Colombia/Así la Brigada XX ejecutó militantes de la UP

Por: Juan Carlos Hurtado Fonseca

Uno de los casos que ilustra la responsabilidad del Estado en el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), fue la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y asesinato de cuatro de sus militantes en 1987. El 25 de julio de ese año, un juez ordenó la libertad de Bertil Prieto, Víctor Manuel Nieto y Francisco Luis Tobón por falta de pruebas.

Los tres habían pertenecido a las FARC-EP, se habían acogido a la amnistía y hacían trabajo político en la UP. Al día siguiente, José Alfredo Ávila, también militante del partido, fue a recogerlos a la cárcel La Modelo. La Compañía de Operaciones Especiales (COE) sabía que estaban libres. Hombres armados interceptaron el carro en el que viajaban. Dos días después, sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura en la vía a Villavicencio.

En 1993, la COE también asesinó a José Miller Chacón, secretario nacional de organización del Partido Comunista Colombiano y dirigente de la UP, quien había sido perfilado, seguido y vigilado por la Brigada XX. En un informe hallado por la JEP en los archivos de la Brigada, aparece como miembro de la Comisión Nacional de Finanzas de las FARC.

“La persecución contra la UP fue continua en Bogotá. Por lo menos 80 militantes y dirigentes fueron asesinados o desaparecidos en la ciudad entre 1985 y 1993”, expresa la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las víctimas de los militares fueron tenidas en cuenta en las investigaciones
que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad. Foto Prensa JEP

La investigación

Mediante un auto de determinación de hechos, el 10 de noviembre, este tribunal de paz llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos mientras eran integrantes de unidades de inteligencia militar estratégica en Bogotá, entre 1985 y 1993.

La decisión hace parte de los Casos 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.

Los investigadores reconstruyeron hechos con base en “23 versiones voluntarias rendidas por antiguos integrantes de la inteligencia militar estratégica, nueve declaraciones bajo juramento, la sistematización de 17 expedientes de la justicia penal ordinaria, de la justicia penal militar y procesos disciplinarios y el análisis exhaustivo y sistemático de los archivos de la Brigada XX del Ejército Nacional”. Además, participaron las víctimas.

Según la JEP, la doctrina contrainsurgente concebía la insurrección como un proceso que incluía un frente armado y un frente civil. Lógica bajo la cual los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos y las organizaciones políticas de oposición -como la UP- eran entendidos como “instrumentos de desestabilización”.

Dos patrones

Las investigaciones establecieron dos patrones de comportamiento.  Estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP en Bogotá, por parte de miembros del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, (COICI), luego Brigada XX, para destruir al partido político y contener un levantamiento insurreccional.

Así lo confirmó el compareciente ante este tribunal, teniente coronel Mauricio Luna, segundo comandante del Batallón de Inteligencia número 5 de la Brigada XX: “Fue un partido que se creó con el aval del presidente de su momento y en aquel momento se empezó a ver como si fuera el brazo armado de las FARC. Y por eso, pues al final pasó lo que pasó por allá a finales de los 80. Y ese yo creo que era el concepto que se tenía en ese tiempo, que estas organizaciones de alguna manera se convertían en brazos políticos de esas organizaciones armadas ilegales”.

El otro patrón fue detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos por parte de miembros del COICI, luego Brigada XX contra miembros de las guerrillas del M-19, del EPL y de las FARC, entre 1985 y 1993.

Con base en los archivos de la Brigada XX y al contrastar versiones voluntarias de comparecientes y testimonios de víctimas sobrevivientes, la Sala de Reconocimiento estableció que la inteligencia militar contribuyó de manera decisiva a construir, reproducir y hacer operativo el estigma según el cual la UP era parte orgánica de las FARC-EP.

Seguimiento al partido

“La violencia contra la UP en Bogotá fue pública, persistente y conocida por las autoridades. La ciudad registró 353 víctimas entre 1984 y 2016 y no tuvo un solo año sin hechos violentos contra integrantes del partido entre 1984 y 2006”, dice el documento de la JEP.

La estigmatización contra la UP dentro de la Brigada llegó a tal punto que esta era incorporada en los resúmenes de inteligencia, archivos operacionales y misiones de trabajo: “El partido fue descrito como cobertura o instrumento de las FARC-EP y su actividad electoral, sindical, comunitaria y proselitista fue interpretada como parte de un proyecto de insurrección general. Además, la inteligencia militar estratégica condujo vigilancias y seguimientos a miembros de la Unión Patriótica asociándolos al blanco FARC-EP. En desarrollo de esas tareas, la Dirección de Inteligencia del Ejército colombiano (DINTE) elaboró el listado denominado ‘UP- FARC’, con 2.624 nombres”.

Lo que sigue en el proceso

La Sala del tribunal de paz surgido del Acuerdo de La Habana ordenó a los ocho comparecientes que, dentro de los 15 días hábiles siguientes, entreguen información y un plan detallado para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.

Los comparecientes cuentan con 15 días hábiles para comunicar si reconocen verdad y responsabilidad o si controvierten lo determinado por la Sala. De la misma manera, las víctimas acreditadas, sus representantes y el Ministerio Público podrán presentar observaciones y aportar elementos.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá emitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. De lo contrario, sus casos podrán ser enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para iniciar un proceso adversarial que, de establecerse su responsabilidad, podría conducir a penas de hasta 20 años de prisión./VOZ

Deja una respuesta