Por: Julieta Daza A. para Colarebo y ABP-Noticias (26 de octubre, 2026)

En octubre el nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella, de orientación derechista y subordinado a los intereses de los EE.UU., presentó el borrador de un “Estatuto antiterrorista”. Este generó un encendido debate en la política y medios de Colombia. La principal medida contenida allí, y que rechazan sectores críticos del movimiento popular y la oposición política, es la creación de un registro de “organizaciones y actores terroristas”, similar al modelo estadounidense de la lista OFAC.

A pesar de que incluso la Corte Suprema de Justicia planteó importantes objeciones al borrador, a mitades de octubre el mismo fue aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal, el cual da conceptos no obligatorios sobre proyectos de ley en materia penal. En las próximas semanas el proyecto podría aterrizar en el Congreso colombiano para su debate.

Sobre este “Estatuto antiterrorista” conversamos con el politólogo colombiano Jorge Freytter (JF), quien en el exilio vasco fundó la Asociación Freytter Elkartea, la cual lleva años investigando y denunciando temas relacionados con el conflicto, el terrorismo de Estado y operaciones extrajudiciales, así como el paramilitarismo en Colombia.

Freytter también nos aportó su balance de la coyuntura colombiana, que pudo observar en un reciente viaje a este país. Para más información sobre su trabajo invitamos a nuestras y nuestros lectores a visitar http://www.freytter.eus.

Colarebo/ABP: ¿Qué riesgos implicaría la implementación del «estatuto antiterrorista» propuesto por De la Espriella? ¿Qué críticas se ha expresado en su contra por parte del movimiento social?

JF: El principal riesgo señalado por los sectores críticos del movimiento popular es que, bajo el argumento de combatir el terrorismo, se amplían las capacidades del Estado para señalar, aislar y sancionar a personas u organizaciones sin que exista previamente una condena judicial. La preocupación no es solamente jurídica, sino también política, en un país con antecedentes de persecución contra sindicalistas, docentes, periodistas, movimientos sociales, oposición política, líderes estudiantiles, profesores, campesinos, mujeres, colectivos LGBTI.

El borrador del estatuto plasma una muy ambigua definición de “terrorista” o “colaborador”, lo que podría afectar el ejercicio de la protesta y la oposición política. La inclusión en el registro de organizaciones y actores “terroristas”, con consecuencias económicas y jurídicas graves para dichos actores, quedaría en manos del Consejo de Seguridad Nacional, compuesto por altos funcionarios del gobierno, lo que implica una concentración del poder en el Ejecutivo y sus aliados; un Ejecutivo bajo la dirección de un ciudadano estadounidense, como es el caso de de la Espriella, con conexiones directas con el pentágono y el departamento de estado. Dicha inclusión se haría simplemente mediante decisiones y actos administrativos, antes de que se pruebe la responsabilidad penal.

Esto suscita dudas sobre la independencia de la decisión, la transparencia de las pruebas y las posibilidades reales de la defensa. Riesgos concretos serían entonces estigmatización y criminalización de la protesta, al sancionar antes de una condena.

Incluso la Corte Suprema de Justicia ha advertido que la inscripción en un registro administrativo no puede sustituir la prueba del delito, ni demostrar por sí sola la responsabilidad individual. También ha planteado objeciones sobre medidas como el congelamiento de bienes, el acceso a las razones de la inclusión y las garantías de la defensa.

Todo esto redunda en un efecto disuasorio sobre las organizaciones sociales y medios de comunicación: si una organización teme sufrir persecución judicial o perder recursos, personería jurídica o acceso a contratos públicos por ser señalada como “colaboradora”, puede optar por limitar sus denuncias, movilizaciones o actividades. Esto quiere decir que hay una estrategia para asfixiar y silenciar al movimiento asociativo, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos en Colombia.

Colarebo/ABP: ¿Cómo se contextualiza esto en la historia de Colombia? ¿Qué concepciones políticas hay detrás de esto?

JF: Esto refleja una vez más la histórica construcción del enemigo interno en Colombia, pudiéndose relacionar esto también con el concepto de necropolítica: la necropolítica para analizar un poder que no sólo administra vida, sino que decide qué vidas pueden ser expuestas a la violencia y cuáles quedan socialmente desprotegidas. Es la lógica que hemos observado en la exhibición pública de cuerpos de personas abatidas, en el marco de una tradición histórica colombiana de estigmatización y eliminación de la oposición crítica, el pensamiento crítico y colectivos disidentes.

Entonces una vez más existe el riesgo de que la categoría de “enemigo” se extienda, desde quienes cometen actos violentos, hacia personas y organizaciones que ejercen actividades políticas, sindicales, periodísticas, comunitarias, trabajos de memoria histórica, etc., estigmatizándolas y sometiéndolas a violencia política. La preocupación relevante es que el discurso de la seguridad convierta la protesta y la oposición en sospechas de complicidad con el enemigo.

Al haber una estigmatización pública, una afectación a la reputación de organizaciones y personas, se les expone a hostilidades, amenazas y hostigamiento, incluso violencia física y asesinatos, así como posible desplazamiento y exilio, propio o de familiares.

Colarebo/ABP: Y esto en un gobierno que seguramente va a despertar mucho descontento popular…

JF: Sí, se trata de ponerle una soga al cuello a los movimientos sociales populares, a la oposición política, que en el marco de un gobierno como el de Abelardo de la Espriella, interpelan y están construyendo propuestas de movilización contra este gobierno fascista.

Habrá que verificar por ejemplo cuál sería la aplicación concreta de este estatuto en el marco directamente de la protesta social.

En todo caso se buscará desacreditar las denuncias y las narrativas hechas por el movimiento popular, y los medios y periodistas críticos, posibilitando impunidad, falta de esclarecimiento, y reparación insuficiente.

Hay una intención de castigo ejemplarizante al querer intimidar a otras personas que realizan la misma labor de investigación, denuncia, o movilización popular. Por ejemplo se pone en riesgo el trabajo de las y los periodistas que vienen haciendo investigación en contra de este gobierno fascista de de la Espriella y sus nexos directos con grupos narcoparamilitares. Se busca judicializar todo el proceso investigativo de los periodistas.

Además todo esto implica nuevamente debilitar la confianza de las instituciones, que bajo el gobierno de Petro se iba poco a poco reconstruyendo.

Colarebo/ABP: ¿Concretamente desde el sector universidad y pensamiento crítico, qué críticas y qué preocupaciones hay en relación con lo que dispone este «estatuto antiterrorista»?

JF: Desde el sector universitario y el pensamiento crítico la principal preocupación es que el estatuto antiterrorista puede ampliar las herramientas de señalamiento y sanciones del Estado sin garantías suficientes para proteger a quienes investigan, denuncian, protestan o cuestionan las políticas del establecimiento, en concreto del gobierno de de la Espriella con profundos lazos guerreristas, y negacionistas frente a una solución al conflicto, a los conflictos territoriales en el país.

Esta preocupación como ya decía tiene un contexto histórico en Colombia, como país marcado por la violencia política en ámbitos por ejemplo como las universidades públicas, afectando a docentes, estudiantes, sindicalistas y trabajadores, mediante amenaza, cárcel, persecución, falsos positivos judiciales y otras vulneraciones de derechos humanos.

Se pretende convertir el pensamiento crítico en sospecha de terrorismo. Esto plantea en el ámbito universitario una pregunta fundamental que es, ¿cómo garantizar que una movilización estudiantil, una huelga de docentes, una asamblea o una investigación académica, una denuncia de abusos estatales, no sean interpretados como actividades “sospechosas”? Si un profesor tiene una cátedra de libre ejercicio académico, como es la del pensamiento crítico, bajo una decisión administrativa ya pueden inhabilitar y sancionar al profesor de esta cátedra.

El uso impreciso de categorías como “terrorista”, “colaborador” o “instrumentalizador”, lo cual en Colombia es una discusión histórica, puede aumentar la vulnerabilidad de quienes trabajan con comunidades, con los territorios, en la defensa y en ejercicio de la solución al conflicto, documentando violencias de derechos humanos, y acompañando la protesta social. El estatuto antiterrorista puede convertir categorías amplias de seguridad en instrumentos de criminalización y persecución, restringir la protesta y debilitar la libertad de pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico.

Colarebo/ABP: ¿En tu reciente recorrido por Colombia cómo viste las posiciones y actitudes del movimiento social y académico crítico frente al «estatuto antiterrorista»? ¿Hay voluntad y hay capacidad de protesta?

JF: En mi recorrido por Colombia quedaron de manifiesto varios elementos. En primer lugar, la reorganización del movimiento social y popular colombiano, y la academia crítica, frente a este estatuto antiterrorista. Hay voluntad, es decir, hay propuestas de movilización, hay propuestas de articulación, hay propuestas de contenido frente a estas políticas fascistas en materia de securitización desde el mercenariado corporativo internacional para el control de la sociedad colombiana, para el control de los estamentos sindicales, organizaciones sociales, políticas, que sí tienen la voluntad de articular y plantear protestas en contra de este gobierno.

A la vez también hay que decir que el país empieza a vivir una crisis económica, y que está viviendo una militarización con capacidades tecnológicas. Aquí es donde entra la discusión del tecnofascismo en Colombia.

Por eso la capacidad de movilización todavía tiene que traducirse en una respuesta sostenida, articulada y plural. Una jornada de protesta puede expresar un rechazo importante, pero no demuestra por sí sola que existe una coordinación estable entre el movimiento sindical, la organización estudiantil, el profesorado de las universidades, los indígenas, comunidades campesinas y las organizaciones de derechos humanos.

Por eso ahora es importante generar espacios de formación política, de incidencia política, de generación de redes de trabajo entre las comunidades y diferentes sectores, con una perspectiva antifascista, que articule todas las luchas dispersas y pueda construir acuerdos alrededor de la defensa de las libertades públicas, la autonomía de las organizaciones en los territorios, y por supuesto el derecho a la protesta y el derecho a la solución de los diferentes conflictos en los territorios.

También hay una gran producción de contenido por parte de algunos colectivos sociales, estudiantiles y políticos que han venido planteando diferentes investigaciones y denuncias en torno al tema de la protesta social. Incluso hay una articulación de organizaciones que están trabajando el tema de la protesta social en Colombia.

No obstante, también empieza a haber un reacomodo de unas denominadas células durmientes de estructuras paramilitares, como es de manera visible en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, donde hay una confrontación directa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca, quienes guardan un control territorial en ese departamento, con expansión a otros departamentos de la región Caribe colombiana. Esta confrontación está sustentada en el control de las rutas del narcotráfico. Se trata de estructuras de ese narcoparamilitarismo del siglo XXI, a las cuales beneficia el gobierno de de la Espriella, en complicidad con la DEA.

Por tanto, las organizaciones que han mantenido el trabajo de denuncia en contra del paramilitarismo tienen en este gobierno mucha más relevancia aún en su contenido, y en su acción política. Este trabajo hoy tiene un valor conceptual dentro de la praxis y dentro de la metodología del debate político en Colombia; y contribuye a sentar posición y actitudes movilizadoras en contra del Estatuto antiterrorista.

Entonces, sí hay una voluntad de protesta, sí existen unas capacidades organizativas, y conceptuales importantes, pero el alcance de la respuesta dependerá de la unidad de sectores en los diferentes territorios, la continuidad de una propuesta de movilización de manera organizada, sistemática, es decir, salir a las calles como se movilizó en el gobierno de Iván Duque. Tocará mantener espacios de participación a pesar de intimidaciones y estigmatizaciones, que es a lo que ha venido jugando el bloque de poder a través de uno de sus anillos, como es el de los medios de comunicaciones afines a este gobierno, como es el caso de la revista Semana. La revista Semana es prácticamente el boletín informativo de la presidencia de Colombia en el gobierno de de la Espriella.

Colarebo/ABP: ¿Qué relación se puede establecer entre el borrador de este estatuto y la llamada Ley de sometimiento?

JF: El Estatuto antiterrorista y la Ley de sometimiento pueden entenderse como dos instrumentos complementarios del terrorismo de Estado, del mercenarismo corporativo y de la estrategia de impunidad histórica que ha sostenido los modelos represivos en América Latina. En el caso colombiano tiene una gran conexión con todo ese modelo genocida que aplica Israel contra el pueblo palestino y la estrategia militarista que han venido jugando los Estados Unidos con América Latina, países del Medio Oriente, países africanos, incluso países de la Unión Europea.

Mientras el Estatuto antiterrorista amplía los mecanismos de persecución estatal y paraestatal, porque en el marco de este gobierno fascista de de la Espriella empieza a haber un nuevo auge de estructuras paramilitares con conexiones con fuerzas militares y de policías, conformando todo un escenario y una estructura en lo político, económico y mediático, el segundo establece condiciones para que integrantes de estructuras armadas y criminales se sometan a la justicia. Pero este sometimiento no es en el marco de un diálogo, de una mesa de conversaciones, ni de una propuesta de diálogo territorial, ni de una visión restaurativa, sino que es a base de la imposición de una necropolítica del asesinato contra integrantes de organizaciones políticas insurgentes y de oposición política en el país.

Esto tiene un direccionamiento anticomunista frente a estas organizaciones insurgentes en Colombia. Es decir, no se le va a aplicar la Ley de sometimiento a estructuras como el Clan del Golfo, como a Los Pachenca, porque muchos de ellos hacen parte del Gobierno de de la Espriella. La estrategia del modelo de securitización de de la Espriella beneficia a estas estructuras paramilitares.

La principal preocupación es que esta combinación fortalece el poder punitivo del Estado colombiano que ya conocemos, y que tiene una larga historia política sin abordar suficientemente. Nuevamente se corre el riesgo del no respeto al debido proceso. Es la construcción del enemigo interno lo que sustenta estas dos propuestas.

Aquí hay una legalización jurídica y política a ponerle la diana a los activistas, a los que denuncian, a los de izquierda, y también a las víctimas del terrorismo de Estado y del paramilitarismo.

Un solo ejemplo que muestra esa correlación de fuerzas políticas: El hijo de Jorge 40, es decir Jorgito 41, está en el Parlamento colombiano con un escaño de las curules de paz; ha votado por Abelardo, es defensor de la “patria milagro”, y también defensor de estrangular las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial de Paz.

La real composición de la Jurisdicción Especial de Paz contemplaba directamente la vinculación de terceros, es decir, empresas, testaferros, como lo son los hijos o los herederos de estos criminales de guerra del paramilitarismo en Colombia, y que hoy posan como defensores de Derechos Humanos. Ese es el caso de Mancuso, un mercenario corporativista, heteropatriarcal de la región Caribe colombiana, de ascendencia italiana, que ahora, después de ser reconocido como gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, empieza a hacer acuerdos políticos con el Gobierno de Abelardo la Espriella para beneficiar su camino y su protectorado jurídico y político en Colombia.

Dentro de la cosmovisión de una parte la sociedad colombiana sigue siendo el jefe paramilitar y sigue siendo “el patrón”. Entonces vemos que el Estatuto antiterrorista y la Ley de sometimiento van a tener un ensañamiento directo contra la izquierda y la oposición política colombiana. Esto no es nada nuevo. Ya empezaron los bombardeos, las fumigaciones en la frontera, las persecuciones, el intercambio de capacidades militares con Israel y Estados Unidos. Y todo eso acompañado por unos dispositivos tecnológicos…