Por: Isabel Rivero D’ Armas

Es bien sabido que el asedio a Venezuela comenzó al poco tiempo de que Hugo Rafael Chávez Frías llegara a la presidencia de la república. Esa arremetida desde la extrema derecha con su acostumbrado guion orientado a crear las condiciones de un golpe de Estado o de una intervención militar (eufemismo de invasión), asumió diversas caras que iban mutando, pero con un mismo objetivo: justificar la injerencia extranjera bajo la premisa de violación de derechos humanos y sus mutaciones, lo cual los llevó a adoptar diversas calificaciones, entre ellas, estado represivo, estado fallido, crisis humanitaria, persecución, narcotráfico por cartel ficticio, entre otras.

Haciendo un recuento, el 11 abril de 2002 la cúpula empresarial, desde Fedecámaras, asumió la desestabilización política y los medios de entonces la acompañaron en una especie de autoría intelectual respaldando e incitando a una marcha cuyo destino fue desviado para orquestar una masacre y con esta responsabilizar al gobierno en materia de represión y violación de derechos humanos. Ya lo anunciaba el medio fascista con su gran titular central “La batalla final será en Miraflores”. Era una muerte anunciada. Ahí empezaría el expediente de los falsos positivos.

En ese escenario, el dictadorcillo por 24 horas, Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, le exigió la renuncia al presidente Chávez mientras lo acusaba de “no haber sido capaz de cultivar el diálogo en diferentes sectores del país”. Esa renuncia la demandaba en nombre de la sociedad democrática, también llamada sociedad civil, un sector objeto de manipulación por la inducción del modelo que la burguesía y/u oligarquía hace de sí misma, en que inocula a las masas la posibilidad de ascenso para posicionar una supuesta movilidad social. Esto llevó este sector a creer que les tocaban sus intereses cuando ocurría lo contrario. Mientras tanto se secuestró al mandatario y al golpe de Estado se le llamó vacío de poder, pero no contaban con su restitución. No obstante, después, vino otra arremetida, el paro petrolero, que tampoco logró su objetivo primario: un cambio de gobierno, derrocar al adversario político por la fuerza violentando la soberanía, un obstáculo para avalar la injerencia extranjera.

En 2008, ese fascismo mutó a una de sus formas, la del estado fallido, que buscaba el aislamiento del gobierno del mandatario Hugo Chávez. Se le acusaba de expropiaciones, discriminación y persecución política, pero lo cierto era que no le perdonaron el aumento del barril del petróleo a 100 dólares antes regalado a siete dólares. La abundancia permitió el impulso de programas sociales, uno de los salarios más altos de la región, que la vivienda, junto la educación y la salud, constituyera un derecho, acción tremendamente imperdonable para la derecha extremista, así como la derogación de medidas bancarias como las cuotas balón o los créditos indexados, los intereses elevados de las tarjetas de créditos, las altas tarifas de los servicios, en pocas palabras, desmontar el estado liberal que empezaba a mutar a su degeneración mayor, la del capitalismo global.

En el 2017, arremeten con la condición de crisis humanitaria, de la mano con la crisis de salud. La crisis humanitaria ha sido un recurso utilizado para justificar intervenciones militares en Irak, Libia y Siria. En Latinoamérica, con ella, se justificó la invasión a Haití en 2010, y en Venezuela representó un intento frustrado en 1999 cuando el deslave de Vargas.

El objetivo de la crisis humanitaria, recurso retomado en 2019 porque el guion se repite con algunas mutaciones, es exactamente el mismo: crear las condiciones que justificaran una invasión en territorio venezolano: insistían en que venezolanos pasaban hambre; no tenían medicamentos ni insumos médicos en hospitales, pero saboteaban con la escasez inducida, el bloqueo, en fin, con el asedio en uno de sus momentos más álgidos.

Ahora, en el contexto de la Ley de Amnistía, de la reconciliación y diálogo nacional liderado por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, con un saldo importante de amnistiados, siguen asechando, acusando nuevamente de represión mientras llaman a desmontar el estado nación con la derogación de leyes que garantizan la seguridad de la nación, la cuales se dieron en un contexto de persecución al chavismo, de asedio económico y bloqueo de insumos médicos, e incluso en pandemia, así como de intentos de golpe de Estado y llamados a invasión por parte de una derecha extremista servil, parásita y apátrida./UN