Apenas seis meses después de haber quebrado dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el poder el 8 de diciembre de 2025, se enfrenta a una de las crisis sociales y políticas más profundas de la historia reciente de Bolivia.
Lo que comenzó como una serie de reclamos por el costo de vida y la falta de carburantes ha derivado en una insurrección popular que mantiene a la sede de gobierno, La Paz, virtualmente cercada y al borde de un colapso humanitario.
La situación en las calles de La Paz y El Alto es crítica.
Este 18 de mayo se registran 18 de los 22 bloqueos activos del país en el departamento paceño, lo que ha cortado las principales rutas nacionales. El impacto en la vida cotidiana es devastador:
El kilo de pollo, cuyo precio habitual oscilaba entre 45 y 55 bolivianos, ha llegado a venderse a 104 bolivianos en mercados como la Garita de Lima.
Asimismo, se ha denunciado la falta de oxígeno e insumos médicos en los hospitales debido a que los manifestantes impiden el paso de camiones y ambulancias.
En cambio, el transporte pesado reporta más de 20.000 conductores varados en las carreteras, mientras las exportaciones se encuentran paralizadas.
De forma específica, en La Paz, la recolección de basura se ha suspendido parcialmente por la falta de combustible para los camiones.
El “engaño” electoral y el giro neoliberal
Resulta paradójico que muchos de los sectores que hoy exigen la renuncia de Paz -mineros, campesinos y maestros- fueron los mismos que lo llevaron al poder con el 54% de los votos en el balotaje de 2025.
Según analistas, Paz capitalizó el voto castigo contra el MAS tras la fractura interna entre Luis Arce y Evo Morales.
Sin embargo, el descontento estalló cuando el gobierno implementó medidas de corte neoliberal: un incremento del precio de la gasolina en un 86% y del diésel en un 163%, sumado a la entrega de “gasolina basura” que dañó motores de transporte y maquinaria agrícola.
A esto se añade la polémica Ley 1720 de reclasificación de tierras, percibida por los sectores indígenas como una amenaza a la inembargabilidad de la pequeña propiedad campesina.
La sombra de Evo Morales y la fractura interna
El gobierno defiende que las protestas no son genuinas, sino un “plan macabro” orquestado por Evo Morales para desestabilizar el orden constitucional y evadir la justicia. Morales enfrenta actualmente causas por trata de personas y estupro, y se encuentra refugiado supuestamente en el Chapare protegido por sus seguidores.
Mientras tanto, la interna oficialista se agrieta.
El vicepresidente Edmar Lara, quien ganó popularidad denunciando la corrupción en TikTok, mantiene una postura crítica hacia el presidente y ha llegado a denunciar la violencia de los operativos militares contra los bloqueadores.
Frente a la parálisis, el gobierno desplegó a más de 3.500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar habilitar “corredores humanitarios”. No obstante, los enfrentamientos han sido violentos: se reportan al menos 47 detenidos, decenas de heridos y la muerte de al menos dos ciudadanos en los municipios de Ingavi y El Alto.
Expertos en seguridad califican la situación de “insurrección” y alertan sobre la presencia de grupos armados respaldando los cortes de ruta.
En el plano externo, el conflicto ha polarizado a la región:
- Estados Unidos (bajo la administración Trump), Argentina e Israel respaldan la institucionalidad del gobierno boliviano frente a lo que consideran un intento de desestabilización.
- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la crisis como una respuesta a la “soberbia geopolítica” y ofreció su mediación para buscar una salida pacífica.
Con la llegada de nuevas marchas de seguidores de Morales y la radicalización de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Paz Pereira se encuentra “entre la espada y la pared”, debilitado para implementar su agenda de reformas y cercado por una protesta que ya no solo pide soluciones económicas, sino su salida inmediata del poder./Resumen Latinoamericano
