmas legales que han limitado nuestra capacidad de regresar a la Constitución original».

Este argumento se remonta a la Reconstrucción post Guerra Civil y está arraigado en la cultura política y jurídica estadounidense: la necesidad de restaurar un orden constitucional original alterado, primero por las medidas impuestas al Sur para erradicar la esclavitud y luego por la hegemonía liberal desde el New Deal hasta Reagan.

Lo novedoso es que la derecha estadounidense ya no busca restaurar la «constitución original» desde la oposición local («derechos de los estados»), sino a través de una interpretación expansiva y sin trabas de los poderes presidenciales.

Trump, aventurero con una agenda de ego descontrolado e intereses económicos, es también el portavoz de una facción de derecha que ha tomado el control del Partido Republicano, transformando radicalmente su composición y cultura en pocos años.

La tan evocada república imperial del siglo pasado se está convirtiendo en realidad, representando una amenaza mayor para las frágiles democracias europeas que el fascismo. Esta tendencia autoritaria también se manifiesta en otros lugares —desde Londres hasta Berlín y Roma— y aún no ha encontrado una oposición organizada y coherente con una visión clara de futuro. Por el contrario, encuentra apoyo en algunos de estos países en una izquierda carente de principios y determinación.