Casi 28 años de vida acumula el Coordinador Nacional Agrario de Colombia, CNA, una articulación de campesinas y campesinos pobres, pequeños y medianos productores agropecuarios, indígenas y afrocolombianos, campesinos sin tierra, obreros y jornaleros que se desempeñan en lo agrario, lo rural, la pesca, la agrominería, y el trabajo asociativo y cooperativo.
por: Andrés Figueroa Cornejo, Su presidente desde el año 2021 es Adelso Gallo, quien brindó una completa panorámica de la situación dinámica que ha marcado la relación de buena parte del campesinado colombiano con el gobierno de Gustavo Petro.
«El CNA cumple 28 años de vida organizativa, pero somos hijos e hijas de las luchas de los años 50 y 60 del siglo pasado, del alzamiento agrario histórico que contrarrestó la estadounidense Alianza Para el Progreso, una política que intentó aplastar al movimiento social a través de las oligarquías latinoamericanas con una supuesta reforma agraria. Somos hijas e hijos, igual que el campesinado chileno, ecuatoriano, argentino, brasileño y muchos campesinos de Nuestra América que decidimos marcar una ruta de conquista de los derechos del campesinado con propuestas alternativas a la Alianza Para el Progreso. En los 70 se produjo el robo de las elecciones a Rojas Pinilla. La reforma agraria se quedó en el papel. Y entre 1986 y 1990 se hicieron esfuerzos por reconstruir la organización campesina, pero no fue posible. En 1997, en el marco de un paro cafetero en el centro del país, nos volvimos a encontrar 58 organizaciones más allá de los propios cafeteros, y volvimos hacer un esfuerzo por recogernos en una nueva asociación. De ese modo, iniciamos un nuevo recorrido con una coordinación de organizaciones, y en la asamblea del año 2013 acordamos darle vida jurídica y exigirle al Estado que nos reconociera como Coordinador Nacional Agrario. Al día de hoy sumamos 60 agrupaciones», explica Adelso desde Bogotá.
– ¿Dónde existe el CNA?
«Colombia tiene 32 departamentos, y nosotros hacemos presencia en 22: desde la Costa Caribe hasta la frontera con el Ecuador, y desde la frontera con Venezuela hasta el Chocó, que da al Océano Pacífico.»
– ¿Cuáles son sus objetivos fundamentales?
«Nuestra tarea es recoger parte de las banderas del movimiento agrario y adecuarlas a un momento político sumamente cambiante. Sin embargo, mantenemos en alto la propuesta de una reforma integral, agraria y popular. Esto es, que contenga en su interior la territorialidad como eje central de la vida del campesinado y de la población colombiana. Obviamente están la soberanía alimentaria, y el cuidado y promoción de los bienes comunes. Con plena autonomía, en este último tiempo hemos integrado la problemática de decidir y orientar cómo resolver el tema de los cultivos de uso ilícito, o sea, cómo lograr que no se le dé tratamiento de guerra al campesinado que produce el primer eslabón de la cadena del cultivo de uso ilícito. ¿Por qué? Porque los campesinos no son quienes se fortalecen y enriquecen con ese primer momento de trabajo que luego, independientemente de nosotros, alimenta los productos finales. No obstante este hecho, se les da tratamiento de guerra a las comunidades campesinas, como si fueran los narcotraficantes o los países consumidores.
Por otra parte, el CNA está jugado por la solución política y el término del conflicto armado en el país. Y al respecto, colocamos mucho énfasis en la participación de la construcción de una paz real, porque tenemos muy claro que, para que haya paz en un país como Colombia, la solución se encuentra única y exclusivamente en enfrentar las raíces que originaron el conflicto histórico. Ello sólo puede resolverse si la sociedad y la comunidad participan, diciendo qué les duele, dónde les duele y cuánto les duele ese asunto. Son cuestiones demasiado importantes para que se decidan en una mesa, con sólo un actor armado de carácter revolucionario y un gobierno de turno. Así, el CNA considera que esa mesa queda mocha. Debe ser la sociedad la que define porque es la que sabe.
También estamos debatiendo sobre la democracia. Y allí confrontamos las narrativas del fascismo y los hitos que le son representativos. No queremos que la discusión sobre la democracia se reduzca a las elecciones, como lo hace la democracia liberal. La negación de la participación directa de la sociedad que nos impone la democracia ‘por encargo’ (delegativa) no la compartimos. Mire, nos resistimos a que nos limiten a ser unos campesinos que simplemente producimos comida, nos alimentamos y vivimos en un pedazo de tierra. En las grandes movilizaciones de la Cumbre Nacional, Étnica, Campesina y Popular instalamos que el campesinado debe ser reconocido como un sujeto de derechos políticos para que tenga la posibilidad de exigir la participación en cualquiera de los escenarios donde se decide la política pública y donde se define la ruta del Estado, en un supuesto estado de derecho (que no existe), pero que al menos está colocado en la Constitución.
También hacemos el mejor análisis que podemos respecto de la realidad para establecer las alianzas del país y de más allá del país, no sólo con el campesinado, sino que también con otros sectores sociales. Otro elemento de nuestra plataforma es la movilización permanente, la retoma de las tierras, los copamientos de los espacios del Estado ahora reconocidos como derechos políticos de los campesinos. Para el CNA ir por los escenarios no tiene nada que ver con llegar hasta la burocracia institucional por sueldos, sino que partir a sentar bases sobre ajustes internos dentro del Estado. Esto, la verdad, es muy duro y casi imposible en la actual coyuntura. Otro eje nuestro es la exigencia popular, los mecanismos de reclamo, la búsqueda de las mesas históricas, los acuerdos incumplidos, un paquete muy grande.
También se encuentra la disputa ideológica. En este sentido, tenemos muchas desventajas en toda Latinoamérica. Los medios masivos de comunicación que son prepagados por el establecimiento (el sistema), cuentan con los recursos y las tecnologías que vuelven muy difícil la lucha de ideas en términos de clase.
Hilado con lo anterior, consideramos importantísima la diplomacia popular nacional e internacional. Sabemos que esta es la única forma de saber, conocer y hacer realidad un alzamiento popular a escala regional, y superemos la solidaridad del saludo formal. Hay que entender que la lucha que se ofrece en el último punto austral de Argentina es la misma lucha que en el último punto de Alaska, debido a que estamos bajo un mismo sistema que nos domina.»
– ¿Y qué ocurre entre el CNA y el presidente Gustavo Petro?
«El discurso de Petro en la ONU es histórico, eso sólo lo decían Bolívar y Chávez. Sin embargo, el problema es lo que ocurre al interior de Colombia. Desde el inicio, muchas organizaciones sociales y populares admiramos a Petro porque fue uno de los que destapó el problema del narcotráfico y el militarismo como instrumento del Estado colombiano. Iván Cepeda y otros senadores fueron hombres que arriesgaron sus vidas, demostrando las condiciones del país y de un Estado sumido en el narcotráfico. El levantamiento popular en el país entre el 2020 y 2021, como pasó en Chile y Ecuador, catapultó políticamente a Petro, y todas las organizaciones provenientes del Congreso de los Pueblos hicimos propio su programa de gobierno. Sin embargo, le planteamos públicamente el 6 de agosto de 2022 que nuestro apoyo era crítico, de modo de poder mantener nuestra autonomía cuando fuese necesario, porque sabíamos que algunos planteamientos que estaba haciendo no los podría realizar. También desconocimos con quién se iba a rodear y, además, no hay mayorías en el Congreso. El poder del Estado sigue en manos del narcotráfico y las oligarquías. Teníamos apenas al presidente: nos faltaba el gobierno y el poder.
El CNA le planteó al presidente la realización de una Convención Nacional Campesina (CNC) conforme a los cambios históricos y revolucionarios que toca hacer en el país. En otras palabras, le pedimos a Petro que nos permita y ayude a concretar una reunión de distintas organizaciones agrarias con el fin de hacer una propuesta que colabore con su plan de desarrollo. Y, en efecto, se hizo la Convención Nacional Campesina que recoge unas 64 plataformas de agrupaciones. En consecuencia, le solicitamos al Pacto Histórico defender el acto legislativo 01 para modificar la Constitución en el Artículo 64 y se incluyera al campesinado como sujeto de derechos. Y se logró a mediados del año 2023. Con la Constitución modificada, le presentamos a Petro el plan a seguir en un documento que se llama Capítulo Campesino. Del documento, lograron pasar el Congreso unos 35 artículos, entre los cuales se encuentra Nuevas Territorialidades, y en su interior, lo que nosotros llamamos Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Jurídicamente se consiguió el 4 de junio del año 2024.»
– ¿En qué consisten esos Territorios Campesinos Agroalimentarios?
«Aquí existe la Ley 160 (1994), y dentro de su articulado hay una especie de territorialidad reconocida que se denominan Zonas de Reserva Campesina. Pero ellas carecen de alcance conceptual y no se ajustan a la necesidad del campesinado. Somos casi un tercio de la población colombiana y por una cuestión de soberanía y riqueza de la tierra, tenemos la posibilidad genuina de ser autosuficientes alimentariamente. Eso no ocurre en estos momentos, porque el campesinado no existe jurídicamente, salvo para las elecciones.
La tierra está dentro del territorio. O sea, en la tierra se encuentra la cultura, la autonomía, debe estar la formación, deben usarse las nuevas formas de producción limpias. Y los campesinos, por tanto, debemos tener la autoridad, autonomía y soberanía de organizar la vida en esos territorios. Esto es, cuánto hay que dejar para proteger, cuáles son los nichos estratégicos para la vida, por qué no se debe ampliar la frontera agrícola para lograr acabar con el problema del medio ambiente y de las aguas. Por eso, mucho más que decir oficialmente, ‘aquí hay una zona para sembrar maíz, tabaco, papaya’, lo que se requiere es un territorio para la conservación de la vida. Debido a lo anterior, las oligarquías terratenientes, el agronegocio, el narconegocio, nos odia a muerte. Y, hasta el momento, logramos nuestro reconocimiento a través del artículo 780, así como los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) por medio de un decreto.»
– ¿Y en concreto qué significa el reconocimiento legal de los TCA?
«En aquellos municipios donde existen TCA, los planes de desarrollo no los formula el politiquero y el burócrata, sino que ahora nosotros resolvemos la distribución de los recursos. De hecho, los campesinos podemos actuar conforme a una Junta de Gobierno local, normas de convivencia, hay formas de producción agropecuaria y pecuaria comunitaria, existe formación, cultura.»
– Volviendo a las relaciones con Petro, ¿qué ha sucedido al paso de su administración?
«El llamado de Francia Márquez a ser parte del equipo presidencial fue otro elemento llamativo de la campaña de Petro y le ayudó a ganar las elecciones. Hablamos de una mujer afro, de organización social de base, histórica luchadora caucana de los Derechos Humanos. Nosotros apoyamos a una compañera con esas características, no muy convencidos por la serie de conflictos que cruzan Colombia y el peso de las oligarquías, sin embargo, tuvimos que resolver en el momento. Pero sucede que la vicepresidencia del país está sin agenda, por lo que enviaron a Francia Márquez a ocupar el cargo de ministra de la Igualdad. Márquez fue degradada de vicepresidenta a ministra, toda vez que ella llegó al gobierno por votación de la población para ser vicepresidente y no ministra. Ahora bien, como CNA, ¿cuándo comenzamos las críticas al gobierno, del que a estas alturas, ya estamos muy lejos? Porque es la hora de plantearlas, y ello no significa que nos volvimos de derecha o nos hemos pasado a la oposición, como nos reprochan sectores ligados a Petro.
Primero vimos que Petro se rodeó cada vez más de los mismos funcionarios, de los mismos ministros, de las mismas figuras políticas que son funcionales a la democracia liberal, al santismo y al uribismo, Y empezamos a hacerle recomendaciones para que cambiara a esa gente por los muchos capaces que hay en el país para esas funciones, y rodearse de personas provenientes del mundo popular y social. Segundo, la desconfianza creció cuando Petro se inclinó por privilegiar a sectores para su propio respaldo, ya no para las políticas comprometidas inicialmente. Eso provocó problemas internos en la Cumbre Agraria y arrancó un proceso de ruptura del tejido social expresado en una caída de los movimientos sociales. Claro, en el exterior y a través de los medios de comunicación el presidente persiste con sus discursos bolivarianos.
O sea, el llamado a un plebiscito al campesinado colombiano no se ha traducido en un cambio al trato de indiferencia que recibimos de parte de la Casa de Nariño. No es cierto lo que se ve en televisión cuando se entrega a los campesinos un pedazo de tierra que se le quitó a un narcotraficante determinado. Sí hay expropiaciones. Pero hoy está en duda el proceso de dotación de tierras de manera oficial y jurídica, porque, siendo un trámite muy extenso en el tiempo, el campesinado queda en esas tierras sin protección. Y a la tercera amenaza, a los campesinos les toca devolverse de esas tierras porque todavía no les pertenecen. La gestión notarial no se hace y menos existe una política de apoyo económico. Faltando pocos meses para el término del gobierno, estamos muy lejos de las cifras de entrega de suelo comprometidas. Asimismo, la medida dirigida a recuperar las tierras de la nación, pues eso no ha andado ni un 1 por ciento. Porque no es lo mismo comprar las tierras con dinero del Estado, que finalmente siguen tratándose de recursos nuestros, sino que hay que recuperar de manos de los terratenientes las millones de hectáreas que se han robado. Hace muy poco conversamos con el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y aceptó lo que le planteamos. Nos dijo que sí, que habían aprovechado de comprar tierras con dinero del Estado para entregarlas, pero que no habían podido comprar más tierra a los terratenientes. Ahora, en términos financieros es aún más dramática la situación.
De todos los proyectos económicos campesinos que hemos levantado como CNA, ni uno solo ha sido aprobado. Por otra parte, en términos de la paz, nosotros la compartimos y fuimos integrantes del Comité Nacional de Participación (CNP) que fue un acuerdo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno. El protocolo señaló que representantes de unas 80 organizaciones sociales del país, entre las que se contaba a la CNA, debíamos debatir los asuntos que se trataban en esa mesa. Hicimos encuentros, eventos, congresos y asambleas. Pero llegamos al acuerdo 28 que se discutió en México, y Petro volvió a rodearse de la ultraderecha guerrerista y optó por no cumplir parte del acuerdo 28. Entonces la mesa de conversaciones entró en congelamiento y la sociedad organizada en agrupaciones comenzó a reclamar sobre lo que pasaba. El ELN le propuso al gobierno continuar con el cese al fuego, lo que sería un alivio para la población. Pero no. El gobierno reiteró lo que dijo en un comienzo y la política de paz fracasó porque la caracterización de los actores armados no se hizo. El trato con las bandas de narcotraficantes debe ser igual. Bien, pensamos nosotros. Sin embargo, el gobierno no sacó al ELN de esa clasificación de ‘bandas’. Yo mismo le señalé al ministro del Interior que habían adoptado la política fracasada de siempre: optar por la guerra en vez de la paz.»
– ¿Ha sido todo una sorpresa política para el CNA?
«Desde que ganó Petro nosotros pensamos que tenía tres posibilidades: que no llagara a posicionarse porque estaba amenazado; que le pueden dar un golpe de Estado en el transcurso del gobierno; o bien que lo condicionen para co-gobernar con la derecha. Esta última primó.
El Ejecutivo convocó el pasado 18 de marzo a una movilización contra el Congreso y por una reforma laboral de pensiones diminuta, debido a que existen parlamentarios que se dedican exclusivamente a pagar votos, votando en oposición al proyecto que salga del gobierno. De todos modos, no pasó el proyecto. Y tampoco habría sido beneficioso para el pueblo porque Petro está rodeado por las élites y tiene un gabinete de privilegiados que representan los intereses de los privilegiados.»
– ¿Qué pasa en el Catatumbo?
«Se trata de un conflicto histórico que existe entre el ELN y los restos de las disidencias de las Farc. Pero se han producido también en Nariño, el Caquetá, en el Cauca, en Antioquia y otros departamentos. Hoy es en el Catatumbo. El presidente, lejos de decir ‘aquí hay una conflictividad de cualquier categoría donde hay que buscar la protección de la sociedad’, y para ello las mesas de conversación corresponden al medio más útil, Petro, de alguna manera, no quiere aceptar que la Fuerza Pública (policías, militares) puso en funciones, además de esos reductos que quedan de las Farc, a su propia gente en el narcotráfico, con la extraordinaria gravedad de que, en este caso, está implicado un plan con agentes de la CIA estadounidense en alianza con el Estado colombiano para confrontar y exterminar al Ejército de Liberación Nacional. Allí se entiende por qué la delegación gubernamental resolvió detener la mesa de conversaciones con el ELN. De hecho, Otty Patiño, exdirigente del M-19 de los tiempos de Petro, afirmó que a los narcotraficantes y terroristas ‘los vamos a sacar de acá’. La única que reconoce que eso no es cierto es Vera Grave quien está al frente de las mesas de diálogo (el proceso sólo se mantiene congelado), y manifiesta que ella no puede resolver ese asunto. Entonces, el gobierno aprovechó el cese al fuego y se echó encima no solamente contra los que están en confrontación, sino que señaló al movimiento campesino, al movimiento social y popular como subsumidos en las armas de quienes están confrontados. De hecho, una de las organizaciones que pertenecen al CNA en el norte de Santander, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), fue señalado públicamente por Gustavo Petro como ‘una organización subsumida en las armas del ELN’. Es decir, nos está haciendo la guerra peor que cualquier otra corte anterior. Yo mismo, y esto es de amplio conocimiento, tengo un proceso judicial abierto donde se me calificó como un líder social que agitaba y adelantaba un proyecto organizativo, social y político que le podía servir a una guerrilla armada en su propósito del derrocamiento del Estado. Con esa acusación a mí me metieron preso y cargo con un señalamiento de rebelión y otras cosas. Lo mismo acaba de decir ahora el presidente contra el CISCA. Esto lo consideramos imperdonable. Para defenderse, Petro dice que la Constitución de 1991 terminó con las guerrillas, pero olvidó que la Constitución del 91 fue reformada por la derecha y a su favor, ¡ 57 veces ! ¡Él mismo, estando en el Congreso, se opuso a las reformas de la derecha, y ahora echa mano a ese articulado de la oligarquía! Pero eso no es lo grave. Lo grave es que, en el pasado, Petro denunció la existencia de contubernios entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo para atacar a la población que hacía oposición a las derechas; sin embargo, hoy niega y no es capaz de asumir que en su mandato ha profundizado esa alianza entre el paramilitarismo histórico, el neo-paramilitarismo -que son algunas bandas de las ex-Farc que no se desmovilizaron y que adoptaron un rol en la Fuerza Pública-. Y además de negarlo, nos estigmatiza como si fuéramos esos reductos. Pues, eso no lo podemos tolerar debido al enorme riesgo en que nos pone como campesinos y movimiento popular.
En igual sentido, el paramilitarismo histórico está invadiendo inmensos territorios en el centro del país como nunca antes. Y el presidente, en vez de atacar esa peligrosísima situación, atacó una mesa de diálogos que venía andando grandes caminos, con acompañamiento internacional y con participación de la sociedad.
Y hacia el término de su periodo, Petro hizo tres cosas que no olvidaremos: entregó la Amazonía y las Islas Gorgonas a Estados Unidos; permitió la instalación de un centro policial norteamericano, cuestión que no es propia de un gobierno progresista; y hace 35 años que un jefe de Estado no instalaba en el Ministerio de Defensa a un general activo, con el argumentó de que las cosas en el país se complicaron y sólo un militar puede resolverlas.
Y, por supuesto, los hechos del Catatumbo contemplan un importante objetivo geoestratégico para los Estados Unidos: ocupar militarmente la frontera con Venezuela para seguir intentando destruir el proceso chavista.»
– ¿Qué es lo que viene?
«A mediados del año 2026 son las elecciones presidenciales en Colombia. Ahora bien, con nuestra autonomía pública, podemos afirmar que el Pacto Histórico no tuvo en sus orígenes una ‘composición pura’, había en él parte de las élites y las derechas recalcitrantes también por simple oportunismo. En este momento, algunos se están marchando del Pacto Histórico por diversos motivos. Hay sectores que consideran que hay que crear un Frente Nacional Unido (algo parecido a lo que fue el ‘camilismo’, por el sacerdote revolucionario Camilo Torres); otros quieren crear un partido único, lo que tampoco conviene a las élites debido a su propia fragmentación de intereses y porque muchos no van a subsumirse a un solo caudillo y liderazgo. Esos debates consumen el tiempo. Mientras ocurre esto, la derecha acusa al gobierno de insuficiente e incapaz; Petro se rodea de una facción de las élites; más el mal tratamiento del tema de la paz, todo junto va abonando el camino para que la derecha vuelva al gobierno sin muchas dificultades. Yo espero, como campesino y dirigente de campesinos, que ojalá emerja algún hecho que tenga la fuerza de llamar la atención de la mayoría de la población del país, de modo que se vote por una persona que dé continuidad al proyecto que lleva Petro, o que, por lo menos, lleguemos a tener a un presidente como el actual en sus inicios, que le provoque algún fastidio a la derecha. Pero por ahora, no vemos nada claro.»
– ¿Y hay algo positivo tras semejantes medidas?
«Sí. Que el movimiento popular comenzó a reagruparse en torno al malestar que esas políticas provocan.»
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