Por: Carlos González Penalva
Hay un truco viejo —y todavía muy eficaz— en la guerra informativa: hacer que el agresor actúe también como “notario” del hecho. Primero golpea; después
dicta cómo debe entenderse el golpe. Cuando el estándar pasa a ser “lo dijo el
poder”, la verdad pública deja de ser verificable y se convierte en un producto de
autoridad.
Lo ocurrido tras la operación estadounidense contra Venezuela encaja en ese
patrón. La acción militar se acompañó de una ofensiva de lenguaje, imágenes y
“exclusivas” que buscó normalizar lo impensable antes de que existiera una
verificación independiente. En ese minuto cero, la discusión no empieza por los
hechos, sino por el vocabulario permitido.
Por eso importa cómo se nombra lo ocurrido. Si se acepta sin más la palabra
“captura”, se incorpora ya un marco de legitimidad. Si se habla de “secuestro” o
“abducción militar”, se subraya que se trata de una acción de fuerza sobre un
Estado soberano, con implicaciones jurídicas y políticas profundas. En contextos
así, el lenguaje no describe, sino que empuja a aceptar o a rechazar el estado
de cosas.
También importa la dimensión emocional. Helicópteros, explosiones, apagones y
el traslado forzoso de un jefe de Estado no son hechos “neutros”. Ese tipo de
shock colectivo se gestiona —y se explota— con categorías simples y agresivas:
“narco”, “terrorista”, “parásito”, “amenaza”. La deshumanización reduce la
complejidad y hace tolerable la violencia material.
En ciclos contemporáneos de ultraderecha, el odio funciona como atajo
cognitivo. Sustituye análisis por moralina inmediata y organiza identidades
(“pueblo auténtico” contra “élite”, “civilización” contra “barbarie”). Cuando ese
marco se consolida, la violencia se vuelve pensable, pronunciable y, en algunos
sectores, exigible.
En el ensayo «Arquitectura del odio «(Revista Conciencias, México, oct–dic
2022) advertíamos un punto clave: los episodios violentos a gran escala se
vuelven más probables cuando confluyen tres condiciones. Primera, que la
violencia sea “pensada en voz alta” (normalizada en discurso público). Segunda,
que resulte viable (capacidad operativa y soporte político). Tercera, que fallen
los frenos institucionales. Las plataformas digitales, con algoritmos que
recompensan indignación y pertenencia, aceleran ese proceso. (1)
Un mecanismo central es la inversión de la carga de la prueba. En lugar de
exigir verificación independiente —objetivos, proporcionalidad, legalidad,
víctimas, motivaciones— se empuja a aceptar un atajo: creer la versión del
hegemón porque el hegemón la enuncia. En comunicación, la fórmula es “lo
decimos y por tanto es”. En política, la traducción es más grave: “lo hicimos y por
tanto era necesario”.
Este desplazamiento choca con una regla básica del derecho internacional
contemporáneo: la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de los Estados, consagrada en el
artículo 2(4) de la Carta de la ONU. (2)
Cuando la discusión pública se mueve desde la legalidad del uso de la fuerza
hacia la supuesta “moralidad del objetivo”, el derecho internacional deja de
operar como límite y pasa a operar como decorado. Ese desplazamiento es
intencional: si el adversario ya fue reducido a “banda criminal”, cualquier acción
contra él se reetiqueta como “policía” o “limpieza”, no como agresión.
En esa maquinaria, ciertas matrices se repiten porque cumplen funciones
precisas. La acusación de “fraude” no busca necesariamente probar un hecho;
busca invalidar la política. Sirve para declarar ilegítimo cualquier resultado
adverso y preparar la idea de que la única salida es la imposición externa.
La etiqueta “narco-Estado” opera como licencia moral para el castigo. Presenta
una disputa geopolítica como “lucha contra el crimen” y desplaza el debate real:
soberanía, legalidad internacional, control regional y, de manera relevante,
energía. Sobre cómo estas narrativas justifican intervención y erosionan el
principio de no intervención, es ilustrativa la jurisprudencia del caso Nicaragua v.
Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia. (3)
La matriz de la “huida de inversión” completa el cuadro: convierte sufrimiento
económico en prueba de “fracaso interno” y borra deliberadamente el impacto de
sanciones, coerción financiera y guerra económica. Se invierte la causalidad: se
ocultan presiones externas y se usa el resultado como “evidencia” de
incompetencia.
La matriz de la “invasión cubana” funciona con la misma inversión. Presenta
cooperación y asistencia como ocupación, mientras naturaliza la red histórica de
presencia militar estadounidense en la región. El objetivo no es explicar
Venezuela, sino administrar la percepción global de Venezuela para que una
tutela extranjera resulte tolerable.
Si se mira la operación desde su materialidad, aparece un eje persistente:
intereses energéticos y control de flujos. La propia cobertura internacional
reciente ha subrayado el atractivo del crudo pesado venezolano para refinerías
estadounidenses y la dimensión geoestratégica de ese vínculo. (4, 5, 11 y 12)
Los datos públicos de la U.S. Energy Information Administration (EIA) muestran,
además, cómo las importaciones estadounidenses de crudo venezolano se
desplomaron hasta casi cero en 2019 y reaparecieron parcialmente en años
recientes. La serie no solo habla de volúmenes; muestra que Venezuela nunca
salió del mapa energético de Washington. (6 y 7)
En la coyuntura actual, incluso funcionarios de la administración han hablado de
control estadounidense sobre la comercialización petrolera venezolana, lo que
refuerza que la disputa no es únicamente “moral” o “judicial”, sino también
estratégica y material.
Por eso conviene subrayar la coherencia entre doctrina y acto. La Estrategia de
Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en diciembre de 2025 incluye
una sección sobre el hemisferio occidental y formula un “Trump Corollary” a la
Doctrina Monroe, con lenguaje explícito sobre impedir que “competidores no
hemisféricos” controlen activos estratégicos en la región. (8, 9 y 10)
En otras palabras, no se trata solo de una secuencia de hechos, sino de un
marco que busca normalizar la tutela. Si se acepta que un país puede secuestrar
al jefe de Estado de otro y anunciar que “administrará” su transición, se está
aceptando un precedente peligroso: el retorno de la idea de que ciertos pueblos
son objetos administrables.
En estas condiciones, la disputa no es por “opiniones” como si fueran campañas
simétricas de marketing. La violencia simbólica produce condiciones de
posibilidad. Cuando la mentira se vuelve infraestructura, la guerra se vuelve más
fácil. Cuando el eufemismo se vuelve hábito, el secuestro se vuelve
“procedimiento”.
Por eso la respuesta comunicacional y política no puede ser tibia. “Neutralidad”,
en este escenario, suele significar aceptar la asimetría: que una superpotencia
hable y el resto repita; que el hecho consumado sustituya al derecho; que la
soberanía sea un adorno y no un principio.
En síntesis, la arquitectura del odio opera como un sistema de transferencia que
convierte violencia simbólica en violencia material mediante cuatro capas que se
refuerzan entre sí. Primera, plataformas y algoritmos que premian indignación y
simplificación. Segunda, narrativas totalizantes (fraude, “narco-Estado”, “invasión
extranjera”) que deshumanizan y vuelven “pensable” la violencia. Tercera,
doctrina y administración (designaciones, sanciones, excepcionalismo
hemisférico) que vuelven “viable” el castigo como política. Cuarta, acción
material (bloqueo, coerción económica, operaciones militares, secuestros y
presión energética) que ejecuta lo que antes se entrenó como idea.
La pregunta decisiva, entonces, no es si el agresor “tiene razón” en su relato. La
pregunta es si vamos a aceptar que el agresor sea el notario de su propia
agresión. Si aceptamos eso, no solo perdemos Venezuela: perdemos el derecho
a una verdad pública verificable. Y un mundo donde la fuerza dicta la verdad
termina, históricamente, siempre igual./cubadebate
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