Por: Thalía Fuentes Puebla
Imagen generada por IA usando ChatGTP
Llevan consigo un banco como si fuera una herramienta de trabajo, y en efecto lo es: no son pocas las horas que dedican a extorsionar e imponer su dominio. Cuando rige la Ley de la Selva, sobrevive el más fuerte; los demás se resignan a adaptarse. Se asumen “dueños y señores” del transporte. Deciden quién entra y quién sale.
A veces, mientras espero, los observo y analizo, y aunque resulte absurdo, algunos se creen auténticos “mesías salvadores”, organizándolo todo como en El Señor de las Moscas, —la icónica novela de William Golding— donde un poder improvisado se disfraza de orden mientras se sostiene únicamente en la fuerza.
En distintas ciudades de Cuba, especialmente en zonas de alta circulación, una figura que opera al margen de la legalidad y se vuelve parte del paisaje cotidiano del transporte urbano: los llamados “buquenques”.
El término popular designa a individuos o grupos que ejercen control informal sobre paradas de taxis y vehículos colectivos: imponen reglas propias, fijan pagos obligatorios para los choferes que desean operar en el lugar, y median, de facto, la relación entre conductores y pasajeros. Ya no se limitan a hostigarte cerca de las terminales de ómnibus, o a ofrecer pasajes por la izquierda que triplican su valor real. La escalada es mayor y cada vez más creciente.
En las afueras del Clínico de 26 —punto donde se conectan varias rutas de La Habana— operan a sus anchas. Y ves la misma cara una y otra vez en el punto donde sale el triciclo hacia Santa Catalina. Si llega otro vehículo eléctrico que no acepta pagar el monto fijado, el buquenque actúa. Impone su fuerza como si fuese dueño de las personas que ahí esperan.
Debajo del puente de 100 y Boyeros funciona exactamente igual. Montan a los que esperan en aquellos carros que si pagan. Te limitan el derecho que tienes como pasajero de elegir donde montarte. Son sanguijuelas que se aprovechan de la necesidad del otro. Te gritan. Te intimidan. Bajas la cabeza y te montas donde ellos decidan.
Cada vez son más los que encuentran en este oficio improvisado un medio para “generar ingresos”. Su presencia no responde a una normativa reconocida ni a una función oficial, pero se sostiene en la práctica diaria como resultado de vacíos de regulación, déficit de supervisión y una demanda constante de movilidad, principalmente en las cabeceras provinciales.
Y lo triste es que no es un fenómeno aislado sino parte de una red de informalidad más amplia que atraviesa sectores clave de la vida urbana. El argumento recurrente es la “organización” del flujo de pasajeros, una función que en ausencia de autoridades visibles termina siendo asumida por actores informales.
El prototipo de los “buquenques” es bastante similar: hombres forajidos, rondando los cuarenta, vulgares y agresivos. Las normas que imponen son inestables y arbitrarias, pues varían según el grupo que controle el territorio y suelen sostenerse en la amenaza, implícita o explícita, del uso de la fuerza. Esto sitúa tanto a conductores como a pasajeros en una clara posición de vulnerabilidad. Para muchos, especialmente quienes dependen del transporte privado como principal sustento, pagar al buquenque se convierte en una decisión pragmática: evita conflictos, reduce tiempos de espera y garantiza acceso a pasajeros.
En las afueras del Clínico de 26, una vez montados los pasajeros en el triciclo, el propio buquenque cobra, y de los 600 pesos se queda con 50, cifra que podría parecer irisoria para algunos, pero, ¿a cuántos choferes no llegan a extorsionar en el transcurso del día? Las matemáticas son claras.
Este ejercicio del control, si bien reproduce prácticas extorsivas, instaura un orden mínimo en un escenario complejo marcado por un precario sistema de transporte urbano. Al indagar, algunos choferes admiten que, sin esta intermediación, el desorden sería aún mayor, evidencia de hasta qué punto la informalidad ha ocupado los vacíos dejados por la gestión pública.
Para los pasajeros, la presencia de los buquenques suele estar asociada a una persistente sensación de inseguridad. Gritos, discusiones, disputas por el control del espacio y actitudes abiertamente intimidantes forman parte de la experiencia cotidiana en determinadas paradas.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la violencia latente, sino el modo en que, con el paso del tiempo, estas dinámicas se naturalizan; atravesamos un escenario donde la reiteración diaria transforma lo excepcional en rutina, y el control informal termina siendo asumido como un componente inevitable del trayecto, casi como una regla no escrita del sistema.
Esta normalización no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Se multiplica una y otra vez y tiene causas mucho más complejas y profundas. No es un secreto que informalidad no surge en el vacío: se expande allí donde la gestión institucional se retira o resulta insuficiente, donde fallan los mecanismos de regulación y de protección social, e impera una fuerte crisis económica. Luego, los oportunistas aprovechan ese vacío, ocupan el lugar de la autoridad, establecen normas propias y ofrecen una apariencia de orden que, aunque funcional en lo inmediato, se sostiene sobre la coerción y la desigualdad.
Llega un punto en el que el impacto de los buquenques trasciende las paradas que controlan. Para los conductores, implica dilemas permanentes entre someterse a pagos irregulares para garantizar la circulación o modificar recorridos en busca de zonas menos conflictivas, aun cuando ello suponga menores ingresos. Para los pasajeros, significa aceptar condiciones impuestas, tolerar riesgos cotidianos y enfrentarse a un servicio cada vez más fragmentado, imprevisible y desigual según el territorio. La Ley de la Selva, repito.
Como en aquellas ficciones, como en el El Señor de las Moscas, donde la ausencia de autoridad revela lo más primitivo de la organización humana, el espacio del transporte se convierte en un territorio regido por reglas propias, frágiles y arbitrarias, cuando debería ser todo lo contrario. Como pasajeros, merecemos un entorno seguro y una movilidad estable.
Ahora mismo, el orden que imponen los buquenques no nace del consenso, sino del miedo; no busca el bien común, sino la supervivencia del que manda. El trayecto cotidiano deja de ser un simple desplazamiento para transformarse en un recordatorio silencioso de cómo, cuando la institucionalidad se diluye, el poder encuentra otras formas –más crudas, más visibles– de ocupar su lugar.
