Me propongo hablar de la toma y contratoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en las cuatro décadas de impunidad reinante. Fue un claro fenómeno de necropolítica, como lo plantea el autor camerunés Achille Mbembe.
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El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en
pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de
desaparecidos y una cúpula judicial masacrada
Por: Juan Esteban Lewin
“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.
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Por: Equipo Colarebo Colombia
La sociedad de Medellín debe preocuparse por quienes la representan en el gobierno municipal. Es necesario poner más atención acerca de las personas elegidas para legislar en la ciudad.
No se puede permitir que un concejal con trayectoria en las drogas, salga a perseguir a los ciudadanos con un bate, al frente de vociferantes comandos paramilitares que tanto dolor y muerte han dejado en el país y que a voz en cuello, reclaman su retorno al poder.
Hay un repetida coincidencia de drogas, centro democrático y paramilitarismo, que la justicia debe investigar y judicializar para sanidad de las instituciones y de la nación.
El alcalde, en vez de estar fomentando y oficializando las hordas de paramilitares, debería dedicarse a ayudar a este tipo de concejales e internarlos en algún centro de rehabilitación, así sea con dineros provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Ese sería un destino más útil y noble de los recursos municipales. O también que el gobernador se ingenie otra «vaca» para tan necesario propósito de ayudar a sus copartidarios.
Se espera una debida acción judicial y una profunda reflexión ciudadana sobre sus preferencias electorales, porque candidatos más probos sí los hay. Las personas que sí tengan el valor civil deberían renunciar a sus cargos ante tan desaforadas y repudiables comportamientos en la cadena alcalde-secretario de seguridad-concejal-contratistas paramilitares.
Con dineros públicos no se puede pagar a civiles para que golpeen brutalmente a los ciudadanos. Es un delito que debe ser castigado. Si la justicia no opera, el voto y el veto ciudadano sí deben hacerlo.
Octubre 09 de 2025
Por: Colectivo político al socialismo en nuestra América
La declaratoria de culpabilidad de un expresidente de Colombia, dictaminada por una juez del sector limpio de la rama judicial, es mucho más que el juicio a una persona, es el de un período y un proceder en la sociedad. No cae un individuo, cae una era. La calidad de esta decisión coloca al país en un lugar alto en el concierto de naciones y representa un ejemplar avance de civilización desde un punto de vista de construcción de una sociedad más justa y humanista, en la que pese la ética y en la que las personas puedan vivir con dignidad y con el derecho al plano disfrute de su existencia, sin ningún tipo de discriminación, preferencias para que nadie pueda someter a otros al maltrato, la esclavitud y la explotación alienante.
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Por: Francia Márquez*
Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo.
El 7 de agosto de 2022 hice un juramento solemne ante el Pueblo colombiano: defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia. Desde entonces, he caminado con la convicción profunda de que la lealtad a ese compromiso es también la lealtad al pueblo, a la democracia y a la esperanza de millones de personas que creen en un país diferente.
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He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista Español Quesada en el diario El País.
Por Gustavo Petro
Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón.
Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Thomas y Gregg, por lo cual lo sancionó la Procuraduría; tampoco quise que su hijo, ocupase la Cancillería o una Embajada, como si la democracia fuera hereditaria. El nombramiento de Laura Sarabia y Benedetti lo llenó de odio. Debo decir que jamás, hasta hace poco tiempo, me enteré de esa petición que hizo a Benedetti y era dirigida a mí.
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El ex ministro de Exteriores, según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso EL PAÍS, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez
Por: Juan Diego Quesada
Álvaro Leyva, excanciller colombiano durante este Gobierno, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leyva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta.
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El reciente debate entre los juristas Mauricio Gaona y Eduardo Montealegre ha puesto en evidencia dos visiones opuestas del Estado de Derecho en Colombia. Más que una confrontación académica, este refleja tensiones profundas y persistentes en el diseño institucional del país.
Por Jeison Paba Reyes
Fue una discusión que va más allá de lo jurídico y que toca directamente el modelo de nación que se ha venido construyendo —o desfigurando— durante las últimas décadas.
Desde hace más de treinta años, la Constitución de 1991 ha sido celebrada como un avance democrático sin precedentes. Su enfoque de derechos fundamentales, la participación ciudadana y el Estado Social de Derecho marcó una ruptura con el orden centralista y excluyente, que predominó bajo la Constitución de 1886.
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La plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento y aprobó la Reforma Pensional.
En sesiones extraordinarias, y luego de 8 horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento que señaló la Corte Constitucional a la Reforma Pensional y la norma quedó aprobada para beneficio de las y los colombianos.
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Por: Colectivo Político socialismo en nuestra América
Creemos que para el pueblo y la sociedad colombiana es necesario dar continuidad al proyecto progresista del gobierno del cambio. Sus logros económicos, políticos y sociales han sido significativos y el presidente Petro se consolida como un líder mundial con su papel de dirección en la CELAC, sus relaciones con los BRICS y su adhesión a la ruta de la seda que busca mejorar el posicionamiento del país en el comercio internacional.
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COLAREBO 