Por: Werther Sandoval

En su insaciable voracidad por el enriquecimiento rápido y desmedido, los líderes de los sucesivos partidos gobernantes de Guyana han internalizado y afianzado que la vía más expedita para legitimar el despojo del venezolano Esequibo es obtener apoyos políticos internacionales mediante la entrega desmesurada de sus recursos naturales a las empresas extranjeras.

Eso sí: poco les importa que las migajas obtenidas por tan despatriado y antisoberano negocio sean inversamente proporcionales al crecimiento de la pobreza y de la discriminación de las históricamente marginadas poblaciones indias y de origen africano, las cuales, por ahora, observan indignadas cómo la elite gobernante se intoxica con los contratos leoninos firmados con las empresas madereras, petrolíferas y auríferas.

Las alarmas han aparecido en sus propios periódicos. Una reciente nota del articulista Ogun de Tacuma, en el medio Kaieteur News, alerta que “El país se encuentra en una encrucijada crítica. Los desafíos políticos, económicos, sociales y culturales de larga data convergen ahora con nuevas presiones, creando una situación potencialmente explosiva, una peligrosa bomba de relojería”.

“El petróleo ha transformado profundamente las fuerzas productivas, con consecuencias tanto positivas como negativas. Si no se resuelve mediante el diálogo y el compromiso, la situación podría derivar en graves disturbios civiles”, dice el articulista.

Precisa que la gestión del régimen respecto a los ingresos petroleros y la riqueza nacional en general, así como su gobernanza, representan una amenaza existencial para las comunidades africanas e indígenas excluidas y marginadas. “Esta situación ha exacerbado las desigualdades, lo que, de no abordarse, inevitablemente las obligará a luchar por su supervivencia a cualquier precio”.

Otra alerta la exclama el Sindicato de Funcionarios Públicos de Guyana (GPSU). En el medio Stabroek News hace un enérgico llamado por una mayor equidad para los funcionarios públicos, argumentando que el crecimiento económico sin precedentes de Guyana no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los trabajadores.

En un mensaje conmemorativo de los 103 años de existencia del sindicato, el presidente de la GPSU, Patrick Yarde, afirmó: “La riqueza petrolera no llega a los trabajadores. El incremento del costo de la vida y unos salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas diarias han creado una situación en la que la prosperidad nacional coexiste con las dificultades económicas de los trabajadores”.

Pero lo grave es que el grueso de los ingresos del actual gobierno guyanés proviene de la venta de recursos naturales pertenecientes a Venezuela, del venezolano Esequibo, un proceso que los conduce, con desesperación y desparpajo, cada vez más, a contravenir, desconocer y a desechar la letra y el espíritu del Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 por los gobiernos de Venezuela, Irlanda del Norte y la Guayana británica.

El ordinal 2 del artículo V del Acuerdo de Ginebra establece que “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo en vigencia de este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar la reclamación de soberanía nacional en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana…”.

Tanta urticaria les causa la letra y espíritu de este artículo, que los gobernantes guyaneses ni siquiera han esperado la decisión de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, por ellos mismos invocada, para usurpar y entregar los recursos del venezolano Esequibo a la ecocida explotación petrolera, aurífera, maderera y hasta de minerales radiactivos de las empresas extranjeras. Un desastre ambiental.

Para muestra, un titular del pasado 9 de junio, en el medio Kaieteur News, revela uno de los tantos indicios del tratamiento de botín que le otorgan sus presidentes a los recursos de Guyana. Dice: “La decisión del Gobierno de revocar la legislación que limitaba los beneficios de los expresidentes es ofensiva”.

“Estimado editor”, dice el autor Lincoln Lewis, “mantengo mi declaración de 2015 sobre la Ley de Beneficios para Expresidentes de 2009: la política en Guyana se ha convertido en un derroche de dinero. La decisión del régimen de Irfaan Ali y Bharrat Jagdeo de derogar la Ley de Beneficios para Expresidentes de 2015 para que puedan volver a disfrutar de beneficios ilimitados tras dejar el cargo es vulgar e inconcebible. Se trata de un abuso contra los trabajadores y la gente común, y debe ser retirada”.

Añade: “… su población sigue siendo pobre y más de un tercio vive en la pobreza extrema. Guyana lleva siete años produciendo petróleo. Nos enorgullecemos de producir un millón de barriles diarios. Tenemos una población de aproximadamente 800 000 habitantes, pero los trabajadores no tienen un salario digno. No pueden comprar una barra de pan y deben comprar unas pocas rebanadas a la vez. En medio de esta realidad, el presidente Ali le dice a la nación que los expresidentes deberían disfrutar de beneficios ilimitados después de dejar el cargo. ¿Qué mensaje transmite eso?”.

“El millón de barriles de petróleo que extraemos cada día beneficia a todos menos a la gente común de este país. Ni siquiera recibimos las migajas. Esta nación está siendo saqueada”.

Cierto. Guyana está siendo saqueada. Para muestra, otro titular con fecha 14 de febrero de 2016 dice: “(El expresidente) Bharrat Jagdeo engaña deliberadamente con respecto al regalo de bosques”.

El sumario de la nota afirma que “en los últimos días ha crecido la indignación en la esfera política por lo que queda de los bosques del país”. Durante el debate sobre el Presupuesto Nacional que acaba de concluir en la Asamblea Nacional, el Ministro de Recursos Naturales, Raphael Trotman, hizo declaraciones impactantes. Afirmó que, al asumir el cargo en mayo del año pasado, la administración de David Granger se encontró con una situación alarmante: el gobierno anterior había asignado el 100%, o la totalidad, de los bosques productivos del país, principalmente a inversionistas extranjeros.

“¿Cómo pudo un gobierno responsable presidir la asignación de todos, no solo algunos, sino todos sus bosques productivos? Esto solo puede considerarse una amenaza para la viabilidad y la seguridad a largo plazo de la nación”.

Revela que los datos publicados, incluyendo algunos de la propia Comisión Forestal de Guyana (GFC), muestran las áreas donde se ubicaban los bosques productivos que ahora están desaparecidos. Desde que asumió el cargo en 1992, el actual partido gobernante, PPP/C, abrió nuevas tierras, incluso en la Región Nueve, en un área ahora controlada por BaiShanLin, una empresa maderera china. BaiShanLin está bajo investigación.

Señala que el tema de las tierras forestales forma parte de una preocupación mayor sobre la cesión de los recursos del país. En las últimas dos décadas, especialmente bajo el gobierno de Jagdeo, propiedades estatales y vastas extensiones de tierra destinadas a la minería de oro y la explotación forestal terminaron, en circunstancias dudosas, en manos de unos pocos, muchos de ellos extranjeros.

El medio titula: «Miles de millones de dólares en oro, a solo 5 dólares al año por acre». El gobierno de Guyana cobra a las empresas extranjeras un alquiler anual ridículamente bajo por los terrenos mineros, una tarifa que los críticos pueden considerar baja dados los miles de millones de dólares en recursos auríferos que se están desarrollando en todo el país. Algunas de estas empresas e individuos eran meros especuladores. Vendieron sus concesiones por cientos de millones de dólares a extranjeros, señaló otro funcionario. Casi una docena de empresas canadienses se dedican a la extracción de oro. Actualmente, Guyana cuenta con una mina a gran escala en producción, Aurora Gold Mine (AGM) Inc., filial de la empresa estatal china Zijin Mining Group Co. Ltd.

La mayoría de estos proyectos se ubica en la Región Siete, el Distrito Minero de Cuyuni-Mazaruni, dentro del venezolano Esequibo, una región reconocida por su importante potencial aurífero. Para cinco de las once compañías, las reservas probadas y probables, así como la estimación de recursos minerales indicados (ERM), superan los 15,7 millones de onzas de oro. Así las cosas, en el contexto de denuncias y de las históricas desigualdades potenciadas por los inusitados ingresos petroleros, es inevitable elucubrar sobre un posible estallido social semejante al “Caracazo”, tal como ocurrió en la Venezuela de 1989, como resultado de los desequilibrios causados por la concentración y despilfarro de petrodólares en manos de unos pocos empresarios y de las élites políticas gobernantes.