Categoría: Opinión

Por Carolina Vásquez Araya

La separación entre Iglesia y Estado representa una garantía de corrección política.

Las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres han sido la manera como se manifiesta con toda su fuerza un sistema de dominación patriarcal y, por lo tanto, la existencia de normas opuestas al ejercicio pleno del derecho sobre su cuerpo, constituye una abierta violación a su integridad. De ahí que las limitaciones legales a una interrupción segura del embarazo, en lugar de proteger la vida de niñas, adolescentes y mujeres, las coloca en alto riesgo con el agravante de imponerles castigos extremos aun cuando el aborto se haya producido de manera natural y espontánea. Es importante señalar, entonces, que la decisión de dictar leyes para criminalizar e impedir esa intervención quirúrgica -muchas veces en un contexto de riesgo vital- no ha reducido en nada la práctica clandestina de interrupir un embarazo, la cual por lo general se produce en pésimas condiciones poniendo en peligro la vida de quienes se someten a ella.