Por: Marcelo Colussi 2 y Mario S. de León 3

Introducción
Al hablar de la violencia, debe hacerse una precisión muy importante desde el inicio: no
estamos ante un instinto de orden biológico, ante un comportamiento natural, genético, que
nos marca un camino ineludible. La violencia, en cualquiera de sus formas, dado que
adquiere muy diversas manifestaciones, hay que entenderla como resultado de un
complejo proceso de humanización, de socialización, donde la cría humana deviene una
más, adaptada a lo que se considera la normalidad dominante, siempre en una relación
tensa y dinámica con otros dos grandes elementos: el conflicto y el poder.

La realidad humana, en términos histórico-sociales, no puede abordarse desde el concepto
biológico de homeostasis (equilibrio). Nuestra condición en este campo está marcada por
el conflicto, por la lucha, por la desavenencia. Ello es producto de la manera en que esa
cría ingresa en el orden simbólico que la constituye como un ser humano, a partir de una
tensión originaria que siempre podrá hacer ver al otro —además de compañero— como
posible rival. En otros términos, no podemos considerar a la violencia como un elemento
«maligno» en sí mismo, casi como una «esencia», sino en una dialéctica y compleja relación
con los otros elementos de la tríada: el conflicto y el poder, distintivos de lo humano. Esta
perspectiva coincide con la de Hannah Arendt, quien en Sobre la violencia (1970) distingue
analíticamente entre poder, fuerza, autoridad y violencia, señalando que la violencia es
instrumental por naturaleza y no constituye en sí misma una forma de poder. Sin embargo,
cuando el poder político se agota o entra en crisis, la violencia tiende a ocupar ese vacío.
Distintas miradas, en Occidente y en Oriente, en distintas cosmovisiones a lo largo de la
historia, la conceptualizan como un elemento presente en nuestro devenir en tanto
especie, adversándola o aceptándola resignadamente como parte constitutiva de nuestra
condición, pero siempre dándole un lugar, no considerándola una rara anomalía. En
cualquier latitud y en cualquier momento histórico, hay guerra, opresión, distintas formas
de violencia. «La guerra (pólemos) es padre de todas las cosas», dirá Heráclito en la
antigüedad clásica de Grecia. «La historia es un altar sacrificial», expresa Hegel, y Marx
retoma esa idea agregando que «La violencia es la partera de la historia».
En otros términos, la violencia es consustancial a lo humano. «Si quieres la paz, prepárate
para la guerra», rezaba un dicho romano. La violencia es la expresión más evidente —y
descarnada, a veces sangrienta— de los eternos juegos de poder. Su presencia, no
obstante, no puede aplaudirse ni glorificarse; en todo caso, debe oponérsele algo para
mantenerla al nivel más bajo posible. He ahí la ley entonces, que organiza las sociedades.
La ley, que no necesariamente es justa ni equitativa, que está formulada siempre desde
una posición de poder («Es lo que conviene al más fuerte», sentencia Trasímaco en la

• Ponencia presentada en las VII Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe, Buenos Aires,
  Argentina, junio de 2026.
  2 Analista político e investigador social.
  3 Consultor, investigador, analista y ensayista internacional.

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Grecia clásica; «Está hecha para y por los dominadores, y concede escasas prerrogativas a
los dominados», agrega Sigmund Freud en 1932), nos aleja del caos permitiendo la
convivencia social. De todas maneras, la violencia de algún modo siempre se filtra,
asumiendo distintas formas.
Johan Galtung (1969), uno de los principales teóricos de la paz, propuso la distinción entre
violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La primera es la más visible:
implica agresiones físicas y psicológicas. La violencia estructural, en cambio, es aquella
que se produce por las injusticias del orden social, especialmente la pobreza, la exclusión y
la discriminación sistémica. La violencia cultural, por último, legitima y naturaliza las dos
anteriores a través de la religión, la ideología, el arte y los sistemas de valores. Esta tríada
analítica resulta especialmente pertinente para el análisis de Centroamérica, donde las tres
formas se articulan y refuerzan mutuamente.
Más que escandalizarnos de la violencia o, más precisamente dicho, de las violencias,
dado que asumen muy distintas formas, podemos/debemos encararlas con inteligencia
para ver cómo se pueden desmontar, atemperar, buscar su procesamiento. Apuntar a un
paraíso de paz y sosiego es un imposible, un camino inconducente; pero tampoco puede
apostarse por el darwinismo social, por la apología del más fuerte, santificando la violencia
y entronizando las jerarquías sociales como algo natural o de carácter divino. Lo humano
es siempre histórico y las modalidades que han adquirido las violencias también lo son; por
tanto, es pensable un mundo —o, para nuestro caso ahora, una región centroamericana—
con índices de violencia más bajos, donde la vida no sea solo un desafío diario, sino que
valga la pena vivirla.
Centroamérica, por un complejo entrecruzamiento de causas que trataremos de ir
identificando a lo largo del presente texto, evidencia una historia de violencias muy crudas,
sin anestesia, si vale decirlo así, con fiereza. Todo eso es producto de una historia que, al
día de hoy, ya entrada la tercera década del siglo XXI, presenta a las violencias como algo
normalizado. Adversadas, por un lado, pero asumidas al mismo tiempo como una cultura
dominante, algo que siempre fue así y no se ve necesitado de cambio, hacen parte
consustancial de toda la región, con una aspereza mayor que en otras zonas del
continente.
Lo que estalló en forma sangrienta mostrando niveles de crueldad alarmantes, lo que se
puso en total evidencia con las guerras internas que prácticamente toda la región vivió en
estas últimas décadas, no es sino la expresión de algo que hoy sigue presente y que viene
desde siglos atrás. «La historia inmediata no es suficiente para explicar el enfrentamiento
armado», concluyó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1998, p. 79) al investigar
la guerra civil en Guatemala, conclusión que puede ser válida —salvando las distancias—
para todos los países del área que sufrieron procesos similares.
Luego de los recientes años cuando, en el marco de la Guerra Fría que vivían las dos
superpotencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, los países del istmo se
desangraron en conflictos internos, hoy día, aunque formalmente ya no se libran guerras
en ningún territorio centroamericano, la percepción dominante hace sentir la vida cotidiana
como que sí, efectivamente, se vivieran un clima cuasibélico. En la actualidad, repitiendo
los índices de violencia que se podían encontrar durante la guerra, la situación cotidiana
nos confronta con nuevas formas de violencia, amenazantes y paralizantes. No hay

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enfrentamientos armados entre Ejércitos o fuerzas estatales y movimientos guerrilleros
insurgentes, pero la situación de inseguridad que se vive a diario, en zonas urbanas y
rurales, comparativamente es igual de preocupante.
En muy buena medida, a partir de las matrices de opinión generadas por los medios
masivos de comunicación, tiende a identificarse «violencia» con «delincuencia». Sin
embargo, la realidad es mucho más compleja. Esa identificación es, cuanto menos,
errónea, si no producto de una interesada manipulación. Pero se pueden anotar como
causas de la situación actual, de esta epidemia de violencias que se sufre a diario y que no
es solo delincuencia, un entrecruzamiento de factores:
● La pauperización generalizada, con un promedio regional que ronda el 50 % de la
población bajo el límite de pobreza (Costa Rica es la excepción).
● La desigualdad y exclusión en la distribución de los recursos económicos, políticos y
sociales, con irritantes asimetrías entre grupos sociales.
● El legado histórico de violencia y su consecuente aceptación en la dinámica
cotidiana normal. Además de las devastadoras guerras internas de largos y
sombríos años, también puede mencionarse como constantes normalizadas:
corrupción, dictaduras, elecciones fraudulentas, violación sistemática a los derechos
humanos, marcado racismo, cultura patriarcal como pauta dominante, menosprecio
de lo diverso.
● Una cultura de violencia que se manifiesta desde el mismo Estado y la forma en la
que éste se relaciona con la población: abuso de poder y, al mismo tiempo,
ausencia o debilidad extrema en su función específica de brindar servicios públicos
(salud, educación, infraestructura básica, transporte, seguridad ciudadana). Lo único
que funciona aceitadamente es la represión de la protesta popular.
● La impunidad generalizada, con sistemas de justicia débiles e inoperantes,
ineficientes en el cumplimiento de su función específica.
● Marcada militarización de la cultura ciudadana (con una cantidad desconocida de
empresas de seguridad privada, muchas de ellas trabajando sin las
correspondientes autorizaciones de ley, aumentando exponencialmente la cantidad
de agentes armados por estas empresas en relación a la fuerza policial pública). A
ello se suma una generalizada paranoia social con respuestas reactivas: medidas
de seguridad por todas partes, población civil armada, desconfianza, casas
amuralladas, barrotes y alambradas, puestos de control.
● Una acentuada cultura del silencio producto de la ineficiencia de los sistemas de
justicia, y también herencia del miedo generado por los conflictos armados
recientemente vividos, todo lo cual predispone para no presentar denuncias, no
decir nada, dejar pasar, aguantar. Y, en el peor de los casos, tomar justicia por
mano propia; de ahí que los linchamientos no son fenómenos raros en esa
dinámica.
Junto al trauma y el sufrimiento que se genera en las víctimas de cualquier forma de
violencia, lo cual refuerza en un círculo vicioso su normalidad y aceptación resignada, se
encuentran costos económicos abrumadores a nivel nacional, que evidencian que las
mismas son un factor altamente negativo en la construcción de sociedades más justas y
equilibradas. Dichos costos se estiman en alrededor del 8 % del producto interno bruto
(PIB) regional, donde se incluyen la seguridad de los ciudadanos, los procesos judiciales y

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los gastos de los sistemas de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017)
estima que la violencia cuesta a Centroamérica y México alrededor de 261.000 millones de
dólares anuales, lo que equivale al 3,5 % del PIB regional, incluyendo costos directos e
indirectos.
Para abordar las violencias en su justa dimensión en una lectura desde las ciencias
sociales (sociología, antropología, historia, psicología, siempre en clave de pensamiento
crítico), presentaremos aquí cinco categorías. Las mismas serán revisadas, cada una por
separado, en términos teórico-conceptuales, con algunos ejemplos que sirvan para
explicitar lo dicho.
● La violencia social y económica en cada país: los niveles de pobreza, la
marginalidad e informalidad laboral, la vulnerabilidad, la precariedad generalizada,
los niveles agudos de desnutrición, analfabetismo y de salud integral. La falta de
calidad de vida y bienestar, de oportunidades de movilidad y ascenso social y
económico. Ambas violencias se relacionan con las migraciones masivas en el
llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
● La violencia histórico-estructural estatal: la violencia y terrorismo del(os)
aparato(s) del(os) Estado(os) en Centroamérica y las guerras civiles/conflictos
armados y su composición orgánica.
● La violencia patriarcal: femicidio y su normalización, violencia de género, contra la
diversidad sexual (LGBTQ+), violencia intrafamiliar y criminalización del aborto y
otras subcategorías más.
● La violencia étnica y sociocultural: de las «sociedades mayoritarias» sobre «las
sociedades minoritarias». Los Estados centroamericanos y sus políticas
estructurales racistas. El genocidio y las defensas territoriales. Represión
sistemática y continua.
● La violencia psicológica y física normalizada en la cotidianeidad: la
delincuencia. Cultura de violencia generalizada. Delincuencia común, crimen
organizado, narcoactividad, contrabando, trata de personas y derivados.

1. Violencias social y económica
   Centroamérica, considerada como unidad, es la región más empobrecida de todo el
   continente americano. Si Latinoamérica presenta los índices de mayor brecha entre ricos y
   pobres a nivel mundial, en el istmo centroamericano esa distancia se agiganta. Solo para
   muestra, citemos el caso de Guatemala. Esta nación, junto a un pequeño puñado de
   países con características bastante similares, en las mediciones de desarrollo humano que
   periódicamente realiza Naciones Unidas, siempre evidencia los peores índices de
   distribución de la renta nacional; es decir, es de los diez lugares del mundo donde las
   diferencias entre ricos y pobres son más irritantes. Una investigación realizada por la
   empresa Wealth-X, asociada al banco suizo UBS —Union Bank of Switzerland— mostraba
   que:
   0.001 por ciento de los 15 millones de guatemaltecos tienen más capital que el resto
   de la sociedad. (…) hay 260 ultra-ricos guatemaltecos que poseen un capital de
   US$30 mil millones, lo que representa el 56% del PIB. (…) Los $30 mil millones [de
   dólares] son Q [quetzales] 231 mil millones. Esto equivale a lo que el Estado de
   Guatemala recauda cada cuatro años. (Rodas, 2015)

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Esta tendencia a la hiperconcentración de la riqueza en pocas manos es lo distintivo del
área en términos socioeconómicos. En todos los países, en mayor o menor grado, se
reproduce esa estructura: pequeñas élites acaparan básicamente la riqueza nacional, con
una muy alta concentración de la tierra (el 1 % de la población detenta dos tercios o más
de las tierras cultivables) y, junto a ello, poblaciones que viven en la pobreza crónica, o
incluso en la indigencia. Según la CEPAL (2022), la región centroamericana presenta uno
de los coeficientes de Gini más elevados del mundo, con valores que oscilan entre 0,45 y
0,53 en la mayoría de los países, lo que la convierte en un territorio estructuralmente
inequitativo.
Las condiciones generales de vida de las grandes masas populares son malas, con escaso
acceso a servicios públicos, siempre de mala calidad, desfinanciados, precarios, en
situación de vulnerabilidad, sin mayores posibilidades de movilidad social y ascenso
económico, condenadas a la exclusión social y a la pobreza en países que, en realidad, no
son pobres, sino que están empobrecidos. Países que producen alimentos y podrían
asegurar una buena nutrición para toda su población, paradójicamente presentan los
niveles más altos de malnutrición crónica. Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica
en niños menores de cinco años más alta de América Latina y la cuarta en el mundo, con
un 46,5 % según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021), situación que se agrava
dramáticamente en los departamentos con mayoría de población indígena como
Totonicapán, Huehuetenango y Quiché.
La producción, básicamente agraria, está destinada en buena medida al mercado
internacional (azúcar, café, palma aceitera, frutas), con oligarquías que manejan los países
con criterios de finca propia y con débiles procesos de industrialización básica,
fundamentalmente maquilas. En años recientes se asiste a procesos de extractivismo
creciente, con inversiones en minería, hidroeléctricas y cultivos extensivos dedicados al
agronegocio. En las economías de la región ha jugado y sigue jugando un papel muy
importante la presencia de capitales estadounidenses. La injerencia de Washington en el
área es decisiva en las dinámicas políticas, con continua influencia política y, a veces,
militar. Harvey (2004) ha descrito este proceso como «acumulación por desposesión»,
caracterizando el despojo sistemático de tierras y recursos naturales a comunidades
rurales e indígenas en nombre del «desarrollo» y la «inversión».
La sumatoria de todas esas causas, más una cultura de violencia que se remonta a la
Colonia, cuando los encomenderos y las primeras familias nobles españolas o criollas
practicaban una suerte de esclavitud encubierta con los pueblos originarios, fue el caldo de
cultivo para la sucesión de guerras civiles que estallaron en la región durante el siglo XX.
La opresión económica histórica, con niveles de desigualdad y exclusión social
impresionantes, detonaron sucesos de violencia bélica, cuyos efectos se dejan sentir aún
hoy, varias décadas después de acalladas las armas. Esas condiciones de violencia social
y económica de base tienen como efecto inmediato al menos dos elementos: las
migraciones masivas y la violencia delincuencial.
Centroamérica es uno de los lugares del mundo que más población expulsa. Si bien es
cierto que mucha gente huye de sus países de origen debido a la violencia cotidiana dada
por la criminalidad reinante, por las extorsiones de pandillas y, en muchas ocasiones, por
la violencia intrafamiliar, el grueso de las masivas migraciones, cada vez más numerosas

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en búsqueda del presunto sueño americano, se deben a la desigualdad económica
existente. Las poblaciones, aun sabiendo los riesgos que conlleva la migración en
condiciones de precariedad, optan por correr el riesgo de cruzar el desierto enfrentándose
a numerosos y crueles peligros: secuestros, asesinatos, extorsiones, además del rechazo
de las guardias fronterizas, porque, si bien eso es un infierno, más aún lo es la vida en las
condiciones en que se desenvuelve en sus lugares de origen. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2022) señala que el número de solicitantes
de asilo provenientes del Triángulo Norte se quintuplicó entre 2012 y 2022, reflejando la
magnitud de la crisis humanitaria en la región. Al día de hoy, si bien esas masivas
migraciones de han detenido un poco debido a la terrible política migratoria que impuso el
actual presidente Donald Trump, no se han detenido por completo.
La pobreza estructural crónica, que definitivamente es una forma de violencia que atenta
contra la vida misma y la calidad de la vida, en tanto constante histórica en la región
centroamericana desde hace ya largos siglos, se ha visto profundizada en estas últimas
décadas por los planes de ajuste neoliberal que los organismos crediticios del Consenso
de Washington (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) impusieron
mundialmente. Ello trajo aparejado una mayor pobreza y un crecimiento de gente en
situación de desesperación. Tal como lo dice Atilio Boron:
En el primer sentido, hay menos proletarios «clásicos» que antes, en el mundo
desarrollado tanto como en la periferia; pero en otro sentido podría decirse que
jamás ha habido en la historia del capitalismo tantos proletarios como hoy, si bien de
un nuevo tipo. Es esto lo que tiene en mente Frei Beto cuando habla del
«pobretariado» latinoamericano y su papel en la transformación de nuestras
sociedades. Un «pobretariado» constituido por (…) hombres y mujeres para quienes
este sistema no abriga esperanza alguna. (2008, p. 127)
Ante esa desesperación que provoca la falta de perspectiva económica, la migración se ve
como una salida. Además, para algunos jóvenes, según estudios consistentes, para el 10
% de los jóvenes de barriadas pobres (Colussi et al., 2016), la entrada en los circuitos
delincuenciales sería otra opción. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020)
estima que en Centroamérica el 63 % del empleo es informal, situación que agrava la
vulnerabilidad económica de millones de familias y limita el acceso a derechos laborales
básicos.
Totalmente lejos de criminalizar a la pobreza, es sabido que las condiciones de exclusión
económica, en lo común en las áreas urbanas, son un caldo de cultivo para la aparición de
conductas transgresoras. La invitación al dinero fácil es siempre una tentación. Cuando se
combinan estos factores: marginalidad, pobreza, familias desestructuradas, poca o ninguna
perspectiva de futuro, es entendible que cualquiera, y un joven más que nadie, pueda
ingresar en esos circuitos. Una vez ingresado, la dinámica inercial tiende a perpetuar esas
formas de vida.
La violencia delincuencial no es producto directo de la violencia económica, pero hay allí
una relación que no puede desconocerse. Hay otro tipo de delincuencia (de la que nos
ocuparemos más adelante, la llamada de cuello blanco) que responde a otras
motivaciones. Habitualmente, sin embargo, en el imaginario colectivo, en muy buena

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medida instalado por el continuo bombardeo mediático, queda identificado delincuente con
jóvenes de barrios marginales. Tremendo prejuicio que hay que destruir, definitivamente.
Ejemplos de violencia social
En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, las pandillas (maras) ejercen un
control significativo sobre comunidades enteras, lo que resulta en altos índices de
homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados, debido al temor generalizado a estos
grupos por el nivel de violencia extrema y coerción que ejercen y al reclutamiento forzoso
de nuevos miembros. Según la UNODC (2019), Guatemala, Honduras y El Salvador se
encontraban entre los países con las tasas de homicidio más altas del mundo, llegando en
algunos años a superar los 60 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, los índices de femicidios y violencia contra las
mujeres son alarmantes y se sabe que en la mayor parte de los casos hay subregistro por
omisión o por miedo a reportar los hechos. La impunidad, el machismo estructural
negligente y prevalente de las instituciones u organizaciones que tienen que ver
directamente con este tipo de violencia y la falta de protección adecuada, agravan esta
situación en dichos países. Según ONU Mujeres (2021), la tasa de femicidios en Honduras
alcanzó 5,1 por cada 100.000 mujeres, una de las más altas en América Latina.
En Nicaragua, la represión gubernamental contra manifestantes y opositores políticos ha
resultado en arrestos arbitrarios, desapariciones y violaciones de derechos humanos
constantemente. El autoritarismo dictatorial, justificado en un antimperialismo nacional y
regional, ha hecho que los poderes del actual gobierno, desde hace varios períodos, se
consoliden sin permitir mayores espacios de disenso y pluralidad política. En El Salvador,
la prensa independiente ha visto coartada violentamente su libertad para obtener acceso a
información de tipo oficial, en especial la que se refiere a la seguridad ciudadana. En abril
de 2021, el presidente Bukele suspendió a Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), que había interpuesto acciones de
inconstitucionalidad contra reformas presidenciales que lo afectaban. Escobar recibió
amenazas de detención y debió partir al exilio (Barberena Gutiérrez, 2022, p. 19).
En Guatemala, comunidades indígenas han enfrentado violencia por parte de empresas
agrarias, agropecuarias, extractivas y otras pertenecientes al Gobierno, debido a conflictos
relacionados con la tenencia de la tierra y los recursos naturales. Las comunidades lencas
de Honduras experimentan constantemente problemas en obtener colaboración y
solidaridad de sus municipalidades en la gestión de sus problemas territoriales, gestión de
títulos de propiedad y resolución de conflictos relacionados con este recurso (Centro de
Derechos de Mujeres, 2023). Global Witness (2022) señaló que Centroamérica concentra
un porcentaje desproporcionadamente alto de los asesinatos de defensores ambientales y
de derechos territoriales a nivel mundial.
Ejemplos de violencia económica
La región enfrenta altos niveles de desigualdad económica, donde una pequeña élite
controla una gran parte de la riqueza mientras que la mayoría vive en pobreza o pobreza
extrema. Como caso emblemático, Guatemala tiene una larga historia de distribución
desigual de los recursos y las oportunidades de desarrollo. Menos del tres por ciento de la

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población posee casi dos tercios de los terrenos útiles y casi la mitad de los ingresos
nacionales se encuentra en manos de apenas el 10 % de la población. La pobreza, que en
su variante extrema se ha incrementado a partir de la firma de los Acuerdos de Paz y está
intensamente relacionada con la falta de acceso a los beneficios del desarrollo, como la
salud y la educación, afecta a más de la mitad de la población (Kalny, 2023). En otra
perspectiva, pero de manera similar, los indicadores del desarrollo humano en Honduras
se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica y el Caribe. En la región, el índice de
capital humano del Banco Mundial, que indica el potencial productivo de un individuo si
goza de buena salud y recibe educación completa, alcanza el 56 %; en Honduras, este
porcentaje (48 %) no alcanza siquiera la mitad de las posibilidades productivas.
En Guatemala y Honduras, comunidades rurales e indígenas han sido desplazadas
forzosamente por proyectos mineros y agroindustriales, muchas veces sin compensación
justa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019) ha documentado
cómo estos procesos de despojo territorial han sido acompañados por la criminalización de
la protesta social y la persecución de líderes comunitarios.
En El Salvador y Guatemala, gran parte de la población trabaja en la economía informal,
sin acceso a beneficios laborales ni protección social. La corrupción endémica en
gobiernos centroamericanos desvía fondos que podrían ser utilizados para el desarrollo
social y económico, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Transparency International
(2023) ubica de forma recurrente a los países del Triángulo Norte entre los más corruptos
de América Latina, con índices de percepción de corrupción que se sitúan
consistentemente por debajo de los 30 puntos sobre 100.

2. La violencia histórica-estructural estatal
   El Estado, supuestamente, es la instancia supraindividual que, en forma ecuánime e
   imparcial, asegura y protege la vida de la ciudadanía toda. Sin embargo, nunca es
   realmente neutral. Es más certera la explicación del materialismo histórico, que lo
   considera el instrumento con el que la clase dominante mantiene su dominio sobre las
   clases subalternas: «Producto y manifestación del carácter irreconciliable de las
   contradicciones de clase» (Lenin, 1997, p. 26). Max Weber, desde una perspectiva
   diferente, definió al Estado como la institución que reclama para sí el monopolio de la
   violencia legítima en un territorio determinado. Esta definición, ampliamente aceptada en la
   ciencia política contemporánea, no contradice la lectura materialista, sino que la
   complementa: el Estado moderno centraliza y regula el uso de la fuerza, pero lo hace
   siempre en función de intereses de clase.
   Ese dominio, ese control de clase, se ejerce de diversas maneras, en la cotidianeidad, a
   través de la ideología dominante, que muestra la normalización de las relaciones
   socioeconómicas como inmodificables, legitimando así las diferencias estructurales. Esa
   legitimación está presente a través de diferentes aparatos ideológico-culturales: educación
   formal, medios de comunicación, familia, iglesias, el sentido común y/o la opinión pública
   que se va generando a partir de todo ello. En términos gramscianos, estos aparatos
   constituyen los mecanismos a través de los cuales se ejerce la hegemonía cultural de las
   clases dominantes: hacen que los dominados consientan en su propia subordinación, al
   naturalizar las jerarquías sociales como inevitables o divinas (Gramsci, 1971). Pero
   también se ejerce a través de la violencia fáctica, cuando la clase dominante lo considera

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necesario, cuando siente que puede ser rebasada por la movilización de la gente. De ahí
aquello de que «el Estado tiene el monopolio de la fuerza». Dicho en otros términos, de la
represión ante la protesta popular, cuando se cuestiona el statu quo.
En ese sentido, cobra total validez aquello de «El Estado es una organización especial de
la fuerza, una organización de la violencia para reprimir a una clase cualquiera» (Lenin,
1997, p. 46). «Todo Estado está fundado en la violencia», dirá León Trotsky; léase, en la
violencia de clase. Ahora bien, si está legitimado este uso de la fuerza (violencia
consensuada, institucionalizada y protocolizada), la cuestión se complejiza cuando ese
Estado actúa con una violencia superior a la necesaria, a la establecida
constitucionalmente, apelando a mecanismos ilegales, extrajudiciales. Nace ahí lo que se
conoce como terrorismo de Estado.
En décadas pasadas, siempre en el marco de la Guerra Fría que barría el mundo y de la
Doctrina de Seguridad Nacional aplicada en Latinoamérica, poniendo el énfasis en el
combate al enemigo interno que esa concepción imponía, los Estados nacionales de la
región, en mayor o menor medida, jugaron ese papel de agentes represivos en su
expresión máxima, apelando a mecanismos de terror. Esta doctrina, elaborada en las
escuelas militares estadounidenses y difundida a través del sistema interamericano de
defensa, reconfiguró las fuerzas armadas latinoamericanas para hacer frente a la
«amenaza comunista interna», convirtiendo a la propia ciudadanía en el campo de batalla y
en el objetivo de la represión (Comblin, 1979). Valga como ejemplo —quizá el más
profundo— lo ocurrido en Guatemala donde, durante los largos años del conflicto armado
(1960-1996), según informa la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1998):
el terror de Estado (…) tuvo el objetivo de intimidar y callar al conjunto de la
sociedad. (…) El miedo, el silencio, la apatía y la falta de interés en la esfera de
participación política son algunas de las secuelas más importantes que resultaron
(…) y suponen un obstáculo para la intervención activa de toda la ciudadanía en la
construcción de la democracia. (p. 33)
Con distintas modalidades y características propias, en los países del área cundió esa
práctica, por lo que hoy, años después de terminadas las guerras internas, el clima de
militarización persiste en la dinámica cotidiana de las sociedades, y los Estados se han
acostumbrado a esas políticas de violencia extrema, reforzando una costumbre que viene
desde la aparición de las repúblicas, supuestamente independientes, hace ya dos siglos.
En esa lógica, en general reaccionan frente a las distintas problemáticas y protestas
sociales con violencia, y en muchos casos con irregularidades jurídicas, sin siquiera
intentar analizar las causas y resolver los conflictos de una manera legal apegada al
derecho.
Esa misma estrategia de violencia terrorista utilizada en el pasado pareciera seguir
presente hoy. Ya no hay desapariciones forzadas de personas ni combates abiertos entre
fuerzas beligerantes; no hay una abierta y sistemática violación de derechos humanos
amparada en la más completa impunidad por parte del Estado, pero hay una marea
delincuencial que produce similar miedo y silencio. Ahí están las maras como nuevo
demonio invadiendo todo, los asaltos en una unidad de transporte público, el asesinato de
un transeúnte para quitarle un teléfono celular o un anillo, situaciones que, sin dudas,
continúan creando un clima de violencia generalizado. La forma en que actúan los Estados
está lejos de brindar respuestas efectivas a esa situación.

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Algunos de los encargados de hacer funcionar el Estado represivo que se generó durante
las décadas de guerra, han reconvertido su trabajo hoy y siguen manejando cuotas de
poder, en algunos casos desde las sombras de esa estructura estatal, habiéndose hecho
cargo de negocios ilegales o hechos en una dudosa franja gris de forma corrupta, muy
rentables, por cierto (narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, contratos espurios
con el Estado), con los mismos criterios de secretividad u opacidad de años atrás. Los
distintos Estados de la región siguen siendo débiles en términos presupuestarios, con
cargas fiscales de alrededor de un 15 % del PBI (la media latinoamericana es de 25 %, la
del norte es casi el doble), y continúan permeados por intereses sectoriales que se mueven
con características mafiosas.
Formalmente, en toda el área centroamericana se vive en democracia o, al menos, hace
años que se repiten las elecciones de autoridades a través del voto popular periódico. Pero
ello, muy importante sin dudas, no termina de solucionar los problemas de la vida
cotidiana. Se asiste, en todo caso, a democracias formales, raquíticas en buena medida.
Los Estados siguen estando en déficit con la sociedad civil. O’Donnell (1993) denominó a
estos regímenes como «democracias delegativas», caracterizadas por la concentración del
poder en el ejecutivo, el debilitamiento de los controles institucionales y la escasa rendición
de cuentas, rasgos que describen con precisión muchos de los sistemas políticos
centroamericanos contemporáneos.
Con limitaciones presupuestarias quizá, sin toda la voluntad política necesaria en algunos
casos, con deficiencias conceptuales o técnicas en otros, lo cierto es que con posterioridad
a la firma de los distintos acuerdos de paz que se dieron en la región (Nicaragua en 1990,
El Salvador en 1992, Guatemala en 1996), se han venido desarrollando muchos proyectos
e iniciativas que buscaban afianzar un clima de paz y de concordia luego de largos años de
sufrimiento, que apuntaban a reparar las profundas heridas psicosociales dejadas por ese
cataclismo de los enfrentamientos armados.
Si ahora, varias décadas después, se hace un balance objetivo de cómo está la situación
al respecto, puede apreciarse que esos nuevos valores de tolerancia y sana convivencia
no han logrado consolidarse, y los Estados tienen una gran responsabilidad en ese déficit.
Por el contrario, lo que puede constatarse es una epidemia generalizada de violencias. A
ello se suma que las agendas para la paz paulatinamente dejaron de ser prioridad, tanto en
la planificación del Estado como en la comunidad internacional que apoyó y dio
seguimiento a los procesos pacificadores. Como bien dice Laura Tedesco (2009):
Los países centroamericanos combinan la existencia de sistemas democráticos
profundamente débiles, la incapacidad de los Estados de garantizar derechos
fundamentales a los ciudadanos, un sistema judicial pobre, corrupto, represivo e
ineficiente y la pobreza de sus economías. (…) La debilidad institucional de los
Estados abre la puerta a la violencia y es una de las causas de la incapacidad de las
instituciones para resolver los conflictos y prevenir la violencia. (p. 9)
Es en ese sentido que puede afirmarse que los Estados, sumando su debilidad crónica
como factor de resolución de los problemas sociales, más la cultura de impunidad y de
acecho del enemigo interno que se dio estos últimos años, terminan siendo ellos mismos,

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directa o indirectamente, uno de los principales elementos propiciadores de la violencia en
la región.
Ejemplos de violencia estructural estatal
Durante más de tres décadas (1960-1996), el Estado guatemalteco llevó a cabo una guerra
contrainsurgente contra movimientos guerrilleros de izquierda agrupados en la Unión
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Esto incluyó campañas de genocidio
contra las comunidades indígenas, en particular las comunidades mayas, que resultaron en
la muerte de más de 200,000 personas y la desaparición de otras 45,000 oficialmente,
aunque fueron más. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), concluyó que el
Estado cometió actos y crímenes de lesa humanidad como el genocidio y varias masacres
en varias comunidades del interior del país. El informe Guatemala: Memoria del silencio
(CEH, 1998) documentó 626 masacres atribuibles al ejército y grupos paramilitares, una
cifra que evidencia la magnitud del terrorismo de Estado en ese período.
En El Salvador, la guerra civil (1980-1992) enfrentó al gobierno militar, apoyado por
Estados Unidos, contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La
guerra resultó en la muerte de alrededor de 75,000 personas y dejó decenas de miles de
desplazados. Los escuadrones de la muerte, apoyados por el Estado, llevaron a cabo
asesinatos, torturas y desapariciones de sospechosos de ser guerrilleros o simpatizantes.
La Comisión de la Verdad para El Salvador (1993), auspiciada por las Naciones Unidas,
atribuyó al Estado y a los grupos paramilitares vinculados a él el 85 % de las violaciones
graves de derechos humanos documentadas durante el conflicto.
En Nicaragua, desde 1979 hasta 1990, transcurrió la Revolución sandinista y
contrarrevolución (1979-1990):
El 21 de febrero de 1934, tras acudir a una cena en La Loma (Palacio Presidencial),
junto con el escritor Sofonías Salvatierra (ministro de Agricultura de Sacasa) y sus
lugartenientes, generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, invitados por
Juan Bautista Sacasa, Sandino es detenido por el mayor Lisandro Delgadillo, que le
condujo a la cárcel de El Hormiguero. Los tres generales, Sandino, Estrada y
Umanzor, fueron asesinados a las once de la noche por efectivos del batallón que
los custodiaba. Posteriormente, dos años después, Anastasio Somoza García
tomaba las riendas de Nicaragua (…). Somoza afirmó que había recibido órdenes
del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane para matar a Sandino. (…) Luego
fue sucedido por sus hijos, Luis Somoza (…) y Anastasio Somoza Debayle, quienes
extenderían el período de tiranía hasta finales de la década de 1970 en el país y
serían responsables de actos de tortura, represión y fallecimientos de figuras ilustres
(…). (Telesur, 2024)
Después de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) tomó el poder. Sin embargo, la guerra contrarrevolucionaria
financiada por Estados Unidos, conocida como la Contra, desató un conflicto violento que
provocó la muerte de decenas de miles de personas y graves violaciones de derechos
humanos, con un costo para Nicaragua de 17,000 millones de dólares, cifra fijada por la
Corte Penal Internacional como indemnización que debía recibir Managua de parte de
Estados Unidos, pago que nunca se realizó finalmente.

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Honduras ha sufrido numerosos golpes de Estado, el más reciente en 2009, cuando el
presidente Manuel Zelaya fue depuesto. La represión estatal posterior incluyó detenciones
arbitrarias, torturas y asesinatos de opositores políticos y defensores de derechos
humanos. La violencia y la impunidad han caracterizado la respuesta del Estado a la
oposición política y social. Human Rights Watch (2010) documentó el patrón de represión
posgolpe, incluyendo el asesinato de decenas de manifestantes y la suspensión de
garantías constitucionales.
Aunque Costa Rica es conocida por su estabilidad política, ha habido una violencia
estructural significativa contra poblaciones indígenas y afrodescendientes, incluyendo
discriminación sistemática, despojo de tierras y falta de acceso a servicios básicos y
justicia. El Estado de Costa Rica ha sido señalado reiteradamente por el PNUD y
organismos de derechos humanos por el incumplimiento de los convenios internacionales
relativos a los derechos de los pueblos originarios, en particular el Convenio 169 de la OIT,
que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada (Programa Estado de la
Nación, 2023).

3. La violencia patriarcal
   El artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
   Violencia contra la Mujer (1994), conocida como Convención de Belém do Pará, suscrita
   por todos los países centroamericanos, establece como: «Violencia contra la mujer
   cualquier acto o conducta, basada en género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
   sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (p. 2). Todo
   un cúmulo de expresiones tales como: violencia sexual en diferentes contextos, femicidios,
   golpes y humillaciones, embarazos forzados en niñas y adolescentes, matrimonios
   arreglados, criminalización del aborto, distintos tipos de marginación, persecución y
   exclusión política solo por el hecho de ser mujer, son consideradas manifestaciones
   visibles de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. En
   Centroamérica, todo esto es moneda corriente. Las relaciones de género están marcadas
   por una histórica asimetría, absolutamente injustificable, donde el patriarcado establece el
   indiscutido dominio masculino, habiéndose constituido como norma fijada en tanto cultura
   dominante, bendecido por Estados e iglesias.
   Rita Segato (2003) ha conceptualizado la violencia contra las mujeres en América Latina
   no como un fenómeno de patología individual, sino como una práctica estructural de
   afirmación de poder masculino en el seno de un sistema social que la produce y reproduce.
   En su análisis, el femicidio y otras formas de violencia de género no son excesos o
   anomalías, sino expresiones de la violencia inherente al orden patriarcal, que utiliza el
   cuerpo de las mujeres como territorio de disputa y demostración de poder. Esta
   perspectiva es especialmente pertinente para Centroamérica, donde la violencia de género
   no se limita al ámbito doméstico, sino que permea todos los espacios sociales.
   La violencia doméstica históricamente no fue considerada como un problema público, de la
   esfera político-social, sino que las autoridades, y, por consiguiente, las sociedades en su
   conjunto, le restaban importancia, manteniéndola en el ámbito de lo privado. De esa
   manera, el enfoque de la violencia de género quedó muy limitado a través de los años,
   imposibilitándose así su tratamiento desde el Estado por medio de una legislación

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adecuada, en tanto política pública. El prejuicio en juego es que la violencia contra las
mujeres puede darse en espacios públicos, pero en el hogar estarían resguardadas. La
realidad es otra, pues para muy buena parte de las mujeres en toda Centroamérica la
intimidad hogareña suele transformarse en un lugar particularmente violento, por la
agresión de sus parejas u otros familiares. Incluso las violaciones sexuales, en el 70 % de
los casos o más, se dan por familiares o personajes cercanos al hogar. Según expresó
Meg Galas, citada por el International Rescue Committee:
Ser mujer o niña en Centroamérica es estar en riesgo de sufrir violencia, en el hogar
o en la calle. La violencia de género, sin embargo, no es el único peligro que
enfrentan las mujeres en nuestros países: todos los días tienen que navegar la
inseguridad generada por los grupos armados no estatales mientras buscan formas
de cubrir sus necesidades más básicas.
En el caso de las mujeres migrantes con rumbo a Estados Unidos, cuyo número se calcula
en casi el 50 % de la población que se desplaza, la situación se agrava, pues en su
trayecto a través de todo el istmo y luego por México, se enfrentan a numerosos y
complejos problemas, que incluyen la posibilidad de violencia sexual, agresiones físicas y
psicológicas, y la enorme vulnerabilidad ante situaciones de trata, secuestro y asesinato.
Médicos Sin Fronteras (2019) reportó que el 68 % de las personas migrantes y solicitantes
de asilo atendidas en México y Centroamérica había sufrido alguna forma de violencia
durante su recorrido, con las mujeres expuestas a tasas significativamente más altas de
agresión sexual.
En estos últimos años, los distintos países de la zona han comenzado a adoptar marcos
legales para proteger al colectivo femenino de todo tipo de violencia. De todos modos,
dado lo arraigado de una cultura ancestral, la violencia machista continúa. Sin ningún lugar
a dudas, las nuevas legislaciones marcan un hito muy importante en la transformación de
estas pautas culturales históricas, al comenzar a tratar la violencia contra las mujeres como
algo que se sale del ámbito privado para convertirse en lo que efectivamente es, un
problema público-social.
Dado que la forma más extrema de la violencia contra las mujeres es el asesinato, es
decir, las muertes violentas, se fue creando la figura de femicidio o feminicidio (la muerte
violenta por razones de género), como algo a castigar severamente. La legislación que ha
ido surgiendo últimamente en toda la zona centroamericana intenta cambiar un perfil
histórico, lo cual es encomiable. No obstante, resta aún un importante y duro trabajo de
concientización ciudadana e intergeneracional por realizar. Es sabido que los cambios
culturales profundos implican décadas de trabajo. Es de esperarse que todo lo actuado
ahora empiece a dar frutos efectivos en el mediano plazo.
La violencia patriarcal está extendida. Si bien ahora existen normativas legales al respecto,
el acceso a la justicia pronta y cumplida sigue presentando dificultades, pues muchos
femicidios quedan en la impunidad y, dada la ideología machista consuetudinaria que aún
campea, muchas veces encuentran como respuesta social el «se lo buscaron».
Sintetizando esto, Marcela Lagarde y de los Ríos afirma que:
El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres,
sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y

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sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el
género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser
mujeres, y en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia
pública o privada. (2006, p. 21)
En esa cultura machista patriarcal dominante, y con la violencia contra las mujeres
normalizada, los intentos por incidir en la transformación de esos arraigados prejuicios se
ven cuesta arriba. Las propuestas feministas muchas veces son denigradas, y prácticas
como el aborto están lejos aún de poder aceptarse por los Estados. De hecho,
Centroamérica es la región del mundo donde más se penaliza la interrupción del
embarazo, aunque sea involuntario o producto de una violación, y donde la presión social,
dada la cultura machista dominante —muchas veces magnificada por las iglesias—, obliga
a la concepción a muy cortas edades, en adolescentes y niñas. El Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA, 2022) reportó que en los países centroamericanos con
penalización total del aborto, la tasa de mortalidad materna asociada a abortos inseguros
es hasta cinco veces mayor que en países con legislaciones más permisivas.
En el marco de este ejercicio de violencia patriarcal se inscribe también la discriminación
de todo tipo de diversidad sexual, siempre contextualizada en la homofobia machista
reinante. Los Estados, de momento, se muestran muy deficientes en la generación de
políticas públicas para transformar estos denigrantes actos de violencia. La Asociación
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-World, 2023)
clasifica a varios países centroamericanos entre los más restrictivos del mundo en cuanto
al reconocimiento legal de derechos para personas LGBTQ+, con algunos de ellos
manteniendo disposiciones constitucionales que explícitamente prohíben el matrimonio
igualitario.
Algunos ejemplos específicos
Honduras tiene una de las tasas más altas de feminicidios en el mundo. Las mujeres son
frecuentemente asesinadas por sus parejas o exparejas, y la impunidad es un problema
grave, con pocos casos llevando a condenas. El Observatorio de Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2023) reportó que la tasa de impunidad en
casos de femicidio supera el 95 %, lo que refleja la incapacidad o indiferencia sistémica del
aparato judicial para proteger a las mujeres.
En Guatemala, la violencia doméstica es un problema endémico. Muchas mujeres sufren
abusos físicos y psicológicos dentro de sus hogares. A pesar de la existencia de leyes para
proteger a las víctimas, la implementación es débil y muchas mujeres no denuncian por
miedo o desconfianza en el sistema judicial.
Mujeres —principalmente— de Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua son
explotadas por la delincuencia organizada que ha establecido un sistema de redes
internacionales de prostitución en perímetros de la ciudad de Guatemala y del interior del
país. La presencia de redes de tratantes nacionales e internacionales de la delincuencia
organizada cuyo objetivo es este y otros delitos, constituye un grave problema de
seguridad ciudadana porque corrompe a funcionarios del sistema de seguridad y justicia
por las cuantiosas ganancias obtenidas. (Javalois, 2024)

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El Salvador enfrenta una alta incidencia de violencia sexual contra mujeres y niñas. Los
casos de violación son comunes y, a menudo, no se denuncian debido al estigma social y
la falta de confianza en las autoridades. La criminalización total del aborto en El Salvador,
que penaliza incluso los abortos espontáneos y los casos de violación, ha resultado en la
encarcelación de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas, en una muestra extrema
de la violencia estructural patriarcal ejercida desde el Estado (Agrupación Ciudadana,
2021).
La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral es un problema en
Nicaragua. Las víctimas a menudo son engañadas con promesas de empleo y luego
forzadas a trabajar en condiciones inhumanas. Aunque Costa Rica es considerado uno de
los países más seguros de la región, el acoso callejero sigue siendo una forma prevalente
de violencia contra las mujeres. El acoso verbal y físico en espacios públicos es una
experiencia común para muchas mujeres.
Durante el período en estudio (2015-2017), se registra un incremento en las denuncias
netas interpuestas ante el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial por
trata de personas. En el 2015 se registran 55 casos, en el 2016, 96 casos, y en el 2017,
145 casos. Esto significa que, en el período en estudio, las denuncias por este delito casi
se triplicaron (…). Para el año 2017 se registraron un total de 25 casos de trata con fines de
explotación sexual (17 mujeres y 8 hombres). (Comisión Técnica Interinstitucional sobre
Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2018, p. 41)

4. La violencia étnica y sociocultural
   Otra forma de violencia que atraviesa toda Centroamérica —con distintas modalidades e
   intensidades, pero siempre con similar oprobio— es la discriminación étnica, es decir, el
   racismo. Esto es histórico y arranca ya en los primeros pasos de la invasión española, en
   el siglo XVI. Quijano (2000) conceptualizó este proceso como la «colonialidad del poder»:
   un patrón global de dominación que se articula a través de la clasificación racial y que no
   desapareció con la independencia formal de las repúblicas, sino que se reconfiguró en
   nuevas formas institucionales y culturales de opresión que perduran hasta el presente.
   Fernández de Oviedo, cronista de la Colonia española, refiriéndose a la población
   originaria que encontró en estas tierras, escribía en su Historia general y natural de Las
   Indias:
   (…) naturalmente vagos y viciosos, melancólicos, cobardes, y en general gentes
   embusteras y holgazanas (…) Idólatras, libidinosos y sodomitas (…) ¿Qué puede
   esperarse de gente cuyos cráneos son tan gruesos y duros que los españoles
   tienen que tener cuidado en la lucha de no golpearlos en la cabeza para que sus
   espadas no se emboten? (citado en Hanke, 1967, p. 34)
   Algo similar escribía en el siglo XVI Juan Ginés de Sepúlveda:
   con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo
   e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan
   inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones,
   habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a

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gentes clementísimas (…) Por muchas causas, pues y muy graves, están obligados
estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles (…) y a ellos ha de serles
todavía más provechoso que a los españoles (…). (citado en Dussel, 2008, p. 68)
Esa matriz secular de discriminación y violencia contra el otro distinto recorre toda la
historia del área y marca a fuego las relaciones sociales. El racismo, exclusión de las
«sociedades minoritarias» por «las sociedades mayoritarias», es una abominable forma de
exclusión presente en la historia de la región, práctica aun plenamente vigente en la
actualidad. «Seré pobre, pero no soy indio», puede escucharse.
En mayor o menor medida, ese racismo ha signado la historia de la región desde la misma
llegada de los invasores europeos, y al día de hoy es un esquema cultural que sigue
enmarcando buena parte de las relaciones sociales. En toda el área centroamericana
existen numerosas etnias prehispánicas, que desde hace siglos sufren una profunda
discriminación. Así, por ejemplo, en Honduras se encuentran los grupos lenca, maya-
chortí, tawahkas; en El Salvador, las comunidades nahua pipil, lenca y cacaopera; en
Costa Rica se encuentran los bribris, huetares, cabécares, ngabes, terrabas; en Panamá
se hallan los pueblos ngäbe, wounaan, guna, emberá, entre otros; en Nicaragua hay
pueblos miskitos, ramas, ulwas; en Guatemala, que presenta la mayor cantidad de
población originaria de todo el territorio latinoamericano, desde hace 4500 años habitan los
mayas, una de las civilizaciones más desarrolladas del continente, junto con los incas y los
aztecas, antes de la invasión española, representando al menos la mitad de la población
del país con 22 grupos diversos: quichés, quekchíes, cakchiqueles, tzutujiles, mames,
kanjobales, entre otros, además de los xincas y el pueblo garífuna; en Belice se asientan
los mayas-mopán y los mayas-yucateco.
A estos grupos, existentes milenariamente en el istmo, se le suma población de
procedencia africana, originalmente llegada a tierra americana en condición de esclavitud
entre los siglos XVI y XVIII. Numerosos pueblos de este origen, ya liberados de su yugo
ancestral, viven en las costas caribes de la región. Actualmente, se considera que en todo
el istmo existen alrededor de 30 distintos grupos afrodescendientes (garífunas, creoles,
cimarrones, miskitos afrodescendientes, garinagu), representando el 18 % de la población
centroamericana: alrededor del 40 % en Panamá, 36 % en Belice, 9 % en Nicaragua y
Honduras, 4 % en Costa Rica y 1 % en Guatemala.
A todos estos pueblos, a excepción de los mayas en Guatemala, puede considerárseles
sociedades minoritarias viviendo en medio de sociedades mayoritarias. El caso de los
mayas guatemaltecos, aunque son mayoría en términos numéricos, también corren la
misma suerte, sufren una terrible discriminación, producto de siglos de Colonia que forjaron
una historia de opresión de la que les está costando mucho salir.
Lo francamente patético en todo esto es que los Estados nacionales, más allá de
pomposas y vacías cartas constitucionales que no se cumplen, no han hecho sino ratificar
esa situación, con un silencio cómplice o con políticas públicas concretas que refuerzan las
exclusiones y la violencia. Debe mencionarse que muchos de esos grupos de pueblos
originarios, que al día de hoy siguen viendo cómo se les despoja de sus territorios
ancestrales por parte de las industrias extractivistas locales y/o internacionales, como la
minería (tremendamente contaminante), las centrales hidroeléctricas que desvían sus ríos,
las grandes extensiones dedicadas a los agrocombustibles (como la palma africana) que

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eliminan cultivos alimentarios, constituyen un especial foco de protesta social. Coulthard
(2014), analizando los movimientos indígenas en el continente americano, señala que la
resistencia de los pueblos originarios no busca simplemente la inclusión en los sistemas
políticos existentes, sino que plantea una crítica radical al modelo de desarrollo capitalista
y colonial que subyace a la violencia estructural que sufren.
Representan, sin dudas, el factor cuestionador más grande del statu quo en este momento.
Tan es así que en el informe Tendencias globales 2020 – cartografía del futuro global, del
Consejo Nacional de Información de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los
escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de Washington, citado por
Boaventura de Souza Santos (2008), puede leerse:
en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los
países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo
la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…). Estos grupos podrán
establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos
antiglobalización (…) que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de
origen europeo.
Ejemplos de la violencia étnica y sociocultural
La colonización europea estableció sistemas de opresión y discriminación contra las
poblaciones indígenas y afrodescendientes. Estas dinámicas de poder y marginación han
persistido a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX, varios países de Centroamérica, como
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, experimentaron guerras civiles y conflictos armados
que exacerbaron las divisiones étnicas y sociales. Las secuelas de estos conflictos aún
afectan a las comunidades y perpetúan la violencia.
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes a menudo enfrentan discriminación y
exclusión en diversas áreas, incluyendo el acceso a la educación, salud, empleo y
representación política. Esta marginalización puede llevar a tensiones y conflictos. Como
explica Demetrio Cojtí Cuxil en su libro El racismo contra los pueblos indígenas de
Guatemala (2005), el racismo histórico, crónico, español, criollo y ladino, fuertemente
arraigado y perpetuado desde el Estado hacia la población indígena y campesina, se
manifiesta en numerosos indicadores que muestran que históricamente la población
indígena tiene mayores índices de analfabetismo y menor acceso a recursos educativos y
sanitarios, así como mayores porcentajes de pobreza y pobreza extrema y menor
participación y representación en los organismos estatales y en todas aquellas instancias
que puedan contribuir a aminorar su discriminación y segregación.
La región se caracteriza por una profunda desigualdad económica. Las comunidades
indígenas y afrodescendientes suelen vivir en condiciones de pobreza, lo que contribuye a
la violencia y el conflicto social. En algunos casos, los gobiernos han implementado
políticas que agravan las tensiones étnicas y sociales, ya sea a través de la represión
directa o la falta de atención a las necesidades de las comunidades marginadas. Por
ejemplo:
(…) como resultado de la derrota de las fuerzas populares, la adopción del
neoliberalismo por amplios sectores de la clase política y económica, y la

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desorganización del movimiento negro. Durante la década de 1994-2004, los grupos
afropanameños y las organizaciones populares tuvieron que adecuarse al entorno
político y económico posterior a la invasión, dominado por la llamada transición a la
democracia y la aplicación de políticas neoliberales por parte de la élite política
blanca instalada en el gobierno y los partidos de oposición. (Priestley y Barrow,
2010, p. 129).
La violencia y la falta de oportunidades han llevado a altos niveles de migración y
desplazamiento forzado dentro y fuera de la región. Este movimiento de personas puede
generar conflictos adicionales tanto en las áreas de origen como en las de destino. Sáenz
Breckenridge y Lizano Solé (2023) explican que en toda la región centroamericana los
flujos migratorios han aumentado progresivamente durante las últimas décadas, en
especial superada la pandemia de Covid-19 a partir de 2021 y a la luz de la crisis
económica causada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Las principales razones
para emprender la migración irregular son el desempleo y la pobreza; tanto en Guatemala
como en Honduras la pobreza afecta a más de la mitad de la población, a lo que se suman,
en Guatemala, las situaciones carenciales que afectan a la población de origen maya, por
lo que el 66 % de los migrantes guatemaltecos tiene esta identidad étnica.
La presencia de pandillas y narcotraficantes contribuye a la violencia en la región. Estos
grupos a menudo explotan las divisiones étnicas y sociales para mantener el control y el
poder. Emilia Ayala expone que durante casi 30 años, El Salvador vivió bajo el terror
instaurado por las maras, en especial la Mara Salvatrucha, Barrio 18, entre otras, que
dominaban gran parte del territorio urbano y constituían una especie de Estado paralelo
que extorsionaba, asesinaba e impedía la libre locomoción de la población. Su relativa
desaparición de sus territorios originales no ha eliminado su influencia: muchos de sus
integrantes están en prisión, pero otros han huido a otros países para reiniciar ahí sus
actividades.
A pesar de la violencia y la opresión, las comunidades indígenas y afrodescendientes han
desarrollado movimientos de resistencia y han luchado por sus derechos. Estos
movimientos buscan la justicia social y la equidad, aunque a menudo enfrentan represión
violenta. La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe
(RMIB-LAC, 2021) ha documentado que las mujeres indígenas que encabezan procesos
de defensa territorial son especialmente vulnerables a la violencia, al concentrar en sus
cuerpos la intersección del racismo, el patriarcado y la persecución política.

5. La violencia psicológica y física normalizada: cultura de violencia y delincuencia
   Todas las anteriores formas de violencia enumeradas crean el caldo de cultivo para
   promover en la vida cotidiana de la región centroamericana —Costa Rica, por razones
   históricas, en menor medida que en los otros países— una tácita aceptación de la
   violencia. En otros términos, se ha establecido una cultura de violencia donde esos abusos
   de poder, esas asimetrías en sus diversas manifestaciones pasaron a ser parte de la
   cotidianeidad, moneda corriente asumida como normal. Wacquant (2009) ha descrito
   procesos similares en otras sociedades latinoamericanas, señalando que la «penalización
   de la pobreza» y la criminalización de los sectores populares van de la mano con la
   normalización de la violencia estatal y paraestatal como instrumento de gestión de los
   excluidos.

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A niños y niñas se les educa con firmeza, con disciplina, siendo la buena conducta un
elemento principalísimo en la formación, quizá a veces más que los propios contenidos
académicos. Es significativo que se valoran muy altamente las bandas marciales de las
instituciones educativas, con su aspecto militar, como una insignia relevante; eso es un
indicativo de cómo funciona el día a día, hay un clima de autoritarismo dominante.
Las relaciones interpersonales, producto de la historia de violencia que se muestra por
todos lados (exclusión económico-social de las grandes mayorías, un Estado eternamente
represor y alejado de las necesidades populares, machismo patriarcal, racismo, aceptación
acrítica del autoritarismo, desprecio de las diferencias) da como resultado una interiorizada
violencia asumida como normal, como una forma de establecer contacto. Pareciera que
prima lo que expresa una popular ranchera: «la vida no vale nada».
No sorprende, o no sorprende de un modo escandaloso, una balacera, un asesinato, un
cadáver en plena vía pública; las guerras acostumbraron a eso, con muertos arrojados por
allí impunemente, un hombre golpeando a una mujer, dos automovilistas que arreglen un
problema a los tiros, o la constante sensación de inseguridad al salir del hogar, también en
zonas rurales, pero fundamentalmente, en el ámbito urbano. La delincuencia callejera es
un fenómeno cotidiano, sabiéndose que, por resistirse al robo de una pequeña
pertenencia, como un teléfono celular, un reloj, algo de dinero en efectivo, se puede morir.
Las casas, incluidas también las de las urbanizaciones más precarias en la medida de sus
posibilidades económicas, están defendidas con barrotes, alambradas de púas, cámaras
de seguridad. Se vive preso de un clima de paranoia.
La delincuencia marca la cotidianeidad de los países del istmo. Esa explosión de violencia
callejera no es pura casualidad: hay un entrecruzamiento de causas que la propician.
La persistencia de la exclusión social ayuda a crear una clase distinta de
ciudadanos, si se los puede denominar de esta manera, ya que a pesar de tener
derechos civiles y políticos carecen de los medios para ejercitarlos y no han
alcanzado derechos sociales ni económicos. Estos ciudadanos generan una cultura
distinta relacionada con su vida cotidiana en las favelas, las poblaciones o las villas
miseria. (Tedesco, 2009, p. 3)
Ante esta situación, la percepción generalizada de la sociedad en los distintos países se
mueve entre la resignación pasiva y la desesperación. La violencia cotidiana ha pasado a
ser el tema dominante, desplazando otras preocupaciones de la población. Contribuye a
agigantar esta percepción el continuo bombardeo de los medios de comunicación, que
hacen de la violencia mostrada en términos sensacionalistas el pan nuestro de cada día.
Ya pasó a ser frecuente la expresión «la delincuencia que nos tiene de rodillas», con lo que
se logra un efecto de desesperación en la población sin proponer ninguna salida,
asimilando así violencia con delincuencia, pero sin tocar las causas estructurales de este
fenómeno. Zaffaroni (2012) ha analizado cómo los medios de comunicación
latinoamericanos contribuyen a construir una criminología mediática que estigmatiza a los
sectores populares, amplifica el miedo y legitima las respuestas punitivistas del Estado,
reproduciendo así el ciclo de violencia.

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En la conciencia colectiva actual el fenómeno de las maras, por ejemplo, tiene tanta
importancia, o más, que la pobreza estructural crónica, o que las guerras vividas hace unos
años y su reforzamiento de la impunidad como conducta que marca toda la historia de la
región. Sin negar los índices alarmantes de violencia delincuencial que existen, es
preocupante que la prensa aborde la violencia solo en relación a la comisión de delitos
callejeros o domiciliares, dejando por fuera otras expresiones tanto o más nocivas, como la
exclusión económico-social, el racismo, el machismo, la impunidad de los más poderosos.
En la región, las maras se enseñorean, eso es un hecho. En una lectura crítica del
fenómeno de estas pandillas juveniles, si bien es cierto que constituyen un problema de
seguridad ciudadana, puede constatarse que no existe una preocupación en tanto proyecto
de nación de las clases dirigentes de abordar ese pretendido asunto de ingobernabilidad
que producirían estos grupos. Se les persigue penalmente, pero al mismo tiempo el
sistema en su conjunto se aprovecha del fenómeno: como mano de obra siempre
disponible para ciertos trabajos ligados a la arista más mafiosa de la práctica política
(sicariato, por ejemplo; generación de zozobra social, desarticulación de organización
sindical), y como demonio con el que mantener aterrorizada a la población a través de un
bombardeo mediático constante, evitando así la organización y posible movilización en pro
de mejoras de sus condiciones de vida de las grandes mayorías. O, como en el caso de El
Salvador, a través de una política de mano hiperdura y tolerancia cero, para propiciar un
Estado de excepción que permite todo tipo de abusos de las autoridades, amparándose en
el resultado obtenido —real y constatable, de abrupta disminución de los homicidios tras
una persecución sin cuartel contra dichas maras—, sin importar el costo social del logro,
abriendo así las puertas al autoritarismo. En un planteo mucho más amplio del asunto,
preventivo, valen las palabras de Lula da Silva: «es más barato invertir en un aula que en
una cárcel».
El tráfico de drogas ilegales de la región, que se ha convertido en un lugar de paso de
productos que, proviniendo de Sudamérica, se dirigen al mercado de Estados Unidos,
constituye otro factor que contribuye a originar y acrecentar la violencia. El dinero de la
narcoactividad compra jueces, policías, políticos, funcionarios y militares. Su presencia y
su creciente poder van imponiendo una cultura del silencio que fomenta más violencia. La
InSight Crime (2022) estima que los ingresos del crimen organizado en Centroamérica
igualan o superan en algunos casos el presupuesto nacional de los países de la región, lo
que les otorga una capacidad de corrupción e intimidación que las instituciones estatales
no pueden contrarrestar eficazmente.
Centroamérica hace varias décadas que salió de las guerras internas, pero no vive en paz.
La violencia, en sus distintas manifestaciones, está descarnadamente presente, ya
instalada como cultura dominante. La paz, elemento difícil de definir, complejo,
evanescente, es el aseguramiento de los derechos fundamentales de los seres humanos.
De tal forma que su cumplimiento excede absolutamente el orden bélico: para que haya
paz debe haber justicia, equidad, libertades. La paz no es la quietud de los cementerios.
Esa no es la realidad humana; nuestro mundo es el movimiento, el ruido, la actividad.
Alcanzar la paz es quizá una expresión de deseos, la vida transcurre buscándola. Pero
mientras se mantengan todas las injusticias antes enumeradas, la violencia como modo de
relacionamiento seguirá marcando la historia de esta sufrida región.
Ejemplos de violencia física

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Las pandillas y grupos criminales a menudo exigen pagos regulares a negocios y
particulares bajo amenaza de violencia. La gente paga por miedo a represalias físicas, lo
cual se convierte en una práctica comúnmente aceptada. El Banco Mundial (2011) estimó
que las extorsiones de las maras en El Salvador, Honduras y Guatemala representaban
entre el 1 y el 3 % del PIB de estos países, constituyendo una verdadera forma de
tributación informal impuesta por el terror.
Los asaltos en transporte público, calles y hogares son frecuentes. La población desarrolla
mecanismos de adaptación como no portar objetos de valor o cambiar rutas, lo que indica
una aceptación implícita de esta violencia. Según el Proyecto Regional PNUD Infosegura
(2024), tan solo en el primer semestre de 2023, la región centroamericana registró
alrededor de 20 víctimas diarias de violencia homicida (17 hombres y 3 mujeres), para un
total de 3,585 en toda la región. Si bien esta tendencia fue generalizada en toda el área
centroamericana, el comportamiento entre países ha sido heterogéneo: Costa Rica y
Guatemala mostraron los mayores incrementos anuales en casos de violencia homicida.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza excesiva contra sospechosos
o durante redadas. La ciudadanía, temiendo represalias, a menudo no denuncia estos
abusos, contribuyendo a su normalización.
Ejemplos de violencia psicológica
La intimidación constante por parte de grupos criminales crea un ambiente de miedo y
estrés. Las amenazas directas o indirectas son una forma común de control psicológico, lo
cual tiene su referente real, de que las amenazas de muerte se pueden cumplir a partir de
intentos de asesinatos o asesinatos perpetrados o realizados de diversas maneras. En
forma directa cuando hay homicidios, ejecuciones o masacres extremadamente violentas:
balaceras, ametrallamientos, secuestros y aparecimientos con ejecuciones extrajudiciales,
donde el uso de la tortura y la muerte es con excesiva alevosía, sadismo aberrante y
enfermizo. También las amenazas hacen que las poblaciones se vean obligadas a emigrar
internamente a otras zonas del país donde consideran que hay «menos riesgo o peligro» de
que su integridad física, o migraciones internacionales en busca de una estabilidad
económica, social y psicológica, aunque éstas representen efectos o impactos
generalmente adversos en términos objetios, por el grado de riesgo que conlleva la
movilidad humana en situaciones muchas veces de irregularidad legal, de precariedad y de
vulnerabilidad estructural por la falta de protección de sus Estados, generalmente
ausentes.
En las escuelas, el bullying o acoso escolar puede ser frecuente y violento, causando
problemas psicológicos muy serios y profundos, hasta llegar a problemas de autoinfligirse
daño físico, intentos de suicidio y suicidios consumados. Las instituciones del Estado no
pueden combatir y controlar de manera efectiva esta situación, aceptando muchas veces
este problema en aumento, como parte de la realidad escolar. La Organización
Panamericana de la Salud (OPS, 2021) señala que los trastornos de salud mental
derivados de la exposición prolongada a la violencia —incluyendo el trastorno de estrés
postraumático, la depresión y la ansiedad— son altamente prevalentes en las poblaciones
centroamericanas, pero la cobertura de los servicios de salud mental en la región es
drásticamente insuficiente, con menos de 1 psiquiatra por cada 100.000 habitantes en
países como Honduras y Guatemala.

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La falta de justicia social, económica y legal/judicial, así como la percepción real de la
impunidad y el abuso de poder de las redes ilícitas, muchas de ellas detectadas y
enquistadas dentro de las estructuras de las instituciones del Estado, que manipulan la ley
para mantener los intereses creados de grupos políticos y allegados mafiosos, criminales y
corruptos, las redes del crimen organizado ligadas a la narcoactividad, el contrabando o
trasiego en varias de sus formas y otras actividades ilícitas ejerciendo poder a través de la
cooptación, la intimidación, la coerción y las amenazas duras y directas, sin ningún freno,
control, tipo de sanción o causa de persecución legal/judicial, todo ello ha generado una
sensación de desesperanza, desaliento, indignación, enojo, frustración y hasta resignación
en la mayor parte de la población, contribuyendo a la aceptación de la violencia como una
parte inevitable de la vida diaria.
El primer ejemplo es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), la cual fue creada en 2007 con el propósito de combatir la corrupción y la
impunidad en ese país, en colaboración con el Ministerio Público (MP). Esta fue expulsada
de Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales; el proceso de salida se inició en
agosto de 2018, cuando el gobierno anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, que
estaba previsto para finalizar en septiembre de 2019. En enero de 2019, el gobierno de
Morales decidió unilateralmente terminar anticipadamente el acuerdo con la CICIG,
dándole 24 horas para abandonar el país. Desde el cierre de la CICIG, el MP se ha
dedicado a perseguir y encarcelar exfuncionarios de dicha Comisión, a periodistas críticos
de la corrupción en las últimas cuatro administraciones de gobierno y está confrontado
seriamente con varios procesos judiciales/penales y constitucionales con el gobierno
actual.
El segundo ejemplo es el de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH), establecida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la
que cesó sus funciones el 19 de enero de 2020. La MACCIH fue creada en 2016 para
apoyar los esfuerzos de Honduras en la lucha contra la corrupción, pero su mandato no fue
renovado por el Gobierno hondureño del presidente Hernández, lo que llevó a su cierre
definitivo, a pesar de las advertencias y protestas de organismos, entidades y
agrupaciones de los derechos civiles, los derechos humanos, de la mujer, de los niños(as)
y adolescentes y contra el crimen organizado.
El tercer ejemplo es el de la Comisión Nacional Anticorrupción y Anti-impunidad en
Nicaragua, la cual cesó abruptamente sus funciones en diciembre de 2007. Esta Comisión
fue creada durante el gobierno de Enrique Bolaños, en 2002, para investigar y combatir la
corrupción. Sin embargo, cuando Daniel Ortega asumió la Presidencia en 2007, una de sus
primeras medidas, al tomar el poder en forma democrática, fue desmantelar dicha
Comisión, argumentando que no había producido resultados significativos en sus
funciones. Desde entonces, el gobierno de Ortega ha enfrentado críticas por su manejo de
la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país, y se ha convertido en un
gobierno autoritario, dictatorial y persecutorio en aumento, durante los períodos que ha
ejercido el gobierno de ese país, a través de cambios constitucionales y varias
reelecciones.
Entonces, las sociedades de estos países ejemplificados arriba, han vivido o viven bajo
«democraduras» o dictaduras disfrazadas o con fachadas de democracias electoreras y

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representativas pluralistas, cuando en realidad han sido y son autoritarismos
neofascistoides que han deformado o desmantelado la institucionalidad, la gobernanza y el
Estado de derecho en Centroamérica. No han dejado ni dejan espacios verdaderamente
democráticos y pluralistas, violando constantemente los derechos civiles, los derechos
humanos y las leyes y poderes constitucionales y las instituciones de los Estados de sus
países. Se han ejercido violencias políticas estructurales y de coyunturas de poder
corrupto, criminal e impune, que tienen impactos psicológicos muy profundos en estas
sociedades violentadas.
En algunos entornos familiares o laborales, la manipulación emocional y el control
coercitivo son comunes. La gente se ve obligada a soportar este tipo de violencia
psicológica debido a la dependencia económica o emocional, viéndola como algo normal.
Walker y Dutton (2020) han documentado que los ciclos de violencia en las relaciones de
pareja reproducen patrones aprendidos en contextos familiares y sociales más amplios, lo
que dificulta la ruptura de estas dinámicas sin intervenciones sostenidas en múltiples
niveles.
Conclusiones

1. Centroamérica es una región especialmente violenta, más que otros puntos de
   Latinoamérica. Ello se apuntala en un complejo entrecruzamiento de causas de
   origen histórico-estructural.
2. La violencia es multidimensional, expresándose de muy distintas y variadas formas.
   La actual equiparación de violencia con delincuencia es una artera manipulación,
   sumamente cuestionable en términos ideológicos.
3. La historia del área está marcada por distintos tipos de profunda violencia desde la
   llegada de la invasión española. La época republicana, desde hace dos siglos,
   continúa esos moldes. Las guerras fratricidas de los últimos años son la expresión
   de esa descarnada historia, mostrando al rojo vivo la continuidad de violencia y
   desprecio por el otro, donde la impunidad de los más poderosos es la constante, y la
   falta de justicia la perpetúa.
4. El desprecio por el otro distinto (indígenas, mujeres, diversidad sexual,
   marginalizados varios, entre otros) es una marca cultural que recorre la región. El
   racismo y el patriarcado marcan a profundidad las relaciones interpersonales y son
   una constante que asienta en ese desprecio.
5. Las élites socioeconómicas y políticas replican esos patrones, constituyéndose en
   feudos intocables con privilegios irritantes sobre grandes masas populares
   paupérrimas. Esa matriz, a todas luces violenta, marca la historia de los países del
   istmo. Los Estados replican esas matrices, convirtiéndose a su vez en foco de más
   violencia.
6. Los distintos tipos de violencia se han incorporado tan profundamente en la
   cotidianeidad que terminaron convirtiéndose en cultura normalizada, aceptada
   resignadamente, sin aparente posibilidad de cuestionarla.

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7. Revertir esa cultura ya instaurada en los imaginarios colectivos implica un muy
   fuerte y prolongado trabajo multifactorial. Deben ser los Estados, con políticas
   públicas sostenidas y sostenibles, los encargados de llevar adelante esos proyectos.
   Ello implica, como mínimo, un sustancial mejoramiento en las condiciones de vida
   de las poblaciones y un muy hondo cuestionamiento educativo-cultural, pensando
   en cambios que se verán no inmediatamente sino en las próximas generaciones. La
   cooperación internacional, los organismos multilaterales y la sociedad civil
   organizada deben acompañar estos procesos con recursos y compromiso político
   de largo aliento.

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