Fortalecer el trabajo social: De la asistencia a la transformación de las comunidades

Por: Randy Alonso Falcón, Ana Álvarez Guerrero, Frank Martínez Rivero

El fortalecimiento del Trabajo Social y su jerarquización en los municipios constituyen una de las 65 transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país. La iniciativa busca recuperar el sentido fundacional de un programa que nació hace 26 años, ampliar su alcance y consolidar una labor profesional capaz de identificar las vulnerabilidades, prevenir los problemas sociales y contribuir a transformar las condiciones que los originan.

Sobre los antecedentes de esta experiencia, los cambios que se proponen y las disposiciones jurídicas que respaldan su implementación conversaron en la Mesa Redonda representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Al referirse a los orígenes del programa, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, recordó que surgió en el año 2000, por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, en el contexto de la Batalla de Ideas. Su creación propició la incorporación masiva de jóvenes, muchos de ellos desvinculados del estudio y el trabajo o procedentes de situaciones de vulnerabilidad.

Durante sus primeros años, los trabajadores sociales desempeñaron un papel importante en la identificación de problemáticas que afectaban a las familias y comunidades cubanas, en un período marcado por el incremento de las desigualdades y la aparición de nuevas situaciones de vulnerabilidad. Su labor contribuyó, además, a la implementación de políticas sociales dirigidas a atender esas realidades.

Sin embargo, el viceministro reconoció que, pese a los resultados alcanzados, durante las primeras dos décadas no se logró consolidar el trabajo social como una profesión, ni se creó inicialmente una carrera universitaria específica para su formación. Esa experiencia dejó aprendizajes, pero también evidenció la necesidad de avanzar hacia una concepción más integral de esta actividad.

La transformación que se impulsa actualmente pretende superar una visión limitada a la asistencia material. Sin desconocer que esta continúa siendo necesaria para determinados grupos y familias, el funcionario insistió en que el trabajo social debe asumir un carácter preventivo y proactivo, capaz de identificar riesgos y actuar sobre ellos antes de que se conviertan en problemas más complejos.

Ese cambio supone atender no solo las necesidades individuales, sino también las dinámicas familiares y comunitarias, incluidas las dificultades emocionales, conductuales y sociales que pueden incidir en la vida de las personas.

En ese sentido, Fonseca Quesada recuperó una idea que resume la esencia de esta labor: el trabajador social debe convertirse en una especie de “médico del alma”. No se trata únicamente de responder a una carencia inmediata, sino de acompañar a las personas para que puedan superar las circunstancias que las colocan en una situación de desventaja.

“Sanar no solamente es asistir, también es lograr que se transformen las causas”, expresó.

Desde esa perspectiva, explicó que identificar a las familias más vulnerables es apenas el primer paso. También es necesario diseñar acciones y programas que les permitan salir de esa condición. De lo contrario, la asistencia puede convertirse en una respuesta permanente que no modifica las causas del problema.

El trabajo social debe contribuir, por tanto, a que las personas recuperen su autonomía, se incorporen al estudio o al empleo, accedan a cursos de capacitación y desarrollen habilidades que favorezcan su inclusión social. La finalidad no es sustituir sus capacidades, sino ayudar a que puedan desplegarlas y participar activamente en la solución de sus propias dificultades.

El trabajador social adquiere así una función articuladora entre las políticas sociales, las instituciones y los servicios disponibles en la comunidad. Su labor consiste también en acercar esas oportunidades a quienes las necesitan y acompañar los procesos para que las personas puedan aprovecharlas.

Una estructura que otorgue jerarquía a la labor en los territorios

Trabajadora social visita a personas de la tercera edad en sus comunidades. Foto: tomada de Adelante.

Trabajadora social visita a personas de la tercera edad en sus comunidades, durante la pandemia por COVID-19. Foto: Adelante.

El viceministro explicó que la transformación contempla estructuras específicas en los niveles provincial y municipal, con direcciones de Trabajo Social independientes de las direcciones generales de Trabajo.

Esta organización busca otorgar mayor visibilidad institucional a la actividad y situarla en espacios donde se toman decisiones relacionadas con las políticas sociales. No obstante, aclaró que contar con una estructura propia no garantiza por sí solo el cambio de enfoque: también se requiere modificar las prácticas, fortalecer la preparación de quienes ejercen esta labor y consolidar los mecanismos de prevención y articulación.

Las nuevas disposiciones establecen responsabilidades y mecanismos de coordinación para que el trabajo social pueda intervenir de manera integrada con los diferentes actores del territorio. La intención es que los problemas identificados en las comunidades encuentren respuestas que no dependan de una sola institución.

Los nuevos instrumentos jurídicos: Organización, formación y articulación

Por su parte, la Directora de Trabajo Social, Rita Machín, explicó cómo se materializa la Transformación 65 mediante dos disposiciones: el Decreto Ley 136, referido al fortalecimiento del trabajo social, y el Decreto 182, relacionado con su estructura institucional.

La directiva señaló que el Decreto Ley 136 establece el alcance y funcionamiento de esta actividad en Cuba. Hasta su aprobación no existía una norma jurídica integral que regulara el trabajo social en el país. Como antecedente, mencionó el Decreto Ley 286, utilizado en el proceso de incorporación del programa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, después de que dejara de funcionar como una entidad independiente.

Uno de los aspectos esenciales de la nueva normativa es que reconoce al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como rector metodológico del trabajo social en todo el territorio nacional, independientemente del organismo o sector en el que se desempeñen sus profesionales.

Esto significa que su ámbito de actuación no se limita a las estructuras del propio Ministerio. Los trabajadores sociales pueden desarrollar sus funciones en espacios comunitarios y en sectores como la salud y la educación, entre otros, de acuerdo con las necesidades identificadas.

La directora destacó que la norma también precisa el alcance de esa labor y promueve un ejercicio profesional que trascienda la atención asistencial para incorporar la prevención, la identificación temprana de riesgos y la intervención sobre las causas de las problemáticas sociales.

Por su parte, el Decreto 182 establece una estructura específica para el trabajo social en las provincias y los municipios, mediante direcciones independientes de las direcciones de Trabajo existentes. Estas instancias se subordinan a los consejos provinciales y a los consejos de la Administración municipal, lo que permite situar la actividad en espacios de decisión y contribuir a que su perspectiva esté presente en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales.

Machín consideró que esta ubicación institucional resulta fundamental para fortalecer la capacidad de intervención en los territorios.

El trabajo social necesita participar en los espacios donde se analizan las problemáticas de la población y se definen las respuestas, en lugar de limitarse a ejecutar acciones una vez que las decisiones han sido tomadas.

Coordinación entre instituciones y participación comunitaria

Trabajadora social visita a madre de varios niños durante la pandemia. Foto: tomada de Adelante.

Trabajadora social visita a madre de varios niños durante la pandemia. Foto: tomada de Adelante.

Otro de los componentes de la transformación es el fortalecimiento de la articulación entre las instituciones y los actores que intervienen en la prevención y atención de los problemas sociales.

Según explicó la directora, las disposiciones contemplan la creación de un consejo que permita coordinar el trabajo de las diferentes entidades involucradas en el municipio. A ello se suma la participación de los trabajadores sociales en los grupos y comisiones de atención a las políticas sociales, tanto en el nivel municipal y provincial como en las demarcaciones de los consejos populares.

La importancia de esta organización radica en que es precisamente en los espacios comunitarios donde se manifiestan muchas de las dificultades que requieren atención. Allí resulta posible identificar las necesidades, establecer prioridades y propiciar la participación de los propios habitantes en la búsqueda de soluciones.

La directiva subrayó, además, que la normativa establece la responsabilidad de los organismos, organizaciones e instituciones del Estado de colaborar con el trabajo social. Este principio refuerza la necesidad de una respuesta intersectorial y evita que la atención a las vulnerabilidades recaiga exclusivamente sobre los profesionales de esta especialidad o sobre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La profesionalización como requisito para ejercer

Uno de los cambios más importantes que introduce el nuevo marco normativo es el reconocimiento de la preparación y las competencias profesionales como requisitos para el ejercicio del trabajo social.

La directora explicó que la formación deja de ser únicamente una aspiración para convertirse en una condición necesaria. En ese proceso intervienen el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, responsables de las vías de formación, mientras que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene a su cargo el diseño e implementación de las metodologías y los sistemas de capacitación propios de esta actividad.

Entre las opciones existentes mencionó la formación de nivel medio técnico en Trabajo Social, la carrera universitaria de licenciatura y las posibilidades de superación de posgrado, incluidas maestrías y doctorados específicamente vinculados con esta disciplina.

La intención es que el país cuente con profesionales preparados para comprender las realidades sociales, intervenir en ellas y acompañar procesos de transformación. No se trata solamente de disponer de personas que realicen determinadas gestiones o presten ayuda, sino de consolidar un campo profesional con conocimientos, métodos y herramientas propias.

La investigación constituye otro componente de ese desarrollo. Para ello, se busca estrechar los vínculos con las universidades, promover la sistematización de las experiencias y estimular la producción de conocimientos a partir de las prácticas desarrolladas en los territorios.

Rita Machín también se refirió a la existencia de espacios asociativos vinculados al trabajo social en el sector de la salud y explicó que una de las disposiciones finales encarga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la creación de una Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Cuba, como parte del fortalecimiento y reconocimiento de la profesión.

De la norma a la transformación de la realidad

La aprobación de los instrumentos jurídicos representa un paso importante, pero no constituye, por sí misma, una garantía de que las prácticas cambien. La propia directora lo resumió al advertir: “El solo hecho de que haya un decreto no quiere decir que se vaya a transformar”.

Para materializar los objetivos propuestos será necesario recuperar la concepción con la que nació el programa, fortalecer la preparación de sus integrantes y completar la presencia de trabajadores sociales en los territorios. La directiva reconoció que todavía no cuentan con la cantidad de profesionales necesaria para cubrir todas las necesidades, por lo que uno de los propósitos es avanzar hacia una mayor cobertura territorial y garantizar la atención a las poblaciones que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El desafío consiste en que las nuevas estructuras, las normas y los mecanismos de coordinación se traduzcan en una labor cotidiana más cercana a las comunidades, con capacidad para anticiparse a los problemas y movilizar los recursos institucionales y sociales disponibles.

La directora convocó a que la población sea protagonista del cambio. Una premisa que conecta con el sentido más profundo de la transformación: no basta con atender las necesidades de las personas; es imprescindible crear condiciones para que puedan participar en la solución de sus problemas y en la transformación de sus propias comunidades.

Machín Reyes explicó que el técnico medio de trabajo social está dirigido a estudiantes ingresados de noveno grado y hoy está presente en todo el país y en todas las provincias. Ese técnico medio comenzó en 2014 y, aunque ha tenido matrículas pequeñas, desde entonces y hasta la fecha han ingresado más de 3000 trabajadores sociales, con una matrícula de poco más de 2000.

Además, la licenciatura en trabajo social comenzó en 2025 y hoy se imparte solo en nueve provincias, fundamentalmente en los municipios cabecera, porque es un proceso que requiere preparar los claustros de profesores, sobre todo para las asignaturas más afines y técnicas del trabajo social.

La directiva subrayó que resulta clave contar con estudiantes que tengan esa experiencia fundacional y que muchos de los profesores son precisamente trabajadores sociales que ingresaron al programa de formación, que ya son universitarios en otras carreras porque no existía la licenciatura en trabajo social, pero son carreras afines y tienen experiencia práctica para trabajar en ese proceso.

Hoy hay aproximadamente 700 estudiantes en una matrícula cautiva, es decir, quienes estudian trabajo social son los que hoy ejercen como trabajadores sociales y no son universitarios. En cuanto a la formación, dijo que se sigue trabajando y que debe seguir creciendo, con el apoyo de la Universidad de La Habana, universidad rectora de la carrera en el país, para ampliar el claustro de profesores y lograr que la carrera llegue a otros lugares y no solo a los municipios cabecera, sino también al resto de los municipios.

Decreto 182: direcciones en 60 días

Sobre la implementación de la estructura, Machín Reyes señaló que el decreto ley 182,  establece un término de hasta 60 días para conformar y constituir las direcciones de trabajo en municipios y provincias.

Explicó que el proceso se ha trabajado desde antes de que se supiera que se aprobaría el decreto y desde su elaboración se ha interactuado con los directores de trabajo. Recientemente hubo una reunión nacional en la que se explicó todo el proceso y el paso a paso de cómo debe desarrollarse, un proceso que no es tan complejo porque parte de la estructura que hoy existe en una dirección de trabajo.

No obstante, hay que designar quiénes son los cuatro centros que van a estar trabajando, definir en qué local van a operar, determinar cómo será ese traspaso desde el departamento de trabajo social que hoy está en una dirección de trabajo hacia una dirección propia, definir quién la dirigirá, pudiera ser el mismo cuadro que hoy está u otro y trasladar a los trabajadores sociales que hoy estaban subordinados a la dirección de trabajo.

En paralelo se trabaja en todas las normativas, manuales de procedimientos, prestaciones, protocolos de actuación y manuales de procedimiento que se deben implementar en la nueva dirección. El plazo vence a finales de diciembre y hoy el proceso se desarrolla con el acompañamiento de los gobiernos en los territorios, incluida la designación y el traspaso de activos de un lugar a otro. La directiva insistió en que no esperaron a que el decreto estuviera publicado para empezar a trabajar, porque 60 días no es mucho tiempo, y que esto forma parte del desempeño de jerarquizar el trabajo social.

El decreto ley recoge la experiencia acumulada en estos años y le da profundidad. También está diseñado el proceso de capacitación para todos los que intervienen, con el centro de capacitación del Ministerio de Trabajo, y se trabaja en cómo llegar a los territorios a pesar de las limitaciones del país.

Recordó que hace poco se hizo un recorrido para hablar de las transformaciones y se explicó en detalle el proceso a trabajadores sociales y a las direcciones de trabajo social de prevención que todavía funcionan, aunque en aquel momento el decreto ley no estaba publicado.

Se enfatizó que no basta con crear una dirección de trabajo: hay que crear también los mecanismos de trabajo social y todos los mecanismos para que esa dirección fluya y se implemente lo que establece el decreto. De igual manera, el decreto habla de un sistema de supervisión que hay que diseñar, trabajar y desarrollar, pues se enuncia pero queda por construir. Lo clave, dijo, es la jerarquía que desde los gobiernos municipales y provinciales se dé a estas direcciones de trabajo social y a la labor que desarrollan los trabajadores sociales, que no es asistencialista, sino que tiene mucho de prevención y de proactividad para sacar a las personas de la vulnerabilidad.

Experiencias territoriales: protección con acompañamiento

Un director provincial de trabajo expuso los resultados e impactos alcanzados. Relató que hay personas que dependían de una prestación monetaria temporal —por ejemplo, una madre con más de tres niños— y a las que se les crearon las condiciones mediante un plan de acción: primero se le selecciona el empleo, pero para ese empleo hay que ver dónde va a poner a los niños y ajustar el horario del empleador.

Dijo que trabajan de manera organizada con las autoridades de los territorios porque son impactos sociales: la persona sale de la situación de vulnerabilidad, tiene empleo y recibe seguimiento. En las direcciones municipales de trabajo, añadió, se ha empleado a más de tres niños y se les han creado las condiciones.

Consideró que la protección es necesaria porque existen para proteger a quienes más lo necesitan, pero no se debe dejar a la persona en esa situación: hay que sacarla de la vulnerabilidad y la protección y llevarla a que tenga su salario. También se refirió a la plataforma Soberanía, la identidad digital y la prestación de servicios en línea como un reto, aunque consideró que se ha avanzado en lograr que cada trabajador social cree su identidad digital y pueda prestar un servicio online.

En La Habana existe una situación compleja con el completamiento de la plantilla de trabajadores sociales, y eso es una prioridad de trabajo porque, si no se cuenta con “los médicos del alma”, como los catalogó el comandante en jefe, se hace muy complejo lograr un adecuado trabajo preventivo.

Este año se incrementó la matrícula de estudiantes de la especialidad a más de mil en el nivel técnico medio y hay matriculados 47 trabajadores en la licenciatura: 27 en segundo año y 20 que iniciarán el primer año, lo que permite elevar el nivel de preparación.

También se intercambia con estudiantes de 12 grados en la comunidad, con el apoyo de los grupos de atención a las políticas sociales y del delegado, buscando líderes en la comunidad. La atención social ha permitido, a través del estudio realizado, dar un tratamiento diferenciado a las personas de mayor vulnerabilidad y crear un mecanismo más directo para la solicitud y los trámites de estos servicios, con la máxima de que en Cuba nadie puede quedar desamparado.

Observatorio: datos para decidir y transformar

Maily Morejón Concepción,  directora del Observatorio Social y Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social detalló que es una unidad de desarrollo e innovación inscrita en el propio ministerio, con varias funciones. En síntesis, transforma datos e información y la pone en manos de los principales directivos del ministerio para la toma de decisiones basada en esos datos.

El observatorio monitorea un grupo de indicadores sociales y laborales, permite hacer caracterizaciones, construir perfiles de vulnerabilidad, investigar a partir de la identificación de brechas, evaluar políticas y proponer el perfeccionamiento de programas y proyectos del ministerio.

Respecto al trabajo social, consideró que el observatorio le devuelve a esa dirección instrumentos y evidencias para perfeccionar la labor de los trabajadores sociales y hacerla más efectiva. Aporta, dijo, con sus investigaciones al cambio de enfoque que el ministerio y el país piden: pasar de asistir a transformar. Se trabajó en el perfeccionamiento del instrumento de caracterización social, con el que los trabajadores sociales caracterizan los hogares de su radio de acción, acompañado por un grupo de expertos del país.

El instrumento perfeccionado tiene hoy nueve componentes esenciales, desde la información general de la vivienda y los miembros del hogar hasta módulos de seguridad alimentaria y nutricional -una novedad-, la situación de niños y adolescentes, las condiciones de la vivienda y el acceso a servicios básicos.

Ello aporta al trabajo social una mirada completa al hogar, pues permite ver no solo la vivienda y los ingresos, que siempre se han analizado, sino también la ocupación, los servicios básicos y la alimentación; visibiliza las capacidades de los hogares para salir por sí mismos de su situación y los apoyos que requieren. El propio instrumento permite conectar el trabajo social con la protección social: no se trata solo de un registro, sino también de orientar el acompañamiento.

Índice de vulnerabilidad multidimensional

Desde el observatorio, y con los datos del instrumento de caracterización social en un proceso de pilotaje, se construyó el índice de vulnerabilidad multidimensional. Los trabajadores sociales de seis municipios del país están aplicando el instrumento perfeccionado y captando información que permite calcular ese índice, que no tiene una muestra representativa ni permite hacer inferencias al país, pero que tiene un valor importante: permite identificar hogares en vulnerabilidad multidimensional, saber quién es el jefe del hogar y quiénes lo componen, y ofrece una herramienta útil para el trabajo.

El índice tiene cinco dimensiones y 23 indicadores: una dimensión económica-laboral, con indicadores como ingresos, cuidados, empleo informal y tenencia de activos; una dimensión socioeducativa, que aborda el logro educativo de los adultos, la desvinculación escolar de niños y adolescentes y el acceso a programas de primera infancia; una dimensión de salud, desde el embarazo adolescente y el acceso a medicamentos para miembros con enfermedades crónicas hasta el suministro de agua; una dimensión de hábitat y entorno, que valora el estado técnico de la vivienda, el hacinamiento y el combustible para cocinar; y una dimensión de seguridad alimentaria, desde el acceso económico al alimento hasta las estrategias de afrontamiento para el consumo y para lidiar con la crisis, que pueden comprometer los medios de vida.

Con esos resultados, el trabajo social y los territorios donde se aplique el instrumento pueden identificar esos hogares, profundizar en las causas de las vulnerabilidades y en la reproducción de las privaciones, identificar capacidades y recursos de los integrantes para salir y ser resilientes, y determinar qué personas requieren atención prioritaria, es decir, hacer un ejercicio de priorización.

El ministerio ya ha desarrollado procesos que exigen no solo focalización, sino priorización de quienes más lo necesitan, utilizando el concepto de vulnerabilidad multidimensional: en las condiciones económicas actuales hay muchas personas vulnerables, pero algunas están en mejores condiciones para enfrentarla; quienes están en vulnerabilidad multidimensional se encuentran en condiciones mucho más difíciles.

El índice utiliza la metodología de Kirchhoff, de cálculo internacional de pobreza y vulnerabilidad. Se entiende que las personas en vulnerabilidad multidimensional tienen afectadas al menos dos dimensiones completas y pueden tener afectados entre 7 y 8 de los 23 indicadores al mismo tiempo, lo que complejiza la situación del hogar y puede requerir apoyo para salir de ella.

Desde el trabajo social se puede construir un plan de intervención con acciones concretas para proteger a esas familias, coordinar respuestas con las instituciones y servicios del territorio y dar seguimiento a los cambios. El índice es una herramienta útil para la toma de decisiones desde el trabajo social y desde los territorios.

Asimismo, el observatorio aporta y está en condiciones de aportar a la nueva dirección de trabajo social el fortalecimiento de capacidades para la evaluación de proyectos, programas y políticas que hoy diseña e implementa el ministerio, capacidades que pueden estar instaladas en los territorios y que se pueden fortalecer para conocer si el propósito de las intervenciones se ha cumplido y si hay que corregir o perfeccionar en el tiempo.

Antenas universitarias y programa de inclusión económica

Al preguntársele si esa interacción es solo a nivel de trabajadores sociales o también con las universidades en los territorios, Morejón Concepción respondió afirmativamente. Explicó que el Observatorio Social y Laboral tiene una extensión territorial mediante lo que han llamado antenas, que son los observatorios en los territorios, en una alianza especial con las universidades.

Se han conformado grupos intersectoriales: desde las universidades hay un coordinador de esa antena u observatorio, un profesor con elevada categoría científica y docente, que coordina un equipo integrado no solo por profesores universitarios y la academia, sino también por directivos de trabajo del territorio y por profesores, lo que da una mirada más integral a los fenómenos sociales y laborales que se investigan y aporta datos a las direcciones y a los consejos de la administración municipal para la toma de decisiones.

También señaló que desde el observatorio se trabajó para diseñar un programa a partir de las transformaciones, propiamente de la transformación 66, que permita trascender el asistencialismo. Se diseñó, de conjunto con los directivos del ministerio, el programa de inclusión económica mediante la dotación de activos productivos a pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad, que ya salió en la Gaceta.

Existen algunos ejemplos previos en el país, pero este programa tiene una particularidad: no solo se propone dotar de activos a personas y hogares en situación de vulnerabilidad, a miembros con capacidad para trabajar que estén en vulnerabilidad multidimensional, sino que como programa de inclusión económica tiene una convergencia de actores.

En él está el trabajo social, por la identificación y el conocimiento de esos hogares, y también directivos y actores de las direcciones de trabajo y del servicio de gestión de empleo. No se trata solo de ayudar a la persona a encontrar un empleo en función de sus capacidades, sino de acompañarla durante todo el proceso: desde la capacitación y el diseño de un plan de inclusión económica hasta el acompañamiento, para que pueda generar sus propios ingresos y salir de su situación de vulnerabilidad./cubadebate/El Programa de Trabajadores Sociales nació el 10 de septiembre de 2000 como iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro. Foto: Luis JIMÉNEZ ECHEVARRÍA/ ACN.

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