Por Martha Golfín

Con la mirada puesta en las elecciones de mitad de mandato y bajo el fantasma de una derrota inminente, el presidente despliega una ofensiva sin precedentes para erosionar la confianza en el sistema electoral desde las entrañas de la propia Casa Blanca.

En los pasillos de mármol del Capitolio de los Estados Unidos, las comisiones de confirmación del Senado han dejado de ser meros trámites de escrutinio para convertirse en un teatro de lealtades políticas. El patrón se repite con la precisión de un mecanismo de relojería. Un candidato designado por Donald Trump para ocupar un puesto de máxima responsabilidad en el Gabinete, en las agencias de inteligencia o en la judicatura federal se acomoda en la silla de los testigos. Al otro lado de la mesa, un senador demócrata aguarda su turno de palabra para formular una pregunta deceptivamente simple pero cargada de veneno procesal: ¿quién ganó verdaderamente las elecciones presidenciales de 2020?

La escena vivida la semana pasada ofreció el último y más nítido ejemplo de esta rutina de evasivas. El senador por Georgia, Jon Ossoff, sometió a un tenaz interrogatorio a Jay Clayton, la persona elegida por el mandatario para dirigir la Dirección Nacional de Inteligencia. Hasta en seis ocasiones consecutivas, Ossoff repitió la misma pregunta, buscando que el aspirante pronunciara el nombre del legítimo vencedor. Clayton, atrapado entre la evidencia de los hechos y el imperativo de la supervivencia política, esquivó de forma sistemática la respuesta correcta. Incapaz de nombrar a Joe Biden, el candidato optó por una pirueta semántica cuando la presión de la bancada opositora se volvió insostenible, limitándose a conceder que Biden simplemente «fue certificado como presidente».

Esta calculada contorsión verbal no responde a una laguna de memoria ni a una duda historiográfica; es el peaje idóneo exigido para ingresar en el círculo de confianza del presidente de los Estados Unidos. Seis años después de aquel proceso electoral en el que su rival demócrata le aventajó en más de siete millones de votos, Donald Trump exige una adhesión inquebrantable a su narrativa de agravio. La negativa de Clayton a validar la realidad del resultado electoral refleja el ambiente de disciplina ideológica que impregna cada nombramiento clave de la presente Administración.

La presencia de figuras que han cuestionado abiertamente la integridad del sistema democrático en puestos de alta responsabilidad ya no es una excepción, sino la norma rectora. Desde la cúspide del Buró Federal de Investigaciones, bajo la dirección de Kash Patel, hasta las agencias encargadas de velar por la ciberseguridad y la logística institucional, el Ejecutivo ha situado a perfiles alineados con las teorías del pucherazo electoral en posiciones estratégicas. A medida que se aproxima la cita con las urnas en las elecciones legislativas de medio mandato, donde está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y los pronósticos auguran un escenario adverso para el Partido Republicano, el escepticismo institucional se consolida como la línea oficial del Gobierno.

Teorías de la conspiración

Con el reloj electoral marcando la cuenta atrás y el margen de maniobra reduciéndose a menos de cuatro meses para la jornada votacional, el presidente dio el pasado jueves un paso al frente al pronunciar un solemne discurso a la nación desde la Casa Blanca. Lejos de utilizar el altavoz presidencial para enviar un mensaje de calma o estabilidad institucional, el mandatario aprovechó la cobertura de los medios para reactivar la teoría de la conspiración en torno a las elecciones de 2020, sembrando dudas sobre la fiabilidad del edificio democrático americano.

En un alocución repleta de giros retóricos y agravios geopolíticos, el presidente denunció supuestos fraudes en procesos electorales en Venezuela y acusó a potencias extranjeras de orquestar «interferencias electorales», en una llamativa paradoja tratándose de un líder que se ha jactado públicamente de influir en la dinámica política de países como Colombia, Honduras o Argentina. Durante su intervención, el mandatario llegó a afirmar que China se había apoderado indebidamente de los datos públicos de 220 millones de votantes estadounidenses, si bien reconoció de forma implícita que la potencia asiática no llegó a hacer uso de esa información. En el centro de su argumento volvió a situar la figura del «Estado profundo», el recurso conspirativo utilizado de forma recurrente para justificar las trabas a su agenda ejecutiva.

De forma paralela a las palabras del presidente, la Casa Blanca hizo pública una ingente cantidad de documentos gubernamentales presentados como revelaciones de alto nivel sobre la vulnerabilidad del sistema. Sin embargo, más allá de la base de partidarios más acérrimos del movimiento conservador, la difusión de estos informes fue recibida por el espectro político y mediático con un gesto de escepticismo generalizado, al tratarse en su gran mayoría de datos conocidos, descontextualizados o previamente desestimados por los tribunales.

La indiferencia más significativa, sin embargo, no procedió de las filas de la oposición ni de los analistas independientes, sino de la propia bancada republicana en el Capitolio. Hacia el tramo final de su discurso, el presidente dirigió un mandato directo a sus correligionarios en el Congreso, exigiendo la aprobación inmediata de la SAVE America Act, la ambiciosa y polémica reforma electoral que permanece bloqueada en las comisiones parlamentarias.

La ley SAVE America y la supresión del voto

El proyecto legislativo impulsado por la Casa Blanca bajo el acrónimo de SAVE America Act representa el intento más firme del Ejecutivo por modificar las reglas del juego electoral en el ámbito federal. La norma propone un endurecimiento sin precedentes en los requisitos de identificación para registrarse en el censo y para ejercer el derecho al voto, exigiendo la presentación presencial de documentos oficiales que acrediten la ciudadanía estadounidense e identificación con fotografía expedida por autoridades públicas.

Esta exigencia formal colisiona frontalmente con la realidad social e institucional de los Estados Unidos, un país que carece de un documento nacional de identidad unificado y donde aproximadamente la mitad de la población no posee un pasaporte válido. De acuerdo con las estimaciones presentadas por organizaciones de derechos civiles y activistas especializados en el análisis de la participación democrática, la entrada en vigor de la ley SAVE America Act amenaza con entorpecer o bloquear el acceso al voto de más de 21 millones de ciudadanos. Este contingente de votantes potenciales incluye de forma destacada a millones de mujeres que modificaron su apellido legal tras contraer matrimonio y que podrían encontrar discrepancias administrativas entre sus registros civiles y los nuevos requisitos federales.

La obsesión por modificar las leyes electorales choca directamente con el calendario de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado acudiendo a las urnas el próximo mes de noviembre, una parte considerable de los legisladores conservadores contempla con preocupación la estrategia marcada desde la Casa Blanca. En un contexto económico caracterizado por el incremento en el coste de la vida, el encarecimiento de los combustibles y el desgaste político derivado de un escenario internacional complejo marcado por la tensión bélica en Irán, muchos congresistas consideran que resucitar el debate sobre los comicios de hace seis años resulta contraproducente para sus expectativas de reelección.

Los sectores más críticos de la oposición y diversos analistas constitucionales observan en esta maniobra gubernamental la construcción de una narrativa de reserva. La insistencia en las grietas del sistema serviría para abonar el terreno ante un eventual resultado adverso en las urnas en noviembre, facilitando una estrategia de no aceptación de los resultados. Aunque algunos sectores radicales del entorno presidencial han llegado a sugerir la declaración del estado de emergencia para suspender la jornada electoral, los expertos consideran improbable semejante escenario, centrando el riesgo real en la repetición del patrón de impugnación e inestabilidad institucional ejecutado tras la derrota de 2020.

Un año y medio de ofensiva

La retórica desplegada en el discurso de la Casa Blanca no constituye un hecho aislado, sino la culminación de un plan coordinado para modificar la arquitectura del proceso electoral. Para Sean Morales-Doyle, director del programa de derechos democráticos en el Brennan Center for Justice, las palabras del mandatario representan un escalón más en una campaña sistemática que se prolonga desde hace dieciocho meses con el objetivo explícito de erosionar la confianza pública en los procesos democráticos.

El análisis de las acciones ejecutivas emprendidas durante el último año y medio dibuja un esfuerzo constante por influir en los mecanismos de votación. Desde la Casa Blanca se ha presionado a las legislaturas estatales para rediseñar los distritos electorales en favor de la mayoría conservadora, al tiempo que se han aplicado recortes presupuestarios en las divisiones de ciberseguridad encargadas de supervisar posibles interferencias de potencias extranjeras. Asimismo, el Ejecutivo ha emitido órdenes directas para restringir el voto por correo en Estados Unidos, ha cesado a los miembros de adscripción demócrata en la Comisión de Asistencia Electoral y ha planteado la posibilidad de «nacionalizar» la gestión de los comicios, sustrayendo a los Estados las competencias organizativas que les otorga el texto constitucional.

Esta ofensiva administrativa ha incluido la exigencia formal a una treintena de Estados para que entreguen sus padrones y listas completas de votantes al Gobierno federal. Esta pretensión de centralización colisiona de forma directa con la tradición descentralizada del modelo estadounidense, donde la coexistencia de normativas locales diversas funciona, según los expertos, como una barrera de protección frente a intentos de manipulación masiva.

Amenazas de prisión y el factor de la intimidación

Frente a este despliegue de iniciativas ejecutivas, la respuesta de las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil se ha traducido en un alud de impugnaciones en los tribunales de todo el país. La Administración ha sufrido hasta la fecha quince reveses judiciales consecutivos en sus intentos por modificar los reglamentos electorales mediante decreto o por imponer exigencias no amparadas por la legislación vigente.

Ante el freno impuesto por las cortes, la retórica del Gabinete ha elevado un grado su nivel de confrontación. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, alineado con las tesis del fraude, llegó a amenazar públicamente con penas de prisión a aquellos funcionarios locales y estatales que se nieguen a acatar las directrices emitidas por la Casa Blanca. En sus intervenciones, Mullin ha reiterado acusaciones no probadas sobre la participación masiva de inmigrantes indocumentados en las votaciones, citando una cifra de 278.000 supuestos casos irregulares. Esta cifra ha sido desmentida de forma tajante por David Becker, director ejecutivo del Centro para la Investigación e Innovación Electoral, quien ha calificado la metodología utilizada para obtener ese dato de irresponsable y carente de rigor científico.

Paralelamente al debate jurídico, los analistas expresan su preocupación por la posibilidad de que la Administración decida desplegar a agentes de la policía migratoria en las inmediaciones de los colegios electorales durante la jornada de votación. El uso de estos cuerpos de seguridad federales como presencia disuasoria podría alejar de las urnas a comunidades de inmigrantes, independientemente de que se trate de ciudadanos nacionalizados con pleno derecho al voto.

Esta dimensión disuasoria representa, según los especialistas del Brennan Center for Justice, la amenaza más inmediata del plan gubernamental: conseguir que la ciudadanía opte por la abstención ante la confusión y el temor a incidentes. «Es fundamental que la población comprenda que todo esto es ruido encaminado a minar su confianza en el voto», señala Morales-Doyle, al tiempo que recuerda que por primera vez en la historia moderna del país la principal amenaza a la estabilidad del sistema procede del propio entorno de la Casa Blanca.

La resistencia de los Estados

Ante la presión ejercida desde la capital federal, los responsables electorales en el ámbito estatal han comenzado a coordinar medidas de contingencia para preservar la normalidad del proceso de votación. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, sostiene que la clave para contrarrestar la estrategia del Ejecutivo reside en trasladar mensajes de tranquilidad a la población, puesto que la narrativa gubernamental busca alimentarse del clima de incertidumbre y ansiedad de los electores.

Los departamentos electorales de diversos Estados se están preparando para hacer frente a eventuales escenarios de interferencia durante la jornada de votación. Entre los planes de contingencia diseñados por las autoridades locales figuran protocolos de respuesta ante la posible incautación no autorizada de máquinas de votación, la desactivación de bulos informativos transmitidos a través de redes sociales y la coordinación con las fuerzas de seguridad locales para impedir la presencia intimidatoria de agentes federales o grupos de presión en las inmediaciones de las mesas electorales.

A medida que se aproxima la cita con las urnas, la incógnita central que recorre los círculos políticos de Washington es determinar cuál será el siguiente movimiento de la Casa Blanca una vez agotado el recurso del discurso a la nación y con las principales iniciativas legislativas atascadas en el Congreso. La capacidad de resistencia del modelo institucional estadounidense, sometido a una década de cuestionamiento continuado por parte del liderazgo del Partido Republicano, afronta en estos comicios de medio mandato su prueba de esfuerzo más severa. La solidez de sus cimientos dependerá, en última instancia, de la respuesta de los ciudadanos en las urnas y de la firmeza de los contrapesos judiciales y estatales diseñados hace más de dos siglos para contener los excesos del poder ejecutivo.

*Miembro del Equipo de Redacción de Diario Sabemos.