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Por: Mauricio Trujillo Uribe  
París 09/04/2025. –  En la madrugada del 7 de abril, la ciudad suroccidental de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, fue escenario de un nuevo ataque israelí contra la prensa. Un dron israelí lanzó un proyectil sobre una tienda de campaña utilizada por periodistas palestinos, ubicada junto al Hospital Nasser. Allí dormía una decena de reporteros de diversos medios. El ataque dejó un saldo de dos muertos, Hilmi Al Faqawi y Yousef Al Jazindar, y ocho heridos, algunos de los cuales trabajaban para medios como la BBC, de Londres, y la agencia turca Anadolu. La explosión también pulverizó equipos y archivos de su labor informativa.

Según el Centro Palestino para la Protección de Periodistas (CPJP), la tienda estaba claramente identificada con la palabra ‘Prensa’ y en un comunicado calificó el hecho como una “clara violación del derecho internacional humanitario”. El ejército israelí afirmó que el blanco era un miembro de Hamás y que “nunca han atacado ni atacarán deliberadamente a periodistas”. Reporteros sin Fronteras (RSF), con sede en París, rechazó categóricamente esta versión al considerar que tales señalamientos no constituyen «ninguna prueba concluyente de afiliación, ni un permiso para matar». Al Jazeera, la cadena catarí para la que trabajaba uno de los periodistas fallecidos, elevó su voz para instar a la comunidad internacional a condenar el «asesinato sistemático de periodistas». El asalto perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, dejando un saldo de más de 1.200 israelíes asesinados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos indefensos, y el secuestro de cerca de 250 civiles conducidos como rehenes a la Franja, desató la guerra de Israel contra ese movimiento islamista. Los testimonios y videos que emergen de su cautiverio dan cuenta del escalofriante drama que sufren estas víctimas de ese acto terrorista y crimen de guerra tipificado en el Estatuto de Roma. Desde entonces varias organizaciones internacionales han señalado lo que al parecer ya hoy resulta evidente: existe un patrón de ataques contra periodistas, no se trata de «daños colaterales». Las cifras hablan por sí solas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, eleva a más de 170 los profesionales de la información que han perdido la vida y exige una investigación exhaustiva sobre la posible comisión de asesinatos premeditados por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La sombra de la intencionalidad se cierne sobre la muerte de estos profesionales: testimonios, imágenes, grabaciones y datos de geolocalización, confirman que estos trabajadores de la información estaban visiblemente identificados como prensa. La FIP ha llevado su demanda un paso más allá: ha denunciado formalmente al Estado de Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusándolo de atacar deliberadamente a periodistas en Gaza, considerándolos objetivo militar. Son ilustrativos los casos de Hamza Al Dahdouh, camarógrafo de Al Jazeera, y Mustafa Thuraya, colaborador de la agencia France-Presse (AFP), asesinados el 7 de enero en un ataque aéreo israelí en Khan Younis. A pesar de que el vehículo en el que viajaban estaba claramente identificado con la palabra ‘Press’, fueron víctimas de la violencia israelí mientras cumplían con su labor informativa. Los periodistas que resisten en Gaza continúan trabajando en condiciones extremas, operan desde hospitales en condición precaria o tiendas improvisadas, con conexiones a internet inestables y recursos técnicos mínimos. A la escasez de electricidad, agua potable, alimentos y medicinas, consecuencia del bloqueo israelí, se suma al peligro constante de los bombardeos. Algunos han perdido a sus seres queridos y colegas, pero su compromiso con la verdad persiste ante el horror cotidiano. Informan impulsados por la profunda convicción de que el mundo no puede ni debe cerrar los ojos ante el desastre que se desarrolla en Gaza. La restricción impuesta por Israel al acceso de corresponsales de guerra internacionales a la Franja de Gaza revela a su vez una estrategia deliberada del gobierno israelí para controlar el flujo de información. El Ejército solo ha autorizado la entrada a un número limitado de periodistas extranjeros en visitas estrictamente guiadas y supervisadas. Ante esta situación, la Asociación de Prensa Extranjera (FPA) de Israel ha recurrido al Tribunal Supremo del país al presentar una petición formal para que se permita la presencia de medios internacionales independientes. Informar sobre este conflicto ha sido y sigue siendo un desafío monumental. En Gaza, casi dos millones de personas han sido desplazadas. Con un balance trágico de cerca de 51.000 fallecidos y 120.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad palestino, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En ausencia de hechos verificados, es la desinformación la que toma el lugar. Sin cámaras ni testimonios, la narrativa de la potencia ocupante pretende imponerse. Es igualmente una forma de mantener la impunidad. Hoy más que nunca la comunidad internacional debe actuar con urgencia para proteger a los periodistas que arriesgan sus vidas: se requieren mecanismos de reacción inmediata, presión diplomática, sanciones internacionales y firmeza de la justicia penal internacional, Recae sobre los hombros de los periodistas la crucial tarea de seguir informando al mundo sobre una guerra que ha derivado en lo que muchos ya califican de genocidio.
Foto: Diaa Hadid, para Associated Press /CAMBIO COLOMBIA