Presidente Petro incrementó en 23,7% el salario mínimo en Colombia

La medida fue presentada como la implantación del «salario mínimo vital» y quedó en dos millones de pesos mensuales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó este jueves ante una multitud un nuevo decreto del aumento del salario mínimo para este año, como se lo ordenó hace una semana el máximo tribunal administrativo del país, y mantuvo el incremento en el 23,7%.

El salario mínimo «es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia», expresó Petro al exhibir el documento firmado a la multitud que lo acompañó en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

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Petro toma la delantera en la batalla del salario mínimo en Colombia

El ministro de Trabajo anuncia que la mayoría de los gremios acepta el aumento del 23% que el presidente decretó .

Por: Camila Osorio

Gustavo Petro ha hecho una nueva movida económica más polémica a solo meses de las elecciones legislativas de este año: decretar la última semana de diciembre un aumento del salario mínimo para el 2026 de un 23%, para que quedara en 2 millones de pesos, un poco más de 500 dólares. Es una cifra muy superior a la inflación de Colombia en 2025, el 5,1%, y a lo que el sector privado y los sindicatos habían propuesto a finales del 2025, 9% y 15% respectivamente, en una mesa de concertación donde el Gobierno suele sentarse como árbitro entre ellos, no como el actor que sube la apuesta. Los gremios criticaron fuertemente la decisión, y muchas voces alertaron del riesgo de aumentar la inflación y profundizar el ya alto déficit fiscal. El decreto del salario mínimo recibió múltiples demandas y el Consejo de Estado, la semana pasada, lo suspendió. También pidió al Gobierno una mejor argumentación y le dio ocho días para emitir un nuevo decreto. Pese a esos ruidos, la movida económica de Petro le ha dado una victoria política. Tanto los gremios como las cabezas de la derecha ahora piden mantener ese aumento del 23%.

Esencialmente, candidatos en la derecha argumentan que el Ejecutivo puede dar alivios tributarios al empresariado que debe pagar ese salario. Algo similar ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce Mac Master, el gremio más grande de Colombia. “El país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo se han generado”, añadió el viernes pasado, tras conocer la decisión judicial. El presidente y sus seguidores convocaron a manifestaciones, el próximo jueves, para también mostrar el apoyo popular al aumento.

El Gobierno también convocó a un encuentro de la mesa de concertación este lunes, para escuchar las posiciones de empresarios y trabajadores sobre la suspensión. “Fue una conversación fluida, respetuosa, franca”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al salir de la reunión. “Hemos constatado que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor: [dicen] que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7%”. Las centrales sindicales, como era lo esperado, tampoco quieren modificar la cifra, contó el político de izquierdas. El ministro insistió en que se refería a “la mayoría”, puesto que la Federación Nacional de Comerciantes o Fenalco, ha insistido con que el incremento del 23% implica la pérdida de 773.000 empleos. Su cabeza, el antiguo congresista conservador Jaime Alberto Cabal, se negó el año pasado a mantener las negociaciones ante lo que consideraba una solicitud excesiva de los sindicatos.

El Gobierno ahora debe emitir el decreto que cumpla con los requisitos que exige el Consejo de Estado, que es esencialmente una nueva argumentación. Los críticos del Gobierno señalan que el presidente sustentó el decreto en un inédito argumento de crear un “salario vital familiar”, el monto que necesita una unidad familiar para vivir dignamente según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, y dejó de lado factores como la productividad o la inflación, que exige la ley que regula los incrementos.

“Los trabajadores y trabajadoras no viven solos, viven en su familia”, ha dicho el jefe de Estado cuando lanzó su decreto en diciembre, en defensa de su aumento, que parte del concepto de salario vital que ha defendido la Corte Constitucional. Según ese cálculo del presidente, en promedio hay 3,4 personas por familia, y de ellas 1,5 son trabajadores. La canasta familiar es un poco más de tres millones de pesos, por eso el Gobierno considera que se cubriría ese mínimo vital familiar con 2 millones de pesos de salario por cada trabajador. Reconoció que es un aumento que genera “presión sobre los precios”, en referencia al temor de que suba la inflación, pero quería “democratizar la riqueza para que la mayoría de la gente que trabaja viva mejor”.

Un mes y medio después, y dado el resultado de la comisión tripartita, lo más probable es que Petro reitere el aumento del 23,7% con el nuevo decreto. Aunque ahora tenga la tarea de ponderar los demás elementos en una argumentación distinta, ya ha logrado que los gremios empresariales y la derecha acepten su aumento, una victoria política clave para el primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea. Es una victoria también para sus candidatos al Congreso, que llegarán a las urnas en menos de tres semanas con el viento de haber logrado un histórico aumento del salario mínimo, de más de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación.

Petro adopta modelo de salud pos neoliberal.

Por: Horacio Duque.
El sistema neoliberal impuesto a punta de plomo y masacre desde los años noventa del siglo XX por los gobiernos de la Ultraderecha (Gaviria, Pastrana), y en concreto por las dos administraciones paramilitares de Uribe Vélez (hoy condenado por la justicia), fue especialmente cruel con el derecho a la salud de los colombianos, que se convirtió en una vulgar mercancía. La ley 100 de 1993 encabezada por el Senador paisa Álvaro Uribe Velez, creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que sirvió de plataforma jurídica para la privatización de la salud y la conformación de un gigantesco negocio centralizado en las Empresas Prestadoras de Salud EPS (con sus hospitales y clínicas de bolsillo y las Gestoras Farmacéuticas), los pulpos que han explotado y saqueado durante más de 30 años los dineros apropiados por el Estado para atender las necesidades y los problemas de la salud de millones de colombianos.


Desde el primer momento de la actual administración popular del presidente Gustavo Petro en representación de un potente Bloque popular, la gestión del gobierno y de la brillante Ministra de la Salud, Carolina Corcho, se orientó a erradicar toda la arquitectura institucional y financiera de ese esquema neoliberal líquido, pero la oposición del bloque de las EPS y de todos los negociantes de la salud (incluidos los políticos de la ultraderecha) se encuadró para desatar y promover un aterrador bloqueo institucional y legislativo para impedir las reformas y recuperar el interés colectivo en este campo tan sensible para la sociedad; los agentes del biopoder y la biopolitica cerraron filas para aplastar la democratización del derecho a la salud en una perspectiva post neoliberal. Hasta el momento lo han logrado, profundizando la bancarrota financiera y social de la prestación de servicio a la salud.
Sin embargo, el gobierno, el presidente Petro y los Ministros de la salud, han hecho, de manera paciente un aprendizaje para lidiar con el feroz encono de los opositores pagados por las EPS que se concentran en la Comisión 7 del Senado de la Republica bajo su absoluto control.
Haciendo uso de los recursos institucionales y jurídicos, Petro y el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso han expedido el 30 de julio del 2025 el decreto 0858 mediante el cual se establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.
El decreto prácticamente coloca las bases del modelo post neoliberal en la salud colombiana con cuatro pilares: a) Gobernabilidad y gobernanza con un componente muy fuerte de participación ciudadana y control social a través de Veedurías comunitarias en todos los niveles; b) Redes Integradas e Integrales de Salud; c) Trabajo digno y decente para el talento humano en salud y para otros trabajadores del sector; d) Calidad y Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria en Salud SI-APS.

Este decreto dispone que el Ministerio de Salud será el ente rector a nivel nacional, mientras que, en el ámbito territorial, serán los departamentos, distritos y municipios quienes asumirán el liderazgo.
Así, serán las entidades públicas las encargadas de definir las directrices de implementación y ejecución del sistema.
Uno de los principios clave de la reforma es la territorialización del sistema. Para el Gobierno, esto se entiende como un proceso orientado a identificar las condiciones económicas, sociales y políticas necesarias para poner en marcha el nuevo modelo de atención. A esto se suma que las autoridades del orden departamental, distrital y municipal podrán estructurar esquemas de atención predictiva y resolutiva para garantizar el derecho a la salud.
De igual manera se dispone la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, las cuales estarían conformadas por entidades departamentales y distritales. Su objetivo sería garantizar la calidad, la equidad y la continuidad en la prestación de los servicios.
Estas redes estarán integradas por un nivel primario compuesto por IPS públicas, privadas y mixtas, así como por los Centros de Atención Primaria en Salud, conocidos como Caps, que se integrarán de manera progresiva, también se involucrarían profesionales independientes y actores involucrados en el transporte de pacientes.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS (clínicas y hospitales), tanto públicas como privadas, deberán organizarse bajo esta figura (CAPS) y ofrecer la atención correspondiente para consolidar un enfoque preventivo.
Así, los Caps, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos
El nivel complementario de la Red Integrada Territorial abarcará los servicios de salud de mediana y alta complejidad, así como el talento humano del sistema. De acuerdo con el decreto, este nivel actuará en articulación con las redes regionales y nacionales cuando sea requerido, lo que permitirá garantizar la interconexión entre los diferentes actores del modelo a nivel nacional.
El Ministerio de Salud se articulará con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Trabajo para avanzar, en un plazo de seis meses, en la formalización del talento humano del sector salud. También se indicó que se promoverá la disponibilidad de datos abiertos, permitiendo así que la ciudadanía acceda de manera libre a información relevante del sistema.
El nuevo modelo sanitario se financiará con recursos de la Adres, del Sistema General de Participaciones, del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes que sean asignadas por el Ejecutivo.
El decreto define las funciones que tendrá las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ahora transformadas en Gestoras de salud.
El decreto elimina la intermediación de las EPS, motivo por el cual se abre el espacio para que el Gobierno nacional gire los recursos directamente a los hospitales.
Hasta el momento la prensa corporativa al servicio de las EPS ha enfilado todas sus baterías para desinformar y distorsionar los alcances de esta trascendental reforma a la salud, de la que conviene, en principio, destacar la transformación de las EPS en Gestoras de salud.
Así, las Gestoras de salud serán el eje central del nuevo modelo sanitario colombiano.
Las Gestoras de Salud tienen como objetivo:

Las regiones deberán tener en cuenta su cultura, geografía, riesgos ambientales y condiciones sociales para planificar los servicios.
Es necesario socializar rápidamente este nuevo modelo entre las comunidades con campañas publicitarias y estrategias pedagógicas que permitan masificar sus sentidos y alcances populares.

Mejorar la gestión de servicios de salud: buscan optimizar la atención médica y reducir los tiempos de espera.

Incrementar la eficiencia: pretenden reducir costos y mejorar la calidad de los servicios.

Focalizarse en la atención integral: se centran en la atención integral de los pacientes, considerando sus necesidades y condiciones de salud.
Las Gestoras de Salud tendrán un enfoque más integral y personalizado en la atención médica, lo que podría mejorar la calidad de los servicios de salud para los pacientes. Sin embargo, es importante evaluar cómo se implementan y funcionan en la práctica.
Las funciones de las gestoras de salud serán las siguientes:

Coordinar los procesos de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención.

Garantizar la adscripción poblacional a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).

Asegurar la articulación entre prestadores para la continuidad del cuidado.

Desarrollar acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
En esos términos, conviene subrayar el cambio que se debe dar en la salud en los próximos meses:

Se prioriza la atención primaria y comunitaria, con equipos profesionales que llegarán directamente a las comunidades, incluso en zonas rurales apartadas.

Los ciudadanos contarán con equipos territoriales de salud, encargados de seguimiento, prevención y detección temprana de enfermedades.

Colombia/La respuesta del Presidente Gustavo Petro a los hechos conocidos hoy con relación a Leyva.

He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista Español Quesada en el diario El País.

Por Gustavo Petro

Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón.

Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Thomas y Gregg, por lo cual lo sancionó la Procuraduría; tampoco quise que su hijo, ocupase la Cancillería o una Embajada, como si la democracia fuera hereditaria. El nombramiento de Laura Sarabia y Benedetti lo llenó de odio. Debo decir que jamás, hasta hace poco tiempo, me enteré de esa petición que hizo a Benedetti y era dirigida a mí.

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El excanciller Álvaro Leyva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro

El ex ministro de Exteriores, según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso EL PAÍS, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez

Por: Juan Diego Quesada

Álvaro Leyva, excanciller colombiano durante este Gobierno, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leyva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta.

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Colombia/Plenaria de la Cámara subsanó vicio de procedimiento y aprobó la Reforma Pensional

La plenaria de la​ Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento y aprobó la Reforma Pensional.

En sesiones extraordinarias, y luego de 8 horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes subsanó el vicio de procedimiento que señaló la Corte Constitucional a la Reforma Pensional y la norma quedó aprobada para beneficio de las y los colombianos.

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Decreto de consulta popular genera polémica jurídica en Colombia

La firma de un decreto por parte del presidente Gustavo Petro para
convocar a la consulta popular genera hoy polémica en el ámbito jurídico
de Colombia, mientras en el Senado se retoma el debate de la reforma
laboral.

De acuerdo con el ministro designado de Justicia, Eduardo Montealegre, el Gobierno apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad sobre el concepto desfavorable del Senado, que el pasado 14 de mayo declaró hundida la propuesta con 47 votos a favor y 49 en contra.

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Presidente de Colombia firmó decreto sobre consulta popular

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comunicó hoy que firmó el decreto de convocatoria para la consulta popular impulsada por su Gobierno con el fin de introducir cambios en la legislación laboral del país.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario aseveró que solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso.

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Presidente de Colombia convocará la consulta popular mediante decreto

La consulta popular promovida hoy por el Gobierno de Colombia para modificar la legislación laboral en el país se convocará mediante decreto presidencial, según anunció el mandatario de la nación, Gustavo Petro.

“Voy a decretar la Consulta Popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes”, afirmó el jefe de Estado.

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Colombia/“Antes del 11 de junio Petro convocará la consulta popular”: Montealegre

El exfiscal afirmó que «se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad» durante la votación en el Senado.

Antes del 11 de junio, el Presidente Gustavo Petro convocará vía decreto la consulta popular, así lo confirmó el exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre.

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