Por. Henry José Pacheco.
Un 15 de noviembre ocurre una denuncia parlamentaria realizada por el diputado José Vicente Rangel en 1966 sobre las violaciones a los derechos humanos en los Teatros de Operaciones (TO) representa un punto de inflexión en la historia política y constitucional de la democracia venezolana de la segunda mitad del siglo XX.
Este episodio marcó el inicio de una fiscalización pública y documentada sobre los excesos de la contrainsurgencia durante el gobierno de Raúl Leoni, consolidando el material que daría origen al célebre libro Expediente Negro (publicado inicialmente en 1967/1972).
1. Contexto Histórico y Político.
A mediados de la década de 1960, el sistema democrático venezolano —nacido tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y consolidado bajo el Pacto de Puntofijo— enfrentaba su mayor amenaza existencial, la insurgencia armada liderada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupados militarmente en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).
La Doctrina de Seguridad Nacional.
En el marco de la Guerra Fría y bajo la influencia de la estrategia contrainsurgente estadounidense (Escuela de las Américas), el Estado venezolano creó los Teatros de Operaciones (TO) —como el TO-1 en Falcón, el TO-3 en Lara y el TO-5 en Oriente—.
Estas zonas quedaron bajo jurisdicción militar excepcional, suspendiendo de facto las garantías constitucionales en áreas rurales estratégicas.
La crisis de 1966.
Para ese año, la guerrilla rural comenzaba a debilitarse militarmente, pero el conflicto alcanzó niveles críticos de brutalidad.
La desaparición y muerte del dirigente comunista Alberto Lovera (cuyo cadáver apareció encadenado en las playas de Lechería en octubre de 1965) había encendido las alarmas sobre los métodos empleados por los cuerpos de seguridad (DIGEPOL y el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas – SIFA).
2. El Papel de José Vicente Rangel y el Congreso Nacional.
En 1966, José Vicente Rangel, entonces un joven diputado de oposición (vinculado a Unión Republicana Democrática y luego a sectores de la izquierda democrática), utilizó la inmunidad parlamentaria y la tribuna del Congreso Nacional para romper el cerco de censura y autocensura mediática que imperaba respecto a las operaciones militares.
La denuncia.
Rangel presentó ante la Cámara de Diputados pruebas testimoniales, documentos y relatos de sobrevivientes y familiares sobre detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas dentro de los campamentos antiguerrilleros (especialmente en centros como Cachipo, El Tocuyo y Yumare).
Dimensión E Impacto del Expediente Negro.
El impacto institucional.
La intervención obligó al Congreso a abrir comisiones de investigación.
Por primera vez, se cuestionaba formalmente desde el seno del propio Estado democrático la legalidad de los métodos utilizados para defender esa misma democracia.
Se puso en evidencia una contradicción fundamental, para salvar el Estado de derecho, se estaban violando sistemáticamente sus principios básicos.
3. Significado del Expediente Negro.
Las intervenciones parlamentarias de Rangel, junto con las actas de las comisiones investigadoras, los testimonios de víctimas y los informes forenses recopilados durante ese período, fueron sistematizados en su obra Expediente Negro.
Jurídica y Constitucional.
Demostró que la suspensión de garantías y la justicia militar se utilizaban para encubrir crímenes comunes y de lesa humanidad, creando un «Estado paralelo» sin control civil.
Histórica y Documental.
Se convirtió en el primer gran registro histórico de la desaparición forzada como política sistemática en América Latina (precediendo incluso a las dictaduras del Cono Sur de los años 70).
Política (Pacificación)
Aunque inicialmente generó un fuerte rechazo en los sectores más duros del gobierno y las Fuerzas Armadas, a mediano plazo contribuyó a legitimar la necesidad de una salida política, allanando el camino para la política de pacificación impulsada posteriormente por Rafael Caldera en 1969.
4. Consecuencias a Largo Plazo.
Á. Visibilización de las víctimas:.
Permitió que familiares de campesinos, estudiantes y militantes desaparecidos tuvieran un espacio institucional de reclamo, sentando las bases del movimiento de derechos humanos en Venezuela.
B. Desgaste de la vía armada y de la represión pura.
Expuso tanto el aislamiento de la guerrilla como el costo moral y político de la represión indiscriminada para los gobiernos de Acción Democrática (Betancourt y Leoni).
C. Referente ético-político: Consolidó la figura de José Vicente Rangel como un referente en la defensa de los derechos humanos durante las décadas de 1960 y 1970, marcando un estándar sobre el rol fiscalizador del Poder Legislativo frente a los excesos del Ejecutivo y el estamento militar.
