Por: Antonio Ponce*
La sentencia es la primera vez que el tribunal declara a un país culpable de genocidio y abre la puerta a indemnizaciones para la minoría rohinyá, que padeció masacres y desplazamientos en 2017, a la vez que marca jurisprudencia para el caso de Gaza.
El humo de la destrucción se alzaba sobre la ciudad birmana de Maungdaw y cubría con una niebla el río Naf. Cientos de miles de civiles cruzaban sus aguas en una huida desesperada. Era 2017 y Matthew Smith, fundador del grupo de derechos humanos Fortify Rights, estaba al otro lado de la ribera, en suelo de Bangladés, recibiendo a los refugiados que llegaban mutilados por los machetazos de la masacre en curso. «Llevaba investigando violaciones de derechos humanos desde los 2000, pero en ese momento nos dimos cuenta de que algo mucho más grande y siniestro estaba ocurriendo. Nunca había visto nada igual», recuerda a ElConfidencial.
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