Como un presupuesto antipobre calificó la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Andrea Vargas al plan financiero de Colombia para 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La legisladora comentó que el proyecto propone más del 30 por ciento de recortes de subsidios, y específicamente, 74 por ciento de rebajas en subvenciones a tarifas energéticas para el Caribe, una zona en la cual las facturas de electricidad son onerosas y que experimenta ya los efectos del fenómeno de El Niño.
En entrevista con Caracol Radio detalló que, adicionalmente, el subsidio de vivienda contará con una reducción del 84 por ciento y caerán las transferencias monetarias un 26 por ciento, dígase programas sociales como “renta ciudadana, renta joven, Colombia mayor, devolución del impuesto al valor agregado”.
Estos últimos planes, aseguró, sufrirán una contracción desde los nueve hasta los siete billones de pesos (unos dos mil 144 millones de dólares al cambio actual), o sea que la reducción sería de más de 500 millones de dólares.
Los senadores y representantes a la Cámara de las comisiones terceras y cuartas, durante la víspera, aprobaron en primer debate el presupuesto de 634,9 billones de pesos (194 mil 492 millones de dólares) para la vigencia del próximo año.
El senador Alejandro Ocampo también deploró el diseño del presupuesto para el próximo año al señalar “que busca recortar recursos a los más vulnerables, a las víctimas y a los damnificados del terremoto (…) dándole duro a las regiones”.
También se refirió al recorte propuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado tras el Acuerdo Final de 2016, que ascendería a 170 mil millones de pesos (más de 52 millones de dólares).
“Cuando la justicia debe rogarle a un gobierno porque el gobierno la quiere acabar para quebrarla, estamos ante un gobierno que odia la justicia y que irrespeto las víctimas. Estamos ante el inicio de una dictadura”, señaló sobre este punto.
El proyecto de presupuesto pasará ahora a ser debatido en las plenarias de Cámara y Senado.
El proceso debe concluir antes del 20 de octubre. Si no recibe luz verde en el Legislativo antes de esa fecha se aprobará por el Ejecutivo vía decreto.La legisladora comentó que el proyecto propone más del 30 por ciento de recortes de subsidios, y específicamente, 74 por ciento de rebajas en subvenciones a tarifas energéticas para el Caribe, una zona en la cual las facturas de electricidad son onerosas y que experimenta ya los efectos del fenómeno de El Niño.
En entrevista con Caracol Radio detalló que, adicionalmente, el subsidio de vivienda contará con una reducción del 84 por ciento y caerán las transferencias monetarias un 26 por ciento, dígase programas sociales como “renta ciudadana, renta joven, Colombia mayor, devolución del impuesto al valor agregado”.
Estos últimos planes, aseguró, sufrirán una contracción desde los nueve hasta los siete billones de pesos (unos dos mil 144 millones de dólares al cambio actual), o sea que la reducción sería de más de 500 millones de dólares.
Los senadores y representantes a la Cámara de las comisiones terceras y cuartas, durante la víspera, aprobaron en primer debate el presupuesto de 634,9 billones de pesos (194 mil 492 millones de dólares) para la vigencia del próximo año.
El senador Alejandro Ocampo también deploró el diseño del presupuesto para el próximo año al señalar “que busca recortar recursos a los más vulnerables, a las víctimas y a los damnificados del terremoto (…) dándole duro a las regiones”.
También se refirió al recorte propuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado tras el Acuerdo Final de 2016, que ascendería a 170 mil millones de pesos (más de 52 millones de dólares).
“Cuando la justicia debe rogarle a un gobierno porque el gobierno la quiere acabar para quebrarla, estamos ante un gobierno que odia la justicia y que irrespeto las víctimas. Estamos ante el inicio de una dictadura”, señaló sobre este punto.
El proyecto de presupuesto pasará ahora a ser debatido en las plenarias de Cámara y Senado.
El proceso debe concluir antes del 20 de octubre. Si no recibe luz verde en el Legislativo antes de esa fecha se aprobará por el Ejecutivo vía decreto./PL
