Por Mauricio Trujillo Uribe

La campaña de Abelardo De la Espriella vive momentos de euforia tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo: el candidato logró el primer lugar con 43.7% de los votos. Obtuvo una ventaja de 668.000 sobre Iván Cepeda, quien también pasó a la segunda vuelta con 40.9%. De lejos llegó la candidata de derecha, vocera del uribismo, Paloma Valencia, con 6.9%. Cabe preguntarse entonces las razones que llevaron a casi la mitad de los colombianos que acudieron a las urnas a respaldar una candidatura de extrema derecha cuatro años después del primer gobierno de izquierda en la historia del país, encabezado por Gustavo Petro.

Los resultados demostraron que las encuestas no solo erraron -daban como ganador a Cepeda, seguido por De la Espriella-, sino que contribuyeron a moldear el comportamiento electoral al incentivar el llamado “voto útil” en detrimento del “voto de opinión”, que debería ser la esencia misma de una primera vuelta. Candidatos de centro como Sergio Fajardo y Claudia López, quienes apenas obtuvieron 4,3% y 1% de los sufragios respectivamente, fueron tempranamente relegados. Muchos ciudadanos que se identificaban con sus propuestas terminaron convencidos de que votar por ellos era «perder el voto». Lo ocurrido debería suscitar una reflexión profunda sobre el papel que desempeñan las encuestas en las democracias contemporáneas y sobre su capacidad para influir, e incluso condicionar, la libre formación de la voluntad política de los ciudadanos.

En el campo de Cepeda la sorpresa fue mayúscula y no faltaron quienes en las redes sociales comenzaron a difundir la narrativa de un posible fraude. A ella se sumó el propio presidente refiriéndose a supuestas irregularidades en el censo electoral –versión que la Registraduría Nacional ha rechazado contundentemente–, suscitando incertidumbre e inflamando aún más el ambiente político del país. No reconocerá los resultados hasta que no se realice el escrutinio por los jueces de la república, agregó. Sin duda el panorama es preocupante para el futuro personal del primer mandatario, pero el verdadero debate es otro: ¿qué significaría para Colombia la llegada a la presidencia de una figura que personifica la nueva derecha radical latinoamericana?

Sin embargo, si miramos las cifras, al candidato del Pacto Histórico, o mejor, de la alianza “El Pacto por la Vida”, no le fue mal en la primera vuelta. La diferencia de votos respecto a De la Espriella es de solo 4%. El impacto sicológico de no llegar en el primer lugar fue considerable, pero, más allá, la votación por Cepeda ha sido la más alta que ha alcanzado un candidato de izquierda y su triunfo en la segunda vuelta del próximo 21 de junio sigue siendo una posibilidad real.

Desde luego, ello dependerá de que Cepeda logre atraer a una parte significativa de quienes se abstuvieron de votar. Así mismo, será decisivo ganar el electorado de centro e incluso de sectores de la derecha tradicional. Precisamente, en un artículo de marzo pasado –En la polarización, el voto independiente y del centro elige presidente–, en momentos en que batía tambor el maltrato de algunos círculos petristas al candidato progresista Roy Barreras y a quienes, de manera despectiva, aquellos califican de “tibios”, advertía que el desenlace electoral podía depender de esos votantes. Hoy, la campaña de Cepeda necesita construir puentes con esos mismos sectores.

Pero aspirar a la victoria en la segunda vuelta exige generar confianza entre los ciudadanos indecisos y los sectores moderados cuyo respaldo será determinante. En esa dirección, resultaría conveniente reconocer de manera pública y sin ambages los resultados de la primera vuelta y reafirmar la confianza en el sistema electoral colombiano; un paso que, al momento de escribir estas líneas, el candidato del progresismo aún no ha dado. Aunque Petro tiene razón al exigir el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado según la cual el software electoral debe ser propiedad del Estado, y aunque las elecciones no están exentas de irregularidades o prácticas como la compra de votos, no existen elementos suficientes para poner en cuestión la legitimidad del proceso electoral en su conjunto ni los resultados de la primera vuelta. La defensa de la democracia comienza por el respeto a sus reglas, procedimientos e instituciones, actitud que ha caracterizado a Iván Cepeda.

Para muchos colombianos constituye un asunto particularmente sensible la insistencia del presidente Gustavo Petro en promover una Asamblea Constituyente como vía para aprobar las reformas que requiere el país. Cepeda ha manifestado que no recurrirá a ese mecanismo durante su gobierno, aunque tampoco ha cerrado la puerta a esa posibilidad en caso de que fracase un deseado Acuerdo Nacional que permita sacar adelante las reformas por los cauces institucionales ordinarios. La inquietud no es menor, una eventual Constituyente destinada a ampliar derechos o desbloquear reformas, podría convertirse en una caja de Pandora cuyos resultados terminen siendo adversos al Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991. Sería conveniente que el candidato revise su posición y aclare sin matices que no la convocará, promoverá o apoyará.

Iván Cepeda ha planteado dar continuidad, con ajustes, a la política de paz del gobierno de Petro. No reconoce el fracaso de la Paz Total aduciendo que ésta ha permitido salvar vidas y traer alivio humanitario a las poblaciones víctimas del conflicto. Esto último es cierto, las cifras lo demuestran. Afirma igualmente, que no se le puede criticar por su participación en los procesos de paz: sin duda, su voluntad de buscar la paz lo honra. También sustenta con razón que la seguridad y los graves problemas de orden público no pueden resolverse únicamente mediante la vía militar, las políticas integrales de desarrollo constituyen el recurso central del Estado para alcanzar la paz. Sin embargo, el aumento de la presencia de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC; la expansión de economías ilícitas asociadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión; el aprovechamiento de ciertos ceses al fuego para reorganizar estructuras, reclutar integrantes y consolidar control territorial; el incremento de las masacres, homicidios de líderes sociales, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades, son los hechos que al final de cuentas han ido quedando en la retina de la opinión pública. El temor que provoca esta problemática es quizás lo que más le está dando réditos a De la Espriella. Si Cepeda no ajusta su discurso a esta realidad, dando más énfasis a lo militar, muchos electores no darán el paso en las urnas hacia él.

El presidente Petro ha venido interviniendo abiertamente en favor de la candidatura de Cepeda y luego del resultado de la primera vuelta ha anunciado que se pondrá al frente de la campaña del candidato oficialista. De ser así, el comportamiento del jefe del Estado no solo sería contrario a las reglas del sistema electoral, sino que sería una apuesta arriesgada. Aunque el mandatario parece convencido de que su liderazgo ayudará a movilizar los más de tres millones de votos que separan a Cepeda de la Presidencia, también podría producir el efecto contrario. Cepeda tiene su propia personalidad y estilo de liderazgo, es un hombre cuyo carácter aparece tranquilo y ecuánime, no recurre a la provocación ni es pendenciero, es una persona respetuosa, no necesita sombra.

La decisión que tienen hoy los colombianos no es simplemente entre dos candidatos, sino entre dos visiones de país. Abelardo de la Espriella encarna una ideología emparentada con figuras como Nayib Bukele y Javier Milei; su discurso se caracteriza por un fuerte nacionalismo populista, la exaltación de valores ultra conservadores y una crítica frontal a la izquierda, a la que ha prometido “destripar”. Proyecta una visión militarista para derrotar a los grupos armados, una suerte de versión contemporánea de la vieja Pax Romana que en Colombia ha fracasado. Defiende un libre mercado sin contrapesos y un Estado reducido a su mínima expresión, lo que implicaría debilitar su capacidad para promover la equidad, proteger a los sectores más vulnerables y sostener políticas públicas de justicia social. Pretende igualmente desmontar los avances sociales impulsados durante el gobierno de Petro. Como abogado ha representado a figuras vinculadas con la corrupción y el narcotráfico, su tesis es la de que el ejercicio profesional del derecho va por un lado y la ética por otro. Y no tiene experiencia alguna en cargos del Estado.

Quienes creemos en la necesidad de profundizar las reformas sociales, consolidar la reforma agraria, avanzar en la transición energética, fortalecer el papel del Estado en la reducción de las desigualdades y promover un capitalismo social que combine crecimiento económico con justicia social, entre otras medidas progresistas iniciadas bajo el gobierno de Petro, corrigiendo desde luego lo que sea necesario, encontramos en Iván Cepeda la opción más coherente para continuar esa tarea. Por esa razón, votaré por él e invito a mis conciudadanos a hacer lo mismo.

Artículo publicado en: Campaña Cepeda: un viraje necesario – ÁGORA DEL DOMINGO enviado a colarebo@gmail.com