Colombia/El paro nacional del 19 de noviembre, la acción de masas y las perspectivas de una alternativa popular

Por: Horacio Duque*

Estas notas intentan un análisis del paro nacional del 19 de noviembre contra el Ajuste fiscal neoliberal impulsado por el gobierno neofascista de Abelardo y como un rechazo a sus planes de dar forma a un régimen autoritario iliberal con recorte y suspensión de las libertades democráticas. Este análisis quiere destacar los nuevos niveles del movimiento social colombiano y sus potenciales en la perspectiva de alcanzar un cambio del actual gobierno tal como lo ha planteado Gustavo Petro al denunciar el fraude que arrebato la presidencia a Ivan Cepeda como candidato del Pacto Histórico.

Con la jornada de hoy, y la del pasado 14 de octubre, se instala un proceso expansivo que debe cerrar con la salida del señor Abelardo del cargo de presidente, usurpado mediante la trampa y la manipulación de las redes sociales y las plataformas tecnológicas.

El de Abelardo es un gobierno espurio, sin legitimidad y sin capacidad de gobierno desatando factores recurrentes de crisis institucional.

Introducción. El regreso de la lucha de clases y de masas al centro de la política colombiana.

Colombia vivió este 19 de noviembre una importante jornada de movilización social y política contra el gobierno de Abelardo de la Espriella y su proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa de ajuste fiscal que ha provocado una creciente oposición de las centrales obreras, las organizaciones campesinas, los movimientos estudiantiles y amplios sectores de la izquierda colombiana.

Las manifestaciones realizadas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Popayán y otras ciudades reflejaron la existencia de un movimiento social que conserva una importante capacidad de organización, convocatoria y confrontación política.

La jornada fue un acontecimiento significativo porque ocurre apenas tres meses después de la llegada al poder de un gobierno identificado con las corrientes más reaccionarias de la derecha colombiana.

Sin embargo, sería un error reducir el paro nacional a una confrontación coyuntural entre el gobierno de De la Espriella y la oposición encabezada por el Pacto Histórico.

Lo ocurrido debe comprenderse dentro de un proceso histórico más amplio: la persistencia de la lucha de clases y de masas en Colombia, las transformaciones de la organización popular y las contradicciones de un modelo económico que continúa reproduciendo agudas desigualdades sociales.

Desde una perspectiva marxista, el paro refleja el conflicto entre los intereses de quienes dependen de su trabajo para sobrevivir y los sectores económicos que poseen una posición dominante sobre la propiedad, el crédito, la tierra y los principales mecanismos de acumulación del capital.

Desde una perspectiva leninista, plantea además un problema político fundamental: cómo transformar las reivindicaciones económicas inmediatas en una capacidad de organización, conciencia y participación política que permita disputar democráticamente la orientación del Estado.

El movimiento social colombiano vuelve a demostrar que no ha desaparecido después del gobierno de Gustavo Petro. Consultaratlas

Por el contrario, conserva una memoria histórica, unas estructuras organizativas y una capacidad de movilización que pueden adquirir una nueva proyección estratégica en la coyuntura nacional.

Pero también enfrenta dificultades y desafíos que deben examinarse sin triunfalismos.

  1. El paro del 19 de noviembre: un primer balance político.

La jornada fue convocada por centrales sindicales, organizaciones sociales y sectores políticos de oposición, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores, Fecode y el Pacto Histórico.

Su principal objetivo fue rechazar la Ley de Ajuste fiscal promovida por el Gobierno y el bloque oligárquico de poder, así como las medidas relacionadas con el empleo público, la tributación, la reorganización administrativa neoliberal del Estado y la proyectada privatización de activos estratégicos.

La movilización tuvo una expresión especialmente visible en Bogotá, donde distintas marchas confluyeron en la Plaza de Bolívar hasta coparla de manera notable.

Allí intervinieron representantes sindicales y dirigentes del Pacto Histórico, entre ellos Carolina Corcho y María Fernanda Carrascal.

Las intervenciones coincidieron en cuestionar los efectos distributivos del ajuste fiscal y en plantear la necesidad de sostener la movilización ciudadana.

En Cali, el expresidente Gustavo Petro participó en la jornada y reafirmó su condición de dirigente de la oposición.

Las protestas también incorporaron reivindicaciones relacionadas con la educación pública, la salud del magisterio, los derechos laborales, la financiación de la justicia y la defensa de las empresas estatales.

Este último aspecto resulta especialmente importante.

La movilización no estuvo integrada exclusivamente por sectores vinculados orgánicamente con el Pacto Histórico. Participaron organizaciones sindicales y ciudadanos con reivindicaciones propias, algunas de ellas relacionadas con problemas que también estuvieron presentes durante el gobierno anterior.

Posee una dinámica relativamente autónoma, determinadas tradiciones de lucha y demandas que trascienden las coyunturas electorales.

Ese carácter plural constituye una de sus principales fortalezas.

También representa un desafío para quienes pretenden construir una alternativa política capaz de articular las diversas expresiones de la inconformidad y rebeldía social.

La jornada registró igualmente episodios de choque violento entre algunos manifestantes y la fuerza pública.

Estos hechos exigen un análisis diferenciado que permita proteger el derecho constitucional a la protesta pacífica, investigar abusos de autoridad y rechazar las acciones que pongan en peligro a la población civil por la intervención violenta del ESMAD resucitado por Abelardo.

La dimensión democrática de la movilización resulta fundamental para comprender sus posibilidades de desarrollo.

  1. El ajuste fiscal como expresión de la lucha de clases.

El centro de la confrontación política se encuentra en el proyecto de Ley de Ajuste fiscal.

El Gobierno sostiene que el ajuste resulta necesario para corregir los desequilibrios fiscales, estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de la economía.

Las organizaciones sindicales y los sectores de oposición cuestionan, por su parte, la distribución de las cargas tributarias y advierten sobre sus consecuencias para los trabajadores, los sectores medios y los hogares de menores ingresos.

La controversia plantea una pregunta fundamental: ¿quién debe asumir los costos de una crisis fiscal?

Desde la economía política marxista, los impuestos no pueden analizarse únicamente como mecanismos técnicos de financiación del Estado.

También constituyen instrumentos mediante los cuales se redistribuye una parte del ingreso generado en la sociedad.

La estructura tributaria expresa, por tanto, determinadas relaciones de poder.

Los impuestos indirectos sobre el consumo pueden afectar proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos, mientras que los tributos progresivos sobre la renta, los patrimonios y las ganancias del capital pueden distribuir las cargas de manera diferente.

El problema no consiste en negar la necesidad de financiar al Estado.

Consiste en determinar qué sectores sociales deben contribuir, en qué proporción y para financiar cuáles prioridades públicas.

La controversia alrededor del IVA resulta ilustrativa.

El Gobierno anunció el retiro de la propuesta de gravar productos de la canasta familiar. Este cambio modificó uno de los principales puntos de discusión, pero no eliminó los cuestionamientos de las centrales obreras sobre otros componentes del proyecto.

La oposición también ha expresado preocupaciones relacionadas con los aportes a salud, el impuesto de renta, la estabilidad del empleo estatal y las posibles facultades para reorganizar entidades públicas.

Desde una perspectiva crítica, estas medidas deben examinarse conjuntamente.

Una reducción de determinadas obligaciones tributarias del capital, acompañada de mayores cargas sobre los ingresos laborales o de recortes sociales, puede producir una redistribución regresiva.

Sin embargo, para establecer sus efectos reales es indispensable estudiar el articulado definitivo, las modificaciones introducidas durante el trámite legislativo y las estimaciones fiscales correspondientes.

La crítica marxista adquiere mayor consistencia cuando demuestra materialmente cómo se distribuyen los beneficios y los costos de una política económica. Seguirpolítica

  1. El neoliberalismo y la reorganización del Estado.

El ajuste fiscal debe situarse dentro de una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la economía colombiana.

Durante las últimas décadas, las reformas orientadas hacia la liberalización de los mercados, la privatización de empresas públicas y la reducción de determinadas funciones estatales han transformado las relaciones entre el capital privado y las instituciones públicas.

Desde la perspectiva neoliberal, estas reformas suelen justificarse mediante argumentos relacionados con la eficiencia económica, la competencia y la sostenibilidad fiscal.

Sus críticos advierten que pueden profundizar la concentración de la riqueza, debilitar los servicios públicos y restringir los mecanismos de protección social.

La eventual venta de activos estatales constituye uno de los asuntos más sensibles de esta discusión.

Empresas como Ecopetrol y otras entidades estratégicas como ISA poseen una importancia que trasciende su rentabilidad financiera.

Participan en sectores fundamentales para la seguridad energética, la inversión pública y la capacidad de intervención económica del Estado.

La discusión sobre su propiedad debe considerar los efectos fiscales inmediatos, pero también sus consecuencias de largo plazo sobre el patrimonio público y la autonomía económica nacional.

La reorganización administrativa del Estado plantea problemas semejantes.

La eliminación o fusión de entidades puede justificarse cuando existen duplicidades, ineficiencias o estructuras innecesarias.

Pero también puede afectar capacidades institucionales indispensables para garantizar derechos y prestar servicios.

La cuestión central consiste en distinguir entre una reforma administrativa orientada al fortalecimiento del interés público y una reducción indiscriminada de las capacidades estatales.

Desde el marxismo, el Estado no es una institución situada por fuera de las relaciones sociales.

Su funcionamiento está condicionado por la estructura económica, los conflictos de clase y la correlación de fuerzas políticas.

Sin embargo, tampoco puede reducirse mecánicamente a un instrumento que actúa siempre de manera uniforme en favor de una sola clase.

Las instituciones públicas son también escenarios de disputa, contradicción y conquista de derechos.

Esta consideración resulta fundamental para comprender las posibilidades de una transformación democrática del Estado colombiano.

  1. La memoria histórica del movimiento popular colombiano.

El paro del 19 de noviembre no surge de la nada y en el aire.

Forma parte de una prolongada tradición de movilizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, indígenas y populares que han marcado la historia contemporánea del país.

Las luchas agrarias de los años sesenta expresaron las contradicciones de una estructura de propiedad rural profundamente desigual.

El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la protesta urbana y sindical del siglo XX.

Aquella jornada mostró la capacidad de articulación de organizaciones obreras, sectores populares y movimientos ciudadanos frente a las condiciones económicas y sociales de la época.

Posteriormente, las movilizaciones campesinas, los conflictos laborales y las protestas estudiantiles mantuvieron viva una tradición de resistencia frente a las desigualdades y las políticas estatales.

El paro agrario de 2013 representó otro momento significativo.

Las organizaciones campesinas cuestionaron los costos de producción, las condiciones de comercialización, las políticas comerciales y las dificultades estructurales del campo colombiano.

Las protestas de 2019 y, especialmente, el estallido social de 2021marcaron una transformación de mayor alcance.

En 2021, el rechazo a una reforma tributaria se articuló con demandas relacionadas con el empleo, la desigualdad, la educación, la violencia y la participación democrática.

La movilización adquirió una dimensión nacional y puso de manifiesto el protagonismo de nuevas generaciones.

La juventud urbana, los estudiantes, las mujeres y las organizaciones territoriales desempeñaron un papel destacado.

Estas experiencias contribuyeron a modificar la correlación de fuerzas políticas y sociales que precedió a las elecciones presidenciales de 2022.

Sin embargo, sería simplificador afirmar que el estallido social produjo automáticamente la victoria electoral de Gustavo Petro.

Su elección fue resultado de una combinación de factores: la acumulación histórica de las luchas populares, la organización de una coalición política, el desgaste de los partidos tradicionales y las transformaciones de las preferencias electorales.

La relación entre movilización social y cambio político es dialéctica, no mecánica.

Para una caracterización adecuada del movimiento social colombiano que hoy se volcó a las calles es necesario retomar acá la teoría científica de los movimientos sociales.

  1. La naturaleza del Movimiento social colombiano. Clases, marcos interpretativos y repertorios de lucha

5.1. El movimiento social como sujeto histórico y no como simple multitud.

Para comprender el significado del paro nacional del 19 de noviembre es necesario distinguir entre una manifestación, una campaña de protesta y un movimiento social. Una manifestación es un acontecimiento localizado en el tiempo; un movimiento social es una trama relativamente persistente de actores, redes, identidades, demandas y prácticas de confrontación. Su fuerza no reside exclusivamente en el número de personas que ocupan una plaza, sino en la capacidad de convertir agravios dispersos en reivindicaciones compartidas, mantener vínculos entre jornadas y alterar los términos del debate público. En el caso colombiano, la movilización descrita en este análisis reúne una tradición sindical con memorias estudiantiles, campesinas y territoriales. Es precisamente esta heterogeneidad, y no una supuesta uniformidad ideológica, la que exige una teoría del movimiento social.

La lectura marxista sitúa las condiciones de posibilidad de la protesta en las relaciones materiales de producción, la distribución desigual del excedente y la subordinación de quienes viven de su trabajo. Pero las desigualdades no se traducen automáticamente en acción colectiva. Entre una condición de explotación y una movilización median procesos de interpretación, organización, aprendizaje, confianza y construcción de expectativas. Por eso, el análisis de clase se enriquece al dialogar con la sociología histórica de la contienda y con las teorías de la identidad colectiva.

5.2. Marx y Lenin: de la posición de clase a la acción política

Marx permite distinguir la posición objetiva de las clases de su constitución histórica como fuerzas políticas. En su obra La miseria de la filosofía examina cómo la experiencia compartida y la asociación pueden transformar una condición social en lucha organizada. Lenin, en ¿Qué hacer?, plantea la necesidad de conectar las demandas económicas con preguntas más amplias sobre el Estado y el poder. Esta herencia permite estudiar la protesta contra una reforma fiscal como conflicto distributivo y, simultáneamente, como disputa por la orientación general de la política económica.[1]

No obstante, el movimiento no es un apéndice pasivo de una organización partidaria. Los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los colectivos juveniles y las organizaciones indígenas producen diagnósticos y liderazgos propios. La articulación con el Pacto Histórico y con el liderazgo de Gustavo Petro puede ampliar visibilidad y capacidad institucional, pero también abre tensiones sobre autonomía, representación y prioridades. La perspectiva socialista revolucionaria requiere examinar esas tensiones sin convertir al partido en dueño del movimiento ni al movimiento en una suma despolitizada de reclamos.

5.3. La movilización de recursos: las condiciones organizativas del paro

John McCarthy y Mayer Zald demostraron que la indignación no basta: hacen falta recursos organizativos, tiempo, transporte, canales de comunicación, legitimidad, conocimientos y redes territoriales. En una jornada nacional, la infraestructura sindical puede proporcionar convocatorias, coordinación y experiencia de negociación. Las redes comunitarias, estudiantiles y digitales pueden extender la participación más allá de los afiliados. Para evaluar el paro del 19 de noviembre es indispensable preguntar qué organizaciones convocaron efectivamente, cómo se coordinaron, qué territorios participaron, qué recursos se movilizaron y qué vínculos persistieron después de las marchas.[2]

La sola concurrencia de dirigentes políticos y centrales obreras no prueba una coordinación orgánica total. La investigación debe diferenciar las convocatorias oficiales, las adhesiones posteriores y las iniciativas espontáneas. De la respuesta a estas preguntas depende saber si estamos ante una protesta episódica o ante la consolidación de una infraestructura social capaz de sostener un ciclo de movilización.

5.4. Oportunidades políticas: el movimiento frente a las instituciones

Sidney Tarrow y Doug McAdam destacaron la importancia de las oportunidades y restricciones políticas: apertura institucional, aliados, divisiones entre élites, capacidad de respuesta del Estado y expectativas de eficacia. La protesta no ocurre fuera de las instituciones; interactúa con el Congreso, el Gobierno, los jueces, los gobiernos locales y los organismos de control. Una iniciativa fiscal discutida públicamente puede crear una oportunidad de intervención colectiva; una respuesta represiva o una negociación efectiva puede alterar el curso posterior de la movilización.[3]

El paro debe examinarse entonces en dos planos: la presencia en las calles y la incidencia verificable sobre el debate legislativo, los acuerdos institucionales y la opinión pública. La movilización puede ampliar la agenda democrática aun cuando no logre inmediatamente todas sus demandas. Pero tampoco debe confundirse el impacto simbólico de una jornada con una victoria política ya consumada.

5.5. Los marcos de acción colectiva: diagnóstico, pronóstico y motivación

David Snow y Robert Benford desarrollaron la noción de marcos interpretativos para explicar cómo una población reconoce una injusticia, atribuye responsabilidades y encuentra razones para actuar. Los marcos no son simples consignas: organizan la experiencia social y permiten articular problemas inicialmente separados. El marco diagnóstico del paro presenta el ajuste fiscal como una controversia sobre quién paga los costos de la crisis y quién recibe sus beneficios. Su potencia depende de demostrar con datos los efectos de los impuestos, las reducciones de gasto y las eventuales privatizaciones, sin sustituir la prueba por la descalificación.[4]

El marco pronóstico reúne propuestas que pueden ser diferentes: reforma tributaria progresiva, defensa de servicios públicos, garantías laborales, preservación de activos estratégicos y, para algunos sectores, transformaciones socialistas más amplias. Es indispensable no atribuir ese último horizonte a cada manifestante. El marco motivacional convoca a la participación mediante la solidaridad, la memoria del estallido social de 2021 y la expectativa de que la acción colectiva puede modificar decisiones públicas. La resonancia de los tres marcos explica por qué una cuestión presupuestal puede convertirse en una controversia sobre justicia social y democracia.

5.6. Los repertorios de contienda: continuidad e innovación

Charles Tilly llamó repertorios de contienda al conjunto históricamente aprendido de formas de reivindicación: huelgas, marchas, bloqueos de vías, asambleas, plantones, peticiones, campañas, actos culturales y negociaciones. El paro nacional combina modalidades tradicionales del sindicalismo con prácticas territoriales y comunicativas más recientes. La huelga interrumpe actividades laborales; la marcha hace visible un conflicto; la asamblea produce deliberación; la acción jurídica busca efectos institucionales; las plataformas digitales amplifican relatos y permiten coordinación, pero también facilitan desinformación y disputas por la atención.[5]

En Colombia, el paro cívico de 1977, las movilizaciones agrarias de 2013 y las jornadas de 2019 y 2021 ofrecen una genealogía de repertorios que se adaptan a contextos distintos. El 19 de noviembre debe situarse en esa trayectoria sin presumir que toda práctica observada es nueva. La innovación se demostraría identificando formas inéditas de articulación, decisiones colectivas o participación territorial, no solamente mediante la intensidad del lenguaje político.

5.7. Identidad colectiva: la construcción conflictiva de un «nosotros»

Alberto Melucci mostró que la identidad colectiva se produce en redes de interacción y no existe como esencia previa. Docentes, asalariados, estudiantes, pensionados, trabajadores informales y organizaciones territoriales pueden coincidir en una movilización sin compartir idénticos intereses. El «nosotros» se forma mediante símbolos, experiencias de agravio, memorias de lucha y objetivos negociados. La heterogeneidad es una fortaleza cuando permite ampliar alianzas, y un desafío cuando las prioridades divergen.[6]

La presencia de Gustavo Petro puede funcionar como referencia política para una parte de los participantes, pero no explica la totalidad de las identidades en juego. La investigación del movimiento debe escuchar sus voces diversas y no reducirlas a una dirección personal. Su legitimidad democrática aumenta cuando admite discrepancias y preserva espacios de deliberación propios.

5.8. Los nuevos movimientos sociales y la ampliación del conflicto de clase

Alain Touraine y Melucci destacaron conflictos relacionados con identidad, cultura, ambiente y control de las condiciones de vida. Las organizaciones feministas, indígenas, campesinas, ambientales y juveniles no pueden ser explicadas únicamente como extensiones del sindicato industrial. En Colombia, las disputas por la tierra, el cuidado, la educación, el territorio, los bienes comunes y el reconocimiento cultural se entrecruzan con la acumulación de capital y la distribución del poder. La crítica marxista gana precisión cuando reconoce esas mediaciones en vez de borrar sus particularidades.[7]

De ahí que la eventual convergencia del movimiento obrero con movimientos territoriales no equivalga a la aparición automática de una sola clase o de una única plataforma. Su articulación exige traducciones políticas entre demandas, respeto por la autonomía de los actores y acuerdos concretos sobre prioridades.

5.9. Más allá de la partidocracia liberal y del clientelismo

La historia de la política colombiana estuvo atravesada por el predominio liberal-conservador, el Frente Nacional y diversas formas de intermediación clientelista. Los movimientos sociales han ampliado la política más allá del voto periódico al poner en circulación reivindicaciones que los partidos tradicionales relegaron: tierra, salario, derechos colectivos, educación, ambiente y participación comunitaria. Su trascendencia consiste en crear espacios de deliberación y presión desde la sociedad, no en negar toda forma de representación.[8]

El desafío consiste en evitar dos extremos: la absorción del movimiento por las agendas electorales y el rechazo abstracto de toda mediación institucional. Los movimientos pueden relacionarse con partidos, intervenir en debates legislativos y participar en elecciones conservando independencia para criticar a sus aliados. La autonomía se prueba también cuando las organizaciones examinan los errores y límites de los gobiernos que consideran cercanos.

5.10. Gramsci: hegemonía y construcción de un bloque histórico

Gramsci permite comprender que las clases dominantes no sostienen su posición solamente mediante la coerción: también disputan el sentido común, la cultura y la legitimidad. Una movilización puede desafiar el encuadre de una reforma fiscal como necesidad puramente técnica y convertirla en debate sobre justicia distributiva. Pero una hegemonía alternativa no nace automáticamente de la protesta: requiere educación política, instituciones sociales, organización territorial, medios de expresión y propuestas capaces de ganar adhesiones más allá de los convencidos.[9]

La noción de bloque histórico ayuda a pensar alianzas entre trabajadores, sectores populares urbanos, comunidades rurales y grupos profesionales. Tales alianzas no eliminan contradicciones; necesitan mecanismos para procesarlas. En el caso del paro, hablar de un bloque histórico consolidado sería prematuro: cabe hablar de una posibilidad de articulación cuya profundidad solo podrá evaluarse mediante su continuidad y sus resultados.

5.11. Laclau: articulación de demandas y límites del liderazgo

Ernesto Laclau explicó cómo demandas diferentes pueden formar cadenas de equivalencia y construir una identidad popular frente a un poder percibido como distante. Una protesta por el salario, una demanda de educación pública y una oposición al ajuste tributario pueden reconocerse mutuamente como parte de una controversia más amplia. La teoría ilumina la capacidad articuladora de liderazgos y símbolos, pero también advierte indirectamente sobre el riesgo de que una figura concentre la representación de una pluralidad social que no se agota en ella.[10]

La articulación de la jornada con el Pacto Histórico debe examinarse desde esta doble perspectiva: capacidad de reunir demandas y necesidad de conservar la diversidad. La construcción de un pueblo político no debe confundirse con la homogeneización de las organizaciones populares. Seguirpolítica

5.12. Los ciclos de protesta y la memoria del estallido social

Tarrow emplea el concepto de ciclos de protesta para describir períodos de intensificación de la contienda, difusión de repertorios, expansión de participantes y transformación de oportunidades. Las protestas de 2019 y el estallido social de 2021 constituyen referencias indispensables para el análisis colombiano. Sus memorias, aprendizajes y redes pueden permanecer activos aun después de disminuir la intensidad de las movilizaciones. La elección de Gustavo Petro en 2022 formó parte de una transformación política más amplia, sin que pueda deducirse una relación causal única o automática.[11]

La jornada del 19 de noviembre de 2026 puede interpretarse como indicio de un nuevo ciclo, pero la hipótesis requiere seguimiento: nuevas convocatorias, continuidad de redes, ampliación territorial, evolución de demandas y resultados políticos. Una sola fecha, por significativa que sea, no demuestra por sí misma la apertura irreversible de una etapa histórica.

5.13. Institucionalización, cooptación y democracia interna

La entrada de dirigentes sociales a cargos públicos puede abrir canales de incidencia, pero también generar dependencia presupuestal, burocratización o subordinación a estrategias gubernamentales. La experiencia del progresismo colombiano plantea el problema de cómo mantener organizaciones autónomas capaces de apoyar reformas y, al mismo tiempo, fiscalizar a sus aliados. El retorno del Pacto Histórico a la oposición, según el contexto descrito en este ensayo, modifica las condiciones de esa relación, pero no suprime sus tensiones.

Un movimiento que reclama democratización debe practicarla internamente: transparencia, pluralismo, participación de mujeres y jóvenes, rotación de vocerías y rendición de cuentas. La crítica a la vieja partidocracia pierde fuerza si las organizaciones populares reproducen sus mecanismos de personalismo y exclusión.

5.14. ¿Qué significa un movimiento social de ruptura radical?

La ruptura puede entenderse como transformación profunda de las relaciones sociales y de los criterios de distribución del poder, sin equipararla a la supresión de libertades o a la salida extraconstitucional de un gobierno. Desde una perspectiva socialista revolucionaria, implica disputar la propiedad y el control de recursos estratégicos, fortalecer derechos sociales, ampliar el poder de decisión de trabajadores y comunidades y garantizar mecanismos de control público. El derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la independencia judicial y la competencia política plural son condiciones de esa transformación, no obstáculos que deban sacrificarse.

En consecuencia, el significado político del paro no se mide solo por su oposición al Ejecutivo, sino por la calidad de las alternativas que ponga en discusión, la amplitud de su base social y la capacidad de producir cambios verificables en la vida colectiva. Seguirpolítica

5.15. Balance provisional y preguntas para la investigación

El paro del 19 de noviembre puede ser leído como una confluencia entre conflictos distributivos, memoria de movilización y articulación de actores sindicales y políticos. Para establecer su verdadera naturaleza y alcance deben contrastarse, entre otros elementos, la participación por ciudades, las organizaciones efectivamente presentes, la diversidad de demandas, las formas de coordinación, las respuestas oficiales, los incidentes y las transformaciones legislativas posteriores. La existencia de una convocatoria y de relatos de manifestaciones no autoriza a afirmar automáticamente una mayoría social, una insurrección o una correlación de fuerzas ya definida.

La tesis más sólida es que los movimientos sociales constituyen espacios de producción de política más allá de la vieja intermediación partidista. Su potencia histórica depende de la capacidad para transformar agravios en organización, organización en deliberación y deliberación en cambios populares sostenibles. La lucha de clases y de masas continúa siendo una clave explicativa, pero solo adquiere contenido concreto cuando se estudian sus actores, lenguajes, repertorios, alianzas y contradicciones.

  1. Del estallido social de 2021 al gobierno de Gustavo Petro.

La elección de Gustavo Petro en 2022 representó un acontecimiento histórico para las izquierdas colombianas.

Por primera vez, una coalición identificada con la izquierda alcanzó la Presidencia de la República mediante una victoria electoral.

Este hecho modificó las condiciones de la disputa política.

Las organizaciones populares que durante décadas habían actuado principalmente desde la oposición encontraron nuevas posibilidades de interlocución con el Gobierno.

Sin embargo, la llegada de una fuerza progresista a la Presidencia no significó una transformación inmediata de las estructuras económicas y sociales del país.

Persistieron la concentración de la propiedad, las desigualdades territoriales, las limitaciones fiscales y las dificultades para construir mayorías parlamentarias estables.

Desde una perspectiva marxista, esta experiencia permite distinguir entre el acceso al gobierno y la transformación de las relaciones estructurales de poder.

La Presidencia constituye una posición institucional relevante, pero no equivale al control de todos los mecanismos económicos, políticos y sociales que condicionan el funcionamiento del Estado.

La experiencia de Petro también dejó contradicciones que deben analizarse críticamente.

Los avances y las dificultades de sus reformas, los conflictos dentro de la coalición gubernamental, los problemas administrativos y las denuncias de corrupción forman parte de un balance que no puede reducirse a la confrontación con sus adversarios.

La defensa de las transformaciones sociales no exige desconocer los errores del progresismo.

Por el contrario, una izquierda que aspire a construir una alternativa democrática debe desarrollar mecanismos rigurosos de autocrítica, transparencia y responsabilidad política.

Las denuncias contra antiguos funcionarios y dirigentes deben examinarse mediante investigaciones independientes y garantías de debido proceso.

Del mismo modo, las campañas de desinformación o los ataques sin fundamento deben ser cuestionados mediante pruebas verificables.

La disputa política no puede sustituir la investigación de los hechos.

  1. Abelardo de la Espriella y la reorganización de la derecha colombiana.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia expresa una nueva configuración de las derechas colombianas. Consultaratlas

Su discurso político ha incorporado elementos de conservadurismo cultural, defensa de la autoridad estatal, liberalización económica y confrontación con las organizaciones de izquierda.

El de Abelardo es claramente un proyecto neofascista.

Claro esta que esta caracterización amerita un análisis conceptual riguroso.

En la tradición marxista, el fascismo no se identifica simplemente con un gobierno conservador, una política económica regresiva o un discurso autoritario.

Se relaciona con determinadas formas de reorganización del poder político, destrucción de organizaciones democráticas, movilización reaccionaria y subordinación coercitiva de la sociedad.

Por ello, la caracterización del gobierno de De la Espriella debe sustentarse en el examen concreto de sus políticas, sus relaciones con las instituciones, sus prácticas frente a la oposición y su comportamiento respecto de las libertades públicas.

Existen motivos para estudiar críticamente sus propuestas de seguridad, sus posiciones frente a determinados derechos y sus iniciativas de reorganización estatal.

La cuestión fundamental consiste en determinar si sus políticas fortalecen o debilitan las garantías democráticas (como en efecto lo ha hecho en sus primeros 100 días de gobierno) y cómo modifican las relaciones entre el Estado, el capital y las organizaciones populares.

Desde esta perspectiva, el paro del 19 de noviembre constituye una manifestación de oposición a la orientación económica y política del Gobierno.

Su importancia no reside únicamente en las consignas utilizadas, sino en la capacidad de las organizaciones sociales para ejercer sus derechos constitucionales y participar en la discusión pública.

  1. La vigencia de Marx: las contradicciones entre capital y trabajo.

La teoría marxista ofrece instrumentos fundamentales para comprender el conflicto social colombiano.[12]

El marxismo plantea que las formaciones capitalistas se encuentran atravesadas por contradicciones entre las clases que poseen los medios de producción y aquellas que dependen de la venta de su fuerza de trabajo.

Esta contradicción no significa que todos los conflictos sociales puedan reducirse exclusivamente a la relación salarial.

Las desigualdades de género, las relaciones étnicas, la concentración territorial de la riqueza y las distintas formas de subordinación social poseen dinámicas específicas.

Sin embargo, la relación entre capital y trabajo continúa siendo un componente central de la organización económica.

En Colombia, esta contradicción se manifiesta en la informalidad laboral, las diferencias de ingresos, la concentración de la propiedad rural, las dificultades de acceso a servicios públicos y las desigualdades entre regiones.

La política fiscal participa directamente en estas relaciones.

Los impuestos, las transferencias monetarias, el gasto social y la inversión pública modifican la distribución del ingreso disponible y las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

Por eso, el conflicto alrededor de la Ley de Rescate Económico tiene un contenido de clase.

No porque todos los manifestantes pertenezcan a una misma clase social, sino porque la discusión gira alrededor de la distribución de los costos económicos y de las responsabilidades del Estado.

El paro revela que los conflictos distributivos continúan siendo fundamentales para comprender la política contemporánea.

  1. Lenin y el problema de la organización política.

La reflexión leninista permite incorporar otra dimensión: la relación entre movilización social, conciencia política y organización.

Lenin sostuvo que las luchas económicas de los trabajadores poseen una enorme importancia, pero que la transformación política exige procesos de organización capaces de vincular las reivindicaciones inmediatas con una comprensión más amplia de las relaciones de poder.[13]

Esta tesis puede examinarse críticamente a la luz de las experiencias democráticas contemporáneas. Seguirpolítica

El movimiento social colombiano dispone de numerosas organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, feministas, indígenas y comunitarias.

Su diversidad constituye una fortaleza, pero también plantea dificultades para construir agendas comunes y mantener una coordinación estable.

La articulación entre estas organizaciones y los partidos políticos presenta tensiones permanentes.

Una subordinación completa de los movimientos sociales a las estrategias partidistas puede debilitar su autonomía.

Pero una separación absoluta entre movilización social y representación política puede limitar su capacidad para incidir sobre las decisiones estatales.

La cuestión consiste en construir relaciones democráticas entre ambas dimensiones.

La experiencia colombiana demuestra que las transformaciones políticas requieren organización territorial, formación, deliberación pública y capacidad de participación institucional.

También requieren mecanismos que impidan la concentración del poder dentro de las propias organizaciones populares.

Desde una perspectiva socialista democrática, la organización política debe fortalecer el pluralismo, la participación y el control ciudadano sobre quienes ejercen funciones de dirección.

  1. Gramsci y la disputa por la hegemonía.

El pensamiento de Antonio Gramsci resulta especialmente útil para comprender las transformaciones recientes del movimiento popular colombiano y la movilización de hoy 19 de noviembre.

Gramsci explicó que el poder de las clases dominantes no descansa exclusivamente en la coerción estatal.[14]

También se reproduce mediante mecanismos de dirección cultural, política e ideológica.

La hegemonía implica la capacidad de presentar determinados intereses particulares como si fueran intereses generales de la sociedad.

En Colombia, esta discusión adquiere importancia al examinar el papel de los grandes medios de comunicación, los grupos económicos, las instituciones educativas, las organizaciones religiosas y las plataformas digitales.

Estos espacios participan en la formación de las percepciones ciudadanas y en la construcción de legitimidad política.

Sin embargo, no actúan de manera uniforme ni constituyen necesariamente un bloque ideológico homogéneo.

La disputa por la hegemonía también se desarrolla dentro de ellos.

El movimiento social colombiano ha construido sus propios mecanismos de comunicación, organización territorial y producción cultural.

Las redes digitales, los medios comunitarios, las organizaciones juveniles y las experiencias de educación popular han contribuido a ampliar sus posibilidades de intervención pública.

El estallido social de 2021 mostró la importancia de estas nuevas formas de comunicación política.

El paro del 19 de noviembre de 2026 permite observar su continuidad.

Pero una hegemonía alternativa no puede construirse únicamente mediante consignas o campañas comunicativas.

Requiere propuestas capaces de responder a los problemas concretos de la población y de construir consensos democráticos más amplios. Seguirpolítica

  1. La autonomía del movimiento social frente al Pacto Histórico.

Uno de los problemas centrales de la coyuntura consiste en la relación entre el movimiento social y el Pacto Histórico.

La coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia conserva una importante presencia política y una capacidad de convocatoria significativa.

Sin embargo, las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y comunitarias poseen historias, demandas y estructuras propias.

El paro del 19 de noviembre evidencia esta doble dimensión.

Por una parte, el Pacto Histórico participó activamente en la movilización y sus dirigentes ocuparon un lugar destacado en los actos públicos.

Por otra, las reivindicaciones expresadas por numerosos participantes trascendieron las consignas partidistas.

La defensa de la salud del magisterio, la financiación de la justicia, el empleo público y los derechos laborales responde a conflictos concretos que no pueden reducirse a una disputa entre dos dirigentes presidenciales.

La autonomía del movimiento social resulta indispensable para preservar su legitimidad. ApoyarCausas

También permite ejercer una crítica independiente frente a cualquier gobierno, incluidos aquellos que se identifican con el progresismo.

Una izquierda democrática necesita organizaciones populares capaces de apoyar reformas, cuestionar decisiones y formular propuestas sin depender completamente de las estructuras partidistas.

La relación entre partido y movimiento debe sustentarse en la deliberación, la cooperación y el respeto de sus respectivas autonomías.

  1. La protesta social y las garantías democráticas.

El paro también plantea una discusión fundamental sobre el derecho a la protesta.

La Constitución Política de 1991 reconoce la reunión y la manifestación pública y pacífica como derechos fundamentales.[15]

Estos derechos constituyen instrumentos indispensables para la participación ciudadana y el control democrático del poder.

La actuación de las autoridades debe garantizar la seguridad de los manifestantes, la protección de terceros y el respeto de los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.

Los enfrentamientos registrados durante la jornada requieren investigaciones que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

La existencia de episodios violentos no elimina el carácter legítimo de las manifestaciones pacíficas.

Una perspectiva democrática de la lucha social exige rechazar tanto los abusos estatales como las acciones que comprometan la integridad de la población.

La fortaleza de un movimiento popular también se expresa en su capacidad para defender las libertades públicas y construir mecanismos pacíficos de participación.

  1. ¿Puede el paro convertirse en un movimiento político de mayor alcance?

La jornada del 19 de noviembre plantea interrogantes sobre la evolución futura del movimiento social colombiano.

Su capacidad para convertirse en un proceso sostenido dependerá de varios factores.

El primero es la continuidad organizativa.

Las grandes manifestaciones pueden producir importantes efectos políticos, pero no garantizan por sí mismas la consolidación de organizaciones estables. ApoyarCausas

El segundo es la capacidad para articular reivindicaciones diversas.

Los conflictos laborales, campesinos, territoriales, ambientales y educativos poseen características propias que requieren respuestas específicas.

El tercero es la construcción de propuestas económicas viables y socialmente justificadas.

La oposición al ajuste fiscal puede adquirir mayor profundidad cuando se acompaña de alternativas claras sobre tributación progresiva, financiación del gasto público, productividad, empleo y protección social.

El cuarto es la relación con las instituciones democráticas.

La movilización social puede influir sobre las decisiones del Congreso, las autoridades territoriales y los organismos de control.

También puede impulsar debates públicos y mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, resulta indispensable considerar las diferencias internas del movimiento popular.

La diversidad de orientaciones políticas constituye una realidad que debe administrarse mediante procedimientos democráticos. Seguirpolítica

No existe una correspondencia automática entre la magnitud de una protesta y la formación de una mayoría política nacional.

La transformación de una movilización en un proyecto duradero exige tiempo, organización y capacidad para construir acuerdos.

  1. La ruptura política y los límites de la democracia representativa.

Desde una perspectiva marxista, la idea de ruptura política se relaciona con la transformación de las estructuras que reproducen las desigualdades sociales.

Sin embargo, la ruptura no debe confundirse necesariamente con la eliminación de las instituciones democráticas.

Una transformación socialista democrática puede plantear cambios profundos en la distribución de la riqueza, la propiedad, la participación ciudadana y el funcionamiento del Estado mediante procedimientos constitucionales y respetuosos del pluralismo.

En Colombia, cualquier modificación de la Presidencia debe realizarse por los mecanismos previstos en la Constitución. Consultaratlas

La oposición política, la movilización ciudadana, el control parlamentario y la participación electoral constituyen instrumentos legítimos de disputa democrática.

La crítica al gobierno de De la Espriella puede desarrollarse con profundidad sin desconocer estas garantías.

La discusión sobre una alternativa de izquierda debe centrarse en la construcción de un proyecto político capaz de obtener legitimidad democrática y transformar las condiciones económicas y sociales.

La experiencia histórica demuestra que las transformaciones que sacrifican las libertades públicas pueden terminar reproduciendo nuevas formas de dominación.

Por ello, una perspectiva socialista democrática necesita integrar la igualdad material con el pluralismo político, la libertad de expresión, la independencia judicial y la participación popular.

  1. El socialismo como horizonte de transformación.

La discusión sobre el socialismo adquiere relevancia frente a las limitaciones del modelo económico colombiano. Consultaratlas

La concentración de la riqueza, la desigualdad territorial y las dificultades de acceso a derechos fundamentales plantean la necesidad de examinar alternativas de desarrollo.

Una perspectiva socialista puede comprenderse como un proyecto orientado a ampliar el control democrático sobre las decisiones económicas, fortalecer los derechos sociales y garantizar una distribución más equitativa de los recursos.

Esto implica discutir la estructura tributaria, la propiedad pública estratégica, la participación de los trabajadores, la economía cooperativa, la reforma agraria y la planificación del desarrollo.

También exige incorporar las transformaciones ecológicas y tecnológicas que están modificando las relaciones de producción.

La democratización económica no puede limitarse a incrementar el gasto público.

Requiere examinar quién controla las decisiones de inversión, cómo se distribuyen los excedentes productivos y cuáles mecanismos permiten la participación efectiva de los ciudadanos.

La experiencia internacional muestra que las distintas tradiciones socialistas han desarrollado respuestas divergentes frente a estos problemas.

Por ello, resulta indispensable evitar las interpretaciones dogmáticas.

El marxismo ofrece instrumentos críticos para comprender las relaciones capitalistas, pero no sustituye la investigación concreta de las condiciones históricas.

El leninismo aporta reflexiones sobre organización y poder político, aunque sus experiencias históricas también deben someterse a una evaluación crítica desde las exigencias contemporáneas de pluralismo y democracia.

La construcción de un proyecto socialista colombiano tendría que responder a las particularidades del país, sus instituciones, su diversidad territorial y sus tradiciones de participación popular.

  1. La nueva generación y la reconstrucción de la política popular.

Uno de los elementos más importantes de las movilizaciones recientes es la presencia de nuevas generaciones.

La juventud colombiana ha experimentado dificultades relacionadas con el acceso al empleo, la educación superior, la vivienda y la estabilidad económica.

Estas condiciones han contribuido a fortalecer nuevas formas de participación política.

Las experiencias del estallido social de 2021 dejaron aprendizajes organizativos y culturales que continúan presentes en distintos territorios.

Sin embargo, la juventud no constituye un bloque político homogéneo.

Sus orientaciones ideológicas, condiciones sociales y formas de participación son diversas.

El desafío para las organizaciones populares consiste en comprender estas diferencias y desarrollar espacios democráticos de deliberación.

La formación política, la educación pública, la cultura y las plataformas digitales pueden contribuir a ampliar la participación ciudadana.

Pero la incorporación de nuevas generaciones exige también renovar las prácticas internas de las organizaciones tradicionales.

La reproducción de jerarquías cerradas, personalismos y mecanismos burocráticos puede limitar la capacidad de renovación del movimiento social.

La democratización debe comenzar dentro de las propias organizaciones que aspiran a transformar la sociedad.

  1. El significado político del 19 de noviembre.

El paro nacional representa un momento significativo en la reorganización de la oposición social y política al gobierno de Abelardo de la Espriella.

La jornada demuestra que existen organizaciones capaces de convocar movilizaciones en distintas regiones y articular reivindicaciones económicas, laborales y democráticas.

También revela que la discusión sobre el ajuste fiscal ha trascendido el ámbito técnico para convertirse en una controversia sobre la distribución de las cargas económicas y el papel del Estado.

Sin embargo, su significado histórico no puede establecerse definitivamente a partir de una sola jornada.

Será necesario examinar sus efectos sobre el trámite legislativo, la respuesta gubernamental, la continuidad de las organizaciones convocantes y la evolución de la opinión pública.

La comparación con el estallido social de 2021 resulta pertinente por la centralidad de la cuestión tributaria y la participación de sectores populares.

Pero también existen diferencias importantes.

El contexto político ha cambiado, el Pacto Histórico pasó del gobierno a la oposición y las condiciones económicas y organizativas presentan características distintas. Seguirpolítica

Por ello, el paro del 19 de noviembre no debe interpretarse como una simple repetición de 2021.

Constituye una nueva experiencia de movilización que recoge elementos de aquella memoria histórica, pero se desarrolla bajo condiciones diferentes.

Conclusión. La lucha de clases y de masas y el futuro de la democracia colombiana.

La jornada nacional del 19 de noviembre confirma que los conflictos sociales continúan ocupando un lugar central en la política colombiana.

La controversia alrededor de la Ley de Rescate Económico ha puesto nuevamente en discusión la distribución de la riqueza, las responsabilidades fiscales del Estado y la protección de los derechos sociales.

Desde una perspectiva marxista, estos conflictos expresan contradicciones estructurales entre capital y trabajo.

Desde una perspectiva leninista, plantean interrogantes sobre la organización política y la capacidad de transformar reivindicaciones inmediatas en proyectos de mayor alcance.

Desde la reflexión gramsciana, revelan la importancia de la disputa cultural y de la construcción de consensos sociales.

Pero el movimiento popular colombiano no puede comprenderse únicamente mediante categorías teóricas. Consultaratlas

Su historia está formada por experiencias concretas de lucha campesina, organización sindical, movilización estudiantil, reivindicación indígena, participación de las mujeres y defensa de los derechos humanos.

El paro del 19 de noviembre forma parte de esa trayectoria.

Su principal significado consiste en demostrar que las organizaciones populares conservan capacidad de intervención pública y que la orientación económica del Estado continúa siendo objeto de disputa democrática.

La experiencia del gobierno de Gustavo Petro, por su parte, plantea enseñanzas sobre las posibilidades y los límites de las transformaciones progresistas desde las instituciones.

La oposición al gobierno de De la Espriella abre una nueva etapa de debate político, pero no garantiza automáticamente la formación de una alternativa de izquierda.

La construcción de un proyecto socialista exige organización, pensamiento crítico, propuestas económicas consistentes, participación popular y respeto irrestricto de las libertades públicas.

La lucha de clases continúa siendo una dimensión fundamental de la historia colombiana, pero su desenlace no está predeterminado. Dependerá de las decisiones colectivas, de la correlación de fuerzas sociales y de la capacidad de las organizaciones políticas para construir alternativas democráticas legítimas.

El 19 de noviembre puede ser recordado como un momento importante de esa trayectoria.

Su verdadero alcance histórico dependerá de lo que ocurra después: de las transformaciones que produzca en la discusión pública, de la respuesta de las instituciones y de la capacidad de la sociedad colombiana para tramitar sus conflictos mediante la participación democrática.

En última instancia, la cuestión que plantea esta jornada trasciende la permanencia de un gobierno particular.

Se refiere al tipo de sociedad que Colombia pretende construir, a la distribución del poder económico y a las posibilidades de hacer efectivos los principios de igualdad, libertad, justicia social y soberanía popular.

[1]Karl Marx, La miseria de la filosofía (1847), capítulo II, sección sobre las coaliciones obreras; Vladímir I. Lenin, ¿Qué hacer? (1902), especialmente capítulos II y III.

[2]John D. McCarthy y Mayer N. Zald, «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», American Journal of Sociology, vol. 82, n.º 6 (1977), pp. 1212–1241.

[3]Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University Press, 1994 (ediciones revisadas posteriores); Doug McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970, University of Chicago Press, 1982.

[4]David A. Snow y Robert D. Benford, «Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization», International Social Movement Research, vol. 1 (1988), pp. 197–217.

[5]Charles Tilly, Social Movements, 1768–2004, Paradigm Publishers, 2004; Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley,

[6]Alberto Melucci, Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambridge University Press, 1996.

[7]Alain Touraine, La voix et le regard, Seuil, 1978; Alberto Melucci, Challenging Codes, 1996.

[8]Mauricio Archila Neira, Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Colombia, 1958–1990, ICANH/CINEP, 2003; Leopoldo Múnera Ruiz, Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia, 1968–1988, Universidad Nacional de Colombia, 1998.

[9]Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (escritos de 1929–1935), pasajes sobre hegemonía, sociedad civil y bloque histórico; consultar una edición crítica identificada para referencias de cuaderno y parágrafo.

[10]Ernesto Laclau, La razón populista, Fondo de Cultura Económica, 2005, capítulos sobre demandas democráticas, cadenas de equivalencia y construcción del pueblo.

[11]Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge University Press, 1994, capítulos sobre ciclos de protesta.

[12]Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista (1848), capítulo I; Karl Marx, El capital, libro I (1867), análisis de las relaciones entre capital y trabajo.

[13]Vladímir I. Lenin, ¿Qué hacer? (1902), capítulos II–IV, sobre conciencia política y organización.

[14]Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (1929–1935), notas sobre hegemonía, intelectuales y sociedad civil.

[15]Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 37 (derecho de reunión y manifestación pública y pacífica). Consultaratlas

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación que incluye: Maestría en Relaciones Internacionales,Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos Contemporáneos.
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