Petro adopta modelo de salud pos neoliberal.

Por: Horacio Duque.
El sistema neoliberal impuesto a punta de plomo y masacre desde los años noventa del siglo XX por los gobiernos de la Ultraderecha (Gaviria, Pastrana), y en concreto por las dos administraciones paramilitares de Uribe Vélez (hoy condenado por la justicia), fue especialmente cruel con el derecho a la salud de los colombianos, que se convirtió en una vulgar mercancía. La ley 100 de 1993 encabezada por el Senador paisa Álvaro Uribe Velez, creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que sirvió de plataforma jurídica para la privatización de la salud y la conformación de un gigantesco negocio centralizado en las Empresas Prestadoras de Salud EPS (con sus hospitales y clínicas de bolsillo y las Gestoras Farmacéuticas), los pulpos que han explotado y saqueado durante más de 30 años los dineros apropiados por el Estado para atender las necesidades y los problemas de la salud de millones de colombianos.


Desde el primer momento de la actual administración popular del presidente Gustavo Petro en representación de un potente Bloque popular, la gestión del gobierno y de la brillante Ministra de la Salud, Carolina Corcho, se orientó a erradicar toda la arquitectura institucional y financiera de ese esquema neoliberal líquido, pero la oposición del bloque de las EPS y de todos los negociantes de la salud (incluidos los políticos de la ultraderecha) se encuadró para desatar y promover un aterrador bloqueo institucional y legislativo para impedir las reformas y recuperar el interés colectivo en este campo tan sensible para la sociedad; los agentes del biopoder y la biopolitica cerraron filas para aplastar la democratización del derecho a la salud en una perspectiva post neoliberal. Hasta el momento lo han logrado, profundizando la bancarrota financiera y social de la prestación de servicio a la salud.
Sin embargo, el gobierno, el presidente Petro y los Ministros de la salud, han hecho, de manera paciente un aprendizaje para lidiar con el feroz encono de los opositores pagados por las EPS que se concentran en la Comisión 7 del Senado de la Republica bajo su absoluto control.
Haciendo uso de los recursos institucionales y jurídicos, Petro y el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso han expedido el 30 de julio del 2025 el decreto 0858 mediante el cual se establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.
El decreto prácticamente coloca las bases del modelo post neoliberal en la salud colombiana con cuatro pilares: a) Gobernabilidad y gobernanza con un componente muy fuerte de participación ciudadana y control social a través de Veedurías comunitarias en todos los niveles; b) Redes Integradas e Integrales de Salud; c) Trabajo digno y decente para el talento humano en salud y para otros trabajadores del sector; d) Calidad y Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria en Salud SI-APS.

Este decreto dispone que el Ministerio de Salud será el ente rector a nivel nacional, mientras que, en el ámbito territorial, serán los departamentos, distritos y municipios quienes asumirán el liderazgo.
Así, serán las entidades públicas las encargadas de definir las directrices de implementación y ejecución del sistema.
Uno de los principios clave de la reforma es la territorialización del sistema. Para el Gobierno, esto se entiende como un proceso orientado a identificar las condiciones económicas, sociales y políticas necesarias para poner en marcha el nuevo modelo de atención. A esto se suma que las autoridades del orden departamental, distrital y municipal podrán estructurar esquemas de atención predictiva y resolutiva para garantizar el derecho a la salud.
De igual manera se dispone la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, las cuales estarían conformadas por entidades departamentales y distritales. Su objetivo sería garantizar la calidad, la equidad y la continuidad en la prestación de los servicios.
Estas redes estarán integradas por un nivel primario compuesto por IPS públicas, privadas y mixtas, así como por los Centros de Atención Primaria en Salud, conocidos como Caps, que se integrarán de manera progresiva, también se involucrarían profesionales independientes y actores involucrados en el transporte de pacientes.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS (clínicas y hospitales), tanto públicas como privadas, deberán organizarse bajo esta figura (CAPS) y ofrecer la atención correspondiente para consolidar un enfoque preventivo.
Así, los Caps, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos
El nivel complementario de la Red Integrada Territorial abarcará los servicios de salud de mediana y alta complejidad, así como el talento humano del sistema. De acuerdo con el decreto, este nivel actuará en articulación con las redes regionales y nacionales cuando sea requerido, lo que permitirá garantizar la interconexión entre los diferentes actores del modelo a nivel nacional.
El Ministerio de Salud se articulará con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Trabajo para avanzar, en un plazo de seis meses, en la formalización del talento humano del sector salud. También se indicó que se promoverá la disponibilidad de datos abiertos, permitiendo así que la ciudadanía acceda de manera libre a información relevante del sistema.
El nuevo modelo sanitario se financiará con recursos de la Adres, del Sistema General de Participaciones, del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes que sean asignadas por el Ejecutivo.
El decreto define las funciones que tendrá las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ahora transformadas en Gestoras de salud.
El decreto elimina la intermediación de las EPS, motivo por el cual se abre el espacio para que el Gobierno nacional gire los recursos directamente a los hospitales.
Hasta el momento la prensa corporativa al servicio de las EPS ha enfilado todas sus baterías para desinformar y distorsionar los alcances de esta trascendental reforma a la salud, de la que conviene, en principio, destacar la transformación de las EPS en Gestoras de salud.
Así, las Gestoras de salud serán el eje central del nuevo modelo sanitario colombiano.
Las Gestoras de Salud tienen como objetivo:

Las regiones deberán tener en cuenta su cultura, geografía, riesgos ambientales y condiciones sociales para planificar los servicios.
Es necesario socializar rápidamente este nuevo modelo entre las comunidades con campañas publicitarias y estrategias pedagógicas que permitan masificar sus sentidos y alcances populares.

Mejorar la gestión de servicios de salud: buscan optimizar la atención médica y reducir los tiempos de espera.

Incrementar la eficiencia: pretenden reducir costos y mejorar la calidad de los servicios.

Focalizarse en la atención integral: se centran en la atención integral de los pacientes, considerando sus necesidades y condiciones de salud.
Las Gestoras de Salud tendrán un enfoque más integral y personalizado en la atención médica, lo que podría mejorar la calidad de los servicios de salud para los pacientes. Sin embargo, es importante evaluar cómo se implementan y funcionan en la práctica.
Las funciones de las gestoras de salud serán las siguientes:

Coordinar los procesos de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención.

Garantizar la adscripción poblacional a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).

Asegurar la articulación entre prestadores para la continuidad del cuidado.

Desarrollar acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
En esos términos, conviene subrayar el cambio que se debe dar en la salud en los próximos meses:

Se prioriza la atención primaria y comunitaria, con equipos profesionales que llegarán directamente a las comunidades, incluso en zonas rurales apartadas.

Los ciudadanos contarán con equipos territoriales de salud, encargados de seguimiento, prevención y detección temprana de enfermedades.

Colombia/ Nos robaron hasta el derecho a vivir: La verdad sobre la salud en colombia.

Por: Omar Romero D

Colombianos y colombianas:

Nos han mentido. Nos dijeron que las EPS eran necesarias, que sin ellas la salud se volvería un caos. Pero el caos ya está aquí, y no lo creó el pueblo, lo creó una oligarquía que convirtió nuestro derecho a vivir en su fuente de riqueza. Nos enfermaron para enriquecerse, nos hicieron esperar meses por una cita médica mientras ellos entraban a la lista de los más ricos del mundo.

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Cuba defiende en la OMS sistemas de salud universales y solidarios

El Dr. José Angel Portal, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, intervino hoy ante el Plenario de la 78° Asamblea Mundial de la Salud, evento que convoca por estos días a altas personalidades mundiales de ese sector.

En su intervención, enfatizó que el Acuerdo sobre Pandemias recién aprobado debe ser una guía práctica y vinculante, basada en el compromiso de no repetir errores ni excluir a nadie.

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Más para las EPS y menos para la gente

DR. SERGIO ISAZA 

El Ministerio de Salud y Protección Social prepara una resolución que reglamentará los “estándares, criterios y procedimientos para la habilitación del Prestador Primario de Servicios de Salud”, o sea la atención médica en los “ámbitos territoriales rurales”, como llama la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) a las áreas rurales desde Enero de 2016.

La norma establece que los servicios de optometría, nutrición, dietética, fisioterapia, imágenes diagnósticas, ginecobstetricia, anestesia, cirugía general, medicina interna, pediatría y ortopedia, entre otros, dejarían de prestarse en los municipios con menos de un millón de habitantes.

La resolución de Minsalud no tiene en cuenta que las poblaciones con menos de un millón de habitantes están en la mayor parte del territorio nacional y obliga a sus gentes a viajar a las grandes ciudades, mermándoles sus posibilidades de acceso a los servicios médicos.

Esta es otra muestra de injusticia social y de inequidad del sistema de salud colombiano, pues atenta contra la ya difícil situación económica de su Pueblo, incrementa la pérdida de oportunidad de la atención, aumenta la carga de enfermedad, el riesgo de mortalidad y el sufrimiento evitable.

Por otra parte, empeorará la sobresaturación ya existente de servicios médicos en las grandes ciudades, en donde las citas son dadas hasta 3 y 6 meses después de haberlas solicitado.

En su intento por regular a los hospitales de baja y alta complejidad o prestadores primarios y complementarios, el gobierno define como centros urbanos a las poblaciones con más de un millón de habitantes.

Es decir, solamente son Bogotá, Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con sus áreas metropolitanas, donde vive aproximadamente el 35% de la población, que ocupa apenas un 3% del territorio nacional.

Tal definición obstaculiza el acceso a los servicios de salud del 65% de la población que habita el otro 97% del resto del territorio nacional.

En resumen, la medida:

1) Formaliza practicas malsanas de las EPS y concentra su atención médica en las grandes ciudades para que obtengan mayores ganancias, con lo cual institucionaliza la inaceptable política pro “ánimo de lucro”

2) Atenta contra el derecho integral a la salud, pues aleja los sitios de atención de los de vivienda y trabajo.

3) Vuelve muy difícil y caro el desplazamiento del 65% de la población que vive en el territorio “Rural y Rural disperso”, ya que para llegar a esas ciudades buena parte de sus gentes deben recorrer largas distancias por carreteables, caminos de herradura, ríos o aire, a altos costos.

4) Todo esto se convierte en otra barrera a la cobertura universal, la atención oportuna y la continuidad.

La supresión de los servicios de salud que hoy se prestan en las áreas rurales presionará cada vez más el uso de la alta complejidad en los grandes centros urbanos, aumentará la inequidad entre la periferia y el centro del país, ampliará las brechas socio-económicas y empeorará la calidad de vida de la población más vulnerable.

Con este proyecto de Resolución el gobierno colombiano desconocerá una vez más la Observación General 14 del Comité de Derechos Sociales y Culturales de la ONU del año 2000, la Ley Estatutaria de Salud y todas las sentencias pertinentes de la Corte Constitucional; atentará contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de los que Colombia es signataria, en particular el Objetivo 3 que dice:

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Es necesario divulgar ampliamente esta noticia. Hay que denunciarla con fuerza y hacer que todos conozcan las nefastas consecuencias que traería la aprobación de este nuevo intento del Ministerio de Salud y Protección Social, para fortalecer la contratación entre EPS e IPS de las grandes ciudades que, en contravía de toda consideración social, técnica, constitucional y humana, aumenta las barreras de acceso a la prestación de servicios de salud de los colombianos, especialmente en las comunidades rurales.

Es imprescindible luchar contra su ejecución, por la vida, la dignidad, la salud y la seguridad social a todo lo largo y ancho del país.

Así se traslada a un enfermo de la montaña a Argelia Cauca, a 12 horas de camino y uno de los más difíciles de caminar.

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Reducir la brecha en la cobertura a la salud, reto en Nicaragua

Managua, 20 feb (PL) Desafío fundamental del Ministerio de Salud es reducir la brecha en ese aspecto y elevar la calidad de la atención a los nicaragüenses que acuden a sus unidades, declaró hoy la titular del sector, Sonia Castro.

A través del Canal 4 de la televisión, la ministra destacó los avances registrados en la reducción de la mortalidad materna, infantil, impacto de epidemias; en la extensión de la vacunación, el acceso a las unidades de salud y en la cifra de especialistas asignados a esos centros. Seguir leyendo «Reducir la brecha en la cobertura a la salud, reto en Nicaragua»