Por: Cicerón Flórez Moya
Deben tener razón quienes denuncian como grave la propuesta legislativa de desmontar la ley de garantías en la etapa preelectoral en que está el país. La advertencia sobre los riesgos que ese empeño político implica contra la democracia no es solamente de dirigentes de la oposición al gobierno sino también de voceros de los sectores de la producción, de los líderes sindicales y de diversas vertientes sociales. Porque dejar sin control el gasto público cuando se va a decidir sobre el Congreso y la Presidencia de Colombia es abrirles la puerta a los operadores de la corrupción, interesados en seguir explotando el poder en beneficio de sus ambiciones particulares.
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