Categoría: Carolina Vásquez Araya

Por Carolina Vásquez Araya

La pandemia tiene efectos solapados cuyas consecuencias se verán con el tiempo.

Estamos viviendo una de las etapas más extrañas de la historia reciente. Han cambiado los conceptos de libertad, así como las reglas del juego en el ámbito personal y en los entornos social, laboral y de entretenimiento, experimentándose un cambio radical al cual no estamos habituados. Aquello considerado normal hace menos de un año, hoy es visto como una conducta irresponsable contra las normas de convivencia impuestas por un virus invisible y potencialmente mortífero. Este nuevo marco de responsabilidad colectiva ha favorecido, por lo tanto, cambios en la vida cotidiana y en el ambiente político, en donde la imposición de limitaciones a la voz de la ciudadanía desde los centros de poder se ha consolidado gracias a medidas de emergencia dictadas por los gobiernos.

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Por Carolina Vásquez Araya

Es enorme el valor de una prensa libre, independiente, ética y con capacidad investigativa.

Una de las principales estrategias de las dictaduras –explícitas, solapadas o en plena evolución- es atacar a la prensa independiente para cercenar de un certero golpe la capacidad de reflexión, análisis y convocatoria de la ciudadanía ante los abusos de sus gobernantes. La prensa correctamente orientada hacia el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión y el derecho del pueblo a ser informado, es el instrumento indispensable en la consolidación de las democracias. Esto lo saben bien quienes aspiran a ejercer el poder sin fuerzas opuestas, en un ambiente controlado al cual no tenga acceso la mirada pública.

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Por Carolina Vásquez Araya

Luego de una campaña intensa y cargada de emociones, viene el golpe de realidad.

El 25 de octubre pasado, más de 7 millones y medio de chilenos acudieron a las urnas para decidir entre la continuidad del sistema político-constitucional actual o un cambio en las reglas del juego. El cambio ganó con casi un 80 por ciento de aprobación, legitimando las exigencias de una sociedad en pie de lucha, cansada de los abusos del neoliberalismo crudo y duro implantado en Chile desde el golpe de Estado perpetrado por el general Pinochet y respaldado con dinero y logística por Estados Unidos. Esta victoria del movimiento de protesta, gatillado por los estudiantes secundarios en octubre del año pasado, ha abierto una ruta de esperanza, pero también de fuertes desafíos.

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Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologias sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.

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Por Carolina Vásquez Araya

La maternidad forzada es una carga injusta; contra las niñas, es un crimen imperdonable.

Las cifras de niñas y adolescentes madres en la región centroamericana –más de 215 mil solo en 2019, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos internacionales- es uno de esos indicadores, como el de la pobreza extrema, excluidos de las políticas públicas prioritarias de los gobiernos. Quienes poseen las llaves del poder desde sectores privilegiados consideran estas patologías sociales como un fenómeno natural, inevitable, cuya responsabilidad recae en quienes las sufren y jamás entre quienes las provocan.

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Por Carolina Vásquez Araya

La historia nos ha enseñado la amarga verdad: el cuerpo femenino como un bien colectivo.

En días recientes Dawn Wooten, enfermera estadounidense, ha denunciado la práctica de esterilizaciones forzadas practicadas contra mujeres migrantes en el centro de detención del condado de Irwin, Georgia. Sus alegatos han levantado polvo: por un lado, acusaciones de quienes intentan desacreditar a la denunciante y, por otro, la exigencia –desde altas instancias en la Cámara de Representantes- de profundas y extensas investigaciones sobre estas posibles violaciones contra los derechos humanos de las víctimas.

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Por Carolina Vásquez Araya

La separación entre Iglesia y Estado representa una garantía de corrección política.

Las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres han sido la manera como se manifiesta con toda su fuerza un sistema de dominación patriarcal y, por lo tanto, la existencia de normas opuestas al ejercicio pleno del derecho sobre su cuerpo, constituye una abierta violación a su integridad. De ahí que las limitaciones legales a una interrupción segura del embarazo, en lugar de proteger la vida de niñas, adolescentes y mujeres, las coloca en alto riesgo con el agravante de imponerles castigos extremos aun cuando el aborto se haya producido de manera natural y espontánea. Es importante señalar, entonces, que la decisión de dictar leyes para criminalizar e impedir esa intervención quirúrgica -muchas veces en un contexto de riesgo vital- no ha reducido en nada la práctica clandestina de interrupir un embarazo, la cual por lo general se produce en pésimas condiciones poniendo en peligro la vida de quienes se someten a ella.

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