Curules para la paz, otra vez será

Alfonso Castillo

Y el día de la elección de las curules para la paz llegó por fin, tras un tortuoso camino, el 13 de marzo del 2022 fueron elegidas por primera vez las 16 circunscripciones transitorias especiales para la paz, proceso que culmina en medio de múltiples polémicas, cuestionamientos a algunos de los elegidos y al gobierno de Iván Duque que, claramente no acompañó este proceso. Y por supuesto con muchas lecciones para las víctimas, sus organizaciones y las comunidades, en las cuales se estableció este mecanismo excepcional como parte del acuerdo final de paz firmado entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

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Por, Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos.

A propósito de la unidad más amplia para derrotar la guerra en Colombia y cambiar el rumbo del país en la perspectiva de la construcción de la paz, es necesario qué se construyan unos criterios mínimos qué se requieren para cumplir este gran propósito nacional.

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 Alfonso Castillo

Por estos días ha estado sonando a través de los medios de comunicación, en medio de múltiples cuestionamientos y suspicacias, el nombre de Darío Antonio Úsuga más conocido como “alias” Otoniel, jefe del grupo paramilitar denominado el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas,  está vistosidad mediática ocurrió después de que Otoniel solicitará en carta enviada el 18 de febrero a los miembros de la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, alegando su condición de “tercero colaborador de las fuerzas armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares”, tal como lo menciona en la mencionada carta. Y aunque esté jefe criminal ya estaba acudiendo al tribunal especial en su calidad de testigo esta nueva solicitud busca obtener algunos beneficios que podría recibir en el marco de lo establecido en la ley 1957 del 2019 qué fija el marco normativo del funcionamiento de ese tribunal.

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Por Alfonso Castillo 

El pasado viernes 29 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, toma la decisión de levantar la “investigación preliminar” que adelantaba en Colombia desde el año 2004 por crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado de este país. Esta decisión no deja de ser un absurdo, por cuanto los hechos de creciente impunidad, recrudecimiento de la violencia y el evidente desinterés del gobierno de Iván Duque en establecer un claro compromiso para cumplir el acuerdo final de paz y garantizar una política pública de reparación y garantía de no repetición a millones de víctimas.

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