Por Ruth Ferrero-Turrión*

Lo que estamos viendo estos días no es un “ataque preventivo”. Tampoco es una “intervención humanitaria”. Es, con todas las letras, una intervención ilegal. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán no responde a una agresión inmediata, no cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no puede ampararse en el derecho a la legítima defensa. Es un acto unilateral de fuerza que vulnera la Carta de Naciones Unidas y ahonda en la demolición del ya muy erosionado orden internacional.

Conviene llamar a las cosas por su nombre. No hay pruebas de un ataque iraní inminente que justificara una acción de esta envergadura. Lo que sí hay es una operación cuidadosamente planificada que persigue, al menos, un triple objetivo estratégico.

El primero, degradar las capacidades militares iraníes —no solo su programa nuclear, sino también su infraestructura de misiles y su capacidad convencional— con la expectativa de debilitar al régimen desde dentro. La apuesta parece clara, asfixiar militarmente al Estado iraní para favorecer un escenario de desestabilización interna que permita una nueva movilización popular y, eventualmente, un cambio de régimen. Sin invasión terrestre. Sin coste político directo para Washington o Tel Aviv. Una ingeniería de poder que confía en que el colapso llegue por implosión.

En esa ecuación aparece un nombre: Reza Pahlavi, hijo del último sah y figura instalada desde hace décadas en el exilio. Su entorno político ha contado con el respaldo de influyentes think tanks conservadores estadounidenses como el Hudson Institute o la Foundation for Defense of Democracies. La hipótesis de colocar en Teherán un liderazgo afín a los intereses de Washington y Tel Aviv no es una teoría conspirativa sino un horizonte explícito en determinados círculos políticos estadounidenses.

El segundo objetivo es regional, consolidar la supremacía israelí en Oriente Medio. Debilitar estructuralmente a Irán —principal rival estratégico de Israel en la región— no solo reduce su capacidad de disuasión, sino que despeja el camino para una hegemonía israelí incontestada. En un contexto marcado por la devastación de Gaza y la fractura del equilibrio regional, esta ofensiva no es un episodio aislado, sino un eslabón más en una cadena de reconfiguración geopolítica donde la fuerza sustituye a la diplomacia.

El tercer objetivo es doméstico. Tanto Benjamin Netanyahu como Donald Trump afrontan un año electoral complejo. Ambos atraviesan horas bajas, con contestación interna y perspectivas inciertas. La historia nos ha enseñado que la política exterior —y, en particular, la guerra— puede convertirse en un recurso para reagrupar apoyos, desplazar el foco del debate interno y construir liderazgos de excepción en torno a la seguridad nacional. La tentación de utilizar la escalada militar como herramienta electoral es tan vieja como peligrosa.

A diferencia de la llamada “guerra de los 12 días” de 2025, en esta ocasión la Casa Blanca ha hablado abiertamente de una operación masiva y continuada. No se trataría únicamente de destruir capacidades nucleares —lo que, de facto, supondría reconocer el fracaso de la ofensiva anterior—, sino también de eliminar misiles balísticos y “poner fin al régimen”. Es decir, un objetivo político de máxima ambición que no cabe en el marco del derecho internacional contemporáneo.

Porque el problema no es solo estratégico; es jurídico y normativo. Esta intervención no ha sido autorizada por el Congreso estadounidense, lo que abre además un conflicto con la propia legalidad interna de Estados Unidos. Y, por supuesto, carece de cobertura en el sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas. Estamos ante un nuevo episodio del intervencionismo estadounidense, esta vez en Oriente Medio, que normaliza la idea de que la fuerza puede sustituir al derecho cuando conviene a los intereses de las grandes potencias.

Conviene subrayarlo con claridad, condenar esta intervención no equivale a blanquear al régimen de los ayatolás. Irán es un régimen autoritario que vulnera derechos fundamentales y reprime a su población. Pero ninguna violación interna de derechos humanos habilita a terceros Estados a lanzar ataques preventivos para forzar cambios de régimen. Si aceptamos esa lógica, abrimos la puerta a que cualquier potencia decida quién gobierna en otro país en función de su conveniencia estratégica.

Los dobles raseros son letales para el derecho internacional. Lo fueron cuando Rusia invadió Ucrania. Lo son cuando se mira hacia otro lado ante la devastación en Gaza. Lo han sido hace casi un mes con la intervención militar en Venezuela y el secuestro de su presidente. Y lo son ahora. Cada vez que se justifica una agresión en nombre de la seguridad, se erosiona un poco más un sistema ya profundamente dañado.

Mientras tanto, las víctimas civiles vuelven a quedar relegadas a una nota al pie. Las niñas y niños muertos en bombardeos no encajan en el relato de la “defensa preventiva”. Como tampoco encajaron las decenas de miles de muertos en conflictos recientes en la región. La necropolítica opera seleccionando qué vidas merecen duelo y cuáles pueden diluirse en la estadística.

Una vez más, lo que está en juego no es solo el futuro de Irán ni el equilibrio en Oriente Medio. Es la vigencia misma del régimen internacional de derechos humanos. Si la comunidad internacional continúa exculpando a los agresores en función de su alineamiento geopolítico, el lenguaje del derecho será definitivamente sustituido por el lenguaje del poder.

Y cuando eso ocurre, perdemos todos./ Público.es

*Ruth Ferrero-Turrión, Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM.